Víctor Álvarez R., autor en Runrun

Víctor Álvarez R.

¿Dónde hubo abstención: en Chile o en Venezuela?, por Víctor Álvarez R.
La dirigencia opositora es la responsable de que el oficialismo consolidara su hegemonía territorial y dejara una oposición dividida, derrotada y desmoralizada

 

@victoralvarezr

Las elecciones regionales generan muy poco interés. Son los comicios que registran menor participación en comparación con las parlamentarias y presidenciales. Sin embargo, en las megaelecciones del 21-N votaron 2,5 millones más de electores que en las parlamentarias de 2020. La abstención en los comicios regionales fue de 58 % mientras que en las presidenciales de Chile −que se supone convocan más y celebraron el mismo día que las megaelecciones de Venezuela−, la abstención fue de 53 %. ¿Entonces dónde hubo abstención?

Lograr una participación de 42 %, no muy lejos del 47 % que votó en las presidenciales de Chile, es una señal muy importante en un país que viene de escuchar insistentes llamados a la abstención. Han sido cinco años en los que los partidos más importantes de la oposición repitieron una y otra vez que “en Venezuela se vota, pero no se elige”, que “dictadura no cae con votos”, que “participar en las megaelecciones es convalidar la farsa electoral del régimen”. Desacreditaron la institución del voto, al árbitro electoral y a la propia la ruta electoral. Por si fuera poco, se postularon muchos candidatos mediocres e impresentables que se dedicaron a atacarse y descalificarse entre ellos mismos, desestimulando al elector.

Una oposición dividida y debilitada −a pesar de competir con los candidatos de un gobierno rechazado por el 80 % de la gente−, no logró los resultados que el país descontento esperaba. Pero no hay ninguna sorpresa. Se sabía que el gobierno ganaría la mayoría de los cargos. Sus candidatos obtuvieron 20 de las 23 gobernaciones y 205 de 335 alcaldías. Este resultado es responsabilidad de la dirigencia opositora, no del CNE ni del gobierno. El oficialismo consolidó su hegemonía territorial y dejó una oposición dividida, derrotada y desmoralizada.

Si bien es cierto que la abstención del 58 % favoreció al PSUV, toda vez que sus candidatos habrían sido barridos si el país descontento hubiese ido a votar masivamente por candidaturas unitarias, la dispersión del voto opositor fue lo que realmente sentenció el triunfo de los candidatos del gobierno. Al revisar los números se comprueba que −en al menos catorce estados− al candidato de la oposición que llegó de segundo le hicieron falta los votos del opositor que llegó de tercero para poder llegar de primero y ser proclamado gobernador.

Los principales partidos de la oposición tenían la posibilidad de empezar a construir una alternativa al chavismo desde las alcaldías y gobernaciones, de cara a las elecciones presidenciales de 2024, pero no lo hicieron. Querían ganar gobernaciones y alcaldías pero postularon varios candidatos para el mismo cargo. Se impusieron sus ambiciones personales por ser gobernador, alcalde, diputado o concejal y subordinaron el interés nacional.

Con candidaturas unitarias y el mismo porcentaje de participación, un candidato único y unitario de la oposición habría doblado la votación del candidato del gobierno en cada estado y municipio.

Por lo tanto, la principal causa de la derrota de la oposición no fue la abstención sino la división del caudal electoral del país descontento y opositor.

Cinco años llamando a la abstención causaron mucho daño a una oposición conformada por micropartidos nacionales y regionales que −al abstenerse de participar en las pasadas elecciones presidenciales, de gobernadores, alcaldes y diputados−, descuidaron el fortalecimiento de sus estructuras organizativas y no tuvieron con qué enfrentar la poderosa maquinaria electoral oficialista que corre con ventaja al poner a su favor los medios públicos.

La abstención de 58 % les habló duro a las élites políticas. La gente no se sintió estimulada a votar por unos candidatos que no interpretan bien las necesidades de la ciudadanía. Hay una abstención que no responde al voto castigo, sino al alto porcentaje de electores que sencillamente no se sienten convocados por una diatriba política que no da respuestas a su clamor.

A la Venezuela a la que no llegan los subsidios del gobierno ni ningún dirigente opositor, a esa Venezuela olvidada por los políticos también se le ha olvidado la política. Esa Venezuela desgastada y exhausta en la lucha por su sobrevivencia fue la que no salió a votar. Paradójicamente, ese país decepcionado con una mala práctica política es el caldo de cultivo para la emergencia de una nueva propuesta que los interprete, entusiasme y movilice. Quienes no votaron volverán a la política si una nueva generación de líderes nace de sus entrañas e interpreta su sentir.

