Edgar C. Otálvora, autor en Runrun

Edgar C. Otálvora

Informe Otálvora | EEUU no tiene el dinero para acuerdo Maduro-Oposición, por Edgar C. Otálvora

El canciller mexicano felicita a Gerardo Blyde por la firma de un acuerdo con el régimen chavista el 26NOV22. Foto: @SRE_mx.

Nadie en Washington garantiza fondos para el acuerdo que la oposición venezolana y los enviados de Nicolás Maduro firmaron en México el 26NOV22

 

@ecotalvora

El sábado 07ENE23, sin avisos previos, el presidente de Colombia Gustavo Petro viajó a Caracas para una reunión de urgencia con Nicolás Maduro. Se trataba de la segunda visita a Venezuela por parte del colombiano desde su toma de posesión, mientras que Maduro, aconsejado por sus servicios de seguridad cubanos, ha descartado una eventual visita a territorio colombiano.

Según las versiones oficiales, Maduro y Petro pasaron revista a diversos temas comerciales, de infraestructura, de regulación de inversiones, sobre los cuales estarían trabajando. Todos ellos son asuntos que no ameritaban un viaje presidencial. En realidad, Petro viajó a Caracas para solicitar a Maduro su intervención ante los jefes guerrilleros de ELN quienes se muestran reacios a declarar un cese al fuego bilateral.

El 31DIC22, Petro anunció un cese al fuego bilateral y ordenó la paralización de las operaciones militares ofensivas contra el ELN, las disidencias de la Farc, grupos paramilitares y demás grupos alzados en armas en Colombia. El anuncio de Petro fue rápidamente desmentido por la jefatura del ELN quien informó que en las negociaciones que sigue con el gobierno y que han tenido a Caracas como sede, no se había acordado un cese al fuego. El 04ENE23 Petro ordenó reactivar operaciones militares contra el ELN aunque en la práctica esperaba los resultados de las gestiones de su socio Maduro.

La estrecha relación del régimen chavista con el ELN, organización que controla extensas zonas en territorio venezolano, fue el motivo para que el colombiano apelara a Maduro. Como consecuencia de las gestiones, el ELN aceptó realizar en Caracas una reunión extraordinaria con el gobierno Petro probablemente el 17ENE23.

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A su llegada al aeropuerto de Maiquetía el 07ENE23, Petro era esperado al pie de la escalerilla por la vicepresidenta del régimen Delcy Rodríguez quien estaba acompañada por un hombre cano quien fue colocado en la fila de saludo en segunda posición antes que el embajador colombiano. El hombre, un desconocido para los analistas políticos de ambos países, es el “empresario” venezolano Luis Salas quien actuó como secreto enlace y correo entre Maduro y Petro una vez que el colombiano ganó las elecciones. Salas marchó en el callejón de honor junto a Petro y Rodríguez cuando el colombiano recibió honores militares en el aeropuerto. Después, Salas fue visto en los pasillos del Palacio de Miraflores durante la estadía de Petro para sus reuniones con Maduro. Ya el 01NOV22 en la primera visita de Petro a Maduro, el “enlace secreto” Salas acompañó a Delcy Rodríguez a dar el recibimiento al colombiano.

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Nadie en Washington garantiza fondos para el acuerdo que la oposición venezolana y los enviados de Nicolás Maduro firmaron en México el 26NOV22.

Mediante ese acuerdo crearon un mecanismo para la “protección social del pueblo venezolano” y que sirvió para justificar el ablandamiento de sanciones al régimen chavista.

El 16SEP21 Maduro suspendió su participación en las negociaciones con la opositora “Plataforma Unitaria”, organizadas por diplomáticos de Noruega, auspiciadas por EEUU y que contaban con Ciudad de México como sede. Mientras la oposición decía procurar negociar condiciones adecuadas para unas próximas elecciones presidenciales, el régimen exigía el fin de las sanciones impuestas por EEUU y otros gobiernos. Una hipotética suspensión de algunas sanciones, especialmente la bregada por el lobby de la petrolera Chevron para regresar a operar en Venezuela, estaba condicionada a un regreso de Maduro a la mesa de México.

El mal llamado reinicio de las negociaciones se produjo el 26NOV22 cuando las delegaciones encabezadas por el opositor Gerardo Blyde y el negociador del régimen Jorge Rodríguez comparecieron en México para una sesión de fotografías y declaraciones, y para firmar dos documentos previamente acordados y que no requerían del viaje. Se trataba del “segundo acuerdo parcial para la protección social del pueblo venezolano” y un anexo sobre la puesta en funcionamiento del acuerdo. En ese documento las partes se comprometieron a designar comisiones técnicas que serían notificadas a la cancillería de Noruega en un plazo de 24 horas, lo cual nunca ocurrió. El acuerdo firmado establecía que “las partes han identificado recursos pertenecientes al Estado venezolano, congelados en el sistema financiero internacional, a los cuales es posible acceder […] entendiendo la necesidad de obtener las autorizaciones que competen a instituciones y organismos competentes [en el extranjero]”. Entre 3.000 y 5.000 millones de dólares era la cifra que chavismo y opositores aseguraban que pondrían en el fondo creado. En aquel entonces el Informe Otálvora del 02DIC22 advertía que “en realidad, se desconoce cuánto dinero del estado venezolano se encuentra represado o incautado en instancias extranjeras y, su eventual recuperación requerirá ingentes esfuerzos legales y administrativos”.

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Tras la firma del acuerdo “social”, la oposición esperaba retomar las conversaciones en breve sobre los aspectos políticos y humanitarios. Condiciones para las elecciones que teóricamente tendrán lugar en el año 2024, liberación de presos políticos eran temas de la agenda opositora. Mientras la petrolera Chevron comenzaba a operar con la estatal Pdvsa y preparaba embarques de crudo hacia EEUU, el gobierno Maduro se negó a realizar una nueva ronda de negociaciones durante el mes de diciembre.

