Víctor Álvarez R., autor en Runrun

Víctor Álvarez R.

Ley Antibloqueo y el fantasma de la privatización rusa, por Víctor Álvarez R.

@victoralvarezr

La Ley Antibloqueo sigue generando mucha polémica debido a su falta de transparencia. En el artículo 34: “Se crea un régimen transitorio en materia de confidencialidad y reserva de información para proteger las decisiones tomadas por el Poder Público”. En el Artículo 35: “Se prohíbe el acceso a documentación que haya sido calificada como confidencial o reservada”. Y en el Artículo 36: “Se declaran secretos y reservados los procedimientos, actos y registros efectuados con ocasión de la implementación de las medidas establecidas en esta Ley que supongan la desaplicación de normas de rango legal”.

Toda esta opacidad genera dudas, sobre todo porque esta ley busca modificar el marco legal vigente para autorizar una mayor participación del capital privado en las empresas mixtas que explotan el petróleo, gas, oro, diamantes, coltán y otros minerales estratégicos; así como en la gestión de los servicios públicos de electricidad, agua, gas, telecomunicaciones, vialidad, puertos y aeropuertos.

María Alejandra Díaz, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la ANC, informó que solicitaron el proyecto de la Ley Antibloqueo, pero no les permitieron revisarlo antes de su aprobación. Por ello salvó su voto.

Otro constituyentista del PSUV, Telémaco Figueroa, rechazó la reiterada actuación de la junta directiva de la ANC de incorporar temas en la agenda de discusión sin que previamente sean conocidos por los constituyentes. El PCV también alzó su voz crítica y su secretario general, Oscar Figuera, cuestionó que “el contenido de esta ley es entregar el país; estableciendo una censura enmascarada en una supuesta defensa de la soberanía nacional (…) es entregar la industria petrolera al capital transnacional, la devolución de tierras a terratenientes y el regreso de empresas nacionalizadas al sector privado. Es la venta de activos y empresas de la república al mejor postor”.

En defensa del interés nacional, vale la pena recordar las lecciones y advertencias que se desprenden de la privatización rusa, luego de la implosión de la URSS.

La desestatización de la economía soviética fue una operación bien orquestada. La jugada maestra fue el programa de préstamos a cambio de acciones. El gobierno ruso, en lugar de solicitar al Banco Central los recursos que necesitaba para cubrir el déficit fiscal, se endeudó con los bancos privados amigos del gobierno o propiedad de sus testaferros. Como garantía de los préstamos recibidos, el gobierno les ofreció acciones de las empresas públicas. Y al no poder pagar, los bancos ejecutaron las garantías y se apropiaron de los principales activos públicos.

A través del acceso a información privilegiada, los jerarcas del partido y de la burocracia soviética se apropiaron descaradamente de importantes empresas del Estado. El desmoronamiento del socialismo soviético demostró que el verdadero peligro no provenía de la amenaza imperialista, sino del propio modelo estatista que la dirigencia del partido había creado para medrar insaciablemente de una posición privilegiada en las empresas públicas. Y a la cual no iba a renunciar tan fácilmente en caso de un inminente cambio político.

Ante la certeza de lo que venía después de la caída del Muro de Berlín, prefirieron pactar con el capital transnacional que tanto habían criticado para seguir medrando de las empresas públicas que serían privatizadas.

Al derrumbarse el comunismo soviético, las empresas estatales se abrieron a la inversión privada aceleradamente. Los nuevos dueños terminaron siendo sus anteriores directivos y jerarcas del gobierno y del partido.

Por eso en la Rusia de hoy buena parte de la pujante y próspera clase empresarial proviene de la vieja nomenclatura comunista y de la burocracia estatal.

Al referirse al proceso de privatización en Rusia, el nobel de Economía Joseph Stiglitz escribió: “El resultado (…) fue que un puñado de amigos y socios de Yeltsin se convirtieron en multimillonarios. Pero el país fue incapaz de pagar a los jubilados su pensión de 15 dólares mensuales”.

De nuevo nos formulamos la misma pregunta: ¿Quiénes ganan y quiénes pierden en un proceso de privatización apresurado y poco transparente?