Revertir el daño a la institución del voto y retomar la ruta electoral es un proceso que apenas comienza. En adelante se impone acumular fuerzas y complementar capacidades y recursos entre el nuevo liderazgo político emergente, los movimientos sociales y las expresiones de la sociedad civil organizada. Cada evento electoral constitucionalmente programado será una oportunidad para organizar y movilizar políticamente a la sociedad, y seguir avanzando hacia una solución democrática, electoral y pacífica del conflicto venezolano.

Escuche en análisis completo aquí: https://n9.cl/uyxh6

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad. Y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

Oposición no tiene nada que ofrecer para facilitar transición democrática, por Víctor Álvarez R.
Cuáles serían las consecuencias para la Plataforma Unitaria y Guaidó de una eventual debacle en las megaelecciones del #21-N? Conversa con Margarita López Maya

 

@victoralvarezr

Entre 2014 y 2021 se cuentan al menos cinco intentos de diálogo y negociación entre gobierno y oposición: Conferencia Nacional por la Paz (2014), Mesa de Diálogo Nacional (2016), Mesa de Diálogo en la República Dominicana (2017-2018), Conversaciones de Oslo-Barbados (2019) y la Mesa de Negociación en México (2021).

Para el gobierno, el diálogo ha sido una maniobra de contención del conflicto que le ha permitido ganar tiempo y debilitar las ofensivas de sus opositores.

Los costos políticos de cada intento fallido de diálogo los ha pagado sobre todo el liderazgo de la oposición que es visto por los más tolerantes como un actor ingenuo, mientras que los más intransigentes y extremistas lo ven como cómplice de un gobierno que no parece estar dispuesto a ceder el poder por la vía electoral.

El régimen aprovecha cualquier pretexto para levantarse de la mesa de negociación. Luego de conocerse la extradición de Alex Saab, Maduro acusó a EE. UU. de darle una puñalada mortal a la negociación y dijo: “Nosotros en protesta nos fuimos de México y punto. Después evaluaremos qué va a pasar con estos diálogos. Por ahora estamos indignados, protestando y enfrentando la injusticia. Después veremos…”.

Esta excusa tan rebuscada recrudece las dudas sobre el verdadero compromiso con una solución pactada a la crisis. Si bien Maduro repite que nunca se niega a dialogar, lo hace mientras no se incluyan temas que pudieran precipitar su salida del poder. Ahora bien, si hay tan pocas expectativas de una solución democrática y electoral del conflicto venezolano: ¿Por qué la Plataforma Unitaria vuelve a sentarse con un régimen que utiliza el diálogo para ganar tiempo y atornillarse en el poder? ¿Qué se puede esperar de las negociaciones en México?

En los anteriores procesos de negociación, la inestabilidad de Nicolás Maduro era mayor que ahora. Aun así, nada se pudo lograr para llevarlo a pactar una transición democrática en Venezuela. Ante la división de la oposición, Maduro luce fortalecido, sin la presión de una amenaza interna realmente creíble. Si la continuidad del régimen no se ve amenazada por factores exógenos, nada que arriesgue la permanencia de Maduro en el poder tendrá cabida en la negociación.

¿Qué se pueden esperar, entonces, de las negociaciones en México? ¿Cuáles son las demandas del gobierno y cuáles las de la oposición? ¿Es posible que dos fuerzas tan antagónicas puedan llegar a un pacto? ¿Cómo medir el éxito de las negociaciones en México?

Nicolás Maduro busca el reconocimiento de su legitimidad e instituciones, entre estas la AN cuyo presidente encabeza su equipo de negociadores. También busca el levantamiento de las sanciones para oxigenar las precarias finanzas del régimen. Las sanciones han generado efectos colaterales, pero siguen siendo el mecanismo de presión más importante sobre el gobierno.

¿Para evitar el impacto negativo sobre la economía y la sociedad no sería mejor plantear en México un canje de sanciones por incentivos a cambio de la conformación de gobierno de coalición que saque al país de la crisis? ¿Cuáles serían los incentivos y cuáles las condiciones para hacer posible ese Acuerdo de Salvación Nacional entre el gobierno y la oposición?

Al no lograr candidaturas unitarias, el caudal electoral del país opositor se dispersará y esto facilitará el triunfo del oficialismo. Una barrida del gobierno consolidará su hegemonía territorial y acelerará la disputa por el liderazgo de la oposición. Para proyectar internacionalmente que la única oposición en Venezuela no es la Plataforma Unitaria, el gobierno puede plantear la incorporación de la Alianza Democrática en las negociaciones en México.

¿Cuáles serían las consecuencias para la Plataforma Unitaria y el liderazgo de Guaidó de una eventual debacle en las megaelecciones del 21-N? ¿Crees que el gobierno cederá a la presión de la Alianza Democrática para ser incorporada a las negociaciones en México? ¿Esto es aceptable para la Plataforma Unitaria?