El 31DIC22 Jorge Rodríguez dijo que estaban intentando “aterrizar” el acuerdo ya firmado. El 01ENE23 el propio Maduro se quejó porque EEUU no estaba liberando los recursos ofrecidos. Según Rodríguez, sería “atemporal” (sic) avanzar en otros temas “sin cerrar uno anterior” con lo cual nuevamente las negociaciones quedaban congeladas pese a los ya usuales contactos entre el régimen y voceros de la “oposición”.

En tanto, en mentideros de Washington se maneja la cifra de apenas 175 millones de dólares que pudieran ser objeto de liberación por parte del Departamento del Tesoro. Colocar esos fondos en manos de la ONU para cubrir los supuestos planes acordados entre Maduro y la oposición, de los cuales no se tiene noticias concretas, dependería además de decisiones administrativas y políticas que pudieran no contar con el pleno respaldo del alto funcionariado estadounidense en razón de las responsabilidades legales que pudieran acarrear. Las cifras fantasiosas de miles de millones de dólares forman parte de una hipotética contabilidad que reúne inciertas cifras de activos venezolanos retenidos por gobiernos a lo largo del mundo.

El 13ENE23, mediante un tuiteo del subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental, Brian A. Nichols, se conoció que la decena de negociadores de la Plataforma Unitaria encabezados por Gerardo Blyde, habían sostenido una nueva reunión con el Departamento de Estado. Los enviados de la oposición fueron recibidos por un grupo de funcionarios de tercer y cuarto escalón del Departamento de Estado. Según la fotografía divulgada la parte estadounidense estaba encabezada por Mark Wells, el segundo a bordo de la subsecretaría para el Hemisferio Occidental, quien estaba acompañado por el Embajador de EEUU para Venezuela, James Story, quien opera desde Bogotá y viajó a Washington para la ocasión. El tuiteo adjudicado a Nichols informó que el encuentro fue para “reafirmar el apoyo de EEUU a su trabajo por lograr elecciones libres y justas en Venezuela en 2024”. Todavía la administración Biden insiste en la ruta de lograr que el régimen chavista permita elecciones libres en Venezuela.

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La visita de la numerosa delegación partidista opositora venezolana a Washington se produjo poco después que la Asamblea Nacional opositora (denominada “IV Asamblea Nacional” electa en 2015 y que EEUU reconoce como la única institución electa democráticamente en Venezuela) decidiera poner fin a la figura del “gobierno provisional”, destituir a todos los funcionarios designados durante las gestiones de Juan Guaidó como “presidente provisional” y designar una nueva directiva integrada por militantes de los tres partidos (AD, Primero Justicia y Un Nuevo Tiempo conocidos como el G3) que coordinaron la destitución de Guaidó.

Por cierto, entre las medidas acordadas por el bloque de tres partidos está la disolución del aparato diplomático del “gobierno provisional” que incluía las misiones diplomáticas ante el gobierno de EEUU y en la OEA. Mientras cualquier gobierno del planeta, incluyendo a los estadounidenses, hace esfuerzos para mantener su sede diplomática y el reconocimiento diplomático de Washington, los opositores venezolanos desecharon esta herramienta con la cual contaban.

La disolución del “gobierno de transición” fue realizada con el visto bueno del gobierno de EEUU, que les garantizó al G3 la continuidad del reconocimiento a la Asamblea Nacional opositora. Ese reconocimiento no solo sería de carácter político, sino que el Departamento de Estado se comprometió a autorizar que la Asamblea y los organismos que designara para el manejo de recursos fueran autorizados por el Departamento de Tesoro como ya había ocurrido con el “gobierno de transición” de Guaidó. El 09ENE23, el Departamento del Tesoro emitió una licencia que permitirá que la Asamblea Nacional opositora opere como un virtual “gobierno legislativo” con capacidad para realizar transacciones con entes estadounidenses. Probablemente el financiamiento que desde EEUU reciben los diputados opositores continúe fluyendo de esta manera, pero el tema central del control de los activos congelados en el exterior, algunos de ellos en procesos de litigios con acreedores, quedó latente.

Si bien Guaidó no ejercía real gobierno en Venezuela, la existencia del “gobierno provisional” y su reconocimiento legal por importantes gobiernos, creó una situación jurídica que impide que el régimen chavista tenga acceso a activos del Estado situados en el exterior, a la vez que impide que ansiosos creedores a quien el chavismo expropió bienes se hagan de esos bienes como pago. La disolución del “gobierno provisional” por parte de la propia oposición dejó abiertas puertas para que acreedores aumenten sus apuestas para hacerse de propiedades estatales venezolanas como la petrolera Citgo que opera refinerías, redes y gasolinerías en EEUU.

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Por cierto. El gobierno de EEUU está jugando a obviar el caso de la empresa propiedad estatal venezolana situada en Barranquilla, Colombia, cuyo manejo fue devuelto por Gustavo Petro a Maduro. La empresa Monómeros Colombo Venezolanos como parte de la estatal venezolana Pdvsa vía la filial Pequiven, fue objeto de sanciones por el gobierno de EEUU el 28ENE19. La imposibilidad de realizar transacciones comerciales con empresas de EEUU paralizó en la práctica las operaciones de Monómeros que contaba desde el mes de mayo con una junta directiva designada por el “gobierno provisional” encabezado por Juan Guaidó. Ante este hecho, el 07JUN19 el gobierno Trump emitió una licencia que liberó a Monómeros de las sanciones.

