Víctor Álvarez R., autor en Runrun

Víctor Álvarez R.

La economía venezolana: balance 2020, perspectivas 2021, por Víctor Álvarez R.

@victoralvarezr

Sin estadísticas oficiales, cualquier balance o pronóstico sobre el desempeño pasado y futuro de la economía venezolana es muy incierto. Tratar de hacer un balance es tirar los dados; proyectar el desempeño futuro es jugar la lotería. Es tanta la incertidumbre que los datos generados por el Fondo Monetario Internacional (FMI), Banco Mundial (BM) y la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) reflejan entre sí una gran diferencia.

Dadas estas restricciones, apenas se pueden proyectar algunos escenarios a la luz de las pocas variables macroeconómicas con datos, tales como la emisión de dinero base, liquidez monetaria, reservas internacionales, tasa de cambio, inflación y extracción de petróleo.

Balance 2020

En 2020, el impacto de los errores de política económica fue agravado por el endurecimiento de las sanciones económicas y por la pandemia de la covid-19. La apertura comercial para enfrentar la escasez estimuló toda clase de importaciones que desplazan y arruinan la producción agrícola e industrial del país.

Comparado con 2019, en 2020 se calcula una nueva contracción del PIB de 30 %, para una contracción acumulada del 80 % desde 2013. Las empresas cierran el ejercicio fiscal con pérdidas y esto merma la recaudación de ISLR e IVA.

Después de alcanzar 3 millones 300 000 barriles diarios, la extracción de petróleo se redujo a menos de 400 000, arrastrando el ingreso en divisas, las regalías y demás ingresos de origen petrolero. El gobierno no genera suficientes ingresos fiscales para cubrir el gasto público. Así que financia a las empresas públicas a través de emisiones de dinero sin respaldo que realiza el BCV.

Pero sin producción nacional ni reservas internacionales que respalde esta emisión desordenada de dinero, la moneda nacional pierde valor y por eso los precios se disparan.

En 2020, la hiperinflación se mantuvo por encima de los dos dígitos, registrando picos de 65 % en los meses de enero y noviembre:

Observatorio Venezolano de Finanzas, informes economía venezolana. Balance 2020 y perspectivas 2021, por Víctor Álvarez
El Observatorio Venezolano de Finanzas de la AN calcula que la inflación de diciembre se ubicó en 21,2 % y la acumulada en 2020 llegó a 3713 %.

Según la encuesta de Condiciones de Vida (ENCOVI), la reducción del 80 % del tamaño de la economía, el aumento del desempleo y la hiperinflación generaron un empobrecimiento de la población superior al 80 %. En los hogares venezolanos, los ingresos que se obtienen no alcanzan para cubrir las necesidades básicas.

Línea de pobreza en Venezuela, según la encuesta ENCOV I, UCAB. La economía venezolana: balance 2020, perspectivas 2021, por Víctor Álvarez R.
Línea de pobreza en Venezuela, según la encuesta ENCOVI, UCAB.

Con una caída de 30 % del PIB, un aumento de los precios de 3713 % y 54,4 % de la población económicamente activa sin trabajo, en 2020 Venezuela se llevó la siniestra triple corona de ser el país con mayor colapso económico, mayor hiperinflación y mayor tasa de desempleo del mundo.

Perspectivas 2021

Con el inicio de la campaña de vacunación contra la covid-19 se espera la reactivación de la actividad económica global. En ese contexto, los migrantes venezolanos recuperarán sus trabajos y reanudarán el envío de remesas a sus familiares; con ello contribuirán a reanimar el consumo privado que será la principal fuerza motriz de la dinámica económica interna.

El gobierno ya no cuenta con la otrora renta petrolera, cuyo reparto utilizó como un instrumento de dominación económica y social.

Tampoco cuenta con recursos para recuperar la industria petrolera. Y en una economía largamente contraída, el fisco no recauda suficiente ISLR e IVA para financiar el gasto público.

Para sobrevivir, el gobierno se ha visto obligado a levantar los controles y flexibilizar cada vez más las regulaciones a fin de estimular la inversión privada. La apertura a la inversión extranjera en los sectores de petróleo, gas y minería, así como la privatización de empresas públicas deficitarias, servirán al gobierno para recuperar la recaudación de ISLR e IVA, moderar la emisión de dinero inflacionario y evitar el costo político que no quiere pagar en un año en el que están previstas las elecciones de gobernadores y alcaldes.

Para estimular la inversión extranjera y las exportaciones que generen divisas, el BCV está emplazado a revisar la política monetaria restrictiva que tiende a frenar la evolución normal del tipo de cambio, genera una tendencia a la sobrevaluación y castiga la competitividad de las exportaciones privadas no petroleras. En Venezuela no resulta fácil producir para exportar.