Plataformas de la sociedad civil organizada como Foro Cívico y Diálogo Social han hecho un “llamado a los actores que participan en el mecanismo de negociación a demostrar un compromiso firme, serio y responsable con la vida y la dignidad de todos los venezolanos”. Sin embargo, estas organizaciones no participan directamente en las negociaciones en México.

¿Qué presión eficaz puede ejercer la sociedad civil para incorporarse a la mesa de negociación? ¿Cuál es la gama de acciones cívicas que se pueden desplegar con ese fin? ¿Si fracasa la negociación en México cuáles alternativas le quedan a la sociedad civil para lograr una solución pacífica del conflicto venezolano?

Se menciona el caso de Chile para argumentar que una dictadura sí puede caer con votos y que participar en unas elecciones convocadas por el régimen no implica legitimarlo. Ahora bien, si los partidarios del NO en el plebiscito de Chile hubiesen amenazado a Pinochet diciéndole que lo único que negociarían con él sería el salvoconducto que lo sacaría al exilio o el color del uniforme de la cárcel donde pagaría su condena, seguramente el dictador habría gobernado hasta su muerte. Para hacer posible la transición democrática, sus adversarios aceptaron que Pinochet continuara como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y pactaron su inmunidad al reconocerlo como senador vitalicio.

¿Cuáles incentivos se pueden ofrecer al régimen de Maduro para que facilite una transición democrática?

¿Cómo hacer para que una solución electoral al conflicto venezolano no se convierta en una cacería de brujas, en una tragedia para quien resulte perdedor?

Para abordar estos temas y responder a estas preguntas, en esta nueva entrega de la serie Diez conversaciones estelares con diez mujeres comprometidas con una solución electoral y pacífica del conflicto venezolano hemos invitado a Margarita López Maya (@mlopezmaya), historiadora, con doctorado en Ciencias Sociales, articulista, ensayista, escritora y una larga carrera como investigadora y académica a través de la cual ha hecho importantísimos aportes al estudio, comprensión y transformación de nuestra realidad.

Vea la conversación completa aquí

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Inversión privada es necesaria para recuperar industria petrolera, por Víctor Álvarez R.
Debido a la destrucción de la industria petrolera y el colapso de la renta, ni el gobierno ni Pdvsa cuentan con recursos para recuperar la extracción de crudo

 

@victoralvarezr

Con la reforma petrolera de 2006 los convenios operativos y asociaciones estratégicas fueron convertidos en empresas mixtas en las que el Estado debía tener la mayoría accionaria del al menos el 51 %. Eran los años del boom de los precios del petróleo y de la arrogancia rentística. El Gobierno y Pdvsa presumían de no necesitar la inversión privada para acometer los proyectos de inversión. Pero ahora la situación es muy distinta.

Debido a la destrucción de la industria petrolera y el colapso de la renta, ni el gobierno ni Pdvsa cuentan con recursos suficientes para recuperar la extracción de petróleo. Esta dura realidad los obliga a abandonar su visión estatista y nacionalista para abrirle paso a la inversión privada nacional y extrajera en la industria petrolera. Pero a esta apertura se le oponen las sanciones financieras y comerciales de EE. UU. contra PDVSA.

Las sanciones financieras impiden al gobierno y Pdvsa gestionar financiamiento externo y las sanciones comerciales prohíben a cualquier empresa estadounidense −o extranjera con negocios en territorio de EE. UU.− el comercio de bienes y servicios con Pdvsa y demás empresas públicas. Para evadir las sanciones, el gobierno recurre a triangulaciones y transacciones secretas con aliados a los cuales concede grandes descuentos para que se arriesguen a colocar en los mercados internacionales la producción de Pdvsa. También les acepta elevados sobreprecios para que sean intermediarios en la compra de los alimentos, medicinas, insumos y equipos que el país necesita. Son empresas de países también sancionados que han desarrollado estrategias para burlar las sanciones y convierten esos vacíos en riesgosos negocios de alto rendimiento.

Las sanciones contra Pdvsa y otras empresas públicas administradas por el gobierno también afectan a las empresas privadas nacionales y extranjeras. Quienes sean descubiertos burlando las sanciones corren el riesgo de ser acusados de conspiración y terminar sancionados, multados y hasta encarcelados. El temor a ser considerado cómplice inhibe a clientes y proveedores nacionales e internacionales de mantener sus negocios con las empresas públicas venezolanas. Como suele ser difícil saber si se está llevando a cabo alguna triangulación con una empresa pública a través de un intermediario privado, prefieren no correr el riesgo reputacional y rompen unilateralmente sus relaciones económicas con el país.

¿La retirada de proveedores estadounidenses y europeos está dejando espacios vacíos que son ocupados por nuevos proveedores rusos, chinos, iraníes y turcos? ¿Se está reconfigurando las cadenas de suministro y el mapa de integración de Venezuela en las cadenas de valor internacional? ¿Las sanciones económicas terminarán generando consecuencias geopolíticas que los sancionadores no calcularon?