Con la llegada de Gustavo Petro a la presidencia el 07AGO22, Colombia dejó de reconocer al “gobierno provisional” venezolano y entró en inmediatos negocios con el régimen chavista. Uno de los primeros movimientos de Petro ante Maduro fue facilitar la retoma del control de la empresa por enviados de Caracas, mediante la inscripción el 09SEP22 de una junta directiva en la cual fueron incluidos dos colombianos vinculados con el nuevo gobierno y una venezolana relacionada con el entorno íntimo de la familia Maduro. La empresa productora y comercializadora de fertilizantes quedaba nuevamente bajo control del chavismo. El asunto habría sido tratado por Petro con emisarios del gobierno Biden, exigiendo que Washington no reimpusiera sanciones a Monómeros, bajo el argumento de que el mayor afectado es el sector agrícola colombiano. En la práctica, uno de los resultados de la línea de no confrontación con Petro decretada por EEUU ha sido mantener a la empresa retomada por Maduro fuera de la lista de sanciones.

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La eliminación del “gobierno provisional” en Venezuela fue recibida como entusiasmo por el gobierno ruso. La vocera del Ministerio de Exteriores, María Zajárova, emitió el 09ENE23 un comunicado señalando que “la oposición radical venezolana, con el apoyo y la instigación de los patrocinadores occidentales, continuó sus intentos de dar nueva vida al trabajo de la «Asamblea Nacional paralela» para retener el acceso a las palancas del gobierno por las buenas o por las malas. Al mismo tiempo, se tomó la decisión correcta y lógica de abolir el “gobierno interino” encabezado por J. Guaidó”.

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En Perú está en desarrollo una insurrección impulsada por la alianza entre narcotráfico y el castrochavismo impulsado desde Bolivia por Evo Morales. La agenda de las violentas protestas que se registran en el sur peruano, con decenas de muertos, se limita a aspectos de carácter político: exigir la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, disolución del parlamento, convocatoria a elecciones y realización de una asamblea constituyente.

Artículo publicado previamente en Diario Las Américas

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad. Y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

Informe Otálvora | Venezuela se queda sin embajadores en EEUU y la OEA, por Edgar C. Otálvora

Embajador Gustavo Tarre Briceño cuando el 10ABR19 fue reconocido como representante de Venezuela en la OEA. Foto: OEA.

La salida de Tarre Briceño de la OEA constituye una obvia victoria para la alianza castrochavista continental

 

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Venezuela deja de tener representación diplomática ante el gobierno de EEUU y ante la OEA como consecuencia de la decisión del 20DIC22 de la Asamblea Nacional de Venezuela (electa en 2015) de poner fin al gobierno de transición instaurado en 2019.

El embajador de Venezuela en la OEA, Gustavo Tarre Briceño y el embajador de Venezuela ante el gobierno de EEUU, Carlos Vecchio, además de otros diplomáticos ante diversos gobiernos, fueron cesados automáticamente en sus funciones como consecuencia de la decisión del legislativo opositor. Se trata de las primeras consecuencias legales de la decisión mediante la cual los diputados se prolongaron por un año más su mandato y pusieron fin de facto al gobierno provisional y a la presidencia de Juan Guaidó.

La salida de Tarre Briceño de la OEA constituye una obvia victoria para la alianza castrochavista continental que, por diversas vías, había tratado de dejar sin efecto la resolución que desde 2019 lo aceptó como el representante de Venezuela.

Dado que la designación de representantes diplomáticos es una función del Ejecutivo, eventuales nuevos representantes que pudieran ser designados por el “gobierno legislativo” de la oposición venezolana no serían aceptados por los gobiernos que desconocen al régimen de Maduro.

Igualmente termina el financiamiento otorgado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro, con visto bueno del Departamento de Estado de 2019, al “gobierno provisional” de Venezuela, procedente de dinero incautado por el gobierno de EEUU. El “gobierno legislativo” aprobado por la AN no contará con financiamiento salvo que se produzca la muy improbable aprobación del actual secretario de Estado.

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Para el 24ENE23 está prevista la realización en Buenos Aires de un encuentro presidencial de la CELAC. El grupo que es controlado por la izquierda continental y que excluye a EEUU y Canadá, decidirá crear una secretaría permanente que le permita operar como un organismo formal. Los planes de contraponer la CELAC a la OEA han sido diseñados con el concurso del mexicano López Obrador y el argentino Alberto Fernández quien actualmente preside el grupo y actuará como anfitrión.

La cita bonaerense será la primera actividad en el exterior que cumplirá Lula da Silva, quien asumirá la presidencia de Brasil el 01ENE23. Brasil regresa a CELAC y Lula se convierte en el catalizador de las acciones de los gobiernos de izquierda a nivel continental, con respecto a temas como una posible reforma de la OEA o la destitución del secretario general, Luis Almagro.

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Lula llega a la presidencia de Brasil con sed de protagonismo internacional y sus seguidores con hambre de venganza política. El “informe final” elaborado por su equipo de “transición de gobierno” acusa a Jair Bolsonaro de mantener una “visión aislacionista” que “afectó la imagen del país y perjudicó la capacidad brasileña de influir sobre temas de la agenda global”. El documento señala a Bolsonaro de desmontar UNASUR, sacar a Brasil de CELAC y propiciar el desmantelamiento del Mercosur. El equipo de Lula asegura que “al apostar en el aislamiento de Venezuela (del régimen chavista) Brasil se convirtió en un “factor de inestabilidad regional”.

