Víctor Álvarez R.

El neorrentismo socialista degeneró en un modelo de dominación basado en el uso del ingreso petrolero para financiar la inversión social y crear una red clientelar que le sirve de apoyo social

@victoralvarezr

Precandidatos a la Presidencia de la República prometen la Venezuela pospetrolera. ¿Acaso el país con una de las reservas de petróleo más grandes del mundo se puede estar planteado ser un país pospetrolero? Creo que el debate electoral está mal enfocado y lo que Venezuela debe proponerse es aprovechar al máximo su riqueza petrolera, pero sin reeditar las patologías del rentismo. La pregunta es: ¿Venezuela pospetrolera o posrentista?

La maldición de la abundancia

La maldición de la abundancia comienza en Venezuela con la Leyenda de El Dorado, según la cual los conquistadores y colonos españoles incursionaban selva adentro buscando una ciudad hecha de oro, donde el cotizado metal era tan abundante y común que los nativos le daban poca importancia y por eso lo cambiaban por espejitos y otras baratijas. Luego, el extractivismo minero que se inicia en la época de la Colonia, se recrudece con el extractivismo petrolero, impulsado por los nuevos conquistadores representados en las corporaciones transnacionales de la industria petrolera.

Se impuso así un proceso de división internacional del trabajo determinado por las demandas de materias primas y energía de las grandes potencias industrializadas. En este esquema, unos países se limitan a ser simples proveedores de materias primas y energía, mientras que otros dominan los procesos de transformación industrial. Pero el extractivismo-rentista se prolonga bajo gobiernos progresistas y de izquierda que reivindican la soberanía nacional sobre los recursos naturales y profundizan la actividad extractiva con el fin de generar una creciente renta que les permita financiar el gasto social clientelar y prolongarse en el poder.

Al no contar con una economía fuerte que garantice la soberanía alimentaria y productiva, intensifican la extracción y exportación de recursos naturales. Pero a medida que captan una mayor renta, mayor suele ser la propensión a importar toda clase de productos, con lo cual frenan y desplazan la producción nacional.

Pareciera que los países que se dedican a la extracción y exportación de petróleo, minerales y materias primas están condenados a sufrir la maldición la abundancia. Son ricos en recursos naturales pero pobres en tecnologías para transformarlos. El cuantioso ingreso en divisas que obtienen al exportarlos tiende a sobrevaluar la tasa de cambio. Y con una divisa barata se dedican a importar lo que deberían producir para satisfacer sus necesidades, cuestión que inhibe el desarrollo del aparato productivo.

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Al contar con un abundante ingreso en divisas se apela al expediente fácil de importar, en lugar de encarar y superar el desabastecimiento y la escasez a través de un sostenido impulso a la agricultura y a la industria. Es como si a través de las importaciones se vieran obligados a devolverle a las grandes potencias y demás países, el plusvalor internacional que captan por la exportación de petróleo y otros recursos naturales.

Desde que apareció el petróleo en la vida nacional se viene advirtiendo sobre las graves distorsiones que generaría en la economía y sociedad venezolanas el mal uso de la renta petrolera. Alberto Adriano, Arturo Uslar Pietri y Juan Pablo Pérez Alfonso fueron los primeros en anticipar que Venezuela terminaría convertida en un país improductivo y ocioso, un inmenso parásito del petróleo, nadando en una abundancia corruptora si no lograba conjurar la tentación de convertir aquella incipiente riqueza en el manantial de los festines y derroches por venir.

Del capitalismo rentístico al neorrentismo socialista

En el debate nacional se distinguen dos énfasis en torno al destino que debe tener la renta petrolera. Durante el período denominado como el capitalismo rentístico (1936-1998), la siembra del petróleo consistió en el financiamiento del proceso de acumulación a través de préstamos blandos a las empresas y la construcción de autopistas, ferrovías, puentes, centrales termo e hidroeléctricas y demás obras de infraestructura que requiere la actividad económica.

En efecto, un alto porcentaje de la renta se destinó a financiar la creación de un entorne favorable a la iniciativa empresarial a través de préstamos a bajas tasas de interés y largos plazos; inversiones en infraestructura y servicios de apoyo a las inversiones de capital; petrodólares baratos para importar maquinarias, insumos y tecnología; y compras gubernamentales en condiciones muy favorables para la producción nacional.

El capitalismo rentístico comenzó a dar señales de agotamiento cuando los incrementos en la producción no encontraron espacio en el mercado interno, ni en los reñidos mercados internacionales, lo cual se agravó con la sobrevaluación de la tasa de cambio. Un petrodólar abundante y barato estimuló toda clase de importaciones que desplazaron a la agricultura e industria. En lugar de esterilizar el impacto negativo de la renta petrolera, su inyección a la circulación doméstica desató una creciente demanda que no tuvo su debido respaldo en el incremento de la producción interna.

La sobrevaluación reveló la estrechez del mercado interno y –al castigar la competitividad cambiaria de las exportaciones–, obstaculizó también el crecimiento hacia afuera. Como la sobrevaluación limitó la absorción productiva de la renta, la rigidez de la oferta –aunada al incremento sostenido de la demanda–, entronizó una persistente inflación que erosiona la capacidad adquisitiva de los salarios y empobrece a la población.

El neorrentismo socialista

En el neorrentismo socialista (1999-2023) la renta petrolera se destina al financiamiento de la inversión social a través de misiones sociales en los campos de la alimentación, educación, vivienda, salud, etc.; y, a través de transferencias monetarias y bonos. Ambos mecanismos sirvieron para implantar un creciente control social a través de políticas asistencialistas que acostumbraron a la población más vulnerable a vivir de gratuidades en el acceso a bienes y servicios que solo podían pagarse y sostenerse en períodos de altos precios del petróleo.

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El neorrentismo socialista degeneró en un modelo de dominación basado en el uso del ingreso petrolero para financiar la inversión social y crear una red clientelar que le sirve de apoyo social. Debido a la contracción del aparato productivo interno y su incapacidad para generar empleos al ritmo de la población económicamente activa, el neorrentismo socialista tiende a acentuar el papel empleador-clientelar del Estado. Este modelo no generara un trabajo emancipador, toda vez que este queda mediatizado por la lógica opresiva del Estado burocrático que funcionariza y somete a la fuerza de trabajo.

Así, la dominación se logra a través de un sistema de premios y castigos para asegurar la lealtad de los seguidores políticos, comprar la simpatía de grupos ambivalentes y castigar o disuadir a los adversarios. Este modelo de dominación funcionó mientras los ingresos petroleros resultaron más que suficientes para financiar la inversión social y alimentar los canales para distribuir la renta. Pero con la caída de la producción petrolera, el gobierno ya no cuenta con la misma capacidad financiera y los mecanismos de control social y electoral han entrado en crisis.