La Constitución nacional establece que los yacimientos petroleros son propiedad del Estado y que Pdvsa será una empresa 100 % pública. El marco legal vigente permite la inversión privada en la exploración y explotación de los yacimientos, pero impone un límite. Para estimular la inversión privada nacional y extranjera se plantea adecuar el marco legal y el entorno institucional que rige y regula la explotación de los hidrocarburos líquidos y gaseosos en Venezuela.

¿Cuáles son los cambios en el marco constitucional, legal y contractual que es necesario aprobar para ampliar el margen de la inversión privada nacional y extranjera en la industria petrolera? ¿A quién le corresponde diseñar la política petrolera y a quién planificar y administrar las inversiones y negocios de la industria?

La canasta de petróleo venezolana se ha tornado cada vez más pesada y menos rentable. Casi dos tercios de la extracción actual son crudos pesados. Explotar el petróleo extrapesado de la FPO es más costoso que extraer el petróleo ligero del Zulia o Monagas. Pero el régimen fiscal vigente no toma en cuenta las diferencias entre los yacimientos. Para compensar los mayores costos e inversiones en la FPO se argumenta la conveniencia de ofrecer incentivos fiscales a los inversionistas; estos luego serían recuperados por el Estado a medida que mejore la rentabilidad de los proyectos de inversión.

¿Cuál es el régimen fiscal vigente en la industria petrolera y qué cambios deberían aprobarse para incentivar la inversión privada nacional y extranjera en la industria petrolera venezolana en general y en FPO en particular? ¿Crees que la FPO ha sido y puede seguir siendo un buen negocio para Venezuela?

Pdvsa le debe a bancos y a fondos de inversión; le debe a China, a sus socios y a proveedores de bienes y servicios. Estos retrasos vienen del año 2013, cuando se registraron reclamos de acreedores, contratistas y proveedores. La reestructuración de la deuda financiera y comercial de Pdvsa es imprescindible para la reinserción de la compañía en los mercados financieros internacionales.

¿A cuánto asciende la deuda externa de Pdvsa? ¿Cuánto corresponde a la deuda financiera y cuánto a la comercial? ¿A quiénes se les debe? ¿Cómo renegociar esa deuda con base en el valor real que reconocen los mercados; y así poder obtener un descuento que alivie el peso del saldo a pagar?

Venezuela está entre los países que cuentan con las reservas de petróleo más grandes del mundo, pero pareciera que el petróleo tiene los días contados. Los acuerdos para proteger el ambiente, evitar los desastres naturales asociados con el cambio climático, el desarrollo de fuentes alternas de energía, la llegada del carro eléctrico, anticipan un escenario en el que el petróleo perderá importancia.

¿Qué tiempo le queda al petróleo? ¿Qué se puede hacer para que las reservas de Venezuela no se queden en el subsuelo y generen los ingresos que el país necesita para su reconstrucción? ¿Cuánto tiempo llevará levantar la producción a 3 millones de barriles diarios? ¿Qué inversión se requerirá? 

Para responder a estas preguntas, en esta nueva entrega de la serie “Diez conversaciones estelares con diez de los mejores economistas de Venezuela” hemos invitado a Luis Oliveros @luisoliveros13, especialista en Política y Comercio Petrolero y profesor de Economía Petrolera en la Universidad Metropolitana.

Escuche la conversación completa aquí:

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El diálogo social ha de modelar el diálogo político, por Víctor Álvarez R.
¿Qué es el diálogo social?, ¿en qué se parece y en qué se diferencia del diálogo político?”. Conversa con Mariela Ramírez, activista cofundadora de @Dale_Letra

 

@victoralvarezr

Ante la inercia de los partidos políticos que no decidían si participar o no en las elecciones, diferentes iniciativas de la sociedad civil irrumpieron en la escena política y alcanzaron gran visibilidad y resonancia cuando postularon a 15 venezolanos independientes, con reconocida trayectoria y probada solvencia ética para ser rectores del CNE.

Hoy escuchamos hablar cada vez más del Foro Cívico Nacional, del diálogo social y de otras iniciativas que llaman a los ciudadanos a organizarse y luchar por la defensa de sus derechos. Estas iniciativas no están en contra de los partidos políticos ni son militantes de la antipolítica; pero sí interpelan y emplazan al gobierno y la oposición para que interpreten el sentir nacional y se conecten con las necesidades de la gente. Promueven el diálogo y la negociación política, hacen llamados para retomar la ruta electoral, luchan por mejorar las condiciones electorales y restaurar la democracia venezolana. Son nuevos actores en el mapa político nacional. En Venezuela el diálogo político se ha desacreditado porque no ha contribuido a superar la crisis que azota al país.