La mala calidad de los servicios públicos y de la infraestructura genera un sobrecosto que castiga la competitividad internacional. Y si a esto se le suma un tipo de cambio sobrevaluado que no permite cubrir los altos costos de producción internos, se hace inviable producir para exportar. Así como generar las divisas que ya no aporta el petróleo.

En el año 2021, las sanciones comerciales y financieras acelerarán la apertura del mercado interno, la liberalización económica y la privatización de empresas públicas. Un cambio económico sin cambio político se ha puesto en marcha en Venezuela.

El capitalismo de clientes anuncia su llegada y comienza a dar su primeros pasos sobre los escombros que dejó el fracasado modelo estatista del socialismo del siglo XXI.

Video La economía venezolana: Balance 2020, perspectivas 2021

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad. Y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

COVID-19 y pulverización del bolívar impulsan economía no monetaria, por Víctor Álvarez R.

@victoralvarezr

Para el sistema tradicional de cuentas nacionales, la actividad económica formal es aquella que se concreta cuando una mercancía pasa de una a otras manos a cambio de dinero; y esta operación de compra-venta queda registrada en una máquina fiscal que genera una factura. Pero en Venezuela la crisis humanitaria, el aislamiento social que impone la pandemia de covid-19 y la pulverización de la moneda nacional estimulan la producción e intercambio de bienes y servicios para satisfacer necesidades vitales, sin utilizar el dinero.

Estamos en presencia del desarrollo de una economía no monetaria, compuesta por una amplia gama de actividades socialmente cohesionadoras, que no es debidamente registrada por las estadísticas económicas convencionales.

Estas se enfocan en las relaciones monetario-mercantiles y no miden la riqueza que se crea a través de las relaciones de cooperación que rigen el trabajo voluntario y solidario de las organizaciones no lucrativas.

Los protagonistas de este esfuerzo productivo son emprendedores sociales comprometidos con la atención de sus familias y comunidades. Producen e intercambian bienes y servicios no para obtener una ganancia, sino para responder a sus necesidades básicas y esenciales. En la economía no monetaria, los creadores de la riqueza se relacionan con otros productores a través del intercambio del fruto de una actividad no lucrativa. Crean un valor no monetizado que en estos tiempos de crisis humanitaria, covid-19 y disolución de la moneda nacional ha sido un soporte clave para atender necesidades vitales de los sectores más vulnerables de la población.

La economía no monetaria también tiene un establecimiento productivo en cada hogar. Imaginemos a cuánto ascendería la factura si tuviéramos que pagar a otros por los desayunos, almuerzos y cenas que se consumen en cada familia, por la ropa que se lava y plancha, por las noches de hospedaje y cuidados que recibe un familiar enfermo, por el transporte de los hijos al colegio. Si contabilizáramos todo esto nos daríamos cuenta de cuánto aporta la economía no monetaria al PIB.

Pero se trata de una economía oculta que a pesar de generar una inmensa riqueza de bienes y servicios para la vida, no es incluida en las estadísticas del PIB.

También hay otras formas de economía no monetaria cuyo impulso se asocia a la expansión de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC). Los correos electrónicos hace rato dejaron atrás las cartas que antes se enviaban por correo postal; las fotos digitales sustituyeron las fotos impresas en un estudio fotográfico; cada vez se compran menos libros y música en formato físico y se descargan por Internet; los pagos y transferencias a través de la banca electrónica sustituye el trabajo remunerado del empleado bancario; y, en la salida de los supermercados, se instalan escáneres que suman el precio de los productos que van en el carrito y lo cargan automáticamente a la tarjeta de crédito empleada al entrar. El teletrabajo y la modalidad del comercio electrónico facilitan millares de emprendimientos familiares y cooperativos.

Superada la pandemia, la economía no monetaria seguirá creciendo por la inercia preventiva que se mantendrá hasta que la población haya sido vacunada. El autoservicio será un mecanismo de defensa social que sustituirá el trabajo remunerado de vendedores y mesoneros en comercios y restaurantes. Y este será un trabajo gratis que cada uno de nosotros hará para conformar una nueva economía en la que un importante porcentaje del nuevo valor creado por nosotros mismos no será remunerado. Ni mucho menos contabilizado en las estadísticas del PIB ni sistemas de cuentas nacionales.

¿Qué es la economía no monetaria? Ver video YouTube

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad. Y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

¿Cuál es la siniestra triple corona que Venezuela se puede ganar?, por Víctor Álvarez R.

En el fondo, familia en un precario asentamiento de emigrantes venezolanos en Cúcuta, Colombia. Foto AFP en ABC.es

@victoralvarezr

Según la AN, la inflación de octubre fue de 23,8 %, la interanual entre octubre de 2019 y 2020 fue de 3332 %, y la inflación acumulada en lo que va de año llegó a 1798,57 %.