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En definitiva, tanto el capitalismo rentístico como el neorrentismo socialista son expresiones distintas del mismo modelo de acumulación extractivista, sustentado en una creciente extracción del petróleo que está depositado en el subsuelo. El primer enfoque conduce a una desviación desarrollista que favorece a las empresas y contratistas que se llevan los créditos baratos y la ejecución de las grandes obras; mientras que el otro degenera en un modelo populista y clientelar a través de programas asistencialistas y bonos. Así, en la Venezuela rentista, los actores económicos y sociales se han acostumbrado a obtener ganancias e ingresos que no son fruto de su propia inversión ni de su trabajo.

¿Cuánto tiempo le queda al petróleo?

Más allá de las visiones alarmistas sobre la sustitución del petróleo como principal fuente de energía, Venezuela tiene que plantearse una transición sin traumas al posextractivismo. Esto pasa por optimizar el ingreso petrolero en función de financiar el tránsito de una economía rentista e importadora hacia una economía productiva y exportadora. Sin embargo, cada vez que se desploma la renta se plantea el objetivo de ir a la Venezuela pospetrolera, cuando en realidad lo que se debe plantear es la reconstrucción de la industria petrolera y el avance hacia una Venezuela posrrentista. De cara a las alternativas para optimizar el ingreso petrolero en función de la transformación económica y mejorar las condiciones de vida de la sociedad, el debate electoral en materia petrolera debería dejar claras las siguientes preguntas:

1) ¿Cuáles son las metamorfosis del extractivismo?

2) ¿Continuidades y rupturas entre capitalismo rentístico y neorrentismo socialista?

3) ¿Cuáles son los mecanismos para la distribución de la renta petrolera?

4) ¿Cuáles son las patologías del rentismo?

5) ¿Cómo se manifiesta la cultura rentista?

6) ¿Qué hizo Noruega con el petróleo que todavía puede hacer Venezuela?

7) ¿Es posible la industrialización nacional de los hidrocarburos?

8) ¿Cuánto tiempo le queda al petróleo?

9) ¿Cómo preparar a Venezuela para otra crisis de abundancia rentística?

10) ¿Cómo superar la maldición de la abundancia?

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad. Y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

Los precandidatos a la presidencia deben hablarle claro al país y presentar sus propuestas de política petrolera: ¿Cómo entienden la soberanía sobre los yacimientos de petróleo y sobre las instalaciones de la industria?

@victoralvarezr

El Estado venezolano es el dueño de los yacimientos de petróleo, pero Pdvsa no cuenta con los recursos financieros, la tecnología y el capital humano que se requiere para extraerlos y rentabilizarlos.

Para la visión nacionalista y estatista, la soberanía nacional descansa en la propiedad estatal de los yacimientos y en el control de las actividades de exploración, extracción, comercialización, refinación y conexas. Es una visión centralista y controladora de todas las operaciones de la industria. Pero con una Pdvsa en ruinas y un Estado sin suficientes ingresos, ese modelo es inviable.

En el modelo privatizador, el Estado no es accionista ni minoritario ni mayoritario, se limita a promover la inversión privada en la explotación de los yacimientos para recibir el impuesto sobre la renta (ISLR) y otros impuestos que pagan las corporaciones petroleras. El gran incentivo al inversionista es minimizar el cobro de la regalía estatal por la explotación de un recurso natural no renovable.

Privatizar o no privatizar es un falso dilema. En ninguna de esas visiones extremas está la alternativa para reconstruir la industria petrolera. El conflicto entre propiedad estatal absoluta y privatización total desaprovecha un amplio abanico de alternativas en las que pueden coexistir compañías estatales, corporaciones transnacionales y empresas mixtas en las actividades estratégicas, medulares o conexas de la industria. El interés nacional debe explorar nuevas oportunidades en esta amplia gama de modelos de negocios e inversión que, lejos de ser excluyentes, son complementarios entre sí.

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Para generar más ingresos fiscales y en divisas, Venezuela necesita más inversión privada en la industria petrolera. La sociedad venezolana no se beneficia de empresas mixtas donde la mayoría accionaria del 51 % pertenece a un Estado que no tiene recursos para cubrir el aporte de capital que le corresponde. Ante estas restricciones presupuestarias tan severas, rentabilizar las riquezas del subsuelo exige una nueva forma de ejercer la soberanía nacional sobre las riquezas del país.

Si la soberanía reside en la propiedad estatal de los recursos del subsuelo, el Estado debe hacer uso de su facultad para negociar con los socios privados el aprovechamiento racional de estos recursos en función de generar un creciente bienestar a los venezolanos. El actual ciclo electoral puede ser de gran utilidad para comenzar a debatir sobre un nuevo acuerdo nacional en materia petrolera. Al margen de las altisonancias propias de la diatriba electoral, es necesario elevar el nivel del debate y evaluar con mesura y ponderación los pros y contras, las ventajas y desventajas del modelo de propiedad estatal versus el modelo de propiedad privada, así como las alternativas de negocio e inversión que surgen entre estos extremos.

De cara al interés nacional, se impone analizar –sin tabúes ni prejuicios– la viabilidad y conveniencia de una reforma del marco legal y regulatorio que abra paso a un nuevo modelo de negocios en la industria petrolera. Esta reforma es necesaria para llegar a acuerdos con los inversionistas que sí tienen los recursos financieros, tecnológicos y el talento humano que Venezuela necesita para rentabilizar unas cuantiosas reservas petroleras que, de lo contrario, se quedarán depositadas para siempre en el subsuelo y no aportarán los ingresos que urgen para mejorar las precarias condiciones de vida en la mayoría de los hogares venezolanos.

Los precandidatos a la presidencia de la República deben hablarle claro al país y presentar sus propuestas de política petrolera: ¿Cómo entienden la soberanía nacional sobre los yacimientos de petróleo y sobre las instalaciones de la industria petrolera? ¿Cuáles son las actividades de la cadena productiva que deben quedar reservadas al Estado? ¿Cuál es el papel que le corresponde jugar a la inversión privada en el desarrollo de las actividades estratégicas, medulares y conexas de la industria? ¿Cuál es el límite de la propiedad pública y hasta dónde debe y puede llegar la inversión privada?

Tienen la palabra, señoras precandidatas y señores precandidatos.

