Edgar C. Otálvora, autor en Runrun

Edgar C. Otálvora

Informe Otálvora | Castrochavismo toca la puerta de la Casa Blanca, por Edgar C. Otálvora

El enviado argentino Sergio Massa posa con el asistente especial de la Casa Blanca Juan González. Foto: @sergiomassa

Servir como intermediario entre Washington y los regímenes de Nicolás Maduro y Daniel Ortega, es parte de la oferta que está presentando el gobierno de Argentina a la Casa Blanca

 

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Alberto Fernández, en su condición de presidente argentino y de miembro fundador del izquierdista Grupo de Puebla, está difundiendo la especie según la cual él cuenta con capacidad de actuar como puente con los regímenes izquierdistas del continente. El gobierno argentino muestra como activos políticos su entronque con los gobiernos y movimientos de izquierda continental, su relación especial con el gobierno mexicano de Manuel López Obrador y su no disimulado activismo político regional con públicas injerencias en los recientes procesos electorales en Bolivia, Ecuador y Perú; así como en los motines registrados en Colombia.

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Alberto Fernández personalmente, y mediante el aparato de su gobierno y del sindicalismo kirchnerista, prestó apoyo a sus aliados bolivianos encabezados por Evo Morales, a quien permitió organizar acciones desde territorio argentino contra el gobierno de transición de Jeanine Añez. El gobierno de Fernández se negó a reconocer al gobierno de Añez y la ahora exmandataria fue encarcelada el 12MAR21, pocas horas después de que el canciller argentino, Felipe Solá, visitara La Paz para conversaciones políticas con el actual gobierno boliviano.

Fernández apadrinó al ecuatoriano Andrés Arauz, el candidato de Rafael Correa y del Grupo de Puebla en las elecciones de Ecuador celebradas el 07FEB y 11ABR21. La principal oferta de campaña de Arauz consistía en el ingreso masivo de vacunas contra la COVID-19 a Ecuador, procedentes de Argentina, en caso de resultar triunfador el candidato castrochavista.

El 25MAY2, en medio de las violentas protestas, ingresó a Colombia un grupo de militantes de izquierda asociados con el gobierno de Argentina encabezados por Alejandro Rusconi “secretario de relaciones internacionales” del “Movimiento Evita”. Rusconi es un operador internacional del kirchnerismo en el marco del Foro de São Paulo. El propósito del grupo autodenominado “misión internacional de solidaridad” era servir como soporte político y comunicacional a los organizadores de las violentas acciones que ocurrían en Colombia.

Como parte de la delegación se encontraba el militante Juan Grabois cuyo ingreso a Colombia fue impedido por las autoridades migratorias ya que carecía de pasaporte e intentaba ingresar con un documento digitalizado en su celular. La reacción del entramado de propaganda izquierdista se produjo en minutos denunciando en las redes sociales que a Grabois le habían negado el ingreso.

Ernesto Samper, expresidente colombiano y activo en el Grupo de Puebla, tuiteó que Grabois “viene presidiendo una delegación de líderes de derechos humanos” y “es muy cercano al presidente @alferdez”. El propio Samper fue quien dejó ver la relación directa entre el grupo argentino que llegaba a Colombia y que no se trataba de un grupo de “líderes de derechos humanos” sino de militantes de izquierda, quienes desde Buenos Aires ya habían anunciado su intención de acompañar las protestas callejeras. Por cierto, Samper califica a Fernández como “el líder de la resurrección suramericana”.

El 10JUN21 Fernández se comunicó telefónicamente con el candidato castrochavista peruano Pedro Castillo y poco después tuiteó calificándolo como “presidente electo del Perú”. Para ese momento las autoridades electorales peruanas no habían concluido la contabilización de las actas electorales y no habían comenzado a considerar sobre centenas de actas objetadas por ambos candidatos. Al día siguiente, el Grupo de Puebla emitiría un comunicado ofreciendo “al presidente Castillo” apoyo y colaboración “para el buen suceso de su gobierno”.

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El 15JUN21 tuvo lugar una sesión del Consejo Permanente de la OEA cuyo único propósito era considerar un proyecto de resolución sobre la situación en Nicaragua, donde el gobierno de Daniel Ortega adelantaba una nueva ola represiva con el encarcelamiento de al menos cuatro precandidatos presidenciales y líderes opositores.

La resolución que fue aprobada por 26 de los 34 miembros condenó “inequívocamente el arresto, acoso y restricciones arbitrarias impuestas a los precandidatos presidenciales, a los partidos políticos y a los medios de comunicación independientes; y pedir la inmediata liberación de los precandidatos presidenciales y de todos los presos políticos”. Solo el representante del propio gobierno de Nicaragua, y los enviados de Bolivia y San Vicente y las Granadinas votaron contra la resolución. Pero cinco miembros, Argentina y México entre ellos, optaron por abstenerse.

Una vez más la diplomacia argentina y mexicana actuaron en concordancia con la línea del Grupo de Puebla brindando su apoyo tácito a la dictadura nicaragüense.

Poco después de concluir la reunión de la OEA en Washington, los gobiernos de Argentina y México emitieron un comunicado conjunto justificando su voto: “no estamos de acuerdo con los países que, lejos de apoyar el normal desarrollo de las instituciones democráticas, dejan de lado el principio de no intervención en asuntos internos, tan caro a nuestra historia”. Los gobiernos de Alberto Fernández y Manuel López Obrador que intentan desplazar a Luis Almagro de la Secretaría General de la OEA, se arroparon en el argumento de la “soberanía” para no votar la resolución que exigía a Ortega que las elecciones sean “transparentes, libres y justas”.

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Tras la salida de escena de Hugo Chávez, el castrochavismo quedó huérfano de un vocero oficial de peso, posición que el uruguayo Pepe Mujica se negó a asumir cuando le fue asomada por Lula da Silva a principios de 2014. Pareciera que Alberto Fernández busca convertirse en ese operador de alto nivel, asumiendo la vocería izquierdista continental y, simultáneamente, procurando acceso directo a la Casa Blanca como Lula da Silva lo tuvo durante su presidencia y con acceso a los gobiernos de España y Portugal como puertas a la Unión Europea.

Ese fue uno de los mensajes asomados por Fernández en su viaje a Europa a mediados del pasado mes de mayo que lo llevó a Portugal, España, Roma, París y el Vaticano. Oficialmente el periplo de Fernández tenía como objeto ganar aliados para la renegociación de la deuda que Argentina mantiene con el Fondo Monetario Internacional. Además de sus encuentros con los mandatarios, con funcionarios del FMI y con el papa Francisco, Fernández sostuvo un encuentro en Roma el 14MAY21 con el exsecretario de Estado de EE. UU., John Kerry, quien ahora actúa como comisionado presidencial de Joe Biden para el cambio climático. Según la versión de Fernández, en su conversación con Kerry fue comentada la situación venezolana y presumiblemente el argentino habría ratificado su oferta de mediar entre Washington y el gobierno de facto de Venezuela.

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Venezuela “es un tema tóxico que no puede ocupar tanto espacio” comentó el Ministro de Exteriores de Argentina, Felipe Solá, al periodista del diario Clarín que volaba junto con la delegación de Alberto Fernández a Europa el 10MAY21.

Solá, quien es miembro fundador del izquierdista Grupo de Puebla, ha ejecutado desde su cargo la línea de reaproximación argentina hacia el gobierno de facto de Venezuela y de desmontaje de iniciativas internacionales de presión contra el régimen chavista.

Incluso durante propia ceremonia de toma de posesión de Fernández, el 10DIC19, el aparato diplomático kirchnerista, liderado por Solá, se las ingenió para privilegiar al gobierno de Nicolás Maduro en detrimento de los intentos de aproximación a EE. UU. que Fernández había iniciado desde cuando fue electo dos meses antes. Sin anuncios previos, fue incluido Jorge Rodríguez, como enviado de Maduro, en la lista de invitados al besamanos dándole mayor jerarquía que al jefe de la delegación de EE. UU.

La cancillería del gobierno Fernández inicialmente anunció que se mantenía en el Grupo de Lima pero nunca aprobó los documentos acordados en ese mecanismo de presión regional para la democratización de Venezuela. Finalmente, el 24MAR21 la cancillería argentina emitió un comunicado informando su retiro del Grupo de Lima “al considerar que las acciones que ha venido impulsando el Grupo en el plano internacional, buscando aislar al Gobierno de Venezuela y a sus representantes, no han conducido a nada”.

Al día siguiente, el 25MAR21, el gobierno argentino remitió a la Corte Penal Internacional una comunicación mediante la cual dejaba sin efecto la solicitud presentada el 27SEP18 por el gobierno de Mauricio Macri junto a Canadá, Chile, Colombia, Paraguay y Perú para que se abriera un proceso por crímenes contra la humanidad cometidos por el gobierno chavista desde el año 2014.

El 18MAY21, en declaraciones a la estación bonaerense Radio 10, Alberto Fernández aseguró que su gobierno había ayudado a la instalación en Caracas de un equipo de la alta comisionada de los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet. Según Fernández las violaciones de DD. HH., documentados ampliamente, es un “problema” que “poco a poco en Venezuela fue desapareciendo”. Se trataba de un nuevo espaldarazo del argentino a favor del régimen chavista.

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Juan González, el colombo-estadounidense que sirve como “asistente especial” presidencial de Joe Biden y como director para el hemisferio occidental del Consejo de Seguridad Nacional, visitó Argentina a mediados de abril. Se trató de la primera misión formal del gobierno Bien que viajaba a Latinoamérica y que sólo incluyó a Bogotá, Buenos Aires y Montevideo. El mandatario argentino ofreció a González servir como intermediario con el régimen chavista.

Aparte de los compromisos oficiales, González y la Subsecretaría (encargada) de Asuntos para el Hemisferio Occidental en el Departamento de Estado Julie Chung, asistieron en Buenos Aires la noche del 13MAR21 a una cena informal que les ofreciera el presidente de la Cámara de Diputados Sergio Massa. Pareciera que Alberto Fernández, ante la imposibilidad de su canciller para distender relaciones con Brasil y EE. UU., está procurando a Massa como interlocutor con Jair Bolsonaro y ahora con el gobierno de Joe Biden. También pareciera que el gobierno argentino ha identificado a Juan González como el enlace necesario para acceder directamente a la Casa Blanca. Mientras Nicolás Maduro se queja en una entrevista, difundida por Bloomberg el 18JUN2, por no recibir señales positivas de Washington, su aliado Alberto Fernández está tocando directamente en la puerta de la Casa Blanca.

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Sergio Massa viajó a EE. UU. el 13JUN21 y su primer evento público consistió en un almuerzo privado, en un hotel de la capital estadounidense, justamente con el joven asesor de Biden. El gobierno argentino dejó circular abundantes imágenes del encuentro de Massa con el funcionario de la Casa Blanca, incluyendo una donde sonrientes posan mientras González muestra el disco Reunión cumbre de Astor Piazzolla y Gerry Mulligan que le obsequiara Massa.

En este encuentro, según las filtraciones del propio gobierno argentino, Massa ofreció en nombre de Fernández no solo actuar como enlace con Maduro, sino además ante el régimen nicaragüense. El funcionario estadounidense, siempre según las versiones dejadas saber por Argentina, se habría mostrado interesado en la oferta; e incluso habría sugerido que la Casa Blanca planea invitar a Fernández para una visita a Washington.

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Por cierto, una operación del Grupo de Puebla se propone imponer al argentino Christian Gonzalo Asinelli, actual funcionario de la presidente de Argentina, como presidente ejecutivo de la Corporación Andina de Fomento CAF. Por semanas, de forma coordinada, los principales voceros de la alianza castrochavista ejecutaron una campaña de desprestigio contra el postulado colombiano Alberto Carrasquilla, acusándolo incluso de provocar la violencia en Colombia por haber propuesto una reforma tributaria. Colombia retiró la candidatura de Carrasquilla y ha presentado el nombre de Sergio Díaz-Granados.