Una de las primeras designaciones del nuevo gobierno brasileño fue el de su ministro de Exteriores, el cual fue asignado a un diplomático de carrera, Mauro Vieira, quien ha sido canciller durante el gobierno de Dilma Rousseff y embajador de Lula en EEUU y Argentina. La diplomacia oficial, de esta manera, fue puesta en manos de un hombre que procede del interior de Itamaraty.

Para la diplomacia paralela presidencial, los enlaces y conexiones con los aliados de la izquierda continental que en el pasado ejecutaba el fallecido petista Marco Aurélio Garcia, se asoman el nombre del excanciller Celso Amorim, aunque la expresidenta Dilma Rousseff y la secretaria ejecutiva del Foro de São Paulo, Mónica Valente, podrían completar un equipo de operadores internacionales paradiplomáticos. Amorim, quien es uno de los fundadores del Grupo de Puebla y ha actuado en los últimos años como el operador internacional de Lula, tendrá cargo de asesor presidencial con oficinas en el Palacio de Planalto.

Ya antes de la toma de posesión, Lula está diseñando varios periplos al extranjero. A finales de enero viajará a Buenos Aires para una visita oficial a Argentina y participar en lo que sería un encuentro de las cabezas de los gobiernos de izquierda continental para acordar planes de acción conjunta. La Casa Blanca le extendió invitación para una visita oficial a Washington para la cual están negociando fechas. En abril, Lula realizará una gira a Europa con varias paradas ya acordadas. Una visita a China está igualmente en la lista inmediata de viajes.

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Joe Biden asistió el 01ENE14 a la toma de posesión de Dilma Rousseff cuando ejerció como vicepresidente de EEUU durante el gobierno de Barack Obama. Para la toma de posesión de Lula da Silva, Biden decidió enviar una delegación de menor nivel que no incluye a la vicepresidenta Kamala Harris. La delegación estadounidense a Brasilia está integrada por Deb Haaland, secretaria del Interior y por el colombo-estadounidense Juan González, quien es asesor de Biden y director del Consejo Nacional de Seguridad para el Hemisferio Occidental.

En la toma de posesión de Lula deberán estar presentes los mandatarios de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Honduras, Paraguay, Suriname, Uruguay y San Vicente y Las Granadinas, además de Portugal, Angola, Cabo Verde, Timor Este y altos representantes de Rusia, China e Irán, entre otros. El propósito de Lula es reflejar un gran evento internacional.

No pasa desapercibido que Manuel López Obrador (México), Miguel Díaz-Canel (Cuba) y Daniel Ortega (Nicaragua) no atendieron la invitación de Lula. El mexicano se hace representar por su esposa Beatriz Gutiérrez Müller y por su canciller y precandidato presidencial Marcelo Ebrard. La dictadura cubana envió a Brasilia, con cinco días de anticipación, al vicepresidente Salvador Valdés y a la viceministra de Exteriores Josefina Vidal. Valdés ha realizado diversas reuniones de coordinación política.

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El asunto de la participación de Maduro en los eventos del 01ENE23 en Brasilia se convirtió en tema aparte. Una resolución interministerial del 19AGO19, emanada de los ministerios de Relaciones Exteriores y de Justicia de Brasil, estableció una prohibición de ingreso al país de “altos funcionarios del régimen venezolano por sus actos contrarios a los principios de la Constitución (brasileña) atentando contra la democracia, y los derechos humanos”.

En el listado de sancionados figuraron seis decenas de altos jerarcas chavistas encabezados por Nicolás Maduro, lo que impediría la asistencia del dictador venezolano a Brasilia.

En la mañana del 20DIC22 apareció en el Diario Oficial de la Unión una resolución interministerial del día anterior que dejaban sin efecto la resolución del año 2019. Fuentes cercanas al gobierno saliente, consultadas para este Informe, aseguran que en las últimas semanas se produjo negociaciones entre el gobierno saliente y el entrante sobre diversas materias. De ellas emanó la decisión de Bolsonaro para designar el 28DIC22 como nuevo comandante del Ejército al general Júlio Cesar de Arruda, quien contaba con el aval de Lula.

Reacio a visitar países donde no se le permita el despliegue de su propio aparato de seguridad, dada la oferta de recompensa que ofrece el gobierno de EEUU, Maduro se ha abstenido de viajar en los últimos años a Europa e incluso hasta la fecha no ha aceptado visitar Colombia donde gobierna su aliado Gustavo Petro. En medios diplomáticos de Brasilia se da como un hecho que Maduro preferiría enviar a alguno de los hermanos Rodríguez, la vicepresidenta Delcy o el presidente la asamblea nacional chavista Jorge Rodríguez, en su representación.

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Lula pretende reestablecer relaciones diplomáticas con el régimen chavista desde el mismo 01ENE23. Hasta la fecha no ha dejado saber quién será su embajador ante el gobierno de Maduro. En medios diplomáticos de Brasilia causó sorpresa que Maduro optara por indicar a un funcionario de bajo rango político y diplomático para que ejerza como su embajador ante el gobierno de Lula. Se trata de Manuel Vicente Vadell, quien ejercía como cónsul de Maduro en São Paulo y quien permaneció ilegalmente en Brasil luego de que en marzo de 2020 el gobierno Bolsonaro ordenara la salida de los diplomáticos chavistas. Según O Globo, el gobierno Bolsonaro permitió que Vadell, quien se negaba a regresar a Venezuela alegando la pandemia de COVID, regularizara su situación migratoria y posteriormente abriera una tienda de venta de ropa en el barrio Vila Madalena en São Paulo.

Por cierto, María Teresa Belandria, quien ejerció como embajadora de Venezuela en Brasil por designación del presidente interino Juan Guaidó desde 2019, fue objeto de varios actos de despedida por parte del cuerpo diplomático acreditado en Brasilia.

