El asesor de la Casa Blanca Juan González reunido con Luis Almagro el 21JUN21. Foto: OEA.
Tras una semana de rumores sobre el ablandamiento de las sanciones al régimen, ninguna agencia del gobierno de EEUU había emitido algún comunicado oficial
“EE. UU. no importará petróleo de Venezuela”. La categórica afirmación fue hecha el 19MAY22 por la secretaria de Energía del gobierno de EE. UU., Jennifer Granholm, durante una comparecencia en el comité de Servicios Armados del Senado.
La afirmación es la única expresión oficial del gobierno estadounidense en medio de una ola de bulos que corrieron a lo largo de la semana sobre un supuesto ablandamiento de las sanciones que EE. UU. mantiene sobre el régimen chavista.
Pocas horas después, ya el 20MAY22, el Registro Federal de EE. UU. publicó la resolución firmada por el secretario de Estado Antony Blinken en la cual se lista los países que no cooperan en el combate del terrorismo. El gobierno Biden mantuvo a las dictaduras de Cuba y Venezuela en el listado en el cual acompañan a Irán, Corea del Norte y Siria.
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Desde el inicio del gobierno de Joe Biden, sus operadores de política exterior y seguridad habían dejado saber que el esquema de sanciones aplicados a diversos gobiernos, Cuba y Venezuela entre ellos, sería evaluado en búsqueda de lo que calificaban como eficiencia en la utilización de la herramienta. Incluso la ahora exsecretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, afirmó el 09MAR21 que la política hacia Cuba no era una prioridad del recién iniciado gobierno Biden.
Pasado más de un año, el Departamento de Estado de EE. UU. anunció formalmente, mediante un comunicado del vocero Ned Prince del 16MAY22, medidas presentadas como “de apoyo al pueblo cubano”. El paquete, empujado por la presión de congresistas demócratas, significa una reducción de las restricciones impuestas por el gobierno de Donald Trump que afectan la movilidad de personas y remesas hacia la isla.
Las medidas incluyen la reactivación del programa para que cubanos residentes legales en EE. UU. soliciten visados de inmigrantes para sus parientes situados en Cuba (CFRP), levantamiento del límite para remesas, autorización para envíos de remesas como donaciones a “empresarios cubanos”, facilidades para viajes de cubanos a Cuba con eliminación de restricciones de rutas aéreas, y autorización nuevamente para los viajes de estadounidenses a la isla bajo la figura de “reuniones e investigaciones”, es decir, el turismo usualmente tolerado por EE. UU. en forma de viajes colectivos. El gobierno de Biden ofrece que estas medidas “no enriquezcan a los violadores de los derechos humanos”.
La emisión de las medidas orientadas a Cuba fue el escenario escogido para una extraña maniobra relacionada con la política de EE. UU. hacia la dictadura de Venezuela, que apunta directamente al poderoso lobby petrolero en Washington.
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En la mañana del martes 17MAY22 la agencia de noticias AP distribuyó un cable según el cual “dos altos funcionarios del gobierno de EE. UU.” les habían informado en la noche anterior que el gobierno Biden había tomado “medidas para aliviar algunas sanciones económicas a Venezuela”. La noticia fue replicada por la agencia Reuters adjudicándosela a “funcionarios estadounidenses y fuentes cercanas al asunto”.
Las dos agencias coincidían en cuanto a que EE. UU. permitiría que la petrolera Chevron sería autorizada para “entablar negociaciones con el gobierno Maduro”. Chevron cuenta con licencia del gobierno estadounidense para permanecer administrativamente en Venezuela, pero sin realizar operaciones. Además de la medida petrolera, las agencias aseguraban que Washington procedería a retirar a un pariente cercano de Nicolás Maduro de la lista de personas sancionadas por el Departamento del Tesoro de EE. UU.