Artículo publicado previamente en Diario Las Américas

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad. Y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

Informe Otálvora | Régimen profundiza militarización de Venezuela, por Edgar C. Otálvora

Reunión de civiles bajo el mando de un teniente coronel, el 10Mayo21 en la comunidad Balcones del Norte, estado Carabobo. Foto captura de pantalla de @cmdtmiliciab1, en Twitter.

El régimen chavista, abiertamente militarizado, está sistemáticamente reforzando el aparato de control social fundiendo a sus militantes partidistas con los civiles militarizados en la Milicia Bolivariana

 

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El Mercosur estaría al borde de la virtual disolución o paralización operativa. El organismo vivió en la última década una alta politización a manos de los gobiernos de la familia Kirchner en Argentina, del partido PT en Brasil y de la presencia de Hugo Chávez. Los intentos de regresar a sus orígenes de instancia de promoción e integración económica regional están presentando serias dificultades. Los gobiernos del argentino Alberto Fernández y del brasileño Jair Bolsonaro están abiertamente enfrentados sobre diversos temas, uno de ellos justamente el referido al futuro del Mercosur.

El debate entre más o menos protección arancelaria mantiene dividido al bloque entre Brasil-Uruguay versus Argentina, que encuentra en Paraguay a un acompañante de posiciones. De hecho, en la reunión presidencial del 26MAR21, el argentino prácticamente incitó a su colega uruguayo Luis Lacalle Pou a que retirara a Uruguay del mecanismo. La prevista reunión de cancilleres del Mercosur prevista para el 08JUN21 debió ser pospuesta en espera de alcanzar algún acuerdo previo que oriente las conversaciones ministeriales sobre el tema en el cual Brasil quiere avanzar: reducir aranceles masivamente y flexibilizar normas de asociación comercial con terceros países.

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La alianza opositora venezolana centrada alrededor del “gobierno” de Juan Guaidó ha dejado saber su disposición de sentarse a la mesa de negociación con el gobierno de facto de Nicolás Maduro. La diplomacia de Noruega ha realizado en Venezuela, ya por varios años, lo que los noruegos gustan denominar como un “proceso pendular”. Su tarea ha sido servir como estafeta para el intercambio de posiciones entre bandos de la política venezolana. El ritmo de viajes a Caracas de los funcionarios diplomáticos noruegos se incrementó en el último semestre, en tanto se producían cambios en el gobierno de EE. UU. y se enfriaba el “tema Venezuela” en la agenda política internacional; en tanto Maduro y el entorno de Guaidó se mostraban hipotéticamente ganados para una ronda de negociaciones cuyo objetivo aún aparece difuso.

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El gobierno de Maduro buscaría ampliar el estado de normalización del régimen mediante la celebración de votaciones regionales que sean autenticadas por la Unión Europea y por la oposición democrática pero, esencialmente intenta ablandar las sanciones externas que le han sido impuestas. Como ya ocurrió en las fracasadas negociaciones realizadas en República Dominicana entre 2017-18, el régimen exige el retiro de las sanciones internacionales como condición para avanzar en cualquier tipo de compromiso político. Ahora, además, Maduro exige que su gobierno y su Asamblea Nacional sean reconocidas como instancias legítimas y, le sean liberados los activos que se mantienen congelados por gobiernos extranjeros en razón de las sanciones.

La propuesta de negociación del “gobierno” Guaidó no difiere de las propuestas hechas durante el último año del gobierno Trump: condicionar el levantamiento de las sanciones al establecimiento de un cronograma para celebrar nuevas elecciones generales con observación internacional y garantías de participación de todos los sectores, ingreso masivo de ayuda humanitaria al país y liberación de todos los presos políticos.

Para las hipotéticas negociaciones Guaidó coloca sobre el tablero las fichas del apoyo que aún recibe desde Washington y en menor medida desde Europa, que se materializan esencialmente en las sanciones impuestas a altos jerarcas del régimen y al entramado empresarial del Estado venezolano. Si bien en Venezuela se reportan diarias protestas ciudadanas, usualmente relacionadas con la falta de servicios públicos, en general existe no existe una movilización política de calle que represente un reto al régimen.

Los planes del gobierno de facto venezolano no incluyen aceptar nuevas elecciones presidenciales o debilitar su actual situación de control del aparato estatal.

El régimen chavista, abiertamente militarizado, está sistemáticamente reforzando el aparato de control social fundiendo a sus militantes partidistas con los civiles militarizados en la Milicia Bolivariana. En los últimos meses se han multiplicado los eventos de creación, juramentación de nuevos integrantes, designación de jefes y actos de reforzamiento ideológico de las denominadas Unidades Populares de Defensa Integral. Las UPDI son grupos de militantes civiles organizados bajo la jefatura del comandante militar local, se reúnen en instalaciones militares y se definen como una de las bases de la defensa en términos castrense según los conceptos de la guerra de resistencia popular promovidos por Hugo Chávez. Pero además, las UPDI se disponen a reemplazar las instancias de poder regional y local, justamente las que estaría en disputa en las votaciones convocadas por el régimen para el 21NOV21.

El poder comunal, administrado desde los cuarteles, pareciera ser el modelo que se dispone a instaurar el régimen venezolano. El mantenimiento de un régimen hegemónico militar con título de socialismo sigue siendo el plan chavista y es el propósito de las “reuniones patrióticas” de civiles dirigidos por militares.

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El 01JUN21, el Departamento de Tesoro de EE. UU. extendió hasta el 01DIC21 la situación mediante la cual, pese a las sanciones existentes contra la estatal venezolana Pdvsa, la petrolera Chevron y las empresas de servicios de ingeniería petrolera Halliburton, Schlumberger, Baker Hughes y Weatherford International podrá seguir operando en Venezuela. Licencias similares habían sido emitidas periódicamente por el gobierno de Donald Trump. La nueva licencia (8H) recuerda que la actividad de estas empresas en sus relaciones con Pdvsa y el gobierno chavista deberán seguir limitadas y no podrán verse involucradas en nuevas operaciones de exploración, explotación o mercadeo internacional.

Si bien la licencia emitida por el gobierno Biden solo autoriza funcionamiento mínimo administrativo de las empresas, es en realidad la prolongación de la política promovida por Mike Pompeo, el secretario de Estado Trump, quien alegó la necesidad de mantener la presencia de empresas petroleras de EE. UU. en territorio de Venezuela en espera del “día después”. El intenso lobby de Chevron se impuso sobre posiciones que dentro del gobierno Trump argumentaban a favor de sanciones más severas contra el régimen chavista.

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Atento a los retos globales y a las áreas de recurrente conflicto internacional, el gobierno Biden no muestra especial premura por el “tema Venezuela”. Como es usual, Rusia, China, el Medio Oriente, el calentamiento global son los temas que conmueven a Washington. La inclusión voluntaria del “tema Venezuela” en las declaraciones del Secretario de Estado, como ocurrió en varias ocasiones durante la gestión de Mike Pompeo, parecen ya eventos raros y poco probables de repetirse.

Por ahora, la Casa Blanca de Biden pareciera haber optado por mantener el esquema definido durante el gobierno Obama y aplicado extensamente por Trump con las sanciones y el aislamiento del régimen como principales herramientas en procura de la redemocratización venezolana. Los emisarios de Biden han dejado saber que respaldan una “solución venezolana” a la crisis en Venezuela y han dado una suerte de paréntesis temporal en espera de la eventual nueva ronda de negociaciones. Oficialmente las políticas de EE. UU. hacia Cuba y Venezuela están en evaluación.

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El tema regional que pareciera inquietar de forma especial a la actual Casa Blanca es el de las migraciones centroamericanas, el cual es visto como un asunto de política interna y para el cual procura una respuesta concertada con los gobiernos del área. Así lo pareciera demostrar el hecho de que el único viaje realizado por el secretario de Estado Antony Blinken a Latinoamérica, el 02JUN21 a Costa Rica, tenía en la agenda como tema central el asunto centroamericano. Igualmente, la designación de la vicepresidenta Kamala Harris como encargada del tema migratorio de la frontera sur y su previsto primer viaje al exterior, con México y Honduras como destinos, refleja la importancia que el tema tiene en los primeros movimientos de Biden hacia Latinoamérica.

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El primer listado de países latinoamericanos que recibirán vacunas anti- COVID-19 por parte del gobierno Biden durante el mes de junio incluyen a Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y algunos países de Caricom. La entrega será mayoritariamente mediante el mecanismo internacional COVAX y en los casos de México y Haití directamente de gobierno a gobierno.

Washington comienza a dar respuesta a la “diplomacia de las vacunas”, carrera en la cual China y Rusia se le habían adelantado.

Artículo publicado previamente en Diario Las Américas

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Informe Otálvora | Brasil denuncia espionaje ruso desde Venezuela, por Edgar C. Otálvora

El Ministro de Defensa de Brasil durante su toma de posesión el 06ABR21. Foto: Ministerio Defensa de Brasil.

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La presencia en Venezuela de funcionarios militares y mercenarios de origen ruso comienza a ser abiertamente mencionada en medios castrenses y diplomáticos continentales.

El 05MAY21, la Comisión de Relaciones Exteriores y Defensa del Senado brasileño realizó una sesión abierta con presencia del ministro de Defensa Walter Braga Netto quien estaba acompañado de los comandantes del Ejército, la Marina y la Aeronáutica. Braga Netto confirmó que el gobierno de Venezuela junto con militares rusos había realizado operaciones de monitoreo y guerra electrónica en la frontera con Brasil. “El ejercicio en la frontera ocurrió y las fuerzas armadas (de Brasil) tienen capacidad para contraponer las amenazas cibernéticas. Cada vez que se movilizan en un ejercicio nosotros les hacemos seguimiento”, afirmó Braga Netto.

De esa manera el ministro brasileño, quien posee el rango de general del Ejército en condición de retiro, daba respuesta a las interrogantes del senador gaucho Marcel van Hatten, quien a su vez basó su intervención en información del portal de temas militares DefesaNet.

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El 02MAY21 el portal Defesanet publicó un reportaje en el cual aseguraba que personal del servicio de inteligencia militar de Rusia, conocido como GRU, estaba operando junto con militares venezolanos en la frontera con Brasil.

“Antenas de interceptación de señales electrónicas y de comunicaciones fueron instaladas en Santa Elena de Uairén” en el eje poblado de los límites entre los dos países.

“Los sistemas pueden dejar sin efecto la criptografía, intervenir e interferir (jamming) las comunicaciones militares brasileñas y de las aeronaves que vuelen en la región”.

La información de Defesanet referida a la frontera Venezuela-Brasil es análoga a reportes suscritos por la periodista venezolana Sebastiana Barráez en relación a la frontera Venezuela-Colombia. En un trabajo publicado en el portal bonaerense Infobae del 30AGO19, Barráez había reportado la llegada de “cerca de 80 rusos y un pequeño grupo de cubanos” a la población de Rubio, en la frontera venezolana con Colombia, “para instalar equipos de radares, antenas que bloquean señales de telecomunicaciones”.

Tanto en Brasilia como en Bogotá, sus respectivos organismos de inteligencia dan como un hecho que las embajadas de Rusia operan como centros de espionaje electrónico. De hecho, el 07DIC20 el gobierno de Colombia expulsó a dos funcionarios diplomáticos de la embajada de Rusia en Bogotá acusados de espionaje militar. En las últimas semanas, la cancillería y los medios de propaganda del gobierno ruso se han mostrado particularmente críticos contra el gobierno de Iván Duque.

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Por cierto, la situación de los funcionarios que Nicolás Maduro mantiene en Brasil y que se niegan a abandonar el país pese a haber sido declarados personas non gratas el 04SEP20, se ha convertido en un asunto policial.

Los funcionarios del gobierno de facto de Venezuela mantienen el control físico de las instalaciones diplomáticas y consulares venezolanas en Brasil pese a que en la actualidad son indocumentados. Sus credenciales, visas y documentos de identidad han sido anulados o ya han expirado dado que Brasil no les reconoce su condición diplomática.