Escuche el análisis completo en el nuevo pódcast de Pedagogía económica y electoral

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Al calor del debate electoral se puede construir un amplio respaldo popular al aumento del precio de la gasolina, siempre que los ingresos adicionales financien programas de interés nacional

@victoralvarezr

En el imaginario venezolano se implantó la idea de que éramos un país rico, con las mayores reservas de petróleo del mundo, y por eso la gasolina tenía que ser barata. Los subsidios a los combustibles son expresión de una cultura rentista que pretende vivir de ingresos que no son fruto del trabajo. Estos subsidios indebidos se mantienen como inercia de la Venezuela rentista, como es el caso del subsidio a la gasolina.

En tiempos de abundancia, esos subsidios pesaban poco en el presupuesto nacional. Pero en las actuales condiciones de escasez e inflación cuestan mucho, son regresivos, antipopulares y deben ser eliminados y reorientados en beneficio de los grupos más vulnerables de la sociedad. La renta petrolera ya no alcanza para pagarlo todo y esto obliga a establecer prioridades.

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El debate sobre las consecuencias económicas, políticas, sociales y ambientales del subsidio a la gasolina es un tema pendiente. Abordar con honestidad en el debate electoral este tema permitirá saber si Venezuela ya está preparada para encarar –sin traumas– la decisión de sincerar el precio de los combustibles y destinar los ingresos adicionales que se generen a financiar otras prioridades que el país tiene. 

Los costos del subsidio a la gasolina

En Colombia, el precio del galón de 3,78 litros es de $ 2,68 equivalente a 0,70 $/litro; con las políticas ambientalistas de la Administración Petro, el precio de los combustibles tenderá al alza. En EE. UU. y Unión Europea el precio está en torno a los 5,00 $/ galón, equivalente a 1,30 $/litro. En los países de América Latina con gobiernos progresistas, un galón cuesta al menos $ 4, a razón de 1 $/litro. Llenar un tanque de 60 litros cuesta casi 60 dólares.

En Venezuela, el cupo mensual de gasolina subsidiada es de 120 litros y cuesta 24 bolívares, a razón de 0,2 Bs/litro. Al tipo de cambio de 24 Bs/$, con un (1) dólar se pueden comprar 120 litros de gasolina. La gasolina dolarizada está en 0,50 $/litro y para llenar un tanque de 60 litros se pagan a $ 30. Esta exagerada diferencia entre el precio de la gasolina subsidiada y la dolarizada es un incentivo perverso a la especulación y contrabando de extracción. Hay redes que se dedican a hacer la cola en las estaciones de servicio para comprar el cupo de gasolina subsidiada en bolívares, y luego la revenden a 1 y 2 dólares el litro. Un negocio más rentable que el narcotráfico.

El bajo precio de la gasolina beneficia a los contrabandistas que –según la información suministrada por el propio Ministerio de Petróleo y Pdvsa–, llegaron a contrabandear más de 100.000 barriles diarios de combustible. Si cada barril contiene 159 litros de gasolina y cada litro tiene un precio de al menos 1 dólar en el marcado internacional, esto equivale a 15 millones 900.000 dólares diarios que se perdieron por el contrabando. Si esta cifra se multiplica por 365 días, la pérdida fue de 6000 millones de dólares al año. En las actuales condiciones de restricciones presupuestarias urge erradicar los incentivos perversos al contrabando de combustibles y reorientar estos cuantiosos recursos a dar respuesta a los graves problemas que el país tiene planteados.

El precio de indiferencia para erradicar el contrabando

Si no se iguala el precio de los combustibles en la frontera, la gasolina subsidiada y hasta la dolarizada seguirán siendo más baratas. Este diferencial de precios seguirá operando como un incentivo perverso a las redes de contrabandistas que sacan ilegalmente el combustible hacia los países fronterizos e islas del Caribe, a través de vehículos y lanchas convertidos en cisternas. 

El precio de indiferencia para eliminar el contrabando está entre 0,70-1,00 $/litro. A partir de este nivel los contrabandistas pierden el incentivo. Un precio igual o mayor al de la frontera permitiría cubrir los costos de refinación, generar una ganancia y darle un golpe de gracia a las mafias de contrabandistas.

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¿Habrá estallido social al internacionalizar el precio de la gasolina?

Los prejuicios en torno al impacto del aumento de la gasolina como detonante de protestas populares, convirtieron el ajuste del precio en un tema tabú y su tratamiento público siempre fue considerado políticamente incorrecto.

A fuerza de repetir lugares comunes, el gobierno se negó por muchos años a sincerar el precio. Se impuso siempre el cálculo político-electoral montado sobre falsos supuestos, con lo cual se prolongó el contrabando y el consumismo despilfarrador de gasolina.

Pero después del colapso de la industria petrolera y de la destrucción de la capacidad de refinación interna, la grave escasez de combustibles obligó a pagar precios exorbitantes de hasta 3 $/litro, sin que se produjera al anunciado estallido social. Quienes se ven sometidos a pagar estos precios tan altos apoyarían un ajuste del precio de la gasolina que lo estabilice en torno a 1 $/litro.

Subsidiar la gasolina es antipopular

Los subsidios como instrumento de redistribución del ingreso tienen por objeto mejorar las condiciones de vida de las familias más vulnerables. Son un instrumento de política social y requieren una administración adecuada para evitar que su mala aplicación profundice la desigualdad.

Pero en Venezuela, un buen porcentaje de los subsidios no beneficia a los sectores populares, sino a grupos sociales que no los necesitan, lo cual genera una mayor inequidad.

El carácter regresivo del subsidio a los combustibles significa que los principales beneficiarios son los sectores de mayores ingresos y no los sectores más vulnerables.

Al calor del debate electoral se puede construir un amplio respaldo popular al aumento del precio de la gasolina, siempre y cuando los ingresos adicionales que se generen sean destinados a financiar programas de interés nacional, tales como:

Repotenciar los sistemas públicos de salud y educación

Los ingresos que se generen por la eliminación del subsidio a la gasolina se pudieran destinar a la creación de un Fondo para la Repotenciación de los Sistemas Públicos de Salud y Educación, con al menos dos componentes claves:

• Elevar el salario mínimo de la nómina pública de salud y educación al nivel de la canasta alimentaria: (510 $/mensual)
• Fortalecimiento de la planta física de hospitales, ambulatorios, escuelas, liceos y universidades.

Sobran los argumentos económicos, sociales, políticos y ambientales para vencer las resistencias culturales y políticas en contra del aumento de los combustibles. Aparentemente el subsidio a la gasolina favorece a los que menos tienen, pero en realidad degeneró en una redistribución regresiva del ingreso que beneficia a los que más tienen, pero no favorece a los más pobres que no tienen vehículo propio, nunca van a una estación de servicio a llenar un tanque y se ven obligados a desplazarse en un sistema de transporte público cada vez más deficiente.