¿Cuál es la siniestra triple corona que Venezuela puede ganar?, por Víctor Álvarez R.

En los países vecinos y principales economías exportadoras la inflación está lejos del 10 % anual. Por eso allá los productos son más baratos que Venezuela. Como el gobierno se empeña en frenar artificialmente el precio del dólar a través de una política monetaria restrictiva que deja sin liquidez a la banca, esto estimula toda clase de importaciones baratas que compiten ventajosamente con la producción nacional. El auge de los bodegones es la ruina para la agricultura y la industria del país.

El impacto de la covid-19 agrava el colapso económico originado por la inseguridad jurídica y las malas políticas del gobierno. La contracción global afectó la demanda de petróleo y materias primas que Venezuela exporta para generar divisas. Y el bloqueo fue el golpe de gracia a una economía moribunda.

Según datos del Banco Mundial, en 2013 el PIB venezolano era de $ 438.384 millones y para 2020 se habrá reducido a $ solo 48.610 millones, para una contracción acumulada del 81,2 % en siete años.

Esto también golpea los ingresos fiscales de un gobierno que se sigue financiando con emisiones de dinero sin respaldo para poder sostener empresas públicas deficitarias que no facturan ni para pagar la nómina.

A medida que se contrae el tamaño de la economía, la relación deuda/PBI aumenta. Venezuela debe mucho pero cada vez produce menos. No tiene capacidad de pago y por eso los bonos venezolanos se rematan a menos del 20 % de su valor nominal. Nadie en su sano juicio quiere tener deuda venezolana en su portafolio.

A lo largo de 2020 la actividad económica cayó incesantemente mientras que la liquidez monetaria siguió subiendo. Esto significa que hay mucho dinero sin valor persiguiendo pocos bienes y esto dispara aún más los precios.

Para el momento de hacer este análisis, según la tasa de cambio oficial del BCV, un dólar cuesta 681.155,94 bolívares. Si tomamos en cuenta el impacto que tiene sobre la tasa de cambio el pago de utilidades y bonos navideños, así como a proveedores y contratistas que inmediatamente convierten en dólares esos pagos en bolívares, el precio de la divisa en diciembre puede superar el umbral de 1.000.000 Bs/$. La moneda nacional perdió su poder de compra.  Y nadie quiere que le paguen en bolívares.

Cambio oficial BCV al 17 de noviembre de 2010

En su informe Perspectivas de la economía mundial, el FMI calcula que el PIB de Venezuela acumulará una nueva caída de 25 % en 2020; la inflación llegará a 6500 % y el desempleo a 54,4 %. En 2020 Venezuela puede alcanzar la siniestra triple corona de ser el país con mayor caída del PIB, mayor hiperinflación y mayor tasa de desempleo del mundo.

¿Cuál es la siniestra triple corona que Venezuela puede ganar?, por Víctor Álvarez R.

Este cóctel de caída del PIB, inflación y desempleo ha empobrecido aceleradamente a la población. Según la encuesta ENCOVI, el 79,3 % de las familias venezolanas vive en condición de pobreza y sus ingresos no alcanzan para cubrir las necesidades básicas y esenciales.

La crisis económica venezolana es la mayor de Latinoamérica en toda su historia y una de las diez mayores del mundo. Pero por muy espeluznantes que luzcan estas cifras, ninguna logra expresar con toda su crudeza la terrible tragedia humana que representan más de cinco millones de venezolanos que han migrado huyendo del desempleo, el hambre, la persecución política y la inseguridad.

¡Venezuela tiene que cambiar!

La triple corona de la desgracia. Ver video Youtube 

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad. Y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

La Venezuela post Trump: ¿qué se puede esperar?, por Víctor Álvarez R.

@victoralvarezr

Biden llega a la Casa Blanca con un conocimiento de América Latina superior al de su antecesor. Como vicepresidente de Obama fue el principal responsable de atender la relación con los gobiernos latinoamericanos, razón por la cual realizó 13 largas giras por países de la región. En su arquitectura figuran el descongelamiento de la relación con Cuba y la reapertura de la embajada en La Habana. También estuvo muy cerca de las negociaciones entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC. Su interés por las relaciones internacionales fue reconocido en la Universidad de Pensilvania a través de un instituto especializado que lleva su nombre: el Penn Biden Center for Diplomacy & Global Engagement. 

Biden ha dicho que va a reanudar las relaciones con Cuba y esto abre una ventana de interlocución para avanzar hacia una solución política, electoral y pacífica al conflicto venezolano. Veamos lo que se puede esperar, una vez que Biden asuma la Presidencia de los EE. UU.

Sobre Nicolás Maduro

Joe Biden considera a Maduro un dictador. Ha dado declaraciones duras contra el régimen venezolano y criticó a Trump por no haber sido más firme y eficaz. Lejos de relajar la línea dura contra Miraflores, la puede tensar aun más.