La noticia tenía verosimilitud, ya que la petrolera Chevron encabeza y financia un intenso lobby en Washington, desde los tiempos del gobierno Trump; primero, para lograr permanecer en Venezuela sin ser sancionada; y ahora para que se le permita reactivar sus operaciones de producción y exportación desde Venezuela. La invasión a Ucrania, la prohibición de importación de crudo ruso, financiamiento para operaciones humanitarias en Venezuela, petróleo por comida, son los argumentos que el lobby petrolero utiliza actualmente para ablandar el camino para volver a operar en Venezuela.
La periodista Marianna Parraga había reportado el 14MAR22, en un cable de Reuters, que Chevron se aprestaba a solicitar visas en la embajada de Maduro en Aruba para que sus ejecutivos viajaran a Caracas tan pronto como el gobierno Biden autorizara negociaciones directas con Pdvsa sobre hipotéticos aumentos de producción petrolera mediante el fin de las sanciones a la petrolera venezolana.
Chevron estaba apurada ya tres meses atrás porque el viaje de una delegación de EE. UU. a Caracas el 05MAR22, encabezada por el colombo-estadounidense Juan González, habría servido supuestamente para iniciar negociaciones que implicarían limitar las sanciones, reactivar la producción petrolera a cambio de un proceso para garantizar la liberación de estadounidenses presos en Venezuela y la reactivación de las negociaciones entre Maduro y la oposición ahora denominada “Plataforma Unitaria”.
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La difusión el 17MAY22 de la supuesta reducción de las sanciones al régimen chavista llamaron la atención porque, al igual que ocurrió con el viaje de González a Caracas en el mes de marzo, ahora lo que aparecía como un cambio de Washington hacia Venezuela se conocía por una filtración de prensa y no por un comunicado oficial como había ocurrido ese mismo día sobre Cuba.
Alguien o algunos tenían especial prisa en hacer correr la versión. Según diversas fuentes, el esquema acordado por el lobby petrolero con funcionarios del gobierno Biden, en contacto con el gobierno Maduro y con la “oposición”, consistía en un anuncio en Washington de ablandamiento de las sanciones a cambio de que se anunciara en Caracas el reinicio de las negociaciones en México.
De hecho, el 17MAY22 el jerarca chavista Jorge Rodríguez y el jefe negociador opositor Gerardo Blyde publicaron simultáneamente en Twitter una fotografía juntos tomada durante una reunión sostenida por ellos en una sede diplomática en Caracas. “En reunión de trabajo para planes a futuro, en el rescate del espíritu de México” decía el texto de los tuiteos de Rodríguez y Blyde. La “plataforma unitaria” anunció que ha dado inicio a conversaciones formales con nuestra contraparte”.
Jorge Rodríguez tuiteó que “he sostenido reunión con el Dr. Gerardo Blyde para buscar fórmulas de acción para el futuro”. Y la hermana de Rodríguez, y vicepresidenta del régimen, Delcy Rodríguez, tuiteaba que “El Gobierno Bolivariano de Venezuela, ha verificado y confirmado, las noticas (sic) publicadas en el sentido de que los Estados Unidos de América ha autorizado a empresas petroleras estadounidenses y europeas para que negocien y reinicien operaciones en Venezuela”.
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Tras una semana de los rumores sobre el ablandamiento de las sanciones al régimen chavista, ninguna agencia del gobierno de EE. UU. había emitido algún comunicado oficial que confirmara a las fuentes anónimas citadas por AP y Reuters. Ni la Casa Blanca, ni los Departamentos de Estado o del Tesoro han emitido pronunciamientos sobre algún cambio de política hacia Venezuela.
Una licencia específica del Departamento del Tesoro, solicitada por una empresa a propósito de excepciones en las sanciones, no necesariamente debe ser publicada para entrar en vigor. Pero en este caso se trata de un asunto de política, algo más que un requerimiento privado de Chevron.