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El 23MAR21 el diputado del partido PT, Paulo Pimenta, solicitó al magistrado del Supremo Tribunal Federal Roberto Barroso que permitiera la permanencia por tiempo indefinido de dos decenas de funcionarios del gobierno Maduro y sus respectivas familias, anulando la decisión del gobierno de Jair Bolsonaro de declararlos personas no gratas. Barroso había ordenado el 16MAY20 que el gobierno suspendiera temporalmente, en razón de la pandemia de COVID-19, la expulsión de los enviados de Maduro, quienes permanecen atrincherados en las sedes diplomáticas con protección de grupos del partido PT y del Movimiento Sin Tierra.

El magistrado Barroso, en sentencia del 06ABR21 alegó que no corresponde al STF sustituir al presidente de la República en decisiones de política exterior. En consecuencia decidió poner fin a la protección que había conferido a los enviados de Maduro y les ordenó regularizar su situación migratoria ante las autoridades administrativas respectivas. Barroso, de esa manera, confirmó en su sentencia la legalidad de las medidas que la Policía Federal comenzó a tomar desde el 04SEP20 al notificar a los funcionarios de Maduro que en razón de no ser reconocidos como diplomáticos deben abandonar voluntariamente el país o solicitar la regularización de su situación migratoria actuando a título personal y no ya como agentes extranjeros.

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Los enviados de Maduro en Brasilia mantienen una posición confrontacional contra el gobierno de Bolsonaro, retándolo constantemente mediante la realización de eventos, el porte de uniformes militares y la abierta participación en la política interna de Brasil. El 06MAY21 el gobierno de Maduro distribuyó una fotografía de Lula da Silva con Irene Rondón, quien se presenta como jefe de la misión diplomática de Maduro en Brasilia.

En medios diplomáticos de Brasil corre la versión según la cual el gobierno Maduro procura un escándalo internacional en Brasilia, en una línea de confrontación contra Bolsonaro en asociación con el partido de Lula da Silva y con el abierto apoyo de las embajadas de Rusia, China, Cuba y Nicaragua en la capital brasileña.

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Las encuestas muestran que en Perú se está produciendo una intensa batalla por la presidencia en la cual Keiko Fujimori comienza a ser percibida como potencial ganadora.

Al conocerse los resultados de la primera vuelta el 11ABR21, parecía que el izquierdista radical Pedro Castillo podría fácilmente alzarse con el gobierno. Con el pasar de las semanas la opción de Keiko Fujimori ha ido ganando espacio en las intenciones de voto incluso en regiones interioranas que habían favorecido a Castillo.

La izquierda global apoya a Castillo, quien internamente ya fue reconocido como el candidato de la alianza castrochavista que había presentado la candidatura de Verónika Mendez en la primera vuelta. Castillo igualmente corre con el apoyo del movimiento “etnocacerista”, la organización sincrética de inspiración militarista/comunista/fascista que lidera Antauro Humala desde la cárcel que hace ruido amenazando a migrantes venezolanos.

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Keiko Fujimori ha logrado subir en las mediciones de intención de votos.

La encuesta de la empresa Ídice con data recolectada el 18-19MAY21 le otorga a Fujimori 45,4 % frente al 42 % para Castillo, con 12,6 % de indecisos. Se trata de la primera ocasión en la cual Fujimori encabeza las encuestas reflejando un crecimiento de 11 puntos porcentuales en un mes. Según Ídice, Fujimori estaría logrando mayorías en la conurbación Lima-Callao y las regiones del norte y oriente del país, mientras Castillo sigue siendo mayoría en el sur y el norte.

Por su parte la empresa Datum entregó el 21MAY21 los resultados de una encuesta levantada el 18-20MAY21 que coloca a Castillo con 44,9 % de la intención de voto mientras Fujimori recibe 40,1 %, con 15 % de indecisos. Según Datum, la intención de voto a favor de Fujimori ha crecido 14 puntos porcentuales desde mediados de abril.

La segunda vuelta está convocada para el 06JUN21 y el reto de Fujimori es neutralizar el fuerte “antifujimorismo” presente en sectores que tampoco aprueban la ruta de cambios constitucionales que ofrece Castillo.

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La política de EE. UU. hacia Venezuela oficialmente continúa en revisión y su implementación está en espera de la llegada al Departamento de Estado de un funcionario con mandato y capacidad para implementarla. Ese funcionario podría ser, en caso de ser ratificado por el Senado de EE. UU., el embajador y funcionario diplomático de carrera Brian Nichols.

Nichols, quien fue enviado por el gobierno de Donald Trump como embajador a Zimbabue, es un gran conocedor de Latinoamérica, donde ha desarrollado buena parte de su carrera diplomática ocupando cargos en las embajadas de su país en Perú, Colombia, México y El Salvador, además de haber estado encargado o vinculado a las oficinas de asuntos caribeños y de programas antidrogas durante sus estadías en el servicio interno del Departamento de Estado.

Nichols asistió el 19MAY21 a una comparecencia ante el Comité de Asuntos Exteriores del Senado, dado que fue nominado por Joe Biden para asumir el cargo de Subsecretario para el Hemisferio Occidental en el Departamento de Estado. Esa posición permanece sin titular desde el año 2019 y es ocupada actualmente por la diplomática Julie J. Chung en calidad de encargada.

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Si bien advirtió que la política hacia Venezuela estaba bajo revisión, Brian Nichols dejó saber sus opiniones sobre el tema cuando fue interrogado por el senador Chris Murphy (demócrata por Connecticut). A juicio de Nichols, el régimen encabezado por Nicolás Maduro no está dispuesto a permitir elecciones “libres y justas” y se valdrá de “cualquier táctica” para evitar las elecciones presidenciales que reclama EE. UU. Esa evaluación hace que el gobierno Biden, a juicio de Nichols, desconfíe de la efectividad que tendría una reducción de las sanciones económicas que mantiene sobre el régimen chavista. Incluso Nichols descartó la opción de nuevamente tolerar operaciones de intercambio de crudo venezolano a cambio de importaciones de diésel, las cuales están siendo patrocinadas por un grupo de parlamentarios del partido Demócrata, incluyendo al senador Murphy y por empresas que hacen lobby en Washington tratando de recobrar el negocio petrolero en Venezuela.

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La posición del gobierno Biden es, por ahora, la de mantener las sanciones impuestas por el gobierno Trump al régimen chavista. EE. UU. mantiene su apoyo operativo al “gobierno” de Juan Guaidó, con quien coincide en la exigencia de la convocatoria a elecciones presidenciales. Bajo el cobijo de la embajada de EE. UU. para Venezuela, que opera en Bogotá, se han producido varias reuniones del liderazgo opositor venezolano que se encuentra disperso dentro y fuera de Venezuela.

Artículo publicado previamente en Diario Las Américas

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Informe Otálvora | Ofensiva castrochavista se ejecuta en Latinoamérica, por Edgar C. Otálvora

Reunión de la alianza izquierdista ALBA el 14DIC20. Foto: @albatcp

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El castrochavismo peruano se está congregando alrededor de la candidatura de Pedro Castillo. La candidata oficial del castrochavismo en Perú en las elecciones del pasado 11ABR21, Verónika Mendoza, notificó su respaldo a Pedro Castillo atendiendo al llamado hecho públicamente por el uruguayo José Pepe Mujica y el boliviano Evo Morales. Castillo, quien corre bajo las siglas del partido Perú Libre y quien se propone convocar a una asamblea constituyente para “refundar la patria”, se ha convertido en una opción de la alianza castrochavista continental para hacerse con el poder en Perú.

Castillo competirá en una segunda vuelta el 06JUN21 contra Keiko Fujimori Higuchi, heredera política de Alberto Fujimori y quien intenta congregar a su alrededor a sectores que tradicionalmente han rechazado al fujimorismo pero que ahora se encuentran ante la disyuntiva del triunfo de un radical de izquierda.

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Keiko Fujimori, durante la campaña para la primera vuelta, debió limitar su actividad proselitista a la capital del país, en razón de un proceso judicial. En contraste, Castillo basó su campaña en una fuerte presencia en zonas interioranas, campesinas y mineras, emulando el esquema utilizado por Ollanta Humala que le valió el triunfo en las elecciones de 2011. Tras convertirse en candidata para la segunda vuelta, Fujimori fue autorizada a viajar fuera de Lima y está orientando su campaña a garantizar un triunfo en Lima pero igualmente a retar a Castillo en su terreno. Fujimori no dudó en llegar el 01MAY21 a la ciudad norteña de Chota en el departamento de Cajamarca, tierra natal de Castillo, para aceptar el reto y debatir contra su rival en la Plaza de Armas de la población.

Los resultados de tres mediciones de intención de votos para la segunda vuelta hechas públicas por las empresas Centro de Investigación Territorial, Ipsos y Datum confieren una diferencia a favor de Castillo de entre tres y nueve puntos porcentuales, aunque mediciones privadas muestran una tendencia a reducirse la distancia entre ambos candidatos. Como ya ocurrió en las elecciones presidenciales de Ecuador del 11ABR21 con el candidato castrochavista Andrés Arauz, Castillo está ofreciendo la llegada de millones de vacunas contra la COVID-19 el día mismo de su hipotética toma de posesión y ha mantenido, junto con el jefe de su partido Vladimir Cerrón, negociaciones con el gobierno de Rusia en ese sentido. Cerrón es un reconocido operador político del régimen cubano en Perú. Luego de conocerse los resultados de la primera vuelta que le dieron mayoría, Castillo ha intentado minimizar la relevancia de Cerrón. Sin embargo, Castillo y Cerrón asistieron juntos a una reciente reunión con el embajador ruso Igor Romanchenko celebrada el 20ABR21.

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Por cierto, el expresidente brasileño Lula da Silva, quien intenta construir una alianza electoral a su alrededor para enfrentarse a Jair Bolsonaro en las elecciones de 02OCT22, igualmente está utilizando en su ya abierta campaña propagandística el tema de la pandemia y sus buenas relaciones con el gobierno ruso como argumentos a su favor.

Las embajadas rusas están muy activas dando soporte al intento castrochavista de recuperar los espacios de poder político perdido en Latinoamérica, aunque igualmente impulsan los aspectos comerciales de la venta de su vacuna Sputnik. De hecho, la muy anunciada reunión entre Lula da Silva y el embajador ruso en Brasilia, Alexey Labetskiy, prevista para los primeros días del mes de mayo, habría sido suspendida por el enviado de Rusia para no aumentar las tensiones con el gobierno de Bolsonaro, con quien negocia la venta de vacunas.

Maximilien Sánchez Arveláiz, el asistente de Hugo Chávez a quien este convirtió en embajador en Brasilia y posteriormente representó a Nicolás Maduro en la embajada en Washington, actúa hoy como representante del gobierno de Rusia en las negociaciones para la venta de vacunas en Suramérica. Su presencia fue reportada en Buenos Aires en noviembre de 2020 para sostener conversaciones comerciales con el gobierno de Alberto Fernández. Más recientemente ha participado en las negociaciones con gobernadores brasileños para la venta de millones de vacunas Sputnik. Durante su larga estadía diplomática en Brasilia, Sánchez cultivó relaciones con Lula da Silva, quien ha estado estimulando la compra de decenas de millones de vacunas rusas por parte de los gobiernos estadales controlados por su partido PT.

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El 06NOV11 se realizaron elecciones presidenciales en Nicaragua, en las cuales Daniel Ortega buscó y logró la reelección. La candidatura de Ortega fue inconstitucional por cuanto la reelección inmediata estaba expresamente prohibida por la Constitución nicaragüense.

Una alianza de Ortega con el expresidente Arnoldo Alemán, quien procuraba zafarse de procesos judiciales en su contra, permitió que la Sala Constitucional de la Corte Suprema autorizara la candidatura del sandinista.