Ver video sobre esta tema en mi canal de Youtube Pedagogía Económica

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¿Por qué Citgo está a punto de ser rematada?, por Víctor Álvarez

@victoralvarezr

Una Corte de Nueva York afirmó la legalidad de los bonos PDVSA 2020 y desestimó la discusión sobre su legitimidad en Venezuela, toda vez que la emisión de esta deuda se rige por ley de Nueva York. Para sustanciar su sentencia, la juez Katherine Polk citó al exprocurador de Guaidó, José Ignacio Hernández, cuando afirmó que la AN no declaró la nulidad del bono. En 2016, la AN solo rechazó el uso de Citgo como garantía del bono PDVSA 2020, pero no declaró la nulidad de la operación. Luego, esta misma AN autorizó pagar $ 71 millones de intereses vencidos y reconoció de hecho la legalidad de la deuda.

Si en septiembre de 2016 la AN hubiese declarado la ilegalidad de la operación, el país no estaría a punto de perder Citgo.

Citgo es un conglomerado de refinerías en EE. UU. que cuenta con una capacidad de refinación de 745.000 b/d, 3500 empleados que operan 48 terminales, 9 oleoductos y una red de 5000 gasolineras, cuyo valor se estima en $ 8000 millones y por eso está en la mira de los acreedores de PDVSA que quieren cobrar -con cargo a las acciones de Citgo-, lo que Venezuela les debe.

Por un lado están los tenedores del Bono PDVSA 2020, a quienes se les debe $ 1700  millones y se les ofreció como garantía el 50,1 % de las acciones de PDV Holding, dueña de Citgo. Pero también está Crystallex, la minera canadiense que reclama una indemnización de $ 1400 millones por la expropiación de la mina de oro Las Cristinas.

Recordemos que en EE. UU. los abogados de Guaidó son los únicos que pueden actuar a nombre de la República de Venezuela porque es a él a quien la Casa Blanca reconoce como presidente interino. La procuraduría especial de Guaidó introdujo una demanda de nulidad de los bonos que fue rechazada, y la juez Polk impuso a la junta ad hoc de PDVSA, designada por Guaidó, pagar los costos legales en los que incurrieron los acreedores al hacer tal demanda.

Todo esto revela el desacierto de actuar en las cortes estadounidenses apelando al marco legal venezolano, olvidando que la emisión de estos bonos se hizo con base en la ley de Nueva York. Así, la anterior decisión de la Corte Suprema de Justicia que desestimó la apelación solicitada por el procurador de Guaidó y ratificó la sentencia de la Corte Federal fue la consecuencia directa de la incapacidad de los abogados de Maduro y Guaidó para acordar una estrategia común en defensa de los activos de Pdvsa y de la República en el exterior.

¿Por qué Juan Guaidó en su condición de presidente de la AN no tramitó la anulación de esta obligación antes de que le dividieran el parlamento? ¿Por qué los funcionarios de Maduro y Guaidó en vez de convenir una unidad de criterios en defensa del interés nacional se contradijeron ante la Corte? ¿Quién paga los costos de una demanda que era mejor no iniciar? ¿Quién responde ahora por los daños que se le causaron a los activos de la República y al patrimonio de la nación?

Irónicamente, Citgo está protegida por la Orden Ejecutiva 13.884 que impide el embargo de cualquier activo venezolano sin una autorización de la OFAC. Como esta orden impide el traspaso de activos venezolanos en territorio estadounidense, ni los tenedores del Bono 2020 ni Crystallex podrán cobrar la indemnización que reclaman con cargo al remate de las acciones de Citgo mientras esté vigente la Orden Ejecutiva.

La única manera de rematar las acciones es que los bonistas o Crystallex consigan un permiso especial del Departamento del Tesoro de EE. UU.

Los abogados de los acreedores y compañías que tienen cuentas por cobrar a Pdvsa y la República argumentan que una decisión del poder Judicial, tomada por una corte federal y ratificada por la Corte Suprema, no puede ser quebrantada por una orden administrativa adoptada por una dependencia del poder ejecutivo como la OFAC. En el marco de esta tensión entre los poderes Ejecutivo y Judicial, en su momento el juez Stark declaró que “Ninguna orden o regulación del poder ejecutivo prohíbe a este tribunal avanzar en la determinación de cómo se venderán las acciones”. Esta postura ahora cobra fuerza con la decisión de la juez Katherine Polk.