Cuando se destinan recursos públicos a subsidios indirectos que benefician a pobres y ricos por igual, se comete una injusticia redistributiva, ya que los más pudientes no necesitan que se les subsidie nada. Sincerar el precio de los combustibles sería un acto de justicia redistributiva, toda vez que el ajuste lo pagarían quienes más tienen y de esta forma se activaría una fuente permanentemente de recursos adicionales que serían destinados a repotenciar los sistemas públicos de educación y salud que utiliza la población más vulnerable.

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El remate de Citgo sería un lamentable desenlace para Venezuela. Se perdería un importante complejo refinador muy necesario para generar recursos que apuntalen la reconstrucción del país

@victoralvarezr

Citgo está a punto de ser rematada por un tribunal de EE. UU., mientras el gobierno y la oposición no hacen sino echarse la culpa de quién es el responsable de su inminente pérdida. La oposición acusa al gobierno por las expropiaciones y emisión de deuda garantizada con las acciones de Citgo y el gobierno acusa a la oposición por el mal manejo que ha hecho de los activos de la República en el exterior.

En EE. UU. no se puede embargar los activos de una compañía para cobrar una deuda del dueño porque se trata de dos figuras jurídicas distintas. Por lo tanto, ni las deudas por nacionalizaciones, ni los laudos contra la República, deberían cobrarse con cargo a Citgo porque esta jurídicamente es propiedad de Pdvsa, y no de la República.

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Sin embargo, las cortes estadounidenses argumentan que el gobierno interino de Guaidó dio base para demostrar que la República y Pdvsa son la misma figura jurídica y que tienen un mismo patrimonio contra el cual se puede cobrar la indemnización que reclaman los acreedores de la República.

A partir de 2019 el gobierno de EE. UU. reconoció a Juan Guaidó –para entonces presidente de la Asamblea Nacional 2015 , como presidente de la República, y en esta dualidad de funciones Guaidó procedió a designar la nueva junta directiva ad hoc de Citgo. El juez Leonard Stark encontró pruebas para demostrar que el gobierno interino ejerció un control extensivo de Pdvsa al utilizar fondos de sus filiales para sus propios fines, ordenar a Pdvsa suspender pagos del Bono 2020 y anunciar que la deuda de Pdvsa y la República tendrían el mismo trato.

Aunque Pdvsa nunca tuvo negocios con Crystallex –y el litigio de la minera canadiense es contra la República de Venezuela–, el marco legal estadounidense contempla la figura del alter ego que permite al afectado por el impago de una deuda, embargar otros activos propiedad del deudor moroso. Con las evidencias mencionadas, el juez Stark determinó la aplicación del principio de alter ego que identifica como uno solo, tanto el patrimonio de la República Bolivariana de Venezuela como el de Pdvsa y sobre esa base sentenció el remate de las acciones de PDV Holding para pagar la indemnización que reclama Crystallex a la República.

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Este fallo basado en la figura del alter ego sentaría un precedente jurídico que puede ser utilizado en otros juicios que buscan cobrar indemnizaciones pendientes con cargo a los activos de Venezuela en el exterior. Citgo también está en la mira de los tenedores del Bono 2020 de Pdvsa, el cual se emitió con una garantía del 51 % de las acciones de Citgo, así como de otros acreedores que reclaman a la República el pago de deudas pendientes. El interinato se negó a pagar el Bono 2020 por considerar que fue emitido ilegalmente, sin la aprobación de la AN-2015.

Después de que la Corte de Apelaciones ratificó el control que el gobierno interino ejerció sobre Pdvsa, la Corte Federal de Distrito, en Delaware, emitió la orden de vender las acciones de PDV Holding y el juez Leonard Stark presentó el cronograma de subasta.

¿Por qué no se ha concretado el remate de Citgo?

Recordemos que el 19 de julio de 2018, con Nicolás Maduro en los últimos meses de su primer mandato reconocido por EE. UU., la OFAC emitió la Licencia General 5 (LG5) que eliminó el obstáculo impuesto por la Orden Ejecutiva para que los tenedores del bono Pdvsa 2020 ejecutaran la garantía del 51,1 % de las acciones de Citgo. Después, el 24 de octubre de 2019 -y ya con Guaidó como presidente interino-, la LG5 fue sustituida por la Licencia General 5A, que pospuso la autorización para ejecutar la garantía.

El remate de Citgo no se ha concretado porque aún está protegida por una licencia de la OFAC que impide a los demandantes contra Venezuela hacer cumplir las sentencias de los jueces y confiscar sus propiedades. Para evitar que la responsabilidad del remate de Citgo cayera sobre el gobierno interino reconocido por EEUU, el Departamento del Tesoro decidió proteger a Citgo de los acreedores y desautorizó cualquier tipo de transacción con las acciones de Citgo.

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El pasado 3 de mayo, la OFAC concedió la Licencia General 42 que autorizó a la AN-2015 a negociar con los acreedores las deudas de Pdvsa y la República. Y el 5 de mayo, Citgo consiguió una nueva prórroga para evitar el remate de las acciones que los acreedores gestionan ante las cortes estadounidenses. Sin embargo, la vicepresidenta Delcy Rodríguez considera que esta licencia “autoriza a la estafa que se autodenomina AN de 2015 para que se relacione e inicie procesos de negociación con acreedores contra Venezuela o Pdvsa» y rechazó la decisión.

Si el gobierno y la oposición no se ponen de acuerdo, Venezuela perderá Citgo, una vez que la OFAC permita el remate de las acciones para pagar las indemnizaciones que la República tiene pendientes.

A todas estas, el juez federal Paul B. Matey, accedió a una moción de suspensión del embargo que fue solicitada por la junta directiva ad hoc de Citgo designada por el interinato y que aún es reconocida por el gobierno y el sistema de justicia de Estados Unidos. Pero la disolución del interinato genera varios problemas legales ante la justicia estadounidense y venezolana, toda vez que el destino de Citgo quedó en manos de un Consejo de Administración y Protección de Activos designado por la AN-2015. Pero en el derecho constitucional venezolano, la negociación de la deuda pública es competencia del Ejecutivo nacional, razón por la cual ni la AN-2015 ni la AN-2020 pueden controlar la negociación de la deuda.