El mandato de Daniel Ortega, que comenzó el 10ENE07, ha sido alargado en el tiempo mediante escandalosas reformas legales, financiamiento del régimen chavista y desde el 19ABR18 con el uso de una implacable máquina de represión policial y política.

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Las elecciones presidenciales previstas para el 07NOV21 podrían no ser reconocidas internacionalmente.

Una serie de normas legales aprobadas por el régimen sandinista han ido cerrando las posibilidades para la participación de la oposición en los comicios. El 22DIC20, Ortega firmó el ejecútese a la Ley 1055, que contiene solo dos artículos, mediante la cual se listó una serie de nuevos delitos políticos. Según la nueva ley sandinista, “los nicaragüenses que encabecen o financien un golpe de Estado, que alteren el orden constitucional, que fomenten o insten a actos terroristas, que realicen actos que menoscaben la independencia, la soberanía, y la autodeterminación, que inciten a la injerencia extranjera en los asuntos internos, pidan intervenciones militares, se organicen con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización, que propongan y gestionen bloqueos económicos, comerciales y de operaciones financieras en contra del país y sus instituciones, aquellos que demanden, exalten y aplaudan la imposición de sanciones contra el Estado de Nicaragua y sus ciudadanos, y todos los que lesionen los intereses supremos de la nación contemplados en el ordenamiento jurídico, serán ‘Traidores a la Patria’ por lo que no podrán optar a cargos de elección popular”. El señalamiento de esos “delitos” y la consecuente inhabilitación política corren a manos del propio gobierno y del aparato judicial dirigido por Ortega y su esposa Rosario Murillo.

El 04MAY21, el parlamento nicaragüense controlado por Ortega aprobó una reforma a la Ley Electoral mediante la cual incorporó el contenido de la Ley 1055, además de otros cambios como la eliminación de los observadores internacionales en los procesos electorales. Simultáneamente, los parlamentarios sandinistas designaron a los siete miembros del Consejo Supremo Electoral, asignando los cargos a seis representantes del sandinismo y a un postulado por el Partido Conservador. Las elecciones del 07NOV21 estarán totalmente bajo control del aparato partidista de la pareja Ortega-Murillo.

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El gobierno de EE. UU. se pronunció el 06MAY21 sobre la reforma electoral sandinista. La nota del portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, afirma que “la Asamblea Nacional Nicaragüense aprobó una legislación que negará al pueblo de Nicaragua elecciones genuinamente libres y justas. Las medidas electorales, que se contraponen a las solicitadas en la resolución de octubre de 2020 de la Asamblea General de la OEA, no prevén la presentación oportuna y transparente de los resultados ni la observación electoral interna o internacional independiente. También codifican nuevos motivos preocupantes para excluir la participación de los candidatos y facultan a la Policía Nacional nicaragüense para prohibir las reuniones de los partidos y los actos de campaña”.

El 06MAY21, el vocero de la Unión Europea, Peter Stano, se manifestó contra las decisiones del régimen sandinista en materia electoral porque “desafortunadamente no cumplen con las recomendaciones de la Misión de Observación Electoral de la UE de 2011 y las recientes resoluciones de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y del Consejo de Derechos Humanos. Estas decisiones no son el resultado del diálogo entre el gobierno y los grupos de oposición, que la UE ha pedido repetidamente”. En el comunicado difundido por su Servicio Exterior, la UE dijo que “utilizará todos sus instrumentos relevantes para apoyar el Estado de derecho y unas elecciones creíbles, inclusivas y transparentes en noviembre de este año”.

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El 04MAY21, la “Asamblea Nacional” instalada el 05ENE21 por el régimen chavista en Venezuela, designó a nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral. Los cinco cargos principales fueron asignados a tres militantes del oficialismo y a dos miembros de organizaciones opositoras. La decisión fue resultado de negociaciones entre el chavismo y varios sectores opositores que aspiran a participar en las elecciones regionales que probablemente tengan lugar durante el año 2021. El “presidente provisional” Juan Guaidó no participó en esas negociaciones y ha rechazado las designaciones hechas por un parlamento, cuya elección no es reconocida por decenas de gobiernos en Latinoamérica y Europa.

Si bien el chavismo mantiene el control del aparato estatal regulador de las elecciones, algunos sectores opositores, entre ellos el excandidato Henrique Capriles Radonski, han presentado la designación de dos rectores principales como una victoria. La concesión del régimen en cuanto al organismo electoral coincide con movimientos propagandísticos orientados a mejorar la imagen en Washington, donde el gobierno de Joe Biden aún debate sobre la orientación que imprimirá a su política hacia Venezuela.

El 19ABR21, Maduro suscribió un acuerdo con el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas para permitir el ingreso de comida para consumo de escolares venezolanos. El 30ABR21, el gobierno de facto ordenó la concesión de prisión domiciliaria a seis ciudadanos estadounidenses presos en Caracas y que formaban parte del personal de la petrolera Citgo.

Al mejor estilo del gobierno cubano, Maduro envía al exterior algunas señales de buena conducta que pudieran ganarle voluntades en Washington y Bruselas para que le sean retiradas o disminuidas las sanciones económicas que el régimen enfrenta.

El jefe del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de EE. UU., Gregory Meeks, afirmó el 04MAY21 en el evento anual “Conferencia de las Américas” del Consejo de las Américas, que las medidas anunciadas desde Caracas estaban abriendo una “ventana de oportunidad” que podían significar que Maduro “puede estar interesado y dispuesto a abrir negociaciones” con EE. UU. para la democratización de Venezuela. Gregory Meeks ha estado relacionado con el “tema Venezuela” en los últimos años: en 2013 fue parte de la delegación oficial de EE. UU. que asistió a los funerales de Hugo Chávez. 

Meeks igualmente fue miembro de una delegación de parlamentarios de EE. UU. que visitaron el 24ABR19 la zona fronteriza de Colombia para conocer de cerca el problema de los refugiados llegados desde Venezuela.

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Juan González, el encargado del Hemisferio Occidental en la Casa Blanca, comentó el 02MAY21 en su cuenta de Twitter un tuiteo de Geoff Ramsey quien es a su vez el jefe del programa “Venezuela” en la organización estadounidense de presión política WOLA.

Ramsey hizo una lista de acciones del régimen chavista: “Citgo 6 moved to house arrest, World Food Programme, Working with opposition in COVAX y un more) credible CNE?”. El alto asesor de gobierno Biden respondió a Ramsey con un emoji con dos ojos saltones mirando a la izquierda.

Dado el alto cargo de González, su publicación en Twitter despertó toda suerte de suposiciones y dejó la sensación de que es necesario un manual de emojis para entender la política de EE. UU. hacia Latinoamérica.

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El corresponsal de ABC News en el Departamento de Estado, Conor Finnegan, interrogó en la rueda de prensa del 05MAY21 a Jalina Porter sobre el nuevo CNE en Venezuela.

La respuesta de la vocero encargada fue de manual sin adelantar opinión: “El objetivo primordial de la administración Biden-Harris ha sido y siempre sigue siendo apoyar una transición democrática pacífica en Venezuela a través de elecciones presidenciales y parlamentarias libres y justas, y también ayudar al pueblo de Venezuela a reconstruir sus vidas y su país”.

Obviamente Porter no había recibido una posición actualizada sobre el tema. El 06MAY21, la encargada del escritorio del Hemisferio Occidental en el Departamento de Estado de EE. UU., Julie Chung, en relación a la designación de nuevas autoridades electorales en Venezuela tuiteó que “EE. UU. apoya una solución integral y negociada a la crisis en Venezuela que aborde todos los aspectos de las condiciones necesarias para unas elecciones libres y justas. Depende de los venezolanos decidir si el nuevo Consejo Nacional Electoral contribuye a este fin”.

En un segundo tuiteo, Chung afirmó que EE. UU. sigue “presionando por cambios fundamentales para elecciones libres y justas incluyendo: levantar prohibiciones a partidos políticos, liberar sin condiciones a presos políticos, invitar a observadores electorales internacionales creíbles y un calendario electoral público”.

Peter Stano, el vocero del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), en un comunicado entregado a diversos medios el 05MAY21, afirmó que “la designación del CNE es un primer paso y parte de un proceso que seguiremos evaluando”. Josep Borrell, jefe de Stano, había sostenido en Londres el día antes un encuentro con el secretario de Estado de EE. UU. Antony Blinken, el tercero en dos meses, pero en las notas de prensa oficiales no hicieron referencia a que los dos diplomáticos hubieran abordado en “tema Venezuela”, mientras que sí se habrían detenido a comentar los hechos de violencia que acontecían en Colombia.

El 05MAY21 también se pronunció el gobierno de España para subrayar que “el nuevo CNE cuenta entre sus miembros con personalidades de la oposición democrática apoyadas por organizaciones de la sociedad civil. Es un primer paso, al que aun deberían seguir otras medidas necesarias para garantizar la celebración de elecciones justas, creíbles y transparentes”. El gobierno español una vez más ofreció “su disposición a seguir apoyando los esfuerzos de los actores venezolanos para lograr la reinstitucionalización democrática del país mediante una negociación dirigida por los venezolanos, con una agenda amplia y acompañamiento internacional, que desemboque en elecciones con garantías democráticas”.

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En tanto, en Colombia tiene lugar desde el 28ABR21 un conjunto de protestas callejeras públicamente promovidas por sindicatos y organizaciones de izquierda, inicialmente para rechazar una reforma tributaria propuesta por el gobierno de Iván Duque. Si bien el 02MAY21 Duque anunció que retiraba su proyecto de ley, las protestas ganaron virulencia en diversas ciudades del país, en las cuales se mezclaron grupos de manifestantes pacíficos y activistas de organizaciones de izquierda ejecutando acciones de guerra urbana con destrucción de infraestructura de transporte y ataques directos a instalaciones policiales. Las operaciones de mantenimiento de orden público a manos de la Policía Nacional, por su parte, han incurrido en casos de uso excesivo de fuerza que están siendo ampliamente capitalizados por propaganda izquierdista a nivel internacional.

Calentar las calles de Colombia, con cualquier argumento, es parte de los planes continentales del castrochavismo.

Artículo publicado previamente en Diario Las Américas

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Informe Otálvora | Expulsar venezolanos y refundar la patria ofrece castrochavismo en Perú, por Edgar C. Otálvora

Pedro Castillo el 26ABR21 en Chiclayo, Perú. Foto @Perulibreprensa

@ecotalvora

Varias cancillerías del continente han ofrecido sus buenos oficios para servir como puentes entre el gobierno de Colombia y el gobierno de facto de Nicolás Maduro. La decisión del gobierno Maduro de ejecutar una confusa e improvisada operación, incluyendo el uso de aviones de combate, carros de guerra y artillería, contra un grupo guerrillero en la línea fronteriza Apure-Arauca desató la preocupación internacional sobre un eventual enfrentamiento armado entre tropas de ambos países. Recurrentemente el régimen chavista presenta a Colombia como su principal hipótesis de guerra. Y ya en marzo de 2017 tropas venezolanas invadieron una isla situada en el margen derecho del limítrofe río Arauca.

Además, la acción armada iniciada el 25MAR21 a cargo de un batallón de fueras especiales, ha tenido como consecuencia una inmediata movilización de la población local desde el borde venezolano del río Arauca, buscando protección en territorio colombiano.

Actualmente no existen relaciones diplomáticas ni vías de comunicación informal entre la Casa de Nariño y el régimen venezolano.

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La alianza castrochavista continental recibió una inesperada derrota el 11ABR21 cuando su candidato, Andrés Arauz, quien corría en nombre de Rafael Correa, no alcanzó la presidencia de Ecuador. Además de recuperar el gobierno ecuatoriano, de los resultados de esas elecciones dependía el inicio de una agresiva ofensiva internacional con el propósito de crear una crisis en el seno de la OEA con vistas a la destitución o renuncia del secretario de la organización, Luis Almagro. El plan, acariciado por el Grupo de Puebla, incluía igualmente la reapertura de Unasur en su sede original en Quito.