Esto quiere decir que la orden ejecutiva no garantiza que Citgo no será ejecutada. La venta de las acciones se hará cuando se levanten las sanciones o cuando la OFAC conceda una licencia para rematarlas y pagar lo que le están cobrando a PDVSA y Venezuela. Dado el conflicto entre los poderes Ejecutivo y Judicial de los EE. UU. en torno al caso de Citgo es probable que finalmente se impongan las presiones que representan los intereses norteamericanos y la OFAC finalmente conceda la licencia para rematar las acciones de la refinería.

Lo cierto es que la ejecución de Citgo ha entrado en cuenta regresiva y nada eficaz han hecho Maduro y Guaidó para evitarlo.

Si no se ponen de acuerdo, Venezuela perderá Citgo cuando la OFAC conceda la licencia para que se rematen las acciones. Gobierno y oposición están emplazados a acordar una estrategia común para salvar Citgo. Desde hace tiempo se ha planteado solicitar a la ONU con carácter de urgencia una resolución para proteger de la rapiña de los acreedores los activos de un país que atraviesa por una grave crisis humanitaria.

Un antecedente es caso Irak. Luego del derrocamiento de Sadam Hussein, el Consejo de Seguridad aprobó la Resolución 1483 para proteger los activos que Irak necesitaría para su reconstrucción. Sin embargo, con las últimas decisiones de las cortes estadounidenses pareciera que ya es muy tarde para promover una resolución semejante en la ONU.

Si se concreta el remate de las acciones de Citgo, este sería un lamentable desenlace para el interés nacional ya que perdería un importante activo que se necesitará para la reconstrucción del país. Y esto sería responsabilidad de las élites políticas venezolanas que fueron incapaces de ponerse de acuerdo para proteger los activos de Pdvsa y la República en el exterior.

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad. Y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

¿Ley Antibloqueo o privatización camuflada?, por Víctor Álvarez R.

@victoralvarezr

 La Ley Antibloqueo tiene por objeto establecer un marco normativo especial y temporal que provea al gobierno venezolano de herramientas jurídicas para contrarrestar las sanciones y el bloqueo. La polémica no se ha hecho esperar toda vez que se trata de una ley por encima de la Constitución que le otorga poderes extraordinarios al Ejecutivo en el manejo de los activos del Estado.

El Artículo 2 establece que: “Las disposiciones de esta Ley Constitucional son de orden público y de interés general y serán aplicadas por todas las ramas del Poder Público en sus ámbitos nacional, estadal y municipal”. Y en la segunda Disposición Transitoria: “Quedan suspendidas las normas que colidan con lo dispuesto en esta ley, la cual siempre tendrá aplicación preferente incluso respecto de leyes orgánicas y especiales que regulen las materias que tratan dichas disposiciones”

El Capítulo II de la ley está dedicado a las “Medidas de equilibrio macroeconómico, comercial y de inversiones” y le permite al gobierno dictar medidas para estimular la inversión privada nacional y extranjera en la economía nacional, por lo que es previsible una creciente participación accionaria del capital privado en las empresas mixtas de la Faja Petrolífera del Orinoco (FPO) y de las nuevas inversiones en el Arco Minero del Orinoco (AMO).

El Artículo 24 deja claro que “El Ejecutivo Nacional podrá modificar los mecanismos de constitución, propiedad, gestión, administración y funcionamiento de empresas públicas o mixtas, tanto en el territorio nacional como en el exterior”.

El Artículo 27 señala que: “El Ejecutivo podrá autorizar medidas que estimulen la participación, gestión y operación parcial o integral del sector privado nacional e internacional en el desarrollo de la economía nacional”, incluyendo la gestión de activos que se encuentren bajo administración del Estado venezolano.

El Artículo 28 contempla que: “Cuando resulte necesario (…) se autoriza al Ejecutivo Nacional el levantamiento de restricciones a la comercialización para determinadas categorías de sujetos, en actividades estratégicas de la economía nacional”. Esto incluye petróleo, gas, combustibles, oro, diamantes, hierro, coltán y otros minerales estratégicos.

