¿Qué se puede hacer desde la sociedad civil organizada para recuperar la confianza en el poder electoral, en la institución del voto y en la ruta electoral para superar el conflicto venezolano? Conversa con Mibelis Acevedo
En las megaelecciones del 21-N se elegirán 23 gobernadores, 335 alcaldes, 250 diputados regionales y más de 2400 concejales. Para los candidatos de la oposición, las condiciones electorales son muy desventajosas, pero pueden ser compensadas si se aprovechan las favorables condiciones políticas derivadas del 80 % de rechazo al gobierno y sus candidatos.
Pero la oposición abstencionista sembró en el mapa mental del país la idea de que “en Venezuela se vota pero no se elige”, que “dictadura no cae con votos”, que “participar en la farsa electoral es legitimar la dictadura”. El voto ha perdido valor como instrumento del cambio y esto es funcional y útil gobierno. Si la mayoría descontenta se abstiene, la minoría que vote por el PSUV devendrá en una mayoría.
La fuerza electoral del chavismo viene cayendo, el malestar nacional continúa creciendo, pero la oposición se sigue absteniendo. Para un gobierno que cuenta con solo 20 % de apoyo en las encuestas, la abstención es lo que lo puede poner a ganar. Por eso hará todo lo posible para desestimular que el 80 % de electores descontentos voten y barran con los candidatos oficialistas. Con semejante rechazo, Maduro puede poner en riesgo el control hegemónico del territorio si llega a perder un buen número de gobernaciones y alcaldías.
El régimen no actúa con ingenuidad. Y para controlar el riesgo de ser barrido, seguirá haciendo todo lo que esté a su alcance para desvalorizar el voto, hacer mella en la competitividad de sus adversarios y lograr que sus candidatos ganen la mayor cantidad de cargos con el precario apoyo de 20 % que reciben en las encuestas.
Un gobierno autoritario -que prolonga su esperanza de vida gracias a la abstención- no va a otorgar todas las condiciones electorales que se le exigen. Procurará empañar el proceso electoral para inducir la mayor abstención posible. Por lo tanto, no se pueden esperar condiciones electorales ideales y quienes decidan postularse tienen que prepararse para competir en las peores circunstancias.
Para los diferentes bloques de la oposición, las megaelecciones representan una ventana de oportunidad siempre y cuando acuerden candidaturas unitarias y llamen masivamente a votar. Pero la oposición venezolana está dividida, no hay unidad de criterios ni coherencia en la acción. Un sector subestimó al gobierno de Maduro, sobreestimó el impacto de la presión internacional y se lanzó por la vía insurreccional. Otro sector negoció con el gobierno y ha pagado caro los costos reputacionales de ser considerados como cómplices y alacranes.
Los abstencionistas dijeron que con Maduro solo negociarían su salvoconducto o el color del uniforme en la cárcel donde sería condenado. Y ante el fracaso del mantra del cese de la usurpación finalmente decidieron ir a las megaelecciones del 21-N.
Los partidos políticos están muy cuestionados. Su lucha se enfoca en mejorar las condiciones electorales y restituir sus derechos políticos, más que en los derechos sociales. Las exigencias de los partidos son de mucha relevancia e interés, pero lo son sobre todo para sus aspirantes a cargos públicos y no tanto para una población azotada por la escasez, la hiperinflación, el colapso de los servicios públicos y la inseguridad. La miopía de los partidos de la oposición, los egos hipertrofiados y las ambiciones personales de sus dirigentes impiden capitalizar electoralmente el descontento nacional contra el gobierno y sus candidatos.
¿Es posible acordar candidaturas unitarias entre la Alianza Democrática y la Plataforma Unitaria? ¿O son irreconciliables las contradicciones en la oposición? ¿Aún hay margen para armonizar y sincronizar sus diferentes visiones y dinámicas? ¿Cuál puede ser la contribución de la sociedad civil para propiciar acuerdos políticos que permitan capitalizar electoralmente el malestar nacional?
¿Qué perdió la oposición al no participar en las anteriores elecciones presidenciales, de gobernadores, alcaldes y parlamentarias? ¿En qué condiciones se enfrenta ahora a la maquinaria electoral del PSUV? ¿Cuáles son las lecciones que no puede perder la oposición de cara a los próximos procesos electorales constitucionalmente establecidos?
¿Acaso el deterioro de las condiciones electorales es un pretexto de una oposición dividida que no logra ponerse de acuerdo para presentar candidaturas unitarias y teme ser derrotada por los candidatos oficialistas? ¿Qué hacer para aprovechar las favorables condiciones políticas derivadas del 80 % de rechazo al gobierno?
¿Cómo armonizar la lucha por los derechos políticos y sociales? ¿Es posible resignificar la acción política para que deje de ser un monopolio de los partidos y la sociedad civil organizada asuma un mayor grado de participación y compromiso?
¿Qué se puede hacer desde la sociedad civil organizada para recuperar la confianza en el poder electoral, en la institución del voto y en la ruta electoral para superar el conflicto venezolano?
¿Cómo evitar que la pérdida del poder se convierta en una cacería de brujas o en una tragedia para el sector que resulte perdedor en un proceso electoral? ¿Cuáles serían los acuerdos básicos entre el gobierno y la oposición para facilitar la alternabilidad en el poder?
Para responder a estas preguntas, en esta nueva entrega de la serie “Diez conversaciones estelares con diez mujeres comprometidas con una solución electoral y pacífica del conflicto venezolano” hemos invitado a Mibelis Acevedo (@mibelis), periodista egresada de UCV, con posgrado en Análisis del Discurso Audiovisual de la UCAB y diplomado en Transiciones Políticas en el Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la UCAB.
Vea la conversación completa en este video:
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