En tanto, con EE. UU. en plena campaña electoral actualmente en la etapa de elecciones primarias para cargos de gobernadores y congresistas e incluso de cargos municipales a lo largo del país, la noticia sobre el supuesto regreso de Chevron a Venezuela detonó entre parlamentarios que hacen política con el tema latinoamericano. Senadores de ambos partidos rápidamente dieron por cierto, criticaron y denunciaron el ablandamiento de las sanciones petroleras al régimen venezolano.
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Pedro Mario Burelli, el empresario y analista político venezolano basado en Washington, señaló en un tuiteo del 19MAY22 al asistente especial de Biden y director para el Hemisferio Occidental del Consejo de Seguridad Nacional, Juan Gonzáles, y al embajador de EE. UU. en Venezuela (residenciado en Bogotá) James B. Story de ser los autores de la historia y la filtración a la prensa.
Según BBC la filtración fue hecha “en una llamada con periodistas de un alto funcionario de EE. UU. que pidió el anonimato”. El mecanismo de llamadas con periodistas en las cuales habla un funcionario anónimo es usual en Washington, pero siempre en un contexto oficial citable. “El Tesoro, con la ayuda del Departamento de Estado, emitió una licencia limitada que autoriza a Chevron negociar los términos de las posibles actividades futuras en Venezuela” habría dicho la fuente anónima según BBC.
De hecho, ha sido Juan González el único vocero oficial que respondió sobre el tema. El día 17MAY22 cuando el bulo comenzaba a llegar a las redacciones de los medios, González intervenía desde Washington en un evento sobre seguridad hemisférica organizado por la Universidad Internacional de Florida.
El funcionario no mencionó las medidas específicas que habría tomado su gobierno y dijo que debían esperar a un anuncio por parte de Maduro y la “Plataforma Unitaria”. Según González las medidas “muy específicas se están haciendo en respuesta a un pedido del Gobierno interino y la Plataforma Unitaria”. Y agregó que “si hay algún tipo de atraso, de retroceso [en las eventuales nuevas negociaciones Maduro-Oposición], entonces volveremos a aplicar las sanciones”.
González volvió a aparecer el 18MAY22 en entrevistado por CBS News y participó el 19MAY22 en un foro organizado por Bloomberg en Panamá. En ambos casos el funcionario de la Casa Blanca dijo que el levantamiento de las sanciones a Maduro sigue condicionado a “pasos concretos en materia electoral, liberación de presos, libertad democrática”.
Tratando de restarle relevancia al contenido petrolero de la medida tomada, González dijo a Bloomberg que “no lo veo desde el punto de vista del sector petrolero”. Según diversos observadores que hacen vida en Washington, Juan González pareciera ser el diseñador/operador de la dudosa “estrategia” para Venezuela basada en negociaciones entre una débil oposición y un régimen que recuperaría su capacidad financiera petrolera.
En Caracas, las principales fuerzas opositoras intentan reorganizar una plataforma unitaria y, a falta de capacidad de movilización de calle, juegan a esperar elecciones presidenciales en el lejano 2024 con reglas que surjan de un nuevo ciclo de negociaciones.
Las pláticas tendrían nuevamente como sede a la ciudad de México, probablemente con diplomáticos noruegos otra vez en funciones de facilitadores y con el empeño para que varios gobiernos, incluyendo a la Santa Sede, se sumen como observadores y eventuales garantes de hipotéticos acuerdos.
Por su parte el régimen juega en espera que el lobby petrolero le arranque concesiones a la Casa Blanca, muestra pocos deseos de regresar a México, intentará abortar el inicio de las pláticas utilizando a falsas organizaciones opositoras. Y no pretende negociar cambios significativos en el sistema electoral ni cumplir promesas de democratización.
