“Es uno de los peores centros de tortura”: Expresos políticos protestaron frente a Ramo Verde y exigen su cierre

La situación de 36 militares detenidos por razones políticas en el Centro Nacional de Procesados Militares (Cenapromil), conocido como la cárcel de Ramo Verde, se ha tornado crítica. 

Este viernes, un grupo de expresos políticos, activistas de derechos humanos y familiares se concentró frente al recinto en solidaridad con los huelguistas, quienes denuncian tratos crueles, inhumanos y un acelerado deterioro físico tras 11 días sin ingerir alimentos.

La gravedad de la protesta ya ha tenido consecuencias clínicas.

Según alertas conjuntas del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) y la organización Justicia, Encuentro y Perdón (JEP), al menos 19 de los 36 militares presentan cuadros severos de deshidratación y descompensación física. 

La situación se agrava porque 18 de ellos padecen patologías previas. 

De hecho, la emergencia obligó este viernes 20 de noviembre al traslado del sargento Luis Alfredo Lobo Medina hacia el Hospital Militar tras sufrir una crisis de hipertensión y deficiencia respiratoria.

Denuncias de tortura y aislamiento extremo

Durante la concentración, encabezada por el periodista Carlos Julio Rojas, el exdiputado Williams Dávila y los dirigentes Rafael Torres y Ángel Luis Godoy, varios uniformados lograron asomarse a la cancha del penal. 

Exhibieron pancartas con las consignas “SOS” y “Presos políticos”, mientras gritaban que sufrían cuadros de descompensación y suplicaban no ser olvidados.

Rojas, quien ha documentado ampliamente las violaciones de derechos humanos en el sistema carcelario, calificó a Ramo Verde como uno de los principales centros de tortura del país.

“Yo que he estado preso en cinco oportunidades, viví el infierno de El Helicoide y también el infierno de Ramo Verde, puedo decirles con responsabilidad que este es uno de los peores centros de tortura; te torturan quitándote el agua, en mi caso me tuvieron ocho días sin agua”, relató el comunicador social.

A este panorama se suman denuncias de condiciones de reclusión extremas; los huelguistas permanecen aislados a la intemperie en el patio del penal, sin acceso a agua potable y con las visitas familiares suspendidas desde el pasado 13 de noviembre.

El detonante

La huelga de hambre fue iniciada el pasado 9 de noviembre por 21 sargentos vinculados al llamado “Caso Cotiza” de 2019, a quienes se sumaron posteriormente otros efectivos procesados por distintas causas militares. 

El malestar se intensificó tras una decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de anular y reiniciar el juicio de Cotiza, imputando nuevamente a los militares por el delito de traición a la patria, a pesar de que varios de ellos ya habían cumplido sus condenas originales.

Desde las afueras del penal, los manifestantes exigieron a la presidenta encargada de Venezuela bajo la tutela de Estados Unidos, Delcy Rodríguez, que concrete las liberaciones pendientes, cumpla con los acuerdos de negociación y ponga fin a las prácticas de tortura.

Según las cifras más recientes de la ONG Foro Penal, en Venezuela se contabilizan actualmente 321 presos políticos, de los cuales 181 son civiles y 140 son militares.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país 

Tras 11 días de ayuno y denuncias de tortura por privación de agua, el OVP y JEP alertaron sobre la descompensación de 19 presos. Activistas exigen liberaciones inmediatas y el cese del aislamiento.
Los detenidos exhibieron pancartas con las consignas “SOS” y “presos políticos”
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redacción runrunes
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La situación de 36 militares detenidos por razones políticas en el Centro Nacional de Procesados Militares (Cenapromil), conocido como la cárcel de Ramo Verde, se ha tornado crítica. 

Este viernes, un grupo de expresos políticos, activistas de derechos humanos y familiares se concentró frente al recinto en solidaridad con los huelguistas, quienes denuncian tratos crueles, inhumanos y un acelerado deterioro físico tras 11 días sin ingerir alimentos.

La gravedad de la protesta ya ha tenido consecuencias clínicas.

Según alertas conjuntas del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) y la organización Justicia, Encuentro y Perdón (JEP), al menos 19 de los 36 militares presentan cuadros severos de deshidratación y descompensación física. 

La situación se agrava porque 18 de ellos padecen patologías previas. 

De hecho, la emergencia obligó este viernes 20 de noviembre al traslado del sargento Luis Alfredo Lobo Medina hacia el Hospital Militar tras sufrir una crisis de hipertensión y deficiencia respiratoria.

Denuncias de tortura y aislamiento extremo

Durante la concentración, encabezada por el periodista Carlos Julio Rojas, el exdiputado Williams Dávila y los dirigentes Rafael Torres y Ángel Luis Godoy, varios uniformados lograron asomarse a la cancha del penal. 

Exhibieron pancartas con las consignas “SOS” y “Presos políticos”, mientras gritaban que sufrían cuadros de descompensación y suplicaban no ser olvidados.

Rojas, quien ha documentado ampliamente las violaciones de derechos humanos en el sistema carcelario, calificó a Ramo Verde como uno de los principales centros de tortura del país.

“Yo que he estado preso en cinco oportunidades, viví el infierno de El Helicoide y también el infierno de Ramo Verde, puedo decirles con responsabilidad que este es uno de los peores centros de tortura; te torturan quitándote el agua, en mi caso me tuvieron ocho días sin agua”, relató el comunicador social.

A este panorama se suman denuncias de condiciones de reclusión extremas; los huelguistas permanecen aislados a la intemperie en el patio del penal, sin acceso a agua potable y con las visitas familiares suspendidas desde el pasado 13 de noviembre.

El detonante

La huelga de hambre fue iniciada el pasado 9 de noviembre por 21 sargentos vinculados al llamado “Caso Cotiza” de 2019, a quienes se sumaron posteriormente otros efectivos procesados por distintas causas militares. 

El malestar se intensificó tras una decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de anular y reiniciar el juicio de Cotiza, imputando nuevamente a los militares por el delito de traición a la patria, a pesar de que varios de ellos ya habían cumplido sus condenas originales.

Desde las afueras del penal, los manifestantes exigieron a la presidenta encargada de Venezuela bajo la tutela de Estados Unidos, Delcy Rodríguez, que concrete las liberaciones pendientes, cumpla con los acuerdos de negociación y ponga fin a las prácticas de tortura.

Según las cifras más recientes de la ONG Foro Penal, en Venezuela se contabilizan actualmente 321 presos políticos, de los cuales 181 son civiles y 140 son militares.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país 

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