Entre 2014 y 2021 se han llevado a cabo cinco procesos de diálogo y negociación: la Conferencia Nacional por la Paz (2014), la Mesa de Diálogo Nacional (2016-2017), la Mesa de Diálogo en la República Dominicana (2017-2018), las Conversaciones de Oslo-Barbados (2019) y ahora en México se vuelve a retomar el diálogo y la negociación para lograr una solución pactada a la crisis venezolana.

Para resolver el conflicto venezolano se ha dicho que todas las opciones están sobre la mesa; desde la ruta electoral y pacífica hasta la vía insurreccional y violenta. Unas veces se participa en elecciones, otras se ha decidido la abstención y también se ha intentado la vía insurreccional: las violentas guarimbas, el Cucutazo, el conato de golpe de Estado, la operación Gedeón, la invocación al TIAR son opciones que han ensayado quienes no creen que por la vía electoral es posible lograr un cambio político en Venezuela. 

La oposición abstencionista sembró en el mapa mental del país la idea de que “en Venezuela se vota pero no se elige”, que “dictadura no cae con votos”, que “participar en la farsa electoral es legitimar la dictadura”. El voto ha perdido valor como instrumento de cambio y esto es funcional al gobierno.

Si la mayoría descontenta se abstiene, la minoría oficialista devendrá en mayoría.

“Nada está acordado hasta que todo esté acordado” pareciera ser un principio muy exigente que ha regido las negociaciones entre el gobierno y la oposición. Se acuerda todo o no se acuerda nada. Esta lógica somete a todo un país castigado por una larga crisis a tener que esperar hasta que las élites políticas se pongan de acuerdo en todos los puntos a negociar.

¿Qué es el Foro Cívico Nacional? ¿Cuándo y cómo nace? ¿Quiénes forman parte de esta iniciativa? ¿Cómo es su estrategia? ¿Cuáles han sido sus acciones de mayor impacto para hacer valer los derechos sociales y políticos de los ciudadanos? ¿Qué nuevos aportes se plantean?

¿Qué es el diálogo social?, ¿en qué se parece y en qué se diferencia del diálogo político? ¿Cómo se complementan? ¿Cómo puede contribuir el diálogo social para que el diálogo político rinda los frutos que Venezuela espera?

¿Cuál es la vía del Foro Cívico y del Diálogo Social para hacer posible el cambio de mando por el cual se pronuncia el 80 % de los venezolanos que rechaza al actual gobierno?

¿Tiene sentido participar en condiciones electorales tan desventajosas? ¿Cómo se puede reconstruir la confianza en la institución del voto para que la ciudadanía vaya a votar masivamente y se recupere la ruta electoral como la vía más eficaz para resolver nuestros conflictos?

¿Por qué se impone ese principio de nada está acordado hasta que todo esté acordado? ¿Qué sentido tiene jugar al todo o nada? ¿El Foro Cívico estaría a favor de acuerdos parciales que solucionen problemas concretos y coadyuven a crear mayor confianza en el proceso de negociación? ¿Cuáles pudieran ser esos acuerdos parciales entre gobierno y oposición que respondan al interés nacional y no solo al interés de los partidos?

Para hablar sobre estos temas y este interesante proceso, hemos invitado a Mariela Ramírez a esta nueva entrega de Diez conversaciones estelares con diez mujeres comprometidas con una solución electoral y pacífica del conflicto venezolano. Arquitecta, cofundadora de la organización @Dale_Letra, activista del Foro Cívico y promotora del diálogo social, Ramírez es una de las voces más activas de la participación ciudadana en la defensa de los derechos sociales y políticos.

Vea la conversación completa aquí:

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Fondos de pensiones, cajas de ahorros y mercado de valores, por Víctor Álvarez R.
¿Por qué en Venezuela los fondos de pensiones no invierten para garantizar pensiones que permitan vivir dignamente? ¿Qué lo impide? Conversa con Urbi Garay

 

@victoralvarezr

Noruega es un país petrolero con 5 millones de habitantes donde la tasa de natalidad es de apenas 1,95. Demográficamente esto quiere decir que el número de hijos apenas sustituye a los padres. Su población se estanca y tiende a envejecer. Como el pago de las pensiones no podía ser cubierto con las contribuciones a la seguridad social, la necesidad de garantizar una vejez digna pasó a ser una prioridad de la sociedad noruega. En 1990 se creó el Fondo Noruego del Petróleo con el objetivo de hacer inversiones cuyos rendimientos aumentaran el nivel de reservas del sistema de pensiones. En 1995 se hizo la primera transferencia por un monto equivalente a $ 285 millones que fueron invertidos en el exterior en bonos, valores, acciones, etc. Gracias a los sucesivos depósitos y rendimientos de las inversiones, actualmente los activos del Fondo superan los 900.000 millones de dólares, equivalente a $ 200.000 por habitante. Pero esos fondos no se reparten, sino que se invierten. Solamente un porcentaje de los rendimientos puede ser utilizado como complemento del presupuesto nacional, el cual se financia fundamentalmente con los impuestos que pagan los contribuyentes.