El Artículo 16 plantea que “Los ingresos adicionales que se generen por la aplicación de esta Ley se registrarán separadamente dentro de las disponibilidades del tesoro nacional”, por lo que no se incluirán en el Presupuesto Nacional ni estarán sometidos al control de la Asamblea Nacional.

El Artículo 31 dice que “La República podrá acordar con sus socios e inversionistas,  cláusulas de protección de su inversión, a los fines de generar confianza y estabilidad”. Al abrir las empresas públicas al capital privado y proteger sus inversiones, el gobierno pretende que las transnacionales petroleras y los inversionistas extranjeros se sumen al lobby internacional ante el gobierno de EE. UU. para que levanten las sanciones que les impiden hacer negocios con las empresas públicas venezolanas.

Esta ley genera dudas por su falta de transparencia. En el artículo 34 “Se crea un régimen transitorio en materia de confidencialidad y reserva de información para proteger las decisiones tomadas por el Poder Público”.

En el Artículo 35 “Se prohíbe el acceso a documentación que haya sido calificada como confidencial o reservada”. Y en el Artículo 36: “Se declaran secretos y reservados los procedimientos, actos y registros efectuados con ocasión de la implementación de las medidas establecidas en esta ley que supongan la desaplicación de normas de rango legal”.

Toda esta opacidad genera muchas dudas. Lo que sí queda muy claro es que la ley busca modificar el marco legal vigente para autorizar una mayor participación accionaria del capital privado en las empresas mixtas que explotan el petróleo, gas, oro, diamantes, coltán y demás minerales estratégicos; así como en la gestión de los servicios públicos de electricidad, agua, gas, telecomunicaciones, puertos y aeropuertos.

Aliviar al Estado de la exagerada carga de empresas deficitarias que fueron expropiadas y terminaron quebradas por el burocratismo y la corrupción es un paso necesario para el interés nacional; pero tiene que ser un proceso sometido al escrutinio público.

¿Quiénes ganan y quiénes pierden en un proceso de privatización apresurado y poco transparente?

La privatización que sea necesaria tiene que ser muy distinta a lo que fue la privatización rusa en la que los jerarcas del PCURSS y de la KGB -amparados en los secretos de Estado y aprovechando el acceso privilegiado a la información considerada reservada y confidencial-, corrieron con ventaja frente a los verdaderos inversionistas. Y lograron apropiarse a precios viles de importantes activos de la Unión de Repúblicas, que luego revendieron a un precio mayor. De esta manera obtuvieron jugosas ganancias sin haber realizado ningún esfuerzo productivo.

Ver video YouTube Ley Antibloqueo: ¿Promoción de inversiones o privatización camuflada?

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¿Cuánto más subirá el precio dólar?, por Víctor Álvarez R.

@victoralvarezr

La política monetaria restrictiva dejó sin liquidez a la banca, restringió el crédito bancario y redujo la demanda de divisas, cuyo precio se frenó en comparación con el resto de los precios. Así, mientras la mayoría de las mercancías registra aumentos significativos, el precio del dólar no sube a la misma velocidad y por eso las familias y empresas tienen que cambiar cada vez más dólares para pagar en bolívares la misma cantidad de productos. Esta brecha da origen a una sobrevaluación de la tasa de cambio que genera en la gente la impresión de una inflación en dólares.

En septiembre de 2020, la tasa de cambio superó los 430.000 Bs/$. Agréguele a esta cantidad los ocho ceros que les quitaron a los billetes viejos y le dará una cifra que pocos pueden leer: 43.000.000.000.000 Bs/$.

Nuevamente el precio del dólar se ha desquiciado y su impacto sobre la hiperinflación no se hará esperar.

Esto se debe a la reciente medida del BCV de liberar 30 billones de bolívares semanales del 90 % de las captaciones del público que los bancos están obligados a congelar bajo la figura del encaje legal. Este monto equivale a unos $ 80 millones.