Pero Biden no tiene apuro con Venezuela. Y hay que tener claro que su primera prioridad al instalarse en la Casa Blanca no será ver cómo hace para sacar a Maduro de Miraflores. Tiene otras urgencias que atender, en la web que abrió como presidente electo aparecen cuatro prioridades: covid-19, recuperación económica, igualdad racial y cambio climático.

En el corto plazo, lo más probable es que mantenga la inercia de la actual política estadounidense; mantendrá su rechazo a las parlamentarias del 6 de diciembre. Y esto sentencia desde ya una AN que no será reconocida por EE. UU. y, seguramente, por ninguno de los 50 gobiernos que acompañaron a Trump en el desconocimiento de las presidenciales del 20 de mayo de 2018 y se sumaron a la aventura de reconocer a Guaidó como interino.

Sobre Juan Guaidó

Ante los cuestionamientos en el G-4 al liderazgo de Guaidó y la propuesta del partido Primero Justicia de alternar la presidencia del gobierno interino, es poco probable que Biden mantenga el reconocimiento a Guaidó. Mucho menos si este se instala en el exilio y se aísla del país para vivir de las cuentas de Pdvsa y el BCV, cuya administración le fueron cedidas por Trump.

Seguramente invertirá el mantra de Guaidó y -en vez de insistir en el cese a la usurpación- concentrará su esfuerzo en negociar elecciones creíbles de un nuevo gobierno, sin tener que forzar la renuncia de Maduro ni instaurar un gobierno de transición; tal como se plantea en el Marco Democrático presentado por Mike Pompeo.

Sobre la oposición

Creo que Biden apoyará una oposición que gaste la suela y sude la camiseta recorriendo el territorio nacional para construir una posición de fuerza interna que sea reconocida y respetada por la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB). Su estrategia se enfocará en mejorar las condiciones electorales de cara a los próximos comicios de gobernadores y alcaldes, en los que la oposición estará obligada a capitalizar electoramente el descontento nacional, acumular fuerzas y recuperar espacios que le sirvan de plataforma para ganar todas y cada una de las elecciones que se convoquen.

Si la estrategia de Biden es que Maduro entregue el poder una vez haya sido vencido en unas elecciones libres, su mira estará puesta en el referendo revocatorio que puede activarse a partir de enero de 2022, cuando se cumple la mitad del período. Biden tiene un año para lograr este objetivo. A Trump se le fueron dos años apoyando el interinato de Guaidó y no logró sacar a Maduro de Miraflores. Es más, primero se irá Trump de la Casa Blanca.

Sobre las sanciones

Si bien con Biden nadie apuesta a un endurecimiento de las sanciones, tampoco hay certeza de que decida levantarlas sin condiciones. En vez de seguir la actuación unilateral de Trump, Biden tratará de coordinar su accionar con la Unión Europea y el Grupo de Contacto, cuyo objetivo común es negociar unas elecciones limpias y transparentes.

Esto lo puede facilitar Biden condicionando el levantamiento de las sanciones a mejoras en las garantías electorales. Y el interlocutor para esta estrategia puede ser Henrique Capriles, quien propone participar en los comicios por venir aun con Maduro en el poder; siempre y cuando se aseguren mejores condiciones electorales. Mientras este canje no se concrete, no se levantarán las sanciones vigentes ni se aplicarán otras nuevas.

Maduro también juega

Al régimen le conviene el canje de sanciones por condiciones electorales. También le conviene aliviar la carga de gobernaciones y alcaldías por las cuales tiene que responder. Le conviene incluso privatizar empresas públicas deficitarias que se han convertido en un permanente foco de conflicto sindical porque no facturan ni siquiera para pagar la nómina y solo exigen transferencias de dinero. Pero el gobierno central no tiene cómo mantener gobernaciones, alcaldías y empresas públicas; por eso le conviene ceder estos espacios políticos y económicos a cambio de levantar las sanciones que permitan recuperar la producción petrolera y generar las divisas que el gobierno administra.

La descentralización a través de la transferencia de competencias a gobiernos y entes locales, así como la privatización de empresas serán parte del catálogo que Maduro ofrecerá en este proceso de negociación.

Apertura económica

Ni Pdvsa ni el Estado tienen recursos financieros y por eso Maduro se abre a la inversión privada. A fin de sumar a las grandes corporaciones estadounidenses al lobby para flexibilizar las sanciones, lanza la Ley Antibloqueo y ofrece a la inversión extranjera un mayor porcentaje de participación accionaria en las empresas mixtas de la Faja Petrolífera, el Arco Minero, petroquímica, industrias básicas del hierro, acero, aluminio, oro, diamantes, así como una amplia gama de empresas que fueron expropiadas y terminaron quebradas por la corrupción, tales como: hoteles, industrias lácteas, torrefactoras de café, aserraderos, ensambladoras de vehículos y tractores, hatos, mataderos, frigoríficos, etc.