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Tal como adelantara el Informe Otálvora del 07MAY22, la izquierda continental está organizando una contracumbre o “cumbre de los pueblos” la cual tendría lugar en Los Ángeles, en paralelo a la Cumbre de Las Américas. Tratando de copiar el esquema que utilizó durante las cumbres de Panamá y Lima, la dictadura cubana intenta movilizar grupos de choque para confrontar a posibles miembros de la sociedad civil que participen en los eventos oficiales de la cumbre. Para ello habría solicitado a EE. UU. la emisión de varias decenas de visas para cubanos que participarían en la “cumbre de los pueblos” entre ellos algunos científicos y deportistas.
El gobierno Biden negó las visas solicitadas por Cuba para sus agentes según “denunció” el periódico Juventud Rebelde del 18MAY22. La dictadura cubana se queja porque “se le ha negado una voz en las discusiones vitales sobre la democracia”.
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Corresponde al gobierno Biden, en calidad de anfitrión, la extensión de las invitaciones para participar en la Cumbre de las Américas, prevista para el 06-10JUN22 en Los Ángeles. Con un retraso inusual para este tipo de eventos que involucran la presencia de jefes de Estado, Washington habría comenzado a enviar las invitaciones el miércoles 18MAY22. La tardanza en el envío de las invitaciones pareciera una señal del grado de desorganización del evento producto de una falta de atención política del gobierno Biden hacia Latinoamérica. Las dictaduras de Cuba, Nicaragua y Venezuela no aparecen en la lista de invitados, lo cual ha generado una nueva reacción de la izquierda continental intentando sabotear la realización del evento.
La Casa Blanca decidió enviar emisarios especiales a Latinoamérica para promocionar la cumbre, mientras el secretario de Estado permanece enfocado en los temas europeos y asiáticos con poco tiempo para la región. La primera dama Jill Biden inició el 18MAY22 un periplo que la llevaría a Quito, Ciudad de Panamá y San José de Costa Rica. El exsenador Christopher Dodd, principal asesor de la Casa Blanca para la cumbre, debió suspender un viaje a México, que fue reemplazado con una conversación vía Zoom el 19MAY22 para intentar convencer a Manuel López Obrador de que asista personalmente al evento. AMLO se niega a viajar con la excusa de la falta de invitación a sus amigos Díaz-Canel, Ortega y Maduro.
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Tras enviudar por segunda ocasión en 2017, Lula da Silva contrajo matrimonio con la socióloga y militante del PT Rosângela Silva conocida como Janja Lula. La relación de la pareja se difundió en 2018, cuando Lula cumplía parcialmente condena de cárcel por corrupción en una sede de la Policía Federal en Curitiba. La boda tuvo lugar el 18MAY22 en una suntuosa sala de fiestas en São Paulo y las dos centenas de invitados recibieron las señas del lugar solo unas horas antes mediante un código QR.
La novia mostró su vestido en fotografías realizadas por Ricardo Stuckert, el fotógrafo exclusivo de Lula da Silva. Las gráficas muestran a Janja en un vestido firmado por la diseñadora Helô Rocha cuyo precio estiman en US$ 40 000. La prenda fue un regalo, supuestamente de la propia diseñadora, para la nueva pareja.
Lula da Silva líder de la izquierda continental, quien aspira nuevamente a la presidencia de Brasil, inicia su nuevo matrimonio con el ritual que ya usaba con su anterior pareja, la fallecida Marisa Letícia, recibiendo regalos de empresas privadas para financiar su modo de vida.
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El comandante de la Fuerza Aérea de Brasil, brigadier Carlos de Almeida Baptista Júnior, propuso a Elon Musk una alianza para el desarrollo aeroespacial con utilización de la base de lanzamientos brasileña de Alcántara, situada en el estado de Maranhão. La conversación se produjo el 20MAY25 en Porto Feliz, São Paulo, durante una visita de Musk para negociar con el gobierno de Jair Bolsonaro la aplicación de satélites de SpaceX para el monitoreo de la Amazonía brasileña.
Artículo publicado previamente en Diario Las Américas
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