Delcy Rodríguez dijo que los grupos políticos «extremistas» no deben tener un espacio en el país
Con información de EFE
El ministro de Petróleo y presidente de la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa), Pedro Rafael Tellechea, durante una visita al gremio de agricultores del estado Portuguesa, afirmó que el gobierno de Nicolás Maduro tiene la capacidad de hacer frente a las sanciones internacionales, a menos de dos meses de que venza el plazo que dio Estados Unidos a la suspensión de algunas de sus medidas contra la nación sudamericana si no libera a los presos políticos, entre ellas las sanciones relacionadas con el petróleo y el gas.
Mientras tanto, en una alocución televisada el 24 de febrero, la vicepresidenta del gabinete madurista, Delcy Rodríguez, afirmó que en Venezuela las figuras políticas «extremistas» no tengan un «espacio» de debate y sean «erradicados».
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«No hay sanciones que puedan con nosotros», dijo Tellechea para una publicación de Youtube de Pdvsa.
«Venezuela tiene una industria poderosa para enfrentar cualquier situación. Seremos parte de la solución al problema energético mundial. Estamos preparados para estas y más sanciones», agregó el presidente de Pdvsa.
«Que más nunca factores extremistas que han pedido la invasión, que han promovido el asesinato de Nicolás Maduro y que han pedido sanciones tengan la posibilidad de un espacio político en el país», dijo Rodríguez en el estado La Guaira. «Hay que consolidar el Poder Comunal y popular, y que el extremismo y el fascismo queden desechados de este territorio».
«Esos extremistas son los que quieren que instrumentalicen a Guyana para agredir (a Venezuela)», dijo la vicepresidenta del gabinete madurista.
Rodríguez aseguró que su gobierno «jamás» se entregará a «las órdenes de Estados Unidos». El gobierno norteamericano advirtió en enero que el alivio «se renovará en abril solo si los representantes» de Maduro «cumplen con sus compromisos» de cara a las presidenciales de este año -aún sin fecha definida-, entre los que menciona el levantamiento de la inhabilitación de la candidata de la principal coalición antichavista, María Corina Machado, que le impide ejercer cargos públicos de elección popular hasta 2036.