En cualquier caso, la suspensión de estas causas concede un tiempo extra para que el gobierno y la oposición –en vez de seguir echándose las culpas– gestionen conjuntamente ante los acreedores y el gobierno de EE. UU. un compromiso de pago que evite el remate de Citgo. Esto pasa por corregir la falta de autonomía de Pdvsa ante el gobierno interino. Dinorah Figuera es reconocida como presidenta de la AN-2015 por el gobierno de EE. UU. y puede designar otra junta directiva ad hoc de Citgo que cumpla con los principios básicos sobre el manejo de empresas y corregir los errores del interinato que dieron origen a la aplicación del alter ego.

El remate de Citgo sería un lamentable desenlace para Venezuela. Se perdería un importante complejo refinador muy necesario para generar recursos que apuntalen la reconstrucción del país. El interés nacional no puede aceptar que Crystallex ni ninguna otra compañía cobre –con cargo a las acciones de Citgo– las indemnizaciones que reclaman a la República. Citgo es una figura jurídica distinta, nunca fue deudora de Crystallex y no tiene ninguna relación comercial ni financiera con la minera canadiense. Por lo tanto, sus acciones no pueden ser embargadas para pagar una deuda que Citgo nunca contrajo.

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Las condiciones electorales son muy desventajosas, pero no anulan la enorme ventaja que otorgan las favorables condiciones políticas derivadas del 75 % de rechazo al gobierno

@victoralvarezr

El desconocimiento de los derechos políticos facilita la prolongación de un poder hegemónico y antidemocrático. En Venezuela el 75 % de los electores quiere un cambio en el mando político. Sin embargo, la división y abstención del electorado descontento ha facilitado la continuidad de un régimen autoritario que deteriora las condiciones electorales para desestimular la participación ciudadana.

Las condiciones electorales deben ofrecer a todos los competidores las mismas oportunidades de ganar o perder, sin ventajismos de ningún tipo. Implica imparcialidad de los medios de comunicación públicos, no utilización de recursos del Estado a favor de una parcialidad política, regulación de las campañas electorales, fiscalización del origen de los gastos y observación internacional. Sin embargo, en Venezuela se despliega una permanente persecución, encarcelamiento y exilio forzoso de líderes de la oposición, se abusa de la inhabilitación política para sacar de la contienda a candidatos ganadores, se ilegalizan partidos políticos o se les despoja de los nombres y símbolos para entregárselos a disidentes que le hacen el juego al gobierno.

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Ciertamente, las condiciones electorales son muy desventajosas, pero no anulan la enorme ventaja que otorgan las favorables condiciones políticas derivadas del 75 % de rechazo al gobierno. La fuerza electoral del chavismo viene cayendo y el malestar nacional continúa creciendo. El régimen no actúa con ingenuidad y para controlar el riesgo de ser barrido, hará todo lo que esté a su alcance para deteriorar las condiciones electorales, crear dudas sobre el proceso electoral, desvalorizar el voto, dividir a sus adversarios y promover la abstención para convertir en mayoría electoral su precaria base de apoyo político y social, lo cual es facilitado por una oposición que se hunde en un fuego cruzado de insultos y descalificaciones que desaniman al elector y provocan su abstención. Así es imposible capitalizar electoralmente el enorme rechazo al gobierno.

El pretexto de las condiciones electorales

El deterioro de las condiciones electorales ha servido de pretexto a una oposición dividida que –al no ser capaz de ponerse de acuerdo en torno a un candidato único y unitario–, para evitar la derrotada prefiere desprestigiar la institución del voto y no participar en las elecciones con la excusa de que “en Venezuela se vota, pero no se elige”, que “dictadura no cae con votos”, que “participar en las elecciones es convalidar la farsa electoral del régimen”.

Un análisis de la dinámica del voto revela que la fuerza electoral del chavismo viene cayendo y el malestar nacional continúa creciendo. Para un gobierno que cuenta con solo 25 % de apoyo en las encuestas, la división y abstención es lo que lo pueden poner a ganar. Por eso el régimen hará todo lo posible para desestimular que el 75 % de electores descontentos voten y barran con los candidatos oficialistas.

Se confundieron deseos con realidades

Un sector subestimó al gobierno de Maduro, sobreestimó el impacto de las sanciones económicas y de la presión internacional y se lanzó por la vía insurreccional. Repitieron una y otra vez que con Maduro solo negociarían su salvoconducto o el color del uniforme en la cárcel donde sería condenado. Al igual que lo intentó Hugo Chávez con el fracasado golpe de estado del 4 de febrero de 1992, Guaidó intentó un fallido golpe de estado el 30 de abril de 2019. Chávez fue sentenciado y al salir de la cárcel armó un movimiento político que llamó a la abstención, pocos lo siguieron en esa aventura, su aceptación popular era muy baja hasta que decidió asumir la ruta electoral, empezó a subir en las encuestas y ganó cinco elecciones seguidas, incluyendo el referendo revocatorio de su mandato presidencial.

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Guaidó pasó del mantra del cese de la usurpación y de la estrategia insurreccional a la negociación, decidió ir a las elecciones. María Corina Machado registró una baja aceptación electoral mientras llamó a la abstención y a salidas violentas, pero una vez que decidió tomar la ruta electoral encabeza junto con Benjamín Rausseo la preferencia de los electores. Se dejaron de confundir los deseos de una salida rápida y violenta con la realidad de un país que prefiere una solución pacífica y democrática. Los líderes de la oposición extremista pareciera que ahora ven las cosas como son y no como quería que fueran.

Cuando prevaleció la unidad y masiva participación se pudo capitalizar electoralmente el descontento nacional, en comparación con procesos en los que se impuso la división y abstención electoral. Pero cuando la mayoría descontenta se abstiene, la minoría que vota por el oficialismo deviene en una mayoría. La abstención demostró su ineficacia para encausar la transición política, inmovilizó las fuerzas del cambio e indujo a renunciar al derecho político de elegir y ser elegido. Así se entregaron espacios de poder a un régimen que prolonga su hegemonía gracias a la división y abstención que convierte en mayoría su decreciente base de apoyo electoral.

A la continuidad del régimen coadyuva el desprestigio y falta de credibilidad de los partidos políticos y sus dirigentes. Se afanan por mejorar las condiciones electorales, pero dejan de lado la prioridad que debe tener la mejora de las condiciones sociales de los electores a quienes piden el voto. La mejora de las condiciones electorales es de mucha relevancia e interés para los aspirantes a cargos públicos y no tanto para una población azotada por la escasez, la hiperinflación, el colapso de los servicios públicos y la inseguridad. Esta incomprensión de los partidos impide capitalizar electoralmente el descontento nacional contra el gobierno y sus candidatos y, al no recibir una oferta electoral atractiva y esperanzadora, el voto pierde valor como instrumento de cambio y esto prolonga la continuidad del régimen. Recuperar la confianza en la institución del voto es la vía para lograr una solución pacífica al conflicto venezolano.