Dando como un hecho que Lula procedería a reconocer al gobierno de Maduro, Guaidó y Belandria acordaron anunciar al gobierno de Brasil que a partir del 26DIC22 cesarían las funciones de la Embajada. Por lo menos tres recepciones, típicas cuando un diplomático reconocido cesa en sus funciones, fueron ofrecidas a Belandria por parte de las misiones diplomáticas de EEUU, la Unión Europea y los Países Bajos.

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El anuncio por las autoridades electorales de los resultados que daban como ganador a Lula da Silva como presiente de Brasil, el 30OCT22, fue seguido de un total silencio por parte de Jair Bolsonaro. El presidente que alega haber sido objeto de fraude electoral y de un poder electoral posicionado en su contra, se negó a reconocer expresamente los resultados y se cobijó en un silencio que, según fuentes cercanas a la familia presidencial, dejaban ver un cuadro de depresión, y que según observadores políticos manifestaba incapacidad de Bolsonaro para reaccionar a los nuevos hechos.

Miles de ciudadanos fueron a las calles para protestar los resultados y clamar para que una intervención militar impidiera la toma de posesión de Lula. El Cuartel General del Ejército en Brasilia permanecía rodeado de bolsoneristas que acamparon exigiendo un pronunciamiento militar que reiteradamente fue negado por los altos mandos castrenses.

Temeroso de la apertura de procesos judiciales en su contra, sin apoyo político de sus aliados partidistas para encabezar un acto de desconocimiento a los resultados electorales, Jair Bolsonaro optó por abandonar Brasil el 20DIC22 con destino a EEUU. A bordo de un avión oficial presidencial, Bolsonaro voló desde Brasilia con destino a Orlando, en el estado de Florida, donde ya estaban varios miembros de su clan familiar. La aeronave tras hacer una parada técnica en Boa Vista, estado de Roraima, fronterizo con Venezuela, tomó rumbo al noreste para obviar el espacio aéreo venezolano y alcanzar el Atlántico a través de Guyana. Los expresidentes brasileños tienen derecho a contar con un número determinado de “asesores” pagos con recursos públicos y según publicación oficial del 20DIC22, el gobierno dispuso lo necesario para que cinco funcionarios permanezcan en EEUU, a la orden de Bolsonaro, posiblemente en tareas de seguridad.

La presidencia de Brasil quedó en manos del vicepresidente Hamilton Mourão quien sería el encargado de transferir la banda presidencial a Lula da Silva en los actos del 01ENE23.

Brasil cruza a la izquierda de la mano de Lula y las fuerzas populares que rechazan el regreso del PT al poder parecieran haberse quedado sin un líder. Bolsonaro, en una alocución divulgada poco antes de volar a EEUU, pidió a sus seguidores que mantuvieran una fuerte oposición a Lula, pero él sin mayor explicación decidió partir del país antes del fin de su mandato, dejando a sus leales seguidores que intentan llegar a Brasilia para protestar contra el ascenso de Lula da Silva.

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Nuestros mejores deseos para nuestros leales lectores… Un gran 2023 para ustedes.

Artículo publicado previamente en Diario Las Américas

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad. Y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

Informe Otálvora | Cocaleros y Grupo de Puebla buscan desestabilizar Perú, por Edgar C. Otálvora

Presidenta Dina Boluarte encabeza ceremonia en la Escuela de Oficiales de la Fuerza Aérea el 14DIC22. Foto: Presidencia de Perú

Grupos armados cocaleros se suman a los residuos urbanos de guerrilleras de izquierda para desencadenar una ola de acciones violentas en Perú. La crisis peruana tiene fuerte olor a coca

 

@ecotalvora

El gobierno de EEUU ya abrió canales directos con Lula da Silva, quien iniciará gobierno el 01ENE23. El 09DIC22 Lula sostuvo un encuentro en Brasilia con el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca Jake Sullivan, quien viajó a Brasil acompañado de su subalterno, el colombo-estadounidense Juan González y del hondureño-estadounidense Ricardo Zuñiga, del Departamento de Estado.

Según las diversas versiones del encuentro, los enviados estadounidenses extendieron a Lula la invitación para una visita oficial a Washington. El “tema Venezuela” habría sido introducido por los visitantes en la conversación. Como ya ocurrió con Gustavo Petro y Alberto Fernández, los enviados del gobierno Biden solicitaron a Lula que utilizara su influencia sobre Nicolás Maduro para “mejorar” las condiciones para elecciones democráticas en Venezuela.

El embajador Mauro Vieira, quien ya fue señalado por Lula como su ministro de Exteriores, confirmó que Brasil reestablecerá relaciones diplomáticas con la dictadura venezolana a partir del 01ENE23.

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Grupos armados de organizaciones cocaleras peruanas se han sumado a los residuos urbanos de guerrilleras de izquierda para desencadenar una ola de acciones violentas en Perú. Acciones desatadas tras la destitución de Pedro Castillo de la presidencia de Perú. Simultáneamente, el presidente mexicano Manuel López Obrador está capitaneando una reacción desde el exterior en apoyo a Castillo.

La crisis peruana tiene fuerte olor a coca.

El 07DIC22 el presidente izquierdista Pedro Castillo se dirigió al país anunciando un conjunto de medidas que, en resumen, significaban un intento de golpe de Estado. Disolución del Congreso, reestructuración del poder judicial, establecimiento de un gobierno de “emergencia excepcional”, gobierno mediante la emisión de decretos presidenciales, convocatoria a elecciones para un Congreso que dictaría una nueva constitución.