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Pese a la derrota en Ecuador, los resultados electorales del 11ABR21 abrieron una senda por la cual el castrochavismo podría hacerse con el poder en Perú. La candidata oficialmente vinculada con el Grupo de Puebla y el Foro de São Paulo era Verónika Mendoza, quien apenas logró reunir el 7 % de los votos. Sin embargo, en la larga lista de candidatos se encontraba el virtualmente desconocido Pedro Castillo Terrones, segunda y secreta opción castrochavista, quien basado en un trabajo propagandístico en zonas campesinas y mineras, logró hacerse con el 18,92 % de los votos. Castillo es un hombre ideológicamente vinculado con el castrochavismo y ha mantenido nexos personales con Evo Morales. En actos públicos, Morales se ha jactado de que la victoria de Castillo sería un triunfo de la causa internacional de la izquierda. “Perú Libre” el partido que lanzó a Castillo a la presidencia, es dirigido por Vladimir Cerrón, formado en medicina en La Habana y quien actúa como un abierto operador procubano en Perú.

Refundar la patria, nacionalizar “los recursos estratégicos”, impedir que los recursos se vayan al extranjero, convocar a una asamblea constituyente de los sindicatos y el “pueblo organizado”, son parte de las ofertas de Castillo, todas ellas al calco de los procesos ya vividos en Venezuela, Ecuador y Bolivia.

Además, Castillo ha asumido un discurso xenófobo contra los migrantes venezolanos a quienes amenaza con expulsar mediante un decreto que emitiría el mismo día de su hipotética toma de posesión.

Desde llamados del uruguayo José Mujica y del boliviano Evo Morales para que la izquierda peruana se unifique alrededor de Castillo, hasta proclamas del Grupo de Puebla, el aparato castrochavista está orientando todo su apoyo a la candidatura de su inesperado hombre en Perú.

Castillo, quien se enfrenta a Keiko Fujimori en la segunda vuelta del 06JUN21, ha optado por intentar desmentir sus vínculos con el castrochavismo. En una entrevista con Nicolás Lúcar de la estación Exitosa el 22ABR21, Castillo aseguró que su programa de gobierno no sería el que previamente había presentado su partido a las autoridades electorales y que fue redactado por Vladimir Cerrón. Intentó marcar distancia de Nicolás Maduro, pero no dejó de saludar y justificar los apoyos de Mujica y Morales e incluso usó la misma frase que el uruguayo había pronunciado días antes cuando pidió la unidad de la izquierda peruana.

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Con motivo de la ceremonia de beatificación de José Gregorio Hernández, planificada para el 30ABR21 en Caracas, el Vaticano se disponía realizar conversaciones directas con las principales fuerzas políticas del país. Destrancar el juego político en Venezuela sigue siendo un motivo de la Iglesia y la fiesta por la beatificación de Hernández, además de una ocasión para el llamado a la “unidad nacional” y al “espíritu de reconciliación”, podía ser aprovechado para tomar pulso directo a las posiciones en juego.

Por decisión papal, la ceremonia sería presidida por el secretario de Estado, suerte de número dos del Estado Vaticano, cardenal Pietro Parolin, quien previamente fue nuncio apostólico en Caracas con directa relación con múltiples sectores venezolanos. La práctica usual para estos casos habría sido la designación del prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos, Marcello cardenal Semeraro, y no a Parolin para encabezar la beatificación.

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El gobierno de facto en Venezuela se disponía mantener conversaciones con Parolin quien sería invitado al presidencial Palacio de Miraflores. Incluso en la nada católica cancillería chavista, se había organizado una muestra “artística” sobre el beato JGH, la cual el régimen aspiraba a que fuera inaugurada por Parolín. La intención del Vaticano y de la conferencia de obispos venezolanos fue impedir que la fecha fuera capitalizada por el régimen chavista para fines propagandísticos. Esa habría sido uno de los motivos para descartar la utilización de un gran estadio, en la Universidad Central de Venezuela, para la misa de beatificación optándose por el templo de un colegio lasallista.

El 28ABR21 sorpresivamente el Vaticano suspendió el viaje de Parolín a Caracas alegando “causas de fuerza mayor ligadas principalmente a la pandemia de COVID19”.

Presidir la eucaristía de beatificación quedaba en manos del nuncio apostólico en Venezuela, monseñor Aldo Giordano, a quien le correspondió entregar la hostia a los representantes del régimen que asistieron a la ceremonia y quienes se mostraron poco conocedores de las formas del rito de la comunión.

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El papa Francisco grabó un mensaje dirigido a los venezolanos con motivo de la beatificación de JGH en el cual no rehuyó el tema político. “Tengo presente a todos aquellos que han dejado el país en búsqueda de mejores condiciones de vida, y también a los que están privados de libertad y a los que carecen de lo más necesario… todos son compatriotas del beato”, dijo.

En por lo menos dos ocasiones, Francisco se alejó del texto escrito e improvisó: “sobre el espíritu de reconciliación, porque siempre hay problemas en las familias, en las ciudades, en las sociedades, hay gente que se mira un poco de costado, que se mira mal, y hace falta la reconciliación siempre, la mano tendida, es una buena inversión social la mano tendida”, sentenció.

Leyendo pidió a los líderes del país “desempeñarse seriamente en el logro de una unidad operativa en la que todos con seriedad y sinceridad, desde el respeto y el reconocimiento recíproco, anteponiendo el bien común a cualquier otro interés trabajen por la unidad, la paz y la prosperidad”. Después, saliéndose del texto preparado, Francisco dijo pedir “al Señor que ninguna intervención de afuera les impida caminar este camino de unidad nacional”.

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Piedad Córdoba, la exparlamentaria colombiana estrechamente vinculada con la dirigencia de las Farc, asumió que actúa en condición de funcionaria de Telesur, el canal de propaganda de los gobiernos de Cuba y Venezuela.

Según el diario bogotano El Tiempo, el 23MAR21 Córdoba compareció ante el tribunal de la Jurisdicción Especial de Paz JEP para explicar las formas en las cuales obtuvo información sobre la autoría del asesinato del dirigente conservador Alvaro Gómez Hurtado, cometido el 02NOV95. Desde aquella fecha corre la versión según la cual la muerte de Gómez Hurtado habría sido ordenada desde la presidencia de la República, ejercida por Ernesto Samper Pizano, quien en ese momento era objeto de un proceso de impeachment, y aires de golpe de Estado corrían por Bogotá.

Piedad Córdoba asegura que Gómez Hurtado fue ejecutado por las Farc, con lo cual ha intentado lavar la cara e impedir un proceso judicial contra Samper Pizano. Córdoba dijo a la JEP que ella había obtenido la información en su condición de “periodista de Telesur” y alegó “la protección de la fuente”.

Artículo publicado previamente en Diario Las Américas

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Informe Otálvora | Argentina ofrece mediar entre EE. UU. y el castrochavismo, por Edgar C. Otálvora

El enviado de EE. UU. Juan González y su comitiva almuerza virtualmente con Alberto Fernández el 13ABR21. Foto: Embajada EE. UU. en Argentina.

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La primera vuelta en las elecciones presidenciales de Perú, cumplida el 11ABR21, dejó como competidores a Pedro Castillo Terrones y a Keiko Fujimori. Castillo es un militante de izquierda radical, conocido como líder sindical del sector educación, quien secretamente ha mantenido vínculos directos con el boliviano Evo Morales. Una campaña intensa en zonas rurales e indígenas, como la que en su momento también adelantó Ollanta Humala, le permitió a Castillo avanzar sin que fuera detectado por encuestadoras o analistas políticos. Al contabilizarse el cien por ciento de los votos, Castillo logró sumar el 19 % de los votos contra el 13 % de Fujimori. Derrotada la candidata Veronika Mendoza, quien aparecía como la candidata del Grupo de Puebla, ahora la alianza castrochavista se dispone a aportar apoyo directo a Castillo.

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La reunión sostenida entre funcionarios del Servicio Exterior de la Unión Europea con enviados del gobierno de facto de Venezuela, realizada el 13ABR21 en Bruselas, fue solo de “carácter técnico” y no significó un reconocimiento europeo a la “Asamblea Nacional” chavista instalada el 05ENE21.

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El régimen venezolano, seriamente limitado en su relacionamiento internacional, intenta abrirse puertas ante los gobiernos de Europa sin mucho éxito hasta ahora. Enviados del régimen chavista solicitaron un encuentro con el Alto Representante de la Unión Europea, Josep Borrell, quien se negó a recibir personalmente a un grupo de militantes de varios partidos chavistas y aliados que participan de la “Asamblea Nacional”. El día 13ABR21 Borrell, en vez de recibir a los enviados de Maduro, tenía marcada en su agenda una conversación con el secretario de Estado de EE. UU., Antony Blinken, quien realizaba su segunda visita a Bruselas desde que asumió el cargo y en menos de un mes. El tema del día no era Venezuela sino el retiro de tropas de Afganistán y, especialmente, el aumento de tropas rusas en la frontera de Ucrania, la amenaza rusa de bloquear áreas del Mar Negro y la concertación de una respuesta común de EE. UU., OTAN y Unión Europea ante la ofensiva de Rusia.

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La negativa de Borrell habría hecho que el poderoso presidente de la “Asamblea Nacional” chavista, Jorge Rodríguez, pese a que ya se encontraba en Bélgica, delegara en la “diputada” y “vicepresidenta” Iris Varela la jefatura de la misión en Bruselas. La posibilidad de fotografías que mostraran los éxitos diplomáticos de los viajeros chavistas se desinfló en Bruselas. La delegación chavista presente en la capital belga estaba integrada por militantes del oficialista PSUV y por tres diputados pro-oficialistas que actúan en nombre de partidos opositores luego de que el régimen se apropiara de las siglas y bienes de esas organizaciones.

Mostrar una aparente y armónica representación gobierno-oposición conjunta era parte de la fracasada misión a Europa.

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Consultado para este informe, Peter Stano vocero principal del Servicio Europeo de Acción Exterior (EEAS) suerte de Ministerio de Exteriores de la Unión Europea, calificó el encuentro como una “reunión técnica” y como “contactos de trabajo que forman parte de la rutina diplomática cotidiana”. Para que atendieran a los visitantes llegados de Caracas, Borrell designó a dos funcionarios de la EEAS: al secretario general adjunto y director de Asuntos Políticos Enrique Mora y al director adjunto para América Javier Niño Pérez. Ambos han estado encargados de los rutinarios contactos de la EEAS con diversos sectores políticos venezolanos y viajaron oficialmente a Venezuela a finales de septiembre de 2020. En aquella oportunidad fueron enviados por Borrell para sondear la posibilidad de que el régimen pospusiera las votaciones del 06DIC20 en las cuales la oposición fue excluida de participar. Aquella misión a Caracas fue un total fracaso.

La información sobre la cita del 13ABR21 de los enviados del régimen con la EEAS fue filtrada a la prensa generando reacciones en contra, especialmente entre miembros del Parlamento Europeo, entre ellos el eurodiputado venezolano-español Leopoldo López Gil. El vocero de la EEAS desmintió que se tratara de una reunión secreta: “en general, no estamos anunciando o comentando o dando reportes públicamente de las reuniones técnicas que tienen los funcionarios del EEAS”. Stano señaló que, en su conversación con los enviados de Maduro, los funcionarios de EEAS habían reiterado la posición de la Unión Europea “sobre la falta de legitimidad democrática de las elecciones legislativas de diciembre, la necesidad de aumentar el acceso humanitario para hacer frente a la dramática situación en Venezuela, así como la disposición de la UE a apoyar los esfuerzos de diálogo para superar la crisis política, en particular ante el empeoramiento de la pandemia de covid-19”.

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Mientras el Secretario de Estado de EE. UU. junto con el secretario de Defensa Lloyd Austin se ocupaba en Bruselas de los grandes temas geopolíticos, una delegación estadounidense de menor nivel se desplazaba por Suramérica dejando algunas respuestas y muchas incógnitas sobre la orientación de política exterior hacia el continente.

