Buscando soluciones al problema penitenciario, por Carlos Nieto Palma - Runrun
Buscando soluciones al problema penitenciario, por Carlos Nieto Palma

@cnietopalma

Para muchos, el problema penitenciario parece no tener solución. A medida que pasan los años, la situación se agrava, la corrupción aumenta y la indolencia hacia las personas privadas de libertad crece cada día.

Soy de los que piensa que el desastre que se vive en las cárceles y centros de detención preventiva de Venezuela sí tiene solución. Solo falta voluntad política para eliminar el gran negocio que las mismas representan.

Si hay algún sitio donde la corrupción funciona de manera galopante es en el sistema penitenciario venezolano, negocio que produce mejores dividendos mientras peor funcionen estos recintos.

Siempre que toco este tema recuerdo a mi maestro Elio Gómez Grillo, que decía que las cárceles eran un negocio tan productivo como PDVSA, eso por supuesto era antes que la revolución la destruyera.

El artículo 272 de la Constitución plantea soluciones

Indudablemente que la solución al problema penitenciario no es asunto de un día. Llevará tiempo la reconstrucción del devastado sistema penitenciario venezolano; estamos ante un monstruo de mil cabezas, que hay vencer poco a poco. Pero con buena voluntad, un plan realista y un equipo de verdaderos conocedores del tema se puede lograr.

Ya la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, aprobada en 1999, nos da un panorama de cómo debe ser nuestro sistema penitenciario en el artículo 272. Este consagra la descentralización del sistema penitenciario, la conducción del mismo por penitenciaristas profesionales con credenciales académicas universitarias, asistencia pospenitenciaria a reclusos liberados, establecer modalidades de privatización y otros puntos importantes, que hasta ahora no han sido tomados en cuenta por el régimen.

Nos adelanta un poco el trabajo legislativo. Igualmente desde 28 de diciembre de 2015 está en vigencia el Código Orgánico Penitenciario, que aunque a mi parecer requiere de unas importantes reformas para adaptarlo a la Constitución Nacional, ya es un avance.

Mafias carcelarias, el peor flagelo

El verdadero problema de nuestro sistema penitenciario, más allá de lo legislativo, que como antes dije, ya está bastante adelantado, lo constituyen las mafias carcelarias que, con la anuencia de la dictadura, se han adueñado de nuestras cárceles y calabozos policiales.

Estas mafias, como siempre he dicho, no está compuesta solo de pranes y su equipo, sino que la forman funcionarios penitenciarios y de los cuerpos encargados de su custodia, bien sea del Ministerio para el Servicio Penitenciario o de los cuerpos policiales en el caso de presos que se encuentran en centros de detención preventiva.

Después de esto, se requiere atacar los principales flagelos que afectan al sistema carcelario venezolano, como son el retardo procesal, el hacinamiento extremo, así como los problemas de salud y desnutrición que viven nuestros reclusos.

A pesar de los planes que han surgido desde el Tribunal Supremo de Justicia y el Ministerio Público, legítimas o no estas instituciones, ninguno ha solucionado el retardo procesal. Aun y cuando no hay cifras oficiales, se calcula que un 70 % de los presos venezolanos no tienen una sentencia definitivamente firme, esto significa que 7 de cada 10 reclusos son presuntamente inocentes al no haberse demostrado su culpabilidad.

Hacinamiento extremo en los calabozos

Por otra parte está el problema del hacinamiento extremo, que convierte los centros de detención preventiva o calabozos policiales en las nuevas cárceles de este siglo. Estos, concebidos en principio como espacios donde los presos deben estar un máximo de 48 horas, devinieron hoy en depósitos de seres humanos, alojando a más del 60 % de la población reclusa venezolana. Solucionar el problema de hacinamiento sería el primer paso para remediar los graves problemas de enfermedades y desnutrición que azotan a nuestros presos.

Comenzando a darle solución a estos problemas, podremos tener un sistema penitenciario que, como dice el artículo 272 de la Constitución nacional, asegure la rehabilitación o reeducación del interno y el respeto a sus derechos humanos.

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