Miraflores avanza en reformas policiales y judiciales cosméticas que garanticen que algo cambie, para que todo siga igual
El pasado jueves 17 y viernes 18 de marzo, el régimen que gobierna a Venezuela volvió a ser noticia en las más altas instancias internacionales que trabajan con el tema de los DD. HH. Hablamos de la actualización del Informe sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, presentado por la alta comisionada de la Organización de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, y el diálogo interactivo de la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos, del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, presentado por Marta Valiñas.
Los informes sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela constituyen una iniciativa de la ONU en respuesta a la denuncia de violación de los DD. HH. en el país y, desde el año 2019, son actualizados con informes elaborados sobre el terreno, en un trabajo riguroso y complejo, con el apoyo de activistas, ONG y el reconocimiento “formal” del régimen venezolano.
Por su parte, la Misión Internacional Independiente responde a una solicitud hecha por un grupo de países ante la ONU y, aunque no cuenta con el reconocimiento oficial de Miraflores, avanza en la investigación sistemática de los casos penales vinculados a violaciones de DD. HH. ocurridas en el país desde el 2014.
Ambas instancias de la ONU y el inicio de la fase de investigación de la Corte Penal Internacional (noviembre 2021) sobre la situación de los DD. HH. en el país, confirma que quienes gobiernan Venezuela son considerados, por las principales democracias del mundo y organismos multilaterales, como los primeros sospechosos de cometer crímenes de lesa humanidad, atentar en contra de las libertades civiles y los derechos humanos.
El 24 de marzo nos enteramos de que, desde la última actualización del informe (septiembre del 2021), la oficina de Bachelet documentó 93 ataques al espacio cívico, 24 casos de criminalización de activistas de la sociedad civil y periodistas, la detención arbitraria de 12 personas y la permanencia en prisión de otras 6, pese a tener órdenes de excarcelación.
El retardo procesal, advirtió Bachelet, es parte de la estrategia del régimen en contra de las libertades civiles, así como la estigmatización de los defensores de DD. HH. En materia de comunicación, se registró el cierre de 8 emisoras de radio y el bloqueo de 7 portales de noticias, lo que constituye un ataque al derecho de los venezolanos a estar informados de manera independiente.
Por su parte Marta Valiñas, presidenta de la Misión Internacional Independiente, indicó, entre otras cosas, que las reformas judiciales llevadas a cabo por la AN oficialista son insuficientes. Señaló además que las investigaciones, cuando se llevan a cabo, tienen un alcance limitado, circunscrito a los autores materiales sin afectar a los altos mandos. En definitiva: los actores del sistema de justicia venezolano, tanto por acción u omisión, juegan un papel importante en la represión del Estado. La falta de atención médica, el aislamiento, los traslados irregulares de los detenidos y las prácticas de torturas por parte de la DGCIM, también aparecieron durante las palabras de Valiñas.
Nombres como el de Raúl Isaías Bauel, Fernando Albán, Josnars Baduel Javier Tarazona (Fundaredes), Roland Carreño, Emirlendris Benítez, Juan Carlos Marrufo, María Auxiliadora Delgado, Juan Carlos Guillén y Orlando Moreno, entre otros, aparecieron en ambos informes, en un doloroso listado que muestra el desolador estado de la situación de los derechos humanos en el país.
Frente a esta realidad, certificada con rigurosos trabajos de investigación, el régimen venezolano se defiende ante la opinión pública, presentando reformas policiales de carácter superficial, anunciando una reforma a la Ley Orgánica del TSJ (que aumenta la injerencia política sobre el Poder Judicial) y presentando como logros de la justicia la condena de los mandos más bajos responsables de violación de derechos humanos en el país.
Acciones concretas, sin lugar a dudas, pero de alcance tan limitado que confirma que el régimen evita desmontar un sistema judicial creado para perseguir y torturar la disidencia política.
Frente a esta compleja realidad nosotros, desde Mi Convive, en particular de nuestro proyecto Monitor de Víctimas, seguiremos en nuestro esfuerzo de apoyar a las víctimas de violación de DD. HH. y sus familiares, dando voz a quienes son silenciados por el régimen, investigando y sistematizando con rigurosidad cada caso para llevarla a las más altas instancias internacionales de justicia y, sobre todo, trabajando para lograr el regreso de la democracia en el país, pues solo en un sistema democrático se puede dar garantías para la justicia y el respeto de los derechos humanos.
Este es nuestro compromiso.
*Cofundador de Alimenta la Solidaridad y Caracas Mi Convive | rpatino.com
Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad. Y no comprometen la línea editorial de RunRun.es