El colombo-estadounidense Juan González, quien gusta mostrarse como un hombre de cercanía y confianza personal de Joe Biden, emprendió viaje el 11ABR21 a Suramérica acompañado de la diplomática Julie Chung, quien ocupa, en condición de encargada, el escritorio de la Subsecretaría de Asuntos para el Hemisferio Occidental en el Departamento de Estado. González es, a su vez, el director para el Hemisferio Occidental del Consejo de Seguridad Nacional y actuó como jefe de la delegación que tuvo paradas en Bogotá, Buenos Aires y Montevideo, donde fue recibido por los presidentes Iván Duque, Alberto Fernández y Luis Lacalle Pou. Los tres mandatarios se mostraron interesados en atender personalmente al primer enviado de alto nivel del gobierno Biden que visita tierras de la región. Incluso en el caso del argentino, quien se encontraba en cuarentena por COVID-19, se realizó un curioso almuerzo en el cual el mandatario comía y hablaba desde la casa de huéspedes de la casa presidencial, mientras sus invitados a manteles lo seguían cerca de allí en un monitor de Tv.

La ausencia de Brasil en la lista de paradas de González fue obvia y premeditada.

En la agenda de González y Ching en Bogotá fue incluida una reunión con Julio Borges y Tomás Guanipa, quienes actúan como “canciller” y embajador en Colombia en representación del “gobierno de Juan Guaidó”.

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El gobierno Biden está procurando reconstruir la red de alianzas y de interlocutores a nivel global. Y Latinoamérica no escapa a esa circunstancia. Pareciera que la actual Casa Blanca está ganada para la idea, ya intentada en su momento por el gobierno de Donald Trump, de sostener al izquierdista argentino Alberto Fernández como un interlocutor de peso en la región. Fernández había logrado interesar al gobierno Trump, por intermedio del para entonces director para el Hemisferio Occidental del Consejo de Seguridad Nacional Mauricio Claver-Carone, sobre mantener buenas y mutuamente convenientes relaciones entre Washington y Buenos Aires. La presencia del chavista Jorge Rodríguez en la toma de posesión de Fernández el 10DIC19 dinamitó la aspiración del kirchnerista. Fernández es fundador y activo motor del Grupo de Puebla, pero procura superar la pésima relación que Néstor y Cristina Kirchner impusieron en las relaciones de Argentina con EE. UU. El 30NOV20 Fernández recibió una llamada de Joe Biden, la primera comunicación del presidente electo de EE. UU. a un mandatario latinoamericano. Por aquellos días los presidentes de las dos principales economías de la región, México y Brasil, se negaban a reconocer la victoria de Biden.

Incluso el brasileño Jair Bolsonaro no dudaba en calificar como fraudulentos los resultados que decretaban la derrota de su aliado Donald Trump, mientras mantenía una posición confrontacional contra Biden a propósito del tema de la Amazonía. “Porque cuando se acaba la saliva, hay que tener pólvora, si no, no funciona. No necesitas usar pólvora, pero tienen que saber que tenemos” afirmó Bolsonaro el 10NOV20 a raíz de la oferta electoral de Biden que adelantaba sanciones económicas a Brasil como respuesta a la política del actual gobierno brasileño hacia la Amazonía.

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Jair Bolsonaro, pese a ser uno de los más férreos aliados de la causa democrática venezolana y que ha establecido programas ejemplares de atención a la migración venezolana, acarrea una pésima imagen internacional. Hasta ahora el clan Bolsonaro, que apostaba a la reelección en EE. UU. y a la buena química con el clan Trump, no hizo mayores esfuerzos por enmendarla. El rol de potencia y líder político regional que auspiciaron tanto el gobierno socialdemócrata de Fernando Henrique Cardoso y muy especialmente los gobiernos izquierdistas de Lula da Silva y Dilma Rousseff ha sido abandonado por Bolsonaro, quien se encuentra enredado en cotidianos conflictos doméstico brasilienses.

La falta de una reacción operativa brasileña ante la ola represiva que ejecuta el gobierno castrochavista de Bolivia y que mantiene encarcelada a la expresidenta Jeanine Añez, es una de las más recientes muestras de la ausencia de una activa política exterior brasileña.

Bolsonaro carece de operadores internacionales propios y su asesor de política exterior en el Palacio de Planalto, Filipe Martins, es un joven e informado intelectual con escaso tránsito en los mentideros operativos de la diplomacia paralela. La cancillería de Itamaraty, por su parte, ha mantenido una poco silenciosa guerra contra las orientaciones de Bolsonaro y de su canciller Ernesto Araújo, quien fue destituido el 29MAR21 en un claro sacrificio del presidente de uno de sus más leales funcionarios.

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La destitución de Araujo fue una abierta concesión de Bolsonaro a sectores empresariales y aliados políticos actuales; los primeros preocupados por el deterioro de las relaciones con EE. UU., y los segundos como parte del juego de posiciones que se sucede en Brasilia, donde no se descarta un proceso de impeachment contra el presidente. El nuevo ministro de Exteriores de Brasilia, Carlos Alberto Franco França, es un diplomático de carrera con rango de embajador, quien ha estado junto con Bolsonaro desde el primer día de gobierno, en calidad de jefe de ceremonial del Palacio de Planalto. En su discurso de toma de posesión, Franco afirmó que su designación era para atender tres urgencias: el campo de la salud (lograr la llegada de vacunas contra COVID-19), en la economía y en el desenvolvimiento sustentable.

El papel de Franco es de hacer control de daños, modificar la imagen y el discurso brasileño sobre la Amazonía para atender los reclamos de EE. UU., normalizar las relaciones con China como principal “socio comercial” y con Argentina como principal socio regional en el contexto de Mercosur.

De hecho, las primeras llamadas telefónicas de Franco fueron a sus colegas Wang Yi y Felipe Solá; y hasta la fecha no se ha comunicado con ningún representante venezolano. Bolsonaro se dispone a anunciar medidas de conservación de la Amazonía que le son requeridas por el enviado de Biden para el cambio climático, John Kerry, quien tendría en sus manos el “tema Brasil”. Bolsonaro fue invitado por Biden a participar en una cumbre mundial de mandatarios sobre el clima, el 22-23ABR21.

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Colombia y Brasil siguen siendo los aliados especiales de EE. UU. en la región, según lo confirmó el almirante Craig Faller, comandante del Comando Sur, en sus comparecencias ante tres comités de la Cámara de Representantes y de Senado de EE. UU., cumplidas entre el 14 y el 16ABR21.

Sin embargo, la diplomacia al estilo Biden está interesada en contar con un interlocutor regional para cuyo rol se está ofreciendo el gobierno de Argentina. Esto último quedó patente en la conversación telefónica sostenida el 02ABR21 por el secretario de Estado de EE. UU. Antony Blinken y su colega argentino Felipe Solá, donde el argentino hizo hincapié en una supuesta “capacidad de diálogo” de Alberto Fernández con los distintos gobiernos de la región, dada su cercanía con los regímenes y movimientos castrochavistas. En esa ocasión, además de apoyo estadounidense ante el Fondo Monetario Internacional, el canciller Solá habría solicitado que se invitara a su jefe a una visita oficial a Washington. Blinken no prometió nada.

El 13ABR21 llegó a Buenos Aires Juan González, el enviado de Biden, quien asomó la opción de que Fernández actúe como correa trasmisora entre la Casa Blanca y el régimen chavista de Venezuela.

Según reportó el portal bonaerense Infobae, González afirmó que “si ellos (el gobierno de Argentina) tienen la posibilidad de hablar con el régimen de Maduro, da la oportunidad a ellos de comunicar mensajes directos sobre qué se debe esperar. Eso para nosotros es una oportunidad porque en este momento no estamos hablando con Maduro”. El enviado de Biden describió un esquema que ya en el pasado existió, cuando el brasileño Lula da Silva servía como interlocutor entre Hugo Chávez y la Casa Blanca.

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Una pregunta corre por los pasillos de las cancillerías de Europa y Latinoamérica: ¿por qué el gobierno de España aceptaría que la cancillería de Nicolás Maduro ejerza la representación de Venezuela en la inminente Cumbre Iberoamericana de Andorra?

Artículo publicado previamente en Diario Las Américas

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Informe Otálvora | EE. UU. y Unión Europea acordaron coordinar enfoque hacia Venezuela, por Edgar C. Otálvora

Antony Blinken y Josep Borrell el 24MAR21 en Bruselas, Bélgica. Foto: Departamento de Estado EE. UU.

@ecotalvora

El primer viaje del nuevo Secretario de EE. UU. se inició el 14MAR21, estuvo acompañado del secretario de Defensa Lloyd Austin e incluyó a Japón y Corea. Antony Blinken optó por hablar en persona con los dos principales aliados asiáticos antes de la borrascosa reunión que celebraría el 18MAR21 en Alaska con el todo poderoso jefe de la política exterior china Yang Jiechi. El segundo viaje de Blinken al extranjero tuvo como destino Bruselas. Arrancó el 22MAR21 y tenía como propósito participar en la reunión ministerial de la OTAN y sostener encuentros con los altos jefes de la Unión Europea.

En Asia y Europa el mensaje de Blinken fue el mismo: EE. UU. con Biden está de vuelta a la arena internacional y procura retomar líneas de cooperación y acción conjunta con sus aliados tradicionales.

El 25MAR21, tras la visita de Blinken a Bruselas, tuvo lugar una teleconferencia entre Joe Biden, el presidente del Consejo Europeo Charles Michel y los jefes de gobiernos miembros de la UE.

En las últimas semanas se han estado produciendo notorias coordinaciones de acción internacional entre EE. UU. y Europa. El 02MAR21 la Unión Europea impuso sanciones a funcionarios rusos por violaciones de DD. HH., medida que fue rápidamente seguida por el gobierno Biden. El 22MAR21, casi simultáneamente, EE. UU., Canadá, el Reino Unido y la Unión Europea impusieron sanciones a funcionarios de China por violaciones de DD. HH.

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Entre las principales actividades de Blinken en Bruselas se marcó un encuentro con el Alto Representante de la UE Josep Borrell, en la cual el español confiaba incluir varios temas de la política en Latinoamérica. Se buscaba la reconstrucción de la agenda de trabajo de EE. UU. y UE.

La reunión Blinken-Borrell se produjo el 24MAR21 y al concluir fue distribuida una larga declaración según la cual el encuentro tuvo como propósito “discutir formas de fortalecer la relación entre EE. UU. y la UE y coordinar las respuestas a la política exterior prioritaria”. Irán, China, Rusia, Ucrania, Georgia, cambio climático, Mediterráneo oriental, Etiopía, Afganistán y la OTAN fueron asuntos mencionados expresamente en la declaración. No cabe duda que el texto, redactado y negociado previamente por los diplomáticos de ambos lados, no incluyó todos los temas efectivamente tratados.

Tras la emisión del comunicado conjunto y de una breve comparecencia ante la prensa en la cual no fue mencionado tampoco el caso venezolano, el Informe Otálvora consultó directamente con el Servicio Exterior de la Unión Europea basado en Bruselas. Un vocero oficial de la UE confirmó que Blinken y Borrell “discutieron sobre Venezuela” y “acordaron trabajar juntos en un enfoque coordinado”.

Se estima que el Departamento de Estado y la oficina dirigida por Borrell continuarán adelantando conversaciones sobre la coordinación de acciones en procura de la redemocratización de Venezuela. Diversas fuentes consultadas en Washington y Caracas sugieren que no existe un plan de ruta definido por el gobierno Binden hacia Venezuela y, por ahora, se mantiene en términos generales el esquema adelantado por el gobierno Trump con sanciones al gobierno de facto y reconocimiento de Juan Guaidó como presidente provisional.