Un impacto positivo de la reinyección de este dinero a la banca es que se reactivarán los préstamos a la producción y al consumo. El efecto no deseado es que inmediatamente estos bolívares los convierten en dólares para proteger su poder de compra, presionando así el aumento de su precio. Adicionalmente, esto tiene un inevitable impacto sobre el saldo en bolívares de los préstamos comerciales que están indexados a la evolución de la tasa de cambio.

Como la conversión de bolívares a dólares no solo se hace para protegerse de la inflación, sino también para pagar operaciones de compra-venta en una economía cada vez más dolarizada, la mayor demanda de divisas ejerce una permanente presión al alza de la tasa de cambio; esta aumentará mientras el BCV siga inyectando liquidez a la banca y emita dinero que transfiere a Pdvsa y empresas públicas deficitarias para que estas puedan pagar nóminas, proveedores y contratistas, quienes también se protegerán de la hiperinflación comprando divisas.

La política monetaria que intenta frenar el precio de la divisa ha degenerado en un incentivo perverso a la especulación cambiaria, toda vez que los especuladores aprovechan las semanas en las que la tasa de cambio se frena para comprar divisas a un precio menor al que realmente deberían tener y revenderlas cuando la contención cambiaria se hace insostenible. Entonces nuevamente se desquicia el precio del dólar.

Los especuladores cambiarios revenden lo acumulado y obtienen así cuantiosas ganancias sin haber realizado ninguna inversión productiva.

Esta arritmia cambiaria se prolongará debido al colapso de la producción petrolera que merma el ingreso en divisas, a la prolongada contracción de la economía interna, al déficit fiscal y su financiamiento con emisiones de dinero inflacionario, así como a la reinyección a la banca de la liquidez represada en el BCV.

Por todas estas razones, es previsible que en lo que resta de año la tasa de cambio y la hiperinflación seguirán subiendo considerablemente, azotando el presupuesto de los hogares, empresas e instituciones. 

Video La liberación del encaje legal y su impacto en la economía 

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¿En qué consiste la propuesta del gobierno a los bonistas de la deuda externa?, por Víctor Álvarez R.

@victoralvarezr

En 1998 la deuda externa de Venezuela sumó $ 28.000 millones, $ 23.000 millones eran deuda de la República y $ 5.000 millones de Pdvsa. En 2008, la deuda pública subió a $ 50.000 millones y en 2019 llegó a $ 130.000 millones. A raíz de la suspensión de los pagos en el año 2017 se han estado capitalizando las cuotas vencidas y por eso el monto de la deuda no deja de crecer. Para finales de 2020 se calcula en más de $ 140.000 millones.

En 20 años la deuda se cuadruplicó y equivale a un porcentaje cada vez mayor de las exportaciones. En 2008 representaba el 53 % de los ingresos externos y en 2020 lo que se debe supera en 1900 % los ingresos por exportaciones.

¿Cómo pagar semejante cantidad en un país cuyo ingreso por exportaciones cayó de $ 92.000 millones a $ 7.000 millones y sus reservas internacionales se desplomaron de $ 42.0000 millones a $ 6.000 millones? Venezuela cada vez extrae menos petróleo, el tamaño de la economía se ha reducido en casi el 70 % y es azotada por una prolongada escasez y voraz hiperinflación que ha empobrecido al 79 % de su población.

A fines de 2017 el gobierno y Pdvsa dejaron de pagar la deuda. En ley venezolana, el acreedor tiene un plazo de 3 años para demandar y, si no lo hace, pierde su derecho a reclamar. El gobierno, agobiado por juicios internacionales, quiere evitar otra ola de demandas y por eso ha ofrecido a los bonistas dejar sin efecto la interrupción de sus derechos; siempre y cuando cumplan las siguientes condiciones:

Que el acuerdo lo firmen los bonistas que representen al menos el 75 % del capital que se adeuda.

Que los acreedores suspendan los litigios que buscan declarar vencidos los pagos pendientes o ejecutar el pago de capital e intereses.

El problema que se les presenta a los bonistas es que buena parte de esta deuda fue emitida bajo la ley del estado de Nueva York, cuyas cortes reconocen como presidente de Venezuela a Guaidó; mientras que Maduro hace su oferta en el marco de la ley venezolana que los acreedores internacionales también están obligados a cumplir.  