Los mejores estrategas se preparan para las peores condiciones

Un gobierno autoritario se resistirá a otorgar todas las condiciones electorales que se le exigen. Pero por mucho que sea el ventajismo oficialista, las favorables condiciones políticas derivadas del 75 % de rechazo al gobierno pueden compensar y ser más decisivas que las desventajosas condiciones electorales, siempre y cuando se haga el trabajo de organización política para capitalizar electoralmente el malestar nacional. El gran reto de quienes aspiran a tomar el poder es conectarse con el clamor nacional, presentarse con una candidatura única y unitaria, y hacerle al país una propuesta sensata y viable para hacer posible el recuentro, la reconciliación y la reconstrucción nacional.

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Así, el descontento nacional podría ganar no solo la presidencia de la república, sino también la mayoría parlamentaria en la Asamblea Nacional y buena parte de las 23 gobernaciones y 335 alcaldías que estarán en disputa en las elecciones programadas para 2024 y 2025.

Es necesario tener claro que un gobierno autoritario –que prolonga su esperanza de vida gracias a la abstención– no va a otorgar todas las condiciones electorales que se le exigen. Procurará empañar el proceso electoral para inducir la mayor abstención posible. El deterioro de las condiciones electorales ha sido y será la maniobra del gobierno para provocar la abstención que lo ponga a ganar. Por lo tanto, no se pueden esperar condiciones electorales ideales y quienes decidan postularse tienen que prepararse para competir en las peores circunstancias.

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Cada vez son más los venezolanos que no pueden esperar a que las élites políticas se pongan de acuerdo. Para ellos no hay mañana

@victoralvarezr

Sr. Gustavo Petro

Presidente de la República de Colombia

Ante todo, reciba un respetuoso saludo desde la hermana República Bolivariana de Venezuela. Ud. convocó para el próximo 25 de abril en Bogotá una Conferencia Internacional sobre Venezuela e informó que «más democracia, cero sanciones, será el objetivo de la conferencia». Dijo también que la idea es “construir la hoja de ruta que permita el diálogo político efectivo de la sociedad y el gobierno venezolano». Aplaudimos su voluntad de abrir vías a las voces de la sociedad civil que tienen propuestas sensatas y viables para superar la crisis venezolana, pero que no encuentran canales para someterlas a la consideración de los decisores.

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Una de estas propuestas es la de destinar los ingresos petroleros adicionales que se generen por la flexibilización de las sanciones económicas, así como un porcentaje de las ganancias de Citgo, los Derechos Especiales de Giro retenidos en el FMI y las incautaciones internacionales por corrupción, a un fondo de pensiones y salarios, con supervisión internacional, a fin de mejorar las condiciones de vida de las familias y aliviar así una de las principales causas de la migración venezolana hacia los países vecinos que asistirán a la conferencia.

La emergencia humanitaria se debe atender sin condiciones

Flexibilizar las sanciones económicas para generar recursos que permitan aliviar la crisis social no puede seguir condicionado a la mejora de las condiciones electorales. Diferentes encuestas revelan que más del 60 % de los consultados se pronuncia a favor de flexibilizar las sanciones, independientemente de los avances en las negociaciones políticas.

Sin embargo, la dirigencia de los partidos se aleja del sentir nacional cuando condiciona la flexibilización de las sanciones a la mejora de las condiciones electorales y no a la mejora de las condiciones sociales. No se trata de crear un falso conflicto y negar la importancia de las condiciones electorales para realizar un proceso electoral competitivo, a tono con los estándares internacionales, pero mientras el discurso opositor se agote en denunciar el ventajismo gubernamental, las aspiraciones del elector por una vida mejor no se verán interpretadas en una retórica que es de exclusivo interés para quienes ambicionan ganar el poder.

La flexibilización de las sanciones económicas a cambio de mejores condiciones electorales es funcional a las aspiraciones de los partidos políticos de aumentar sus cuotas de poder, pero si los candidatos no tienen una oferta electoral sintonizada con la urgencia de una población exhausta por la crisis, el elector no encontrará propuestas convincentes para superar los salarios de hambre que no alcanzan para comprar la canasta alimentaria, penuria agravada por los problemas cotidianos de electricidad, agua, gas, educación, vivienda, salud, transporte, telecomunicaciones, inseguridad, etc.

Estos son los problemas que atormentan a las familias venezolanas y deberían ser la prioridad de los partidos y precandidatos en su oferta electoral. Sin embargo, prefieren poner delante su exigencia de mejores condiciones electorales a fin de cristalizar sus aspiraciones de poder, sin imprimirle a su mensaje un contenido esperanzador que interprete el sufrimiento de una población empobrecida que necesita soluciones concretas a sus problemas concretos. Levantar la bandera de flexibilizar las sanciones a cambio de la mejora en las condiciones electorales, pero también las sociales, es lo que puede motivar y movilizar a la ciudadanía para capitalizar electoralmente el enorme descontento nacional.

Atendiendo a este clamor nacional, en noviembre de 2022, el gobierno de Maduro y la Plataforma Unitaria reanudaron las negociaciones en México y firmaron un Acuerdo para la Protección Social del Pueblo Venezolano. Acto seguido, el Departamento de Tesoro emitió una licencia a Chevron para producir petróleo con destino al mercado estadounidense. Pero el Fondo para la Protección Social no recibió los 3000 millones de dólares de la República que están congelados en el sistema financiero internacional.

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Por si fuera poco, en 2022, Citgo reportó una ganancia neta récord de 2800 millones de dólares. Su presidencia ejecutiva declaró que gracias a ese desempeño: “Logramos reducir la deuda de Citgo en 1100 millones de dólares, y pagamos un dividendo a Citgo Holding, lo cual le permitió reducir su deuda en 489 millones de dólares, manteniendo, a su vez, altos niveles de liquidez». Sin embargo, ni un solo dólar de esas ganancias se ha destinado a pagar la deuda social.

Supervisión internacional para garantizar el buen uso de los recursos

Los sectores más radicales y desconfiados de la oposición venezolana se resisten a la flexibilización de las sanciones y afirman que eso significa oxigenar con más recursos financieros al régimen de gobierno que quieren cambiar. Pero condicionar la flexibilización de las sanciones a la mejora de las condiciones electorales resulta ruin e inhumano ante la gravedad de la emergencia humanitaria.