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Pedro Castillo, quien desde el inicio de su gobierno el 28JUL21 había salido ileso de dos intentos de destitución por parte del Congreso, logró con su caricatura de golpe que las distintas fuerzas parlamentarias sumaran 110 votos de un total de 130, la mayoría necesaria para su destitución. Incluso sus camaradas del partido Perú Libre votaron por la declaratoria de “vacancia por incapacidad moral”. Se trata de una figura constitucional peruana equivalente a un proceso de control político parlamentario a la gestión presidencial del cual puede derivar en la declaración de vacío presidencial. Ese vacío será superado con la juramentación del primero en la línea de sucesión, en este caso, la vicepresidenta electa Dina Boluarte.

Aparte de ser destituido del cargo, contra Castillo fue iniciado el mismo 07DIC22 un proceso judicial por rebelión y conspiración por el cual permanece encarcelado desde ese mismo día, luego de que agentes policiales le impidieron desplazarse hasta la residencia del embajador mexicano en Lima, donde el ya expresidente pretendía refugiarse como asilado político.

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Pedro Castillo llegó a la Presidencia de Perú con un partido de alquiler propiedad de Vladimir Cerrón, un agente de la dictadura cubana que intentó convertirse en el mentor del maestro interiorano y exdirigente sindical. Castillo no implementó el programa radical de izquierda diseñado por Cerrón de quien progresivamente se distanció.

Castillo accedió a la apertura de canales de comunicación con el gobierno de EEUU, asistió a la Cumbre de las Américas en Los Ángeles y no adelantó una política conformacional contra EEUU. Los planes diseñados por Cerrón y Evo Morales para crear una alianza cocalera entre Perú y Bolivia no encontraron eco en Castillo.

En tanto, la familia más cercana de Castillo comenzó a utilizar su posición para facilitar otorgamiento de contratos a empresarios que adivinaron rápidamente las debilidades de la familia del exmaestro rural.

Alejado de su base política original, Castillo fue igualmente incapaz de construir alianzas políticas con otros sectores del archipiélago partidista peruano. Cuando lanzó su golpe de Estado, en lo que resultó una infantil maniobra para impedir su probable destitución por corrupción, ningún partido o cuartel se pronunció a favor de Castillo. A Pedro Castillo nadie lo tumbó, él se cayó solo. El eje castrochavista se limitó a pronunciamientos a posteriori. De La Habana, Caracas o del Chapare boliviano no llegaron grupos de choque armados para defender a Castillo.

El 12DIC22 el Congreso peruano aprobó desaforar al expresidente Castillo abriendo las puertas para su enjuiciamiento en tribunales ordinarios. El 16DIC22 un tribunal de Lima dictó una medida que permitirá que las autoridades judiciales lo mantengan 18 meses encarcelado en calidad de “prisión preventiva” mientras se elabora el expediente y se le juzga.

En tanto, el 16DIC22, diversos medios y autoridades peruanas reportaban la llegada a Lima de grupos de “manifestantes” organizados procedentes de la región cocalera del VRAEM. La consigna de los cocaleros que mantienen cerradas vías carreteras del sur del Perú y se movilizan para protestar en la capital es la de calificar a la nueva presidenta como “usurpadora” del cargo, exigiendo su renuncia con convocatoria a nuevas elecciones.

La narcoizquierda peruana está alzada en apoyo tardío a Castillo. Con varias decenas de muertos en diversos enfrentamientos, el 14DIC22 el gobierno de Boluarte decretó un estado de emergencia por 30 días, lo que implica la suspensión de varios derechos constitucionales como los de reunión, libre tránsito e inviolabilidad de la residencia.

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Además de los cocaleros, el mandato de la presidenta Dina Boluarte ha sido puesto en duda por cuatro gobiernos izquierdistas de la región con los cuales Perú ha entrado en choque diplomático.

El mexicano Manuel López Obrador y el argentino Alberto Fernández, fundadores del Grupo de Puebla y quienes están coordinando sus políticas exteriores hacia Latinoamérica, sumaron al colombiano Gustavo Petro y al boliviano Luis Arce para emitir el 12DIC22 un comunicado en respaldo al destituido Pedro Castillo. El gobierno de Chile se habría negado a participar en la maniobra. Lula da Silva se desmarcó el 09DIC22 de la crisis peruana en un comunicado en el cual calificó como “constitucional” la destitución de Castillo y deseó éxito a la presidenta Boluarte.

En el comunicado del 12DIC22, el ala “Puebla” de la izquierda continental denuncio que Castillo “desde el día de su elección, fue víctima de un antidemocrático hostigamiento” […] “para luego ser objeto de un tratamiento judicial” que según los cuatro gobiernos violaría la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969, conocido usualmente como el Pacto de Costa Rica. Se trata de la misma normativa que en el pasado Hugo Chávez y Evo Morales han invocado para justificar la reelección perpetua en el cargo.

Según los mandatarios del Grupo de Puebla, el proceso de juicio político aplicado a Castillo en apego a la constitución de Perú estaría “revirtiendo la voluntad popular expresada con el libre sufragio”. Se trata de la misma argumentación utilizada por la izquierda continental para responder a la destitución de Evo Morales.

La primera reacción del gobierno peruano fue emitir un comunicado público el 12DIC22, sin mencionar expresamente a los firmantes del comunicado, en el cual ratificaban que “de acuerdo a lo establecido en el Artículo 115 de la Constitución Política del Perú, la vicepresidenta Dina Ercilia Boluarte Zegarra asumió la Presidencia de la República”.