De allí que la oferta del gobierno forme parte de una estrategia para sumar a los tenedores de los bonos al lobby que hacen las trasnacionales petroleras ante el gobierno de los EE. UU. para flexibilizar las sanciones; toda vez que cualquier acuerdo de restructuración deberá contar con una autorización de la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos, OFAC (por sus siglas en inglés).

La clave para entender esta jugada es que por ahora no se trata de pagar a los bonistas sino de evitar que estos activen más litigios en contra de la República y Pdvsa.

Con el incentivo de mantener vigentes sus derechos ante las leyes y tribunales venezolanos, el gobierno busca que los tenedores de los bonos ejerzan presión sobre la Administración Trump y las cortes estadounidenses para que flexibilicen las sanciones y reconozcan a Maduro como la contraparte con la que hay que negociar la reestructuración y pago de la deuda pendiente.

Los bonos venezolanos han perdido más del 85 % de su valor y se rematan en los mercados financieros internacionales que no quieren prestarle un centavo más a Venezuela. A ambas partes les conviene una reestructuración que, por un lado, reconozca el descuento que registran los mercados; y, por el otro, puedan cobrar al menos el valor residual que aún les queda. Si bien algunas de las condiciones para interrumpir la inminente prescripción de los derechos de los bonistas lucen difíciles de cumplir, tales como reunir al menos el 75 % de los poseedores de cada emisión y suspender reclamaciones futuras, se trata de una estrategia de Maduro para lograr su reconocimiento en las Cortes de Nueva York y en los mercados financieros internacionales.

Este tema en mi canal de Youtube:

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La tragedia económica y social de Venezuela, por Víctor Álvarez R.

@victoralvarezr

Según el FMI, en 2018 la contracción del PIB en Venezuela fue de -18 % y en 2019 de – 35%. Entre 2013-2019 se acumula una caída de 65 %. En 2020, debido a la inactividad económica causada por lo covid-19, la economía continuará cayendo en picado. La inflación en 2018 fue de 65.000 %; en 2019 se calcula en 200.000 % y la acumulada hasta agosto de 2020 ya superó el umbral de 1.000 %.

Esta tragedia económica tiene su explicación. Una larga sobrevaluación del tipo de cambio estimuló toda clase de importaciones, rígidos controles de precios asfixiaron la actividad productiva y comercial, la ruinosa ola de expropiaciones y un ambiente de creciente inseguridad jurídica desestimularon la inversión y así se fue apagando la actividad productiva.

La escasez de productos y la emisión desmesurada de dinero para cubrir el déficit de las empresas públicas se combinaron para desquiciar una voraz hiperinflación que volvió sal y agua el ingreso de los hogares.

Venezuela no solo ha dejado de ser un país rentista sino que está dejando de ser un país petrolero. La extracción de crudos cayó de 3 millones de BPD en 2012 a menos de 400.000 BPD en el primer semestre de 2020. La capacidad de refinación está en ruinas y por eso hay escasez de combustibles. Por si fuera poco, las sanciones económicas han sido el golpe de gracia para un país exhausto.

Sin ingreso fiscal petrolero y con una economía contraída la recaudación fiscal se ha desplomado. Las empresas en quiebra no tienen cómo pagar ISLR y la informalización de las operaciones de compra venta -que no exigen la factura para evitar el pago del IVA-, merma aun más los ingresos fiscales. El gobierno no cuenta con recursos para repotenciar los servicios de agua, energía eléctrica, gas doméstico y telecomunicaciones. A todas estas, el BCV continúa emitiendo dinero para financiar empresas públicas deficitarias, atizando así la hiperinflación que empobrece a la población.

Según la última Encuesta de Condiciones de Vida (ENCOVI) el 79 % de los hogares está en condición de pobreza al no poder cubrir el costo de la canasta alimentaria. De acuerdo a los cálculos del Centro de Documentación y Análisis para los Trabajadores (CENDA), la canasta alimentaria para el grupo familiar de 4 personas en el mes de julio tuvo un costo de Bs. 45.519.252,73, equivalente a $ 183.