Muchos venezolanos están pasando hambre, centenares de empresas están al borde de la quiebra, miles de puestos de trabajo se destruyen, millones de talentos venezolanos han migrado. Cada vez son más los venezolanos que no pueden esperar a que las élites políticas se pongan de acuerdo. Para ellos no hay mañana. La gravedad de la crisis emplaza al gobierno y la oposición a ponerse de acuerdo para atender la emergencia humanitaria. Solo a través de una negociación política sensata -que priorice el interés nacional y no los intereses partidistas o ambiciones personales-, será posible avanzar hacia una solución constitucional, democrática, electoral y pacífica del conflicto venezolano.

En la antesala del 1 de mayo, cuando los trabajadores y los hogares se mantienen a la expectativa de cuál será el salario mínimo que decretará el gobierno, una esperanzadora noticia para el empobrecido pueblo venezolano sería el consenso entre los países que participan en la Conferencia Internacional para pronunciarse a favor de una licencia de la OFAC que permita destinar a la emergencia humanitaria los ingresos petroleros adicionales que se generen por la flexibilización de las sanciones económicas, así como un porcentaje de las ganancias de Citgo, los Derechos Especiales de Giro retenidos en el FMI y las incautaciones internacionales por corrupción.

A fin de generar confianza y asegurar el buen uso de estos recursos, desde la sociedad civil venezolana se propone administrarlos bajo supervisión internacional. Los activos bloqueados pertenecen a los venezolanos y deben ser destinados a la creación de un fondo humanitario –al estilo del Fondo Noruego-, a fin de garantizar que serán destinados única y exclusivamente a atender la emergencia humanitaria y a financiar los programas de protección social del pueblo venezolano, incluyendo la atención de los migrantes que están en los países que asistirán a la reunión de Bogotá

De lo contrario, la flexibilización de las sanciones solo servirá para que Chevron cobre lo que Pdvsa le debe, para que las ganancias de Citgo se destinen a pagar deudas a los acreedores, para que los tenedores de bonos cobren sus rendimientos pendientes, y para que los exportadores estadounidenses vuelvan a colocar sus productos en Venezuela; pero esos recursos no tendrán ninguna repercusión en la atención de la emergencia humanitaria ni en la mejora de la calidad de vida de los hogares venezolanos.

Escuche el audio de la Carta abierta al presiente Gustavo Petro aquí:

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Ante la incapacidad del gobierno y la oposición para ponerse de acuerdo sobre Citgo la sociedad civil debe gestionar ante la OFAC una licencia para destinar un porcentaje de las ganancias a la protección social

@victoralvarezr

En 2022, Citgo reportó una ganancia neta récord de 2800 millones de dólares. Su presidente ejecutivo, Carlos Jordá, dijo que gracias a ese desempeño: “Logramos reducir la deuda de CITGO en 1100 millones de dólares, y pagamos un dividendo a Citgo Holding, lo cual le permitió reducir su deuda en 489 millones de dólares, manteniendo, a su vez, altos niveles de liquidez«. Sin embargo, ni un solo dólar de esas ganancias se destina a pagar la deuda social, aunque liquidez hay.

A raíz del reconocimiento de Juan Guaidó como presidente de Venezuela, la administración de Citgo pasó a manos del interinato, pero este fue disuelto, Citgo quedó en el limbo y ahora Venezuela no puede disponer de las ganancias que genera para financiar programas de interés nacional. Ante la incapacidad del gobierno y la oposición para ponerse de acuerdo, la sociedad civil está llamada a levantar su voz y gestionar ante la OFAC una licencia que permita destinar un porcentaje de estas ganancias a financiar los programas de protección social.

¿Qué hizo Noruega con las ganancias petroleras que también puede hacer Venezuela?

Noruega es un país con 5 millones de habitantes donde la tasa de fertilidad es de apenas 1,95. Demográficamente esto quiere decir que el número de hijos de cada matrimonio apenas sustituye a los padres, razón por la cual la población noruega se estanca y tiende a envejecer. Como el pago de las pensiones futuras no podía ser cubierto con las contribuciones presentes a la seguridad social, la necesidad de garantizar una vejez digna pasó a ser una de las principales preocupaciones de la sociedad noruega.

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En 1990 se creó el Fondo Noruego del Petróleo con el objetivo de acumular reservas para el sistema de pensiones. No es un fondo para gastar dinero, sino para invertirlo y hacerlo rendir crecientes beneficios. En 1995 se hizo la primera transferencia por 285 millones de dólares. Estor recursos fueron invertidos en acciones, bonos, valores, proyectos inmobiliarios y otros instrumentos de alta rentabilidad que han hecho crecer considerablemente el aporte fundacional hasta llevarlo a la astronómica cifra de más de 900.000 millones de dólares al cierre de 2022.

Patrimonio Fondo de Pensiones Global de Noruega

Reforma y fortalecimiento del sistema de pensiones

El régimen de pensiones basado en la solidaridad intergeneracional funciona cuando el número de cotizantes (activos) es mayor al número de pensionados (pasivos). En la Venezuela de 1960 había 12 personas activas por 1 persona pensionada, ahora es de 5 a 1. La esperanza de vida al nacer pasó de 45-50 años a 72-75 años y quienes se jubilen a los 65 demandarán una pensión al menos durante 10 años más. Para 2050, el crecimiento de la población activa/pasiva en Venezuela tiende a igualarse, con una relación de 1,5 activos por 1 pasivo.

Según ACNUR, siete millones cien mil venezolanos han migrado dejando a sus padres y abuelos a quienes ayudan con una precaria remesa. Los jóvenes se van de los pueblos donde no consiguen oportunidades de estudiar y trabajar, la población envejece y ya hay pueblos en los que el número de habitantes en edad de trabajar y cotizar es menor que la población pasiva en edad de recibir una pensión. A partir del 2030, la población pasiva será mayor que la población menor de 15 años, en una clara tendencia al envejecimiento de la población.

La base de la pirámide poblacional se va haciendo más angosta y esto implica que los aportes de las personas activas de hoy no podrán financiar las pensiones de las personas pasivas de mañana. Esta evolución demográfica hace inviable el actual sistema de seguridad social, cuestión que obliga a una reforma del sistema nacional de pensiones, con nuevos entes administrativos, mecanismos regulatorios y fondos necesarios para garantizar pensiones dignas a los venezolanos de las generaciones presentes y futuras.

Porcentaje de las ganancias de Citgo para fondos de pensiones

¿Qué hacer para asegurar la seguridad social de una población que tiende a envejecer? Un porcentaje de las ganancias de Citgo pudieran destinarse a la reforma y fortalecimiento del sistema de seguridad social y a fondear los mecanismos para pagar pensiones dignas.