Biden genera muchas expectativas pero también muchas interrogantes. Una negociación directa entre la Casa Blanca y Miraflores puede abrir nuevas vías para una mayor participación de las fuerzas políticas, gobiernos locales, organizaciones no gubernamentales, empresa privada, trabajadores y consumidores organizados en grandes decisiones de interés nacional que restarán poder al gobierno central. Y ampliarán el espacio de la sociedad civil. Y todo esto ayudará al proceso de democratización, el cual no se logrará de la noche a la mañana, sino que se conquistará al calor de un largo proceso de graduales y paulatinos avances.

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad. Y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

Ley Antibloqueo y el fantasma de la privatización rusa, por Víctor Álvarez R.

@victoralvarezr

La Ley Antibloqueo sigue generando mucha polémica debido a su falta de transparencia. En el artículo 34: “Se crea un régimen transitorio en materia de confidencialidad y reserva de información para proteger las decisiones tomadas por el Poder Público”. En el Artículo 35: “Se prohíbe el acceso a documentación que haya sido calificada como confidencial o reservada”. Y en el Artículo 36: “Se declaran secretos y reservados los procedimientos, actos y registros efectuados con ocasión de la implementación de las medidas establecidas en esta Ley que supongan la desaplicación de normas de rango legal”.

Toda esta opacidad genera dudas, sobre todo porque esta ley busca modificar el marco legal vigente para autorizar una mayor participación del capital privado en las empresas mixtas que explotan el petróleo, gas, oro, diamantes, coltán y otros minerales estratégicos; así como en la gestión de los servicios públicos de electricidad, agua, gas, telecomunicaciones, vialidad, puertos y aeropuertos.

María Alejandra Díaz, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la ANC, informó que solicitaron el proyecto de la Ley Antibloqueo, pero no les permitieron revisarlo antes de su aprobación. Por ello salvó su voto.

Otro constituyentista del PSUV, Telémaco Figueroa, rechazó la reiterada actuación de la junta directiva de la ANC de incorporar temas en la agenda de discusión sin que previamente sean conocidos por los constituyentes. El PCV también alzó su voz crítica y su secretario general, Oscar Figuera, cuestionó que “el contenido de esta ley es entregar el país; estableciendo una censura enmascarada en una supuesta defensa de la soberanía nacional (…) es entregar la industria petrolera al capital transnacional, la devolución de tierras a terratenientes y el regreso de empresas nacionalizadas al sector privado. Es la venta de activos y empresas de la república al mejor postor”.

En defensa del interés nacional, vale la pena recordar las lecciones y advertencias que se desprenden de la privatización rusa, luego de la implosión de la URSS.

La desestatización de la economía soviética fue una operación bien orquestada. La jugada maestra fue el programa de préstamos a cambio de acciones. El gobierno ruso, en lugar de solicitar al Banco Central los recursos que necesitaba para cubrir el déficit fiscal, se endeudó con los bancos privados amigos del gobierno o propiedad de sus testaferros. Como garantía de los préstamos recibidos, el gobierno les ofreció acciones de las empresas públicas. Y al no poder pagar, los bancos ejecutaron las garantías y se apropiaron de los principales activos públicos.

A través del acceso a información privilegiada, los jerarcas del partido y de la burocracia soviética se apropiaron descaradamente de importantes empresas del Estado. El desmoronamiento del socialismo soviético demostró que el verdadero peligro no provenía de la amenaza imperialista, sino del propio modelo estatista que la dirigencia del partido había creado para medrar insaciablemente de una posición privilegiada en las empresas públicas. Y a la cual no iba a renunciar tan fácilmente en caso de un inminente cambio político.

Ante la certeza de lo que venía después de la caída del Muro de Berlín, prefirieron pactar con el capital transnacional que tanto habían criticado para seguir medrando de las empresas públicas que serían privatizadas.

Al derrumbarse el comunismo soviético, las empresas estatales se abrieron a la inversión privada aceleradamente. Los nuevos dueños terminaron siendo sus anteriores directivos y jerarcas del gobierno y del partido.

Por eso en la Rusia de hoy buena parte de la pujante y próspera clase empresarial proviene de la vieja nomenclatura comunista y de la burocracia estatal.

Al referirse al proceso de privatización en Rusia, el nobel de Economía Joseph Stiglitz escribió: “El resultado (…) fue que un puñado de amigos y socios de Yeltsin se convirtieron en multimillonarios. Pero el país fue incapaz de pagar a los jubilados su pensión de 15 dólares mensuales”.

De nuevo nos formulamos la misma pregunta: ¿Quiénes ganan y quiénes pierden en un proceso de privatización apresurado y poco transparente?