Pero tanto en Washington como en Bruselas se intenta definir esquemas que permitan superar el estancamiento del proceso de redemocratización en Venezuela. Borrell, en declaraciones previas a su encuentro con Blinken, afirmó que las elecciones regionales convocadas por el chavismo podrían “traer una nueva oportunidad para tener un acuerdo entre el gobierno [de facto] y la oposición”. Borrell de esta manera insinuaba que unas posibles negociaciones en Venezuela podrían centrarse en las condiciones para esas elecciones regionales, coincidiendo de esa manera con el predicamento del gobierno de Noruega. Sin embargo, la posición en la Casa Blanca de Biden y en el Departamento de Estado no coincide con un “calendario electoral mínimo” sino que aspira a un cambio de gobierno.

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En tanto, fuentes cercanas a Guaidó aseguraron a este Informe que mantienen conversaciones con Canadá, EE. UU. y varios países europeos, incluyendo a Suecia, en procura de un nuevo esquema de alianza internacional para presionar al régimen chavista. En medios diplomáticos latinoamericanos se menciona la posibilidad de institucionalizar un nuevo grupo internacional, eventualmente integrado por ocho gobiernos de América, Europa y Asia, que sin reemplazar al paralizado Grupo de Lima, “fortalezca nuestra posición de presionar el régimen para organizar elecciones presidenciales”, según confirmó un cercano activista internacional de Guaidó.

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La detención el 12JUN20 en el aeropuerto de Isla Sal, Cabo Verde, del operador financiero del chavismo Alex Saab, desató una gran operación por parte del castrochavismo internacional. La detención de Saab se produjo ante la solicitud de EE. UU., quien considera al comerciante colombiano como un fugitivo en un proceso judicial de varios cargos por lavado de dinero procedente de corrupción asociada al gobierno de facto de Venezuela.

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El 13JUN20, el gobierno Maduro emitió un comunicado donde se refería al “Sr. Saab Morán”, a quien extrañamente le adjudicaban la nacionalidad venezolana y para quien aún no reclamaban estatus e inmunidades diplomáticas salvo denominarlo como “agente del gobierno bolivariano”.

Con el transcurrir del año 2020, la estrategia de la defensa del operador chavista consistió en argumentar la forma y la legalidad de su detención haciendo énfasis en su supuesta condición diplomática que el gobierno Maduro intentó adjudicarle cuando ya estaba preso y en proceso de extradición. El 28JUL20 el caso de Saab fue asumido públicamente por el bufete del español Baltazar Garzón, lo que dejaba en evidencia no solo la enorme cantidad de dinero que el chavismo estaba dispuesto a erogar en el proceso de la defensa sino, además, el enfoque internacionalizado y politizado que la defensa se proponía adelantar. Garzón ha sido defensor de Julian Assange, Lula da Silva, Evo Morales y forma parte del equipo jurídico del Grupo de Puebla, con lo cual el español mezcla sus altos honorarios y su filiación izquierdista.

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La defensa de Saab supuso la constitución de varios equipos de abogados en EE. UU., Colombia, Cabo Verde y en Nigeria. Incluso, según el periodista Nelson Bocaranda, habrían sido constituidas varias coordinaciones judiciales que operaban en paralelo.

Igualmente contaba con un aceitado sistema de enlace con medios de prensa de España, Portugal y Colombia. Dado que los acontecimientos judiciales sobre Saab básicamente ocurren en tribunales de lejanas capitales africanas, usualmente la versión que recogen diarios y agencias de noticias es la suministrada por el propio equipo de abogados del procesado, con toda suerte de omisiones o erradas interpretaciones favorables al cliente. La politizada defensa de Saab, intentado presentarlo como una víctima de EE. UU., cuenta con el respaldo de la red diplomática y de propaganda cubana con larga presencia en el África subsahariana.

La decisión de crear un equipo de abogados en Nigeria tenía como objeto contar con una instancia de apelación ante la esperable negativa de la justicia de Cabo Verde de liberar a Saab. La ciudad de Abuya es la sede de la Corte de Justicia de la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental (CEDAO). Dicha corte fue inicialmente constituida para dirimir diferencias entre los quince miembros de CEDAO pero desde 2005, por la aprobación de un protocolo, atiende temas de violaciones de derechos humanos a nivel regional.

Los coordinadores políticos de la defensa de Saab decidieron contratar los servicios de un reconocido jurista nigeriano Femi Falama, quien es a su vez un agente procubano en África.

Falama es un activo amigo de la embajada cubana en Nigeria y usual participante en eventos de “amistad” cubano africana en contra del “embargo” contra la isla. El papel de Falama en el caso Saab es liderar la acción judicial ante la Corte de Justicia de CEDAO y, a su vez, prestar su figura política antiestadounidense a favor del agente de Maduro insistiendo en su supuesta condición diplomática y resaltando que se trataría de un caso político de violación de derechos humanos.

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Con fecha 28DIC20, Jorge Arreaza emitió una comunicación dirigida a Saab mediante la cual lo designaba “Representante Permanente Alterno” de Venezuela “ante la Unión Africana” con sede en Etiopia. Por tratarse de un organismo multilateral del cual Venezuela es “país observador” la designación no requería la aprobación de la UA, pero en realidad tampoco le confería necesariamente inmunidades internacionales al preso. Desde esa fecha los papeles de la cancillería chavista se referían a Saab como “Enviado Especial y Embajador Extraordinario y Plenipotenciario”.

Todas las acciones judiciales y de presión que los abogados y el aparato diplomático castrochavista ejercieron sobre el gobierno y los tribunales de Cabo Verde han resultado inútiles. Las instancias administrativas y judiciales fueron aprobando la solicitud de extradición presentada por EE. UU. basadas en el criterio de cooperación judicial ante la inexistencia de un tratado de extradición. La importancia que EE. UU. le asigna a la extradición de Saab quedó patente en la comunicación telefónica que Antony Blinken, el recién designado Secretario de Estado de EE. UU. del gobierno Biden, realizara el 23FEB21 a su colega caboverdiano Rui Figueiredo.

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El 15MAR21, el tribunal multinacional de CEDAO sentenció que Saab debería ser inmediatamente puesto en libertad y recibir del gobierno de Cabo Verde una indemnización de US$ 200.000 por haber sido objeto de un “arresto arbitrario”. El tribunal constituido por Januaria Costa de Cabo Verde, Edward Amoako Asante de Ghana y el nigeriano Dupe Atoki igualmente mandó a suspender todo el proceso de extradición de Saab a EE. UU. Sin embargo, el sistema de justicia de Cabo Verde no acepta la autoridad del tribunal de CEDAO ya que ese país no ha ratificado el protocolo de 2005.

Incluso el 17MAR21, el Supremo Tribunal de Justicia de Cabo Verde descartó recursos de la defensa de Saab y confirmó sentencias de tribunales inferiores que autorizaban la extradición del colombiano a EE. UU.. El equipo de Garzón tendría aún la opción de recurrir a la Corte Constitucional de Cabo Verde en un intento desesperado de ganar más tiempo. Pero la estrategia de victimizar políticamente al agente chavista y decorarlo con rangos, privilegios e inmunidades diplomáticas resultó un total fracaso de la diplomacia castrochavista.

El caso de Saab es análogo al de otro famoso defendido por el abogado Baltazar Garzón. La canciller ecuatoriana María Fernanda Espinoza, en un intento para liberar a Julian Assange, quien permanecía asilado en la sede de la embajada de Ecuador en Londres, realizó una serie de maniobras similares a las realizadas por el gobierno Maduro con Saab. El 12DIC17 el australiano Assange recibió la carta de naturalización como ecuatoriano, el 15DIC17 fue designado consejero en la embajada de Ecuador ante el Reino Unido y el 19DIC17 fue nombrado consejero en la embajada ecuatoriana en Moscú. El gobierno británico rechazó la burda operación que pedía privilegios diplomáticos para quien se escondía en la embajada ecuatoriana para impedir ser extraditado a EE. UU. Todo indica que en la maniobra ecuatoriana también estaba presente la orientación de Garzón.

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Aun cuando el tribunal multinacional de CEDAO sentenció a favor de Saab, lo hizo solamente basándose en elementos procedimentales de la detención del colombiano. Los tres jueces descartaron los argumentos esgrimidos por el gobierno de3 Maduro según los cuales Saab estaría protegido por inmunidad diplomática. “La Corte observó que si bien el gobierno venezolano afirmó que el señor Saab Morán viajaba como su enviado especial, no poseía requisitos válidos que lo calificaran como diplomático acreditado en Cabo Verde u otro estado o de alto cargo político en el momento de su arresto”, según la sentencia del tribunal de la CEDAO. En consecuencia, “la corte desestimó el reclamo de Saab “según lo dispuesto en el Artículo 42 de la Convención de Nueva York de 1969 sobre Misiones Especiales”. Es decir, los juristas africanos confirmaron que la inmunidad diplomática no la confiere el gobierno que designa al funcionario sino el país que lo acoge, por lo cual Saab no era diplomático acreditado en Cabo Verde.

Tampoco era un “enviado especial” a los efectos de Cabo Verde ya que la cancillería de Maduro nunca notificó “de antemano” a las autoridades caboverdianas sobre la existencia de un “enviado especial” de apellido Saab, quien haría una parada en Cabo Verde y para quien solicitara “inviolabilidad y todas las demás inmunidades necesarias para facilitarle el tránsito” como reza la Convención de Nueva York. Saab, a los efectos del país que lo detiene y del tribunal multinacional africano, no era un diplomático al momento de su detención, con lo cual se derrumbó toda la argumentación inventada por la cancillería chavista.

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El régimen chavista junto con Cuba, Rusia e Irán ha convertido el rechazo a las sanciones internacionales, calificadas como “medidas coercitivas”, en una de sus banderas en foros internacionales. Sin embargo la herramienta de la sanción internacional es rápidamente esgrimida por el régimen chavista contra quienes considera sus enemigos. El abogado Femi Falama, operador cubano en Africa y contratado para encabezar la defensa de Saab en Nigeria, actuando en nombre de sus representados (Saab y el gobierno Maduro) solicitó que fueran aplicadas sanciones internacionales al gobierno de Cabo Verde. Falama presentó el 24MAR21 una moción para que el Tribunal de CEDAO solicite a los gobiernos miembros la imposición de sanciones que incluirían el boicot a proyectos multilaterales y la prohibición de visas a los altos funcionarios caboverdianos. El valor de Saab para el régimen chavista parece ser muy alto.

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Por cierto, con el apoyo de Rusia y Cuba, el gobierno de facto de Venezuela solicitó el 16MAR21 incluir en la agenda de la reunión del 26MAR21 del Órgano de Solución de Diferencias de la Organización Mundial de Comercio, la petición para crear un grupo especial de análisis sobre las sanciones impuestas por EE. UU. al régimen chavista. La reunión fue suspendida en razón de que la delegación de EE. UU. no reconoce la legitimidad de los enviados de Maduro. “EE. UU. rechazará cualquier esfuerzo de Maduro por hacer un mal uso de la OMC para atacar las sanciones estadounidenses destinadas a restaurar los derechos humanos y la democracia en Venezuela”, dijo un comunicado del representante comercial de EE. UU. el 26MAR21.

Artículo publicado previamente en Diario Las Américas

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Informe Otálvora | EEUU mantiene sanciones y auspicia negociaciones en Venezuela, por Edgar C. Otálvora

Joe Biden acompañado de Kamala Harris, Antony Blinken, Jack Sullivan y Juan González, en reunión virtual con el primer ministro de Canadá Justin Trudeau el 23FEB21. Foto @POTUS

 

@ecotalvora

El gobierno de EE. UU. se propone adelantar una “nueva táctica” hacia Venezuela según las conversaciones sostenidas por la oposición venezolana y el nuevo gobierno estadounidense.