En su programa televisivo matutino del 13DIC22, López Obrador dejó saber que su gobierno sigue considerando a Castillo como presidente y en consecuencia desconoce el mandato de la presidenta Boluarte. Según AMLO, el Pacto de Costa Rica implica que “se debe reconocer que ganó democráticamente y no se le puede destituir” y que esa convención internacional estaría sobre la Constitución de Perú. Burlón, AMLO dijo que su gobierno no estaba realizando un acto de injerencia, sino que emitía una opinión, aunque declaró congeladas las relaciones con el nuevo gobierno peruano. El 14DIC22, el turno ofensivo correspondió a Gustavo Petro, quien mediante un tuiteo puso en duda la legalidad del proceso de destitución y enjuiciamiento a Castillo.

En reacción a la inamistosa posición de sus gobiernos, la cancillería peruana citó el 14DIC22 a los embajadores de México, Argentina y Bolivia, así como al encargado de negocios de Colombia. Se trataba de la segunda ocasión en menos de una semana en la cual era citado el diplomático mexicano Pablo Monroy para recibir nota de protesta por las declaraciones injerencistas de su presidente y de su canciller contra el gobierno peruano. La cancillería peruana entregó notas de protesta a los cuatro jefes de misión acusando a sus gobiernos de injerencia en asuntos internos del Perú.

El 15DIC22 el nuevo gobierno peruano escaló su respuesta a López Obrador y sus socios. Ese día la cancillería de Perú “llamó a consultas” a los jefes de sus misiones diplomáticas en Ciudad de México, Bogotá, Buenos Aires y La Paz “en reacción a la intromisión en los asuntos internos del Perú por parte de las más altas autoridades de los aludidos países, cuyas declaraciones cuestionan la sucesión presidencial realizada en estricto apego a la Constitución del Perú”.

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Las dictaduras de Cuba, Venezuela y Nicaragua, juntos con socios políticos caribeños asociados en el ALBA, se congregaron en La Habana el 14DIC22 y se pronunciaron sobre los hechos peruanos. Nicolás Maduro, Miguel Díaz-Canel, Daniel Ortega y sus asociados aseguran que Pedro Castillo se vio obligado a tomar medidas (se refieren al golpe de Estado del 07DIC22) “que fueron luego aprovechadas por sus adversarios en el parlamento para destituirlo”.

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El gobierno de facto de Nicolás Maduro se convirtió ya en uno de los más largos de la historia de Venezuela. Solo dos dictadores del siglo XX y Hugo Chávez lo superan en tiempo continuo de ejercicio del gobierno en el país.

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Durante el año 2011, cuando la salud de Chávez estaba ya gravemente comprometida, las visitas a Cuba del entonces ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, se hicieron más frecuentes y prolongadas. Maduro había conocido Cuba en los años setenta cuando fue enviado para cursos de formación política y militar en condición de militante de organizaciones venezolanas que mantenían el esquema de la vía armada para la conquista del poder.

Después, Maduro fue una de las piezas colocadas por los servicios de espionaje cubano alrededor de Chávez en 1994, logrando escalar posiciones en el aparato político que estaba construyendo el militar golpista luego de salir de la cárcel. Con el tiempo Maduro se convirtió desde 2006 en el ministro de Relaciones Exteriores de Chávez, lo que le permitió permanecer en las cercanías del poder sin la erosión de otros miembros del gobierno.

La larga estadía de Maduro en la cancillería chavista presagiaba que los hermanos Castro estaban emulando en Venezuela el esquema intentado en Cuba de utilizar el cargo de canciller para formar un eventual futuro gobernante. Ya ese ejercicio había sido intentado por los Castro con Roberto Robaina y Felipe Pérez Roque ambos acusados, cada uno en su momento, de traición a la revolución después de haber sido cancilleres estrella.

En su condición de canciller, en julio de 2011 Maduro viajó a Brasil con el propósito de abortar la opción, ofrecida por el gobierno izquierdista de Dilma Rousseff, para que Chávez fuera atendido de su cáncer en el reputado Hospital Sirio-Libanês de São Paulo. Para el régimen cubano era prioritario el manejo directo de la enfermedad de Chávez como un asunto de secreto político, por lo cual no permitieron que el paciente se colocara fuera de su alcance. En aquellos días también, los consejos de Fidel Castro hicieron que Chávez retrocediera en su intención de desplazar a Maduro de su posición de canciller y enviarlo a competir en las elecciones regionales como candidato a la gobernación del fronterizo estado Táchira o del estado Carabobo.

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El 10OCT12 Chávez designó a Maduro como vicepresidente ejecutivo, cargo con facultades para suceder al presidente en caso de falta absoluta. La dictadura cubana de esa manera dejaba saber su predilección por Maduro como el sucesor de Chávez en detrimento de Elías Jaua, otro cuadro cubano incrustado la alta jerarquía chavista, quien en lo sucesivo vio declinar su estrella.

El ascenso de Maduro al cargo vicepresidencial marca la fecha en la cual comenzó a ejercer la función presidencial, primero de forma subrepticia amparado en falsas firmas de Chávez en documentos de Estado y luego, mediante dudosas decisiones del Tribunal Supremo de Justicia y del Consejo Nacional Electoral controlados por el chavismo que le permitieron presentarse como candidato del chavismo a las elecciones presidenciales del 14ABR13 sin abandonar el cargo de vicepresidente y sin entregar documentos probatorios de su lugar de nacimiento.

La violación de normas constitucionales y de la legislación electoral se sumaron a un obvio fraude en las urnas.

La noche del 18ABR13, a pocas horas del cambio de gobierno en Venezuela, se produjo en Lima una reunión presidencial de Unasur, a la cual asistieron Pepe Mujica, Evo Morales, Cristina Kirchner, Dilma Rousseff, Juan Santos Calderón y el anfitrión Ollanta Humala y a la cual fue invitado Maduro. Bajo la promesa nunca cumplida de realizar un reconteo de votos, Unasur bendijo el fraude electoral en Venezuela.