Por su parte, el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas), el precio de la Canasta Mínima Alimentaria conformada por solo 15 productos se ubicó en julio en 6.906.073,51 bolívares, equivalente a $ 25,86, mientras que el salario mínimo apenas equivale a $ 1,5. Esto quiere decir que se requieren 17,2 salarios mínimos para poder comprar la canasta alimentaria.

El acelerado empobrecimiento ha causado una diáspora sin precedentes. Según ACNUR, más de 4,6 millones de venezolanos son migrantes y refugiados que se enfrentan al hambre, la falta de acceso a la atención médica, la falta de vivienda y la xenofobia. Esta es la lamentable tragedia económica y social que sufre el país con las reservas de petróleo más grandes del mundo.

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Medidas económicas: necesarias más no suficientes, por Víctor Álvarez R.

@victoralvarezr

El gobierno anunció nuevas medidas a fin de aliviar el impacto de la cuarentena sobre el aparato productivo:

1. Las nuevas microempresas no pagarán tasas en el Servicio Autónomo de Registros y Notarías, la patente mercantil ni el Impuesto Sobre la Renta hasta el 31-12-2021.

2. El IVA en vez de pagarse semanalmente se hará con una frecuencia quincenal.

3. También anunció un Plan de Compras Gubernamentales para reactivar las Pymes.

Al igual que el resto del mundo, en Venezuela el aislamiento social afectó la producción y el comercio. Pequeñas y medianas empresas paradas, sin producción y sin ventas sufren problemas de flujo de caja y no tienen cómo pagar la nómina. Para compensar, los gremios empresariales insisten en posponer el cobro del ISLR, disminuir el IVA y suspender los impuestos municipales.

Las 305 alcaldías controladas por el chavismo suscribieron un acuerdo de armonización tributaria con la promesa de disminuir los trámites administrativos de 600 a 30, evitar la proliferación de tributos y establecer una franja de alícuotas mínimas y máximas para el cobro de impuestos. Entre las medidas anunciadas está la suspensión de la gestión tributaria municipal. Sin embargo, este sacrificio fiscal resta recursos a la lucha contra el coronavirus y no servirá de nada si no se consigue controlar la pandemia en el precario sistema hospitalario en cada municipio.

El gobierno no tiene recursos para financiar un programa de compras a las Pymes. Las finanzas públicas están quebradas porque el tamaño de la economía se ha contraído; las empresas cierran el ejercicio fiscal con pérdidas y no pagan ISLR; las operaciones de compra venta se hacen sin exigir la factura fiscal para ahorrarse el pago del IVA y la debacle de la industria petrolera secó los ingresos fiscales del gobierno.

La escasez de ingresos fiscales condena a miles de proveedores y contratistas a esperar largos meses hasta que se les pague una factura. Y cuando finalmente cobran el saldo pendiente se ha derretido como cubitos de hielo por la hiperinflación. Por eso nadie quiere venderle al gobierno.

Para que un programa de compras gubernamentales funcione en un contexto inflacionario, los pagos tienen que hacerse en dólares. De lo contrario, un gobierno moroso -en vez de contribuir a la reactivación económica-, terminará de quebrar lo poco que queda de aparato productivo nacional.

Para regenerar el tejido productivo no basta simplificar los trámites. La mejor política de reactivación económica es una política de promoción de inversiones, capaz de estimular la creación de millares de empresas que compitan entre sí con una abundante oferta de buena calidad y mejores precios que beneficie al consumidor.

Crear un ambiente propicio para el emprendimiento y la inversión productiva implica corregir las distorsiones cambiarias, el desequilibrio monetario, el déficit fiscal y la presión inflacionaria.

Se necesita financiamiento en condiciones adecuadas, razón por la cual el BCV tiene que reducir el encaje legal para liberar fondos que financien la actividad productiva. Exige además un nuevo marco legal que garantice los derechos de propiedad y la seguridad jurídica para que los inversionistas se decidan a arriesgar su dinero en Venezuela.

También se requieren políticas agrícolas, industriales y tecnológicas. Es necesario eliminar las exoneraciones arancelarias indebidas y corregir la sobrevaluación del tipo de cambio que estimula toda clase de importaciones que desplazan y arruinan la producción nacional.

