Cuando los trabajadores de este país mencionan su aspiración a un contrato colectivo digno, directamente se refieren a una quimera, cuyo significado es un sueño o ilusión producto de la imaginación, y que se anhela o se persigue pese a ser muy improbable que se realice. Si es en el sector público es prácticamente una palabra prohibida, al punto de que si lo aprueba el patrono Estado lo desmantelan, lo caricaturizan o lo congelan indefinidamente, como lo hicieron con los trabajadores de SIDOR y de Guayana en general.
Entre tanto, en el sector privado, cuando acuerdan convenios colectivos con sus trabajadores y sus sindicatos, deben hacerlo clandestinamente mediante notarías, ya que el Ministerio del Trabajo no homologa convenios colectivos que representen, según su criterio, excesivos beneficios para los trabajadores y por tanto “mal ejemplo para los del sector público”.
El contrato colectivo petrolero (CCP) se convirtió en una caja negra para los trabajadores petroleros. Ciertamente las paradojas del destino deparan que el gobierno del que se autoproclama como “presidente obrero” hiciera del CCP una caja de Pandora. Allí no se conocen previamente los alcances de los beneficios que integran el convenio colectivo de mayor importancia y trayectoria del movimiento de los trabajadores venezolanos.
Puedo afirmar que el último CCP que contempló la participación democrática de los trabajadores se firmó en el año 2000, bajo la gestión del general Guaicaipuro Lameda como presidente de PDVSA. Para evitar la huelga, Lameda reconoció las exigencias de los trabajadores, sus federaciones FEDEPETROL, FETRAHIDROCARBUROS y sindicatos afiliados. Recordemos que el salario de un trabajador petrolero para esa fecha promediaba los 400 $ mensuales; hoy oscila entre 3 y 6 $ mensuales.
La caricatura del CCP firmado el viernes 19/02/2021 no ha sido la excepción de los anteriores firmados durante el siglo XXI, al ser un secreto bien guardado en las diferentes zonas petroleras del país. Por ello los trabajadores de los estados Monagas, Anzoátegui, de la faja petrolífera en el estado Bolívar, de la ciudad capital, de las refinerías del estado Falcón, Carabobo y del estado Zulia desconocen el acuerdo que tras bastidores se ha presentado.
El CCP en dos décadas degeneró en una ironía ante la abandonada tradición histórica de difundirlo en remitidos pagados en la prensa nacional y regional; y elaborado y aprobado mediante asambleas multitudinarias organizadas por las federaciones y sindicatos petroleros. Ahora, en tiempos de “revolución”, se trastocó en un misterio. Su desenlace se conoce solo cuando los firmantes usurpadores de la democracia sindical ya lo han aprobado. Siendo el resultado el empobrecimiento agresivo del trabajador petrolero, quien ha visto degradar in extremis la condición de su familia y su trabajo.
El desaliñado convenio señala la intención de “proteger el ingreso integral del trabajador, el monto del salario básico, cuyas bonificaciones se harán teniendo como referencia el valor del petro”. Dicha afirmación confirma su objetivo, que es la pulverización del salario, sustituido por bonos sin ninguna incidencia en la remuneración y prestaciones sociales. Para muestra, el aumento general salarial pasa de 1.200.000 bolívares a 5.500.000 bolívares mensuales; ello significa alrededor de 4 dólares mensuales al cambio actual. Adicionalmente indica bonos de transporte y de alimentación de 52 y 82 millones, que la hiperinflación vaporizará en cuestión de días.
Ello, en un contexto donde son perseguidos y exiliados los sindicalistas de la federación petrolera, hoy secuestrada por el régimen dictatorial. Nada más parecido a la persecución de la dictadura de Juan Vicente Gómez y las trasnacionales petroleras contra el naciente movimiento obrero petrolero en Venezuela.
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