En Venezuela, cuando una persona se jubilaba y recibía su liquidación, podía montar un negocio o comprarse una vivienda. Hoy apenas puede comprar un mercado.

Vemos con dolor la situación de los jubilados que reciben pensiones de hambre. En otros países los fondos de pensiones tienen una importante participación accionaria en empresas rentables, inversiones inmobiliarias y bonos para hacer rendir sus fondos y asegurar una jubilación digna.

¿Por qué en Venezuela no es así? ¿Por qué los fondos de pensiones no realizan inversiones para hacer rendir las contribuciones a la seguridad social y garantizar pensiones que permitan vivir dignamente? ¿Qué lo impide?

¿Cómo evitar que se repitan los errores del pasado? ¿Es posible invertir un porcentaje de la renta petrolera para proteger a la economía y la sociedad venezolana de los altibajos de los precios de los crudos? ¿En qué se puede invertir? ¿Qué mecanismos e instituciones habría que crear? 

Sin renta petrolera y ante una banca privada que no tiene capacidad para financiar la reactivación económica, en los fondos de pensiones, cajas de ahorro y mercado de valores subyace un enorme potencial de financiamiento para encarar los retos de la Venezuela posrentista. ¿Qué hacer para lograrlo?

Para hablar sobre las alternativas de financiamiento e inversión en la Venezuela posrentista, en esta nueva entrega de Diez conversaciones estelares con diez de los mejores economistas de Venezuela hemos invitado a Urbi Garay (@urbigaray), economista egresado de la Universidad Católica Andrés Bello, con maestría en Economía Internacional en la Universidad de Yale y doctorado en Finanzas en la Universidad de Massachussets, profesor titular de finanzas del IESA e Individuo de Número de la Academia Nacional de Ciencias Económicas. Vea la entrevista completa aquí:

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Sanciones causan subvaluación de activos empresariales venezolanos, por Víctor Álvarez R.
Inversionistas rusos, chinos, iraníes y turcos están reconfigurando las cadenas de suministro de Venezuela. Las sanciones están generando consecuencias geopolíticas que los sancionadores no calcularon

 

@victoralvarezr

Debido a la prolongada contracción de la economía, la hiperinflación, el default de la deuda externa, el riesgo país y las sanciones económicas, los activos empresariales venezolanos son castigados con una mayor tasa de descuento, en comparación con activos semejantes ubicados en otros países. Pero las sanciones que se extienden a terceros que tengan negocios con el gobierno venezolano inhiben a inversionistas convencionales que no se quieren exponer a que congelen sus activos en territorio estadounidense por hacer negocios en Venezuela.

Aun así, hay inversionistas que tienen una alta tolerancia al riesgo, desafían las sanciones y se arriesgan a comprar activos empresariales que están subvaluados por la crisis política y económica, los cuales serán altamente rentabilizados una vez superada la crisis. Esto fondos de alto riesgo buscan oportunidades en los llamados Mercados Frontera –una subcategoría más riesgosa dentro de los mercados emergentes–, y suelen tener en su portafolio una porción de inversiones de alto riesgo. Entre estos se destacan los fondos buitre que están siempre atentos al remate de activos públicos. La venta de empresas privadas y la privatización de empresas públicas están en la mira de estos fondos especializados en convertir en oportunidades de negocio las crisis que azota a un país.

Con el argumento de evitar que los inversionistas privados que hagan negocios con el gobierno venezolano sean sancionados por el gobierno estadounidense, se aprobó la Ley Antibloqueo que permite la cesión a privados de la gestión de activos públicos en la más absoluta confidencialidad. La ley antibloqueo otorga poderes extraordinarios al gobierno para “estimular la inversión nacional y extranjera”, incluyendo la participación o compra de activos que se encuentren bajo administración del Estado.

En el artículo 34 “se crea un régimen transitorio en materia de confidencialidad y reserva de información para proteger las decisiones tomadas por el Poder Público”; en el Artículo 35 “se prohíbe el acceso a documentación que haya sido calificada como confidencial o reservada”, y en el Artículo 36 “se declaran secretos y reservados los procedimientos, actos y registros efectuados con ocasión de la implementación de las medidas establecidas en esta ley que supongan la desaplicación de normas de rango legal”.

Al “desaplicar” el marco legal y regulatorio vigente se abre paso a la discrecionalidad del gobierno que queda facultado para dejar sin efecto cualquier norma que impida estas operaciones.