Y para que una política de promoción de inversiones tenga un verdadero impacto, deben ser levantadas las sanciones económicas. De lo contrario, cualquier medida que anuncie el gobierno no mejorará de forma sustancial el ambiente de inversión en el país.

A Pdvsa se le debe dejar vender el petróleo. Y los fondos congelados en el sistema financiero internacional deben ser liberados y administrados por el PNUD. Estos deberán financiar la reactivación de la producción nacional de alimentos y medicinas para encarar la emergencia humanitaria que hace años sufre Venezuela, la cual ha sido agravada con el estallido de la pandemia de la covid-19.

Video en YouTube: Análisis de las medidas económicas

 

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La viabilidad económica de la transición política, por Víctor Álvarez R.

@victoralvarezr

Venezuela atraviesa por una prolongada crisis económica, política y social que requiere la participación de sus ciudadanos para superarla. No se trata solo de un cambio político, también se requiere un cambio en el modelo económico. Ello implica la transformación de la cultura rentista, acostumbrada a vivir de ingresos que no son fruto del esfuerzo productivo, por una nueva cultura tributaria, sustentada en el valor del trabajo y la inversión productiva.

Cualquier gobierno que asuma la conducción de Venezuela recibirá un país en ruinas. Desde el inicio tendrá que aplicar drásticas medidas para corregir los graves desequilibrios macroeconómicos que causan escasez e hiperinflación.

Para aliviar el déficit fiscal y erradicar el financiamiento con emisiones de dinero inflacionario, el nuevo gobierno tendría que sincerar las tarifas de los servicios públicos de electricidad, agua, gas y telecomunicaciones, lo cual no sería bien recibido en un país exhausto, largamente castigado por una prolongada escasez y voraz hiperinflación.

Como se sabe, a las medidas de ajuste económico suele atribuirse un impacto social y un costo político que suele dar al traste con los gobiernos que las aplican.

Macri heredó del kirchnerismo unas tarifas de servicios públicos tan bajas que su recaudación no permitía cubrir los costos de mantenimiento. Para corregir el déficit fiscal y aliviar las presiones inflacionarias tomó la decisión de sincerar las tarifas. Pero la clase media urbana, las pymes y los trabajadores sintieron que sobre sus bolsillos recaía el mayor peso del ajuste. Así que el creciente descontento social se expresó en un costo político-electoral que abortó las reformas económicas y llevó al reemplazo del gobierno que impulsó las mismas.

En Ecuador, la reducción del subsidio a la gasolina -con su impacto en las tarifas de transporte público- se anunció luego de aprobar una ley que ofreció generosas exoneraciones de impuestos a las grandes inversiones de capital. La intensidad de las protestas obligó al gobierno de Lenín Moreno a echar para atrás las medidas. En Chile, el aumento en las tarifas del metro fue la gota que rebosó el vaso y dejó al descubierto el enorme descontento social acumulado.

La lección está clara: los problemas económicos heredados después de largos períodos de gobiernos populistas no pueden corregirse cargando el costo del ajuste sobre la población más vulnerable.

El creciente descontento terminará restaurando al viejo orden que ya se creía definitivamente superado.

En este sentido, la viabilidad económica de una transición política en Venezuela, sin marchas y contramarchas, tiene que mirarse en el espejo de estos países. Hasta ahora, la atención nacional ha estado enfocada en el debate político y no se está prestando suficiente atención a la viabilidad económica de la transición política.

Quienes aspiran a gobernar al país para darle un viraje al modelo rentista y populista -plagado de subsidios y gratuidades indebidas que se pagan con el impuesto inflacionario-, tendrán que prestar más atención a la distribución de los costos sociales que generan los ajustes macroeconómicos.

Si no se prevén las debidas compensaciones, y si las medidas no se comunican y explican bien, el rechazo de los sectores afectados puede dar al traste con el programa de reformas económicas. Y la transición política puede ser abortada. Los desequilibrios económicos que se expresan en una severa escasez y galopante hiperinflación que castiga a los hogares, empresas e instituciones en vez de corregirse se verán agravados.

Video La viabilidad económica de la transición política

 

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