Ver video sobre esta tema en mi canal de Youtube Pedagogía Económica

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad. Y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

¿Por qué Citgo está a punto de ser rematada?, por Víctor Álvarez

@victoralvarezr

Una Corte de Nueva York afirmó la legalidad de los bonos PDVSA 2020 y desestimó la discusión sobre su legitimidad en Venezuela, toda vez que la emisión de esta deuda se rige por ley de Nueva York. Para sustanciar su sentencia, la juez Katherine Polk citó al exprocurador de Guaidó, José Ignacio Hernández, cuando afirmó que la AN no declaró la nulidad del bono. En 2016, la AN solo rechazó el uso de Citgo como garantía del bono PDVSA 2020, pero no declaró la nulidad de la operación. Luego, esta misma AN autorizó pagar $ 71 millones de intereses vencidos y reconoció de hecho la legalidad de la deuda.

Si en septiembre de 2016 la AN hubiese declarado la ilegalidad de la operación, el país no estaría a punto de perder Citgo.

Citgo es un conglomerado de refinerías en EE. UU. que cuenta con una capacidad de refinación de 745.000 b/d, 3500 empleados que operan 48 terminales, 9 oleoductos y una red de 5000 gasolineras, cuyo valor se estima en $ 8000 millones y por eso está en la mira de los acreedores de PDVSA que quieren cobrar -con cargo a las acciones de Citgo-, lo que Venezuela les debe.

Por un lado están los tenedores del Bono PDVSA 2020, a quienes se les debe $ 1700  millones y se les ofreció como garantía el 50,1 % de las acciones de PDV Holding, dueña de Citgo. Pero también está Crystallex, la minera canadiense que reclama una indemnización de $ 1400 millones por la expropiación de la mina de oro Las Cristinas.

Recordemos que en EE. UU. los abogados de Guaidó son los únicos que pueden actuar a nombre de la República de Venezuela porque es a él a quien la Casa Blanca reconoce como presidente interino. La procuraduría especial de Guaidó introdujo una demanda de nulidad de los bonos que fue rechazada, y la juez Polk impuso a la junta ad hoc de PDVSA, designada por Guaidó, pagar los costos legales en los que incurrieron los acreedores al hacer tal demanda.

Todo esto revela el desacierto de actuar en las cortes estadounidenses apelando al marco legal venezolano, olvidando que la emisión de estos bonos se hizo con base en la ley de Nueva York. Así, la anterior decisión de la Corte Suprema de Justicia que desestimó la apelación solicitada por el procurador de Guaidó y ratificó la sentencia de la Corte Federal fue la consecuencia directa de la incapacidad de los abogados de Maduro y Guaidó para acordar una estrategia común en defensa de los activos de Pdvsa y de la República en el exterior.

¿Por qué Juan Guaidó en su condición de presidente de la AN no tramitó la anulación de esta obligación antes de que le dividieran el parlamento? ¿Por qué los funcionarios de Maduro y Guaidó en vez de convenir una unidad de criterios en defensa del interés nacional se contradijeron ante la Corte? ¿Quién paga los costos de una demanda que era mejor no iniciar? ¿Quién responde ahora por los daños que se le causaron a los activos de la República y al patrimonio de la nación?

Irónicamente, Citgo está protegida por la Orden Ejecutiva 13.884 que impide el embargo de cualquier activo venezolano sin una autorización de la OFAC. Como esta orden impide el traspaso de activos venezolanos en territorio estadounidense, ni los tenedores del Bono 2020 ni Crystallex podrán cobrar la indemnización que reclaman con cargo al remate de las acciones de Citgo mientras esté vigente la Orden Ejecutiva.

La única manera de rematar las acciones es que los bonistas o Crystallex consigan un permiso especial del Departamento del Tesoro de EE. UU.

Los abogados de los acreedores y compañías que tienen cuentas por cobrar a Pdvsa y la República argumentan que una decisión del poder Judicial, tomada por una corte federal y ratificada por la Corte Suprema, no puede ser quebrantada por una orden administrativa adoptada por una dependencia del poder ejecutivo como la OFAC. En el marco de esta tensión entre los poderes Ejecutivo y Judicial, en su momento el juez Stark declaró que “Ninguna orden o regulación del poder ejecutivo prohíbe a este tribunal avanzar en la determinación de cómo se venderán las acciones”. Esta postura ahora cobra fuerza con la decisión de la juez Katherine Polk.

Esto quiere decir que la orden ejecutiva no garantiza que Citgo no será ejecutada. La venta de las acciones se hará cuando se levanten las sanciones o cuando la OFAC conceda una licencia para rematarlas y pagar lo que le están cobrando a PDVSA y Venezuela. Dado el conflicto entre los poderes Ejecutivo y Judicial de los EE. UU. en torno al caso de Citgo es probable que finalmente se impongan las presiones que representan los intereses norteamericanos y la OFAC finalmente conceda la licencia para rematar las acciones de la refinería.