De allí que la venta de empresas privadas, la privatización de empresas públicas y la ocupación de los espacios vacíos que dejan clientes y proveedores internacionales que ya no quieren hacer negocios con Venezuela están en la mira de estos fondos de alto riesgo, muchos de los cuales son originarios de países también sancionados que han desarrollado eficaces estrategias para burlar las sanciones y convertirlas en oportunidades para concretar riesgosos negocios de alto rendimiento.

Para evadir las sanciones, el gobierno recurre a triangulaciones y transacciones secretas con aliados a los cuales concede grandes descuentos para que se arriesguen a colocar en los mercados internacionales la producción de Pdvsa. También les acepta elevados sobreprecios para que sean intermediarios en la compra de los alimentos, medicinas, insumos y equipos que el país necesita.

La retirada de proveedores estadounidenses y europeos deja espacios vacíos ocupados por nuevos inversionistas y proveedores rusos, chinos, iraníes y turcos que están reconfigurando las cadenas de suministro y el mapa de integración de Venezuela en las cadenas de valor internacional. Por esta razón, las sanciones económicas están generando consecuencias geopolíticas que los sancionadores no calcularon.

Escuche el análisis completo en el nuevo pódcast de #PedagogíaEconómica: https://t1p.de/z6qr

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¿Qué es el bolívar digital?, por Víctor Álvarez R.
Pareciera que el bolívar digital es más una prevención del BCV ante la certeza de que el nuevo cono monetario pronto quedará inservible

 

@victoralvarezr

Desde que se acuñó el bolívar como moneda nacional en 1879, Venezuela ha tenido los siguientes conos monetarios:

√ Bolívar: marzo 1879–diciembre 2007.

√ Bolívar Fuerte: enero 2008–agosto 2018.

√ Bolívar Soberano: septiembre 2018–septiembre 2021.

√ Bolívar Digital: 1º de octubre de 2021.

El bolívar acuñado en 1879 circuló durante 129 años, pero en apenas trece años han circulado tres signos monetarios diferentes en igual cantidad de reconversiones monetarias. La primera fue en 2008 cuando se le quitaron 3 ceros al bolívar, la segunda en 2018 con 5 ceros menos y la tercera en 2021 con 6 ceros menos. En total se han quitado 14 ceros.

Sin estas reconversiones, lo que costaba un bolívar costaría ahora el equivalente a 1 más 14 ceros. O sea, 100.000.000.000.000 de bolívares. Una cantidad difícil de leer que significa 100 billones de bolívares.

El récord mundial de las reconversiones lo tienen Alemania (1923) y Zimbabue (2009) con doce ceros en una sola reconversión. Con 25 ceros en total, Zimbabue tiene el registro de más ceros eliminados en las varias reconversiones que aplicó a lo largo de la hiperinflación que sufrió entre 2005-2010.

Cuando los precios son muy altos se requieren bultos de billetes para pagar cualquier compra. Las cifras son tan grandes que no caben en las calculadoras, colapsan los sistemas de cómputo de las empresas e instituciones y esto obliga a llevar a cabo una reconversión monetaria. Al eliminar ceros a la moneda las cifras se simplifican, se alivian las transacciones comerciales, el cálculo de presupuestos y las operaciones financieras.

La reconversión monetaria no es una medida para contener la inflación sino una consecuencia de la misma, pero mal implementada puede desembocar en precios más altos cuando. Esto es lo que ha originado el nuevo cono monetario que solo tiene billetes de 5, 10, 20, 50 y 100 bolívares. Al no contemplar billetes de 2 ni haber monedas para dar el cambio, inmediatamente la mayoría de los precios inferiores a 5 millones de bolívares fueron reexpresados a 5 bolívares, un aumento de más del 100 %. Así, un ticket en un estacionamiento al descubierto que antes costaba 2.000.000 de bolívares soberanos, ahora cuesta 5 bolívares. Nótese que la cifra es más baja pero el precio es más caro.

Por otra parte, debido a la tendencia a redondear las cifras hacia la cantidad más alta, la reconversión monetaria agrava la redistribución regresiva del ingreso desde los trabajadores y familias que viven de un ingreso fijo hacia los sectores que manejan e imponen los precios.

Con la eliminación de 6 ceros, un producto que costaba 9.600.000 Bs queda en 9,6 Bs. La regla dice que si el decimal es mayor que 5, se redondea el precio hacia la cifra mayor: 10 Bs. Así, el consumidor termina pagando 400.000 bolívares más de los anteriores. En el comercio formal e informal, el problema redistributivo se agrava ante la falta de monedas y sencillo para dar el cambio. Quienes controlan los precios tienden a redondear los precios hacia la cantidad mayor, nunca hacia la menor.

La redistribución regresiva del ingreso que causa una reconversión monetaria mal implementada agrava el problema de la pobreza de ingresos en Venezuela que, según la última Encuesta de Condiciones de Vida (ENCOVI) supera el 94 % de la población venezolana.

