Fragmento de la serie Los culpables (El militar), 1965. Obra de Oswaldo Guayasamín.
Leer los casos de torturas a civiles y militares en las 443 páginas del Informe de la Misión Internacional Independiente del Consejo de Derechos Humanos de la ONU de septiembre de este año produce náusea, indignación, ira e incluso desconcierto.
¿Cómo es posible que seres, supuestamente humanos, se degraden a torturar a personas por el placer de hacer sufrir y para castigar a quienes piensan diferente? Estos victimarios, hombres y mujeres, graduados en la Academia Militar, devinieron en degenerados. Algunos torturan directamente, otros presencian, autorizan o se hacen de la vista gorda, contando con el visto bueno de jueces, fiscales y hasta de médicos que ocultan los efectos de las torturas.
Aquí solo nos referiremos al caso de los militares víctimas de sus propios compañeros de armas. Cabe recordar que durante la dictadura de Pérez Jiménez, los militares no participaron en asesinatos, ni torturas a sus compañeros, lo cual corría a cargo de la Seguridad Nacional.
Cuando Rómulo Betancourt, los responsables de insurrecciones fueron juzgados y algunos sentenciados. Este presidente otorgó sobreseimiento a un grupo de civiles, pero a ningún militar. Raúl Leoni indultó o sobreseyó a todos los oficiales presos por alzamientos. Ningún militar fue torturado durante los gobiernos de Betancourt y de Leoni. No podemos omitir que sí hubo asesinatos y también torturas a algunos civiles integrantes de la guerrilla castrocomunista.
Los alzados en 1992, entre ellos Hugo Chávez y Arias Cárdenas, disfrutaron en la cárcel de mejores condiciones que los casos citados en cuanto a llamadas telefónicas, mayor número de visitas y entrevistas con los medios de comunicación. Fueron sobreseídos por el presidente Caldera e incluso Arias y otros tres tenientes coroneles fueron funcionarios de ese gobierno.
Cientos de oficiales pidieron la baja o fueron pasados a retiro ilegalmente. La corrupción alcanzó niveles nunca vistos. Y, lo más grave, es que por primera vez militares están torturando a compañeros de armas. En las ergástulas están 153 militares: un general en jefe, un mayor general, 3 generales de división, 3 generales de brigada, 14 coroneles, 13 tenientes coroneles, 9 mayores, 18 capitanes, 36 tenientes, 54 sargentos y un cabo. Se hizo la equivalencia con los grados de la marina. Las cifras no incluyen a quienes tienen detención domiciliaria o régimen de presentación.
Muchos llevan años presos sin ninguna acusación. Otros están imputados por supuesta traición a la patria, instigación a la rebelión y faltas al decoro militar. Las pruebas brillan por su ausencia y otras veces son declaraciones de informantes anónimos. Solo hubo un caso de insurrección militar en el Fuerte Paramacay. Los sargentos en Cotiza se levantaron en protesta por las malas condiciones socioeconómicas: mientras que la incursión por la costa fue una candidez. A veces solo murmuraciones o simplemente ser identificados como no afectos al régimen son razones para asesinar, encarcelar y torturar.
Las torturas ocurren en la Dirección de Contrainteligencia de la Fuerza Armada, en Fuerte Tiuna y en el Sebin. El capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo fue torturado hasta causarle la muerte. En Macuto masacraron al capitán Robert Colina y a otros ocho compañeros.
Entre los muchos torturados están la capitana y odontóloga Layded Salazar, el capitán de navío Humberto de la Sotta; coroneles Rafael Mejías Laya y Oswaldo García Palomo; los tenientes coroneles Igbert Marín Chaparro, Henry Medina Gutiérrez, Ruperto Molina Ramírez; mayores Abraham Suárez, Leonardo De Gouveia; capitán de corbeta Carlos Macsotay Rauseo, capitán Juan Cagauripano y teniente Richard Alemán Castellanos. También el sargento Luis Bandres y sus 23 compañeros de Cotiza. Familiares y amigos de los presos también han sufrido torturas, como en el caso de García Palomo.
El informe mencionado cita nombres de torturadores, tales como los coroneles Franco Quintero, Hannover Guerrero, Terán Hurtado y la capitana Keyler Chacón, así como la responsabilidad de los generales Hernández Dala y Gustavo González López.
Textualmente afirma: La Misión tiene bases razonables para creer que tanto el presidente como los ministros del Interior y de Defensa contribuyeron a la comisión de los crímenes documentados en este informe. Además, el Informe de la alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, señora Bachelet y los del Foro Penal Venezolano, Human Right Watch e Instituto Casla, entre otros, confirman las violaciones a los derechos humanos en Venezuela.. Recientemente el régimen mejoró las condiciones en las cárceles gracias a los informes citados. Los victimarios tendrán que ser enjuiciados y las víctimas resarcidas.
Como (había) en botica
√ Quienes no apoyen la Consulta popular favorecen al régimen.
√ Nos alegramos por el Premio Federico García Lorca otorgado a la distinguida escritora Yolanda Pantín.
√ ¡No más prisioneros políticos, ni exiliados!
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