Lo cierto es que la ejecución de Citgo ha entrado en cuenta regresiva y nada eficaz han hecho Maduro y Guaidó para evitarlo.

Si no se ponen de acuerdo, Venezuela perderá Citgo cuando la OFAC conceda la licencia para que se rematen las acciones. Gobierno y oposición están emplazados a acordar una estrategia común para salvar Citgo. Desde hace tiempo se ha planteado solicitar a la ONU con carácter de urgencia una resolución para proteger de la rapiña de los acreedores los activos de un país que atraviesa por una grave crisis humanitaria.

Un antecedente es caso Irak. Luego del derrocamiento de Sadam Hussein, el Consejo de Seguridad aprobó la Resolución 1483 para proteger los activos que Irak necesitaría para su reconstrucción. Sin embargo, con las últimas decisiones de las cortes estadounidenses pareciera que ya es muy tarde para promover una resolución semejante en la ONU.

Si se concreta el remate de las acciones de Citgo, este sería un lamentable desenlace para el interés nacional ya que perdería un importante activo que se necesitará para la reconstrucción del país. Y esto sería responsabilidad de las élites políticas venezolanas que fueron incapaces de ponerse de acuerdo para proteger los activos de Pdvsa y la República en el exterior.

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad. Y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

¿Ley Antibloqueo o privatización camuflada?, por Víctor Álvarez R.

@victoralvarezr

 La Ley Antibloqueo tiene por objeto establecer un marco normativo especial y temporal que provea al gobierno venezolano de herramientas jurídicas para contrarrestar las sanciones y el bloqueo. La polémica no se ha hecho esperar toda vez que se trata de una ley por encima de la Constitución que le otorga poderes extraordinarios al Ejecutivo en el manejo de los activos del Estado.

El Artículo 2 establece que: “Las disposiciones de esta Ley Constitucional son de orden público y de interés general y serán aplicadas por todas las ramas del Poder Público en sus ámbitos nacional, estadal y municipal”. Y en la segunda Disposición Transitoria: “Quedan suspendidas las normas que colidan con lo dispuesto en esta ley, la cual siempre tendrá aplicación preferente incluso respecto de leyes orgánicas y especiales que regulen las materias que tratan dichas disposiciones”

El Capítulo II de la ley está dedicado a las “Medidas de equilibrio macroeconómico, comercial y de inversiones” y le permite al gobierno dictar medidas para estimular la inversión privada nacional y extranjera en la economía nacional, por lo que es previsible una creciente participación accionaria del capital privado en las empresas mixtas de la Faja Petrolífera del Orinoco (FPO) y de las nuevas inversiones en el Arco Minero del Orinoco (AMO).

El Artículo 24 deja claro que “El Ejecutivo Nacional podrá modificar los mecanismos de constitución, propiedad, gestión, administración y funcionamiento de empresas públicas o mixtas, tanto en el territorio nacional como en el exterior”.

El Artículo 27 señala que: “El Ejecutivo podrá autorizar medidas que estimulen la participación, gestión y operación parcial o integral del sector privado nacional e internacional en el desarrollo de la economía nacional”, incluyendo la gestión de activos que se encuentren bajo administración del Estado venezolano.

El Artículo 28 contempla que: “Cuando resulte necesario (…) se autoriza al Ejecutivo Nacional el levantamiento de restricciones a la comercialización para determinadas categorías de sujetos, en actividades estratégicas de la economía nacional”. Esto incluye petróleo, gas, combustibles, oro, diamantes, hierro, coltán y otros minerales estratégicos.

El Artículo 16 plantea que “Los ingresos adicionales que se generen por la aplicación de esta Ley se registrarán separadamente dentro de las disponibilidades del tesoro nacional”, por lo que no se incluirán en el Presupuesto Nacional ni estarán sometidos al control de la Asamblea Nacional.

El Artículo 31 dice que “La República podrá acordar con sus socios e inversionistas,  cláusulas de protección de su inversión, a los fines de generar confianza y estabilidad”. Al abrir las empresas públicas al capital privado y proteger sus inversiones, el gobierno pretende que las transnacionales petroleras y los inversionistas extranjeros se sumen al lobby internacional ante el gobierno de EE. UU. para que levanten las sanciones que les impiden hacer negocios con las empresas públicas venezolanas.

Esta ley genera dudas por su falta de transparencia. En el artículo 34 “Se crea un régimen transitorio en materia de confidencialidad y reserva de información para proteger las decisiones tomadas por el Poder Público”.

En el Artículo 35 “Se prohíbe el acceso a documentación que haya sido calificada como confidencial o reservada”. Y en el Artículo 36: “Se declaran secretos y reservados los procedimientos, actos y registros efectuados con ocasión de la implementación de las medidas establecidas en esta ley que supongan la desaplicación de normas de rango legal”.