El nuevo bolívar digital causa incertidumbre y desconfianza. Para empezar, no garantiza la cantidad de monedas y billetes que se necesitan para pagos en efectivo y compras al menor. Al ritmo actual de la inflación, el nuevo cono monetario en cuestión de meses se quedará corto. Emitir dinero digital resulta más barato y rápido en comparación con el alto costo y tiempo que implica imprimir millones de piezas de billetes cuya capacidad de compra rápidamente se disuelve ante la voraz inflación que azota a Venezuela.

Pareciera, entonces, que el bolívar digital es más una prevención del BCV ante la certeza de que el nuevo cono monetario pronto quedará inservible.

Escuche el análisis completo en el nuevo pódcast de #PedagogíaEconómica: https://t.co/LzUXPgCllp

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad. Y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

Se abren vías para el entendimiento nacional, por Víctor Álvarez R.
¿Cuáles son las zonas de entendimiento para lograr una unidad de criterios ante el 21N? Conversa con Eglée González Lobato, creadora del Proyecto Entendimiento Nacional

 

@victoralvarezr

El Cucutazo, el conato de golpe de Estado del 30 de abril, la Operación Gedeón y la invocación al TIAR fueron parte de un atajo insurreccional que se convirtió en el camino más largo para lograr un cambio político en Venezuela. Quienes una y otra vez repitieron que solo negociarían con Maduro el salvoconducto que lo sacaría del país, hoy se sientan en México a negociar con él una solución política al conflicto.

Dice la sabiduría popular que “uno es esclavo de lo que dice y amo de lo que calla”. Los partidos que apostaron a la abstención repitieron una y otra vez que “en Venezuela se vota pero no se elige”, que “dictadura no cae con votos”, que “participar en las megaelecciones es convalidar la farsa electoral del régimen”. Ahora, quieren disfrutar los beneficios de ganar gobernaciones y alcaldías sin pagar los costos reputacionales de retomar la ruta electoral.

Guaidó dice que las megaelecciones el 21-N son una farsa y a los partidos de la Plataforma Unitaria no se les siente plenamente convencidos de participar. En vez de apoyar la reelección de los gobernadores y alcaldes que actualmente tiene la oposición, han postulado otros candidatos que amenazan con dividir el caudal electoral del país descontento y facilitar así el triunfo de los candidatos oficialistas. Pareciera que su estrategia es provocar resultados muy reñidos para cantar fraude, deslegitimar el proceso electoral, agravar la crisis de gobernabilidad y así lograr que se prolongue el reconocimiento internacional al interinato.

Les ha tocado a las organizaciones de la sociedad civil romper la inercia de los partidos políticos para recuperar la confianza en la institución del voto y retomar la ruta electoral. Pero los cuestionados partidos suelen ver en las iniciativas de la sociedad civil el fantasma de la antipolítica. En vez de mirarse como rivales, ambos están llamados a entenderse y enfrentar conjuntamente tanto las maniobras para intervenir los partidos y crear una oposición a la medida del gobierno, como también la criminalización de las organizaciones no gubernamentales e iniciativas de la sociedad civil. A fin de evitar que surjan conflictos por el liderazgo entre partidos y organizaciones de la sociedad civil, toca pensar en cómo se pueden articular ambos, en vez de disputarse los espacios naturales que a cada quien le corresponden.

Conversa con Eglée González Lobato

Para hablar sobre estos temas en esta nueva entrega de la serie Diez conversaciones estelares con diez mujeres comprometidas con una solución electoral y pacífica del conflicto venezolano hemos invitado a Eglée González Lobato (@egleegolobato), creadora del Proyecto Entendimiento Nacional y directora de la cátedra libre Democracia y Elecciones. 

¿Cuáles son las zonas de entendimiento para lograr una unidad de criterios que permita coherencia en la acción? ¿Cuáles son esos consensos básicos que están al alcance de la mano?

¿Crees que hay posibilidades de que la Alianza Democrática y la Plataforma Unitaria lleguen a acuerdos para postular candidatos únicos y unitarios? ¿De qué depende el logro de esos acuerdos? ¿Cuáles serían los principios rectores para lograr alianzas perfectas en la mayor cantidad de estados y municipios?

¿Cómo fortalecer la democracia interna en las organizaciones políticas? ¿Qué deben revisar y mejorar para evitar que al tomar el poder reediten las mismas tendencias personalistas y autoritarias que tanto le cuestionan al chavismo?

¿Cuáles serían esos acuerdos básicos que el partido de gobierno y los de la oposición pudieran lograr para armonizar el interés nacional con el interés de los bloques políticos en pugna?

¿Cómo se puede resolver esta contradicción existencial? ¿Es posible una cooperación antagónica entre Maduro y Guaidó? ¿O acaso la solución al conflicto político tiene que ser sin Maduro ni Guaidó?

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