Esa táctica ya estaba retratada en la plataforma que el Partido Demócrata presentó para las elecciones del año 2020. Como adelantara el Informe Otálvora del 08AGO20, el Partido Demócrata ofrecía “movilizar a los socios” regionales “y en todo el mundo” para atender las “necesidades urgentes de Venezuela” y ejercer “una presión inteligente y una diplomacia efectiva”, rechazando “amenazas bélicas no atadas a objetivos políticos realistas” y “motivadas por objetivos partidistas” internos de EE. UU. Ese texto muy probablemente fue redactado por Antony Blinken quien ahora es la cabeza de la diplomacia estadounidense. La “nueva táctica” no es, al menos por ahora, un cambio radical con respecto a la línea efectivamente seguida por EE. UU. durante el gobierno de Trump.

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Desde el 19FEB21, y por una semana, se congregó en Bogotá un grupo de dirigentes opositores venezolanos que integran la alianza que apoyó el ascenso de Juan Guaidó como presidente encargado. El propósito del encuentro era procurar acuerdos tácticos internos y coordinar con el nuevo gobierno de EE. UU. La realización del evento fue mantenida en muy bajo perfil, según fuentes cercanas a Guaidó, por razones de seguridad de quienes viajarían desde Venezuela cruzando una frontera oficialmente cerrada. El 20FEB21, el gobierno de facto, para dejar constancia de su capacidad de espionaje y obviamente para desmoralizar a sus contrincantes, publicó en la cuenta de Twitter del alto jerarca Jorge Rodríguez, el programa que los reunidos en Bogotá se proponían cumplir.

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Una lista parcial de los participantes en la cita de Bogotá incluye a Juan Guaidó vía Internet; Leopoldo López y el embajador ante EE. UU. Carlos Vecchio, quienes llegaron desde Madrid y Washington, ambos copartidarios de Guaidó en el partido Voluntad Popular; el “canciller” Julio Borges y el embajador en Bogotá Tomás Guanipa en representación parcial del partido Primero Justicia, aunque el sector liderado por el excandidato Henrique Capriles Radonski no se hizo presente; Manuel Rosales líder del partido Un Nuevo Tiempo y Luis Aquiles Moreno del partido Acción Democrática.

Todos ellos asistían en nombre de la coalición partidista denominada G4 que ha rodeado a Guaidó desde su designación en 2019.

Además estaban presentes los voceros opositores Delsa Solorzano, Andrés Velásquez y Mariel Magallanes. La lista de invitados es más larga e incluye incluso a activistas que no lograron burlar el espionaje y cerco del régimen que les bloqueó la salida desde Venezuela. Algunos activistas opositores no dejaron de mostrar inconformidad por su exclusión de la lista de los convocados a Bogotá. La reunión santafereña contó con el beneplácito del gobierno de Colombia y fue apoyada logísticamente por el gobierno de EE. UU. James Story, el embajador de EE. UU. para Venezuela quien opera desde Bogotá, fungió como anfitrión de los venezolanos.

Una visita a Washington por parte de la dirigencia opositora, la cual comenzó a ser gestionada desde la conflictiva transición de gobierno en EE. UU., fue definitivamente descartada. El nuevo gobierno ha optado, salvo en casos especialmente críticos como Irán y Afganistán, por valerse del Internet como vía para adelantar sus gestiones bilaterales. Incluso el Secretario de Estado realizó sus primeras dos visitas al extranjero el 26FEB21, a Canadá y México, de manera virtual. Con esas normas de por medio, en Washington no se mostraron especialmente interesados en organizar una visita de los opositores venezolanos, quienes, además, en el caso de quienes permanecen en Venezuela, tienen serias restricciones de movimiento en razón del monitoreo de los órganos de espionaje interno. Mediante enlaces de teleconferencia los voceros opositores concentrados en Bogotá sostuvieron reuniones con organismos del gobierno estadounidense.

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El estadounidense de origen colombiano Juan González, designado por Biden como responsable del Hemisferio Occidental en el Consejo de Seguridad Nacional que opera desde la Casa Blanca, se expresó extensamente sobre la política hacia Venezuela en una entrevista difundida por Univisión el 18FEB21. González fue entrevistado por Patricia Janiot, quien resumió lo central de lo expuesto por su paisano.

“La democracia a Venezuela no llegará mañana; tomará tiempo y tenemos que empujar a que el régimen se siente con la oposición como iguales a negociar una salida. Los venezolanos son los que tienen que hablar del futuro del país”.

Para lograr que el gobierno de facto se siente a negociar con la oposición, el asesor de Biden indicó que “vamos a seguir incrementando la presión de una manera multilateral, que es lo que tiene efecto a favor de una salida democrática”, para lo cual EE. UU. se propone “formar un consenso entre la comunidad internacional para asegurar que quienes están robando miles de millones de dólares de Venezuela, no encuentren refugio en ninguna parte del mundo”.

González resaltó la vía multilateral que buscaría Biden ante Venezuela: “la administración anterior habló de una coalición internacional, pero todo lo que estaba haciendo era unilateral” y el “consenso internacional [sobre Venezuela] se estaba rompiendo por las acciones políticas unilaterales” del gobierno Trump.

En relación a las sanciones impuestas a jerarcas chavistas y al aparato gubernamental, González confirmó que el gobierno Biden no planea suspender esas medidas. Levantar unilateralmente las sanciones, “no es una de las prioridades de EE. UU. en este momento, porque lo que queremos es empujar hacia un diálogo entre los dos lados que lleve a un resultado democrático”.

Según sus propias publicaciones y de su esposa en cuentas de Twitter, González goza de una gran cercanía y familiaridad con Biden, lo que hace que sus comentarios sean tomados como el pensamiento de la Casa Blanca sobre Venezuela.

Por cierto, el 02MAR21 Joe Biden notificó al Congreso de EE. UU. su decisión de prolongar por un año, hasta el 08MAR22, la vigencia de la Orden Ejecutiva 13962 emitida por Barack Obama y ratificada durante todo el gobierno de Donald Trump. Dicha Orden Ejecutiva es el sustento legal para buen parte de las sanciones impuestas por EE. UU. al régimen chavista.

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El 02MAR21, el secretario de Estado de Biden sostuvo una conversación telefónica de aproximadamente cuarenta y cinco minutos con Juan Guaidó. La nota emitida por el vocero del Departamento de Estado, Ned Price, “destacó la importancia del retorno a la democracia en Venezuela a través de elecciones libres y justas”, nada distinto de lo afirmado por el mismo Departamento en tiempos de Trump. Agregó Prince que “el secretario Blinken describió nuestros esfuerzos para trabajar con aliados de ideas afines, incluida la Unión Europea, el Grupo de Lima, la Organización de los Estados Americanos y el Grupo de Contacto Internacional, para aumentar la presión multilateral y presionar por una transición democrática y pacífica”.

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El gobierno Biden se ha declarado en estado de provisionalidad en cuanto a las definiciones de sus líneas maestras de seguridad nacional y política exterior. El 03MAR21, Blinken pronunció lo que calificó como su primer discurso de ocho líneas generales de política exterior enmarcadas en la “orientación estratégica provisional” enunciada por Biden.

De las palabras de Blinken se desprende que los retos que representan China y Rusia son los grandes temas para EE. UU.

De hecho, para Blinken la “mayor prueba geopolítica del siglo XXI para EE. UU. es su relacionamiento con China”. En su discurso, Blinken no se refirió a Latinoamérica sino de forma genérica cuando resaltó que uno de los propósitos del gobierno Biden es “volver a conectarnos con nuestros amigos y aliados, y reinventar las asociaciones que se construyeron hace años para que se adapten a los desafíos de hoy y de mañana. Eso incluye países de Europa y Asia que han sido nuestros amigos más cercanos durante décadas, así como viejos y nuevos socios en África, Oriente Medio y América Latina”. Acción colectiva y multilateralismo son parte de las claves anunciadas por Blinken y ellas forman parte de la receta para Venezuela.

Blinken se refirió al tema militar. “Nos aseguraremos de seguir teniendo las fuerzas armadas más poderosas del mundo. Nuestra capacidad para ser diplomáticos eficaces depende en gran medida de la fuerza de nuestras fuerzas armadas”, pero igualmente confirmó que el gobierno Biden no promoverá “la democracia mediante costosas intervenciones militares o intentando derrocar regímenes autoritarios por la fuerza. Hemos probado estas tácticas en el pasado. Por muy bien intencionadas que sean, no han funcionado”. También dijo que “nunca dudaremos en usar la fuerza cuando estén en juego las vidas y los intereses vitales de los estadounidenses”.

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El equipo para Latinoamérica del gobierno Biden en el Departamento de Estado aún no está constituido. El diplomático Brian Nichols ha sido nominado para la subsecretaría del hemisferio occidental, pero su designación, que debe pasar por el Congreso, aún no ha sido tramitada. Igualmente, el hondureño-estadounidense Ricardo Zúñiga, quien sería el segundo de Nichols, aún no se incorpora al Departamento de Estado. El “hemisferio occidental” está en manos de la coreano-estadounidense  Julie J. Chung en calidad de encargada.

En todo caso, el secretario Blinken se muestra excepcionalmente enterado del proceso venezolano. En Washington se comenta que el think tank “International Crisis Group” hace su tarea en las proximidades del nuevo gobierno de EE. UU.

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Los enunciados de Juan González y de Antony Blinken fueron los elementos que el gobierno de EE. UU., por intermedio del embajador James Story, expuso a los líderes opositores reunidos en Bogotá en la semana entre el 19-26FEB21.

Según fuentes cercanas a Guaidó consultadas para este Informe en Washington y Caracas, el gobierno Biden confirmó que mantendría su reconocimiento a Juan Guaidó como principal interlocutor político y como presidente encargado de Venezuela.

El gobierno Biden se muestra interesado en incrementar la ayuda humanitaria hacia venezolanos con el concurso del “gobierno interino”. EE. UU. ofrece iniciar gestiones junto con Canadá, Colombia y eventualmente Brasil, además de la Unión Europea, para impulsar una iniciativa que promueva un nuevo mecanismo de diálogo político entre el gobierno de facto y la oposición encabezada por Guaidó. Dicho mecanismo, con un plazo fijo de duración, tendría el propósito de negociar un acuerdo integral para la convocatoria de elecciones presidenciales y legislativas. En tanto, se mantendría el esquema de sanciones contra el gobierno de facto y el desconocimiento del proceso electoral que el régimen se dispone a activar para elecciones regionales. El plan habría sido tratado por EE. UU. con el gobierno de Canadá, con quien Biden y Blinken han sostenido varios encuentros de trabajo.

En suma. La reunión de Bogotá mantiene el estatus entre el gobierno de EE. UU. y la oposición venezolana, la cual no logra alcanzar acuerdos tácticos efectivos. 

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La línea de acción de Biden hacia Venezuela se suma a la decisión de la Unión Europea de incrementar las sanciones contra altos jerarcas del régimen chavista. Los gobiernos de Alemania, España, Francia y Países Bajos impulsaron dentro de la Unión Europea un nuevo grupo de sanciones contra altos jefes militares, autoridades electorales y judiciales, involucradas en violaciones de DD. HH. y en la organización de las votaciones legislativas realizadas por el régimen el 06DIC20. 

Esas sanciones fueron adoptadas por los ministros de Exteriores de la UE el 22FEB21. En el seno del gobierno Maduro existía cierta expectativa sobre una caída de presión externa que podría llegar con la presencia de Biden en la Casa Blanca y con Josep Borrell al frente de la diplomacia de la Unión Europea, lo cual no ha ocurrido. Las crecientes tensiones entre la UE y Washington contra Rusia, incluyendo el desaire a Borrell en Moscú el 05FEB21 y las sanciones europeas y de EE. UU. a funcionarios rusos anunciadas simultáneamente el 02MAR21, presagian que el caso venezolano tiende a mezclarse con los choques de Washington y Bruselas con Rusia.

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El libro CASTRO & CHAVEZ de Edgar C. Otálvora, originalmente publicado en versión digital en 2011, está disponible ahora en versión rústica de papel. Lo puede pedir por Amazon.

Artículo publicado previamente en Diario Las Américas

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