Toda esta opacidad genera muchas dudas. Lo que sí queda muy claro es que la ley busca modificar el marco legal vigente para autorizar una mayor participación accionaria del capital privado en las empresas mixtas que explotan el petróleo, gas, oro, diamantes, coltán y demás minerales estratégicos; así como en la gestión de los servicios públicos de electricidad, agua, gas, telecomunicaciones, puertos y aeropuertos.

Aliviar al Estado de la exagerada carga de empresas deficitarias que fueron expropiadas y terminaron quebradas por el burocratismo y la corrupción es un paso necesario para el interés nacional; pero tiene que ser un proceso sometido al escrutinio público.

¿Quiénes ganan y quiénes pierden en un proceso de privatización apresurado y poco transparente?

La privatización que sea necesaria tiene que ser muy distinta a lo que fue la privatización rusa en la que los jerarcas del PCURSS y de la KGB -amparados en los secretos de Estado y aprovechando el acceso privilegiado a la información considerada reservada y confidencial-, corrieron con ventaja frente a los verdaderos inversionistas. Y lograron apropiarse a precios viles de importantes activos de la Unión de Repúblicas, que luego revendieron a un precio mayor. De esta manera obtuvieron jugosas ganancias sin haber realizado ningún esfuerzo productivo.

Ver video YouTube Ley Antibloqueo: ¿Promoción de inversiones o privatización camuflada?

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad. Y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

¿Cuánto más subirá el precio dólar?, por Víctor Álvarez R.

@victoralvarezr

La política monetaria restrictiva dejó sin liquidez a la banca, restringió el crédito bancario y redujo la demanda de divisas, cuyo precio se frenó en comparación con el resto de los precios. Así, mientras la mayoría de las mercancías registra aumentos significativos, el precio del dólar no sube a la misma velocidad y por eso las familias y empresas tienen que cambiar cada vez más dólares para pagar en bolívares la misma cantidad de productos. Esta brecha da origen a una sobrevaluación de la tasa de cambio que genera en la gente la impresión de una inflación en dólares.

En septiembre de 2020, la tasa de cambio superó los 430.000 Bs/$. Agréguele a esta cantidad los ocho ceros que les quitaron a los billetes viejos y le dará una cifra que pocos pueden leer: 43.000.000.000.000 Bs/$.

Nuevamente el precio del dólar se ha desquiciado y su impacto sobre la hiperinflación no se hará esperar.

Esto se debe a la reciente medida del BCV de liberar 30 billones de bolívares semanales del 90 % de las captaciones del público que los bancos están obligados a congelar bajo la figura del encaje legal. Este monto equivale a unos $ 80 millones.

Un impacto positivo de la reinyección de este dinero a la banca es que se reactivarán los préstamos a la producción y al consumo. El efecto no deseado es que inmediatamente estos bolívares los convierten en dólares para proteger su poder de compra, presionando así el aumento de su precio. Adicionalmente, esto tiene un inevitable impacto sobre el saldo en bolívares de los préstamos comerciales que están indexados a la evolución de la tasa de cambio.

Como la conversión de bolívares a dólares no solo se hace para protegerse de la inflación, sino también para pagar operaciones de compra-venta en una economía cada vez más dolarizada, la mayor demanda de divisas ejerce una permanente presión al alza de la tasa de cambio; esta aumentará mientras el BCV siga inyectando liquidez a la banca y emita dinero que transfiere a Pdvsa y empresas públicas deficitarias para que estas puedan pagar nóminas, proveedores y contratistas, quienes también se protegerán de la hiperinflación comprando divisas.

La política monetaria que intenta frenar el precio de la divisa ha degenerado en un incentivo perverso a la especulación cambiaria, toda vez que los especuladores aprovechan las semanas en las que la tasa de cambio se frena para comprar divisas a un precio menor al que realmente deberían tener y revenderlas cuando la contención cambiaria se hace insostenible. Entonces nuevamente se desquicia el precio del dólar.

Los especuladores cambiarios revenden lo acumulado y obtienen así cuantiosas ganancias sin haber realizado ninguna inversión productiva.

Esta arritmia cambiaria se prolongará debido al colapso de la producción petrolera que merma el ingreso en divisas, a la prolongada contracción de la economía interna, al déficit fiscal y su financiamiento con emisiones de dinero inflacionario, así como a la reinyección a la banca de la liquidez represada en el BCV.

Por todas estas razones, es previsible que en lo que resta de año la tasa de cambio y la hiperinflación seguirán subiendo considerablemente, azotando el presupuesto de los hogares, empresas e instituciones. 

Video La liberación del encaje legal y su impacto en la economía 

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad. Y no comprometen la línea editorial de RunRun.es