Las ganancias de Citgo en 2022 fueron de 2800 millones de dólares, si de destina 10 % de este monto a la creación de un fondo venezolano de pensiones, el aporte fundacional sería de 280 millones de dólares, semejante al aporte que en su momento hizo Noruega para constituir su fondo de pensiones.

Las ganancias de Citgo –en vez de destinarse única y exclusivamente al pago de acreedores y proveedores y dejar un considerable monto congelado- pudieran destinarse a los siguientes fondos:

Fondo de solidaridad intergeneracional

La solidaridad intergeneracional es un concepto acuñado por la ONU en 1993 y se refiere a la solidaridad entre las generaciones para construir una sociedad para todas las edades. Se sustenta en los aportes de los trabajadores activos que permite financiar las pensiones de los trabajadores retirados. Con base en un principio de reciprocidad, las personas activas esperan que esa solidaridad sea retribuida cuando les corresponda su jubilación y, entonces, puedan recibir el beneficio de la pensión para la cual ahorraron parte de su salario durante toda su trayectoria laboral.

En el sistema de solidaridad intergeneracional las cotizaciones de las personas activas se depositan en un fondo común para pagar las pensiones de las personas pasivas. Este sistema es manejado por el Estado, que tiene que responder por los fondos acumulados y no puede utilizarlos para otros fines que no sea el pago de pensiones.

Fondo de capitalización individual

El debate sobre la reforma del sistema de seguridad social tiene que estar abierto a evaluar la conveniencia y viabilidad de todas las opciones. Entre las alternativas están los fondos de capitalización individual que –a pesar de que han funcionado muy bien en otros países- en Venezuela han sido satanizados con el argumento de que las cotizaciones serían privatizadas, sin evaluar con el rigor necesario los pros y contras, las ventajas y desventajas para poder tomar la decisión más sabia y conveniente para la población jubilada presente y futura.

El sistema de capitalización individual es un sistema de previsión para la vejez basado en el ahorro individual en una cuenta personal. La sumatoria de las cuentas individuales es lo que se denomina fondos de capitalización individual. Como en este sistema es posible hacer aportes voluntarios según la capacidad de ahorro de cada quien, un porcentaje de las ganancias de Citgo se pueden destinar a incentivar el ahorro al aportar un monto equivalente a cada aporte adicional del titular de cada cuenta. Estos fondos serían invertidos en instrumentos seguros de buena rentabilidad para obtener intereses, ganancias y dividendos que incrementen la cuenta individual y permitan cobrar mejores pensiones.

Opciones hay. Lo que falta es voluntad política porque hasta viabilidad financiera hay. Las ganancias de Citgo están siendo destinadas únicamente a pagar deudas con acreedores y proveedores, pero un porcentaje debe ser destinado a pagar la deuda social, particularmente la deuda con los pensionados del país. Discutamos esta propuesta.

Escuche el análisis completo en el nuevo pódcast de #PedagogíaEconómica

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Para conjurar la amenaza de un nuevo desquicie de los precios se requiere un pacto antiinflacionario de los sectores público, privado y laboral

@victoralvarezr

Desde 2019 hasta 2022 la tasa de inflación anual registró un notable descenso: del 130.000 % registrado en 2018, bajó a 7374 % en 2019; 3712 % en 2020; 686 % en 2021; y 234 % en 2022. Sin embargo, en diciembre la inflación registró 37,2 %; en enero llegó a 39,4 %, y en febrero fue de 20,2 %. Este repunte de los precios ha encendido las alarmas de un nuevo brote hiperinflacionario.

Para conjurar la amenaza de un nuevo desquicie de los precios se requiere un pacto antiinflacionario a través del cual los sectores público, privado y laboral asuman la corresponsabilidad que tienen para erradicar las causas estructurales y los factores propagadores de la hiperinflación. A todos conviene porque la hiperinflación no solo disuelve el salario de los trabajadores, sino también el poder adquisitivo de los impuestos e, incluso, la ganancia empresarial.

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El compromiso del gobierno

La emisión de dinero inorgánico para financiar empresas públicas deficitarias es el principal factor propagador de una hiperinflación que es imposible vencer con controles de precios que desestimulan la producción y generan escasez. El gobierno debe renunciar a su insistencia de financiar su déficit forzando al BCV a emitir dinero sin respaldo, lo cual origina un crecimiento de la liquidez monetaria superior al aumento de la cantidad de bienes y servicios que se ofertan en el mercado, y ya sabemos que mucha plata detrás de pocos bienes dispara los precios.

El compromiso del BCV

El Art. 318 de la CRBV establece que “El objetivo fundamental del BCV es lograr la estabilidad de precios y preservar el valor de la unidad monetaria”, y el 320 señala que “el BCV no estará subordinado a directivas del Poder Ejecutivo y no podrá financiar políticas fiscales deficitarias”. Sin embargo, el BCV se ha sometido a las exigencias de Pdvsa para financiar su déficit. Para recuperar la fortaleza del bolívar y abatir la inflación, el BCV tiene que comprometerse a resistir las presiones para financiar el déficit fiscal con emisiones de dinero que atizan la inflación.

El compromiso de la Asamblea Nacional

Las reformas a la Ley del BCV que hizo la AN lo despojaron de su autonomía en la emisión de dinero y en la administración de las reservas internacionales, buena parte de las cuales se transfirieron a los fondos que creó el gobierno para financiar su gasto clientelar. Para evitar la propagación de la inflación, la AN tiene que revertir esas reformas a la ley y prohibir que el BCV adquiera deuda de empresas públicas deficitarias. 

El compromiso de la empresa privada

El salario no es solo un costo de producción más, es la principal fuerza motriz del consumo privado que mueve la producción. Los asalariados, al tener mayores necesidades insatisfechas, si reciben un aumento tienden a gastarlo todo. La pérdida de la capacidad adquisitiva del salario termina revirtiéndose contra la propia lógica empresarial de aumentar las ventas para maximizar sus ganancias. Por lo tanto, la empresa privada tiene que comprometerse a no trasladar inmediatamente a los precios cada aumento del salario mínimo.

El compromiso de los trabajadores

Los aumentos de salarios por decreto crean una ilusión monetaria: nominalmente se gana más pero realmente se puede comprar menos. Si a cada aumento del salario le sigue una inflación mayor, es preferible que no suban más los sueldos pero que frenen la inflación. Los trabajadores y sus sindicatos tienen que comprometerse a sincronizar sus demandas salariales con aumentos de la productividad, a fin de preservar el equilibrio entre el mercado monetario y el mercado de bienes y servicios para asegurar la estabilidad de los precios.

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