El padrinazgo de sus socios políticos internacionales y la decisión del abanderado opositor Henrique Capriles Radonski de no defender en la calle los resultados a su favor, crearon las condiciones para que el cuadro cubano Nicolás Maduro hoy en día supere una década encabezando el gobierno chavista.

Escribió Ernesto Guevara que un “cuadro” es un “individuo que ha alcanzado el suficiente desarrollo político como para poder interpretar las grandes directivas emanadas del poder central, hacerlas suyas y trasmitirlas como orientación a la masa”… La agencia Bloomberg, que se muestra especialmente cercana al régimen chavista, entrevistó a Nicolás Maduro Guerra el 11DIC22. El hijo del dictador y alto jerarca del régimen anunció que su padre será el candidato del chavismo para las votaciones que el régimen prevé realizar en alguna fecha en los siguientes años…

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A nuestros leales lectores… Feliz Navidad 2022.

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Informe Otálvora | EEUU no planea reconocer a Maduro, por Edgar C. Otálvora

El canciller mexicano Marcelo Ebrard felicita a Gerardo Blyde por la firma de acuerdos con el régimen de Maduro en Ciudad de México el 26NOV22. Foto: @SRE_mx

El lobby petrolero logró crear una grieta en las sanciones estadounidenses al régimen venezolano sin que, en contrapartida, se produjeran avances en las “pláticas” sobre elecciones libres

 

@ecotalvora

No está en los planes del gobierno de EEUU reconocer a Nicolás Maduro como jefe de Estado. Un reconocimiento de ese tipo paralizaría los procesos judiciales que le siguen en EEUU por narcotráfico

La posición del gobierno Biden sobre Maduro ha cobrado interés en razón de las conversaciones entre altos funcionarios de la Casa Blanca con Maduro y por la decisión de EEUU relacionada con el príncipe saudí Mohamed bin Salmán.

El 17NOV22 el Departamento de Justicia, a solicitud del Departamento de Estado, consignó ante un tribunal de Washington un alegato en relación al príncipe heredero saudí sobre quien corre una demanda civil. Mediante el documento “EEUU informa respetuosamente a la corte que el acusado Mohamed bin Salman, primer ministro del reino de Arabia Saudita, es el actual jefe de gobierno y por lo tanto goza de inmunidad frente a estas demandas» basado en que “la doctrina de la inmunidad de los jefes de Estado está bien establecida en el derecho internacional consuetudinario». MBS, como se conoce al poderoso príncipe saudí, asumió altísimas posiciones de gobierno desde que su padre Salmán bin Abdulaziz fuera investido rey en 2015 y en 2017 fue declarado primer heredero al trono. Asumió el cargo de primer ministro el 27SEP22, posición que ahora le confiere condición de jefe de gobierno e inmunidad en tribunales de EEUU.

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El 18NOV22, la decisión del gobierno Biden sobre MBS fue objeto de largo tratamiento en las preguntas de los corresponsales que asistían a la rueda de prensa en el Departamento de Estado, ese día a cargo del vocero adjunto Vedan Patel. La versión del Departamento de Estado fue que la posición sobre MBS era de carácter legal y no estaba referida a la situación de las relaciones bilaterales. Matt Lee, veterano periodista de AP, fue particularmente incisivo en sus preguntas: “¿considera usted, relacionado con esto, considera a Maduro como el jefe de Estado de Venezuela o jefe de Gobierno?”. Patel respondió: “No, no lo hacemos”. Lee reiteró: “¿Entonces, Maduro no recibirá el mismo tipo de trato [que MBS]?”. “Yo no quiero hablar de un caso judicial hipotético, pero es correcto”, dijo Patel usando una obvia paralipsis para afirmar que el gobierno de EEUU no tiene planteado reconocer a Maduro como jefe de Estado o de gobierno.

Pese a la negativa del vocero del Departamento de Estado, un implícito reconocimiento a Maduro como jefe de Estado ha sido una potencial consecuencia de la visita al Palacio de Miraflores el 05MAR22 del asesor presidencial de Biden y responsable del Hemisferio Occidental en el Consejo de Seguridad de la Casa Blanca, el colombo-estadounidense Juan González.

González es uno de los artífices de la actual política del gobierno de EEUU hacia Venezuela, que tuvo su más reciente desarrollo con la modificación de las sanciones impuestas a la empresa petrolera estatal venezolana.

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El 23NOV22, el presidente colombiano y nuevo aliado de Maduro, Gustavo Petro, anunció en su cuenta de Twitter que “este 25 y 26 se reinician los diálogos entre el gobierno de Maduro y la oposición venezolana”. Días antes, el 05NOV22 en entrevista con El Espectador de Bogotá, el embajador de Petro ante Maduro, Alberto Benedetti, había comentado que “las negociaciones van superbién. A finales de noviembre eso puede terminar demasiado bien e inesperado para todo el continente”.

Petro no forma parte del esquema de negociaciones entre Maduro y los partidos opositores venezolanos, pero los comentarios del presidente colombiano y su locuaz embajador sirvieron para confirmar que las negociaciones estaban en marcha.

El viaje a Ciudad de México de las delegaciones para retomar las pláticas solo era un ardid para ocultar que, tras bastidores y con una fuerte presencia de EEUU, se estaba armando un nuevo capítulo para la crisis venezolana. A finales del mes de noviembre se vencía la licencia otorgada por el Departamento del Tesoro que permitía mantener operaciones mínimas en Venezuela a la petrolera Chevron y a las empresas de ingeniería Halliburton, Schlumberger, Baker Hughes y Weatherford International. Igualmente se vencía la licencia especial concedida a Chevron para entrar en contacto directo con el régimen chavista pare negociar un eventual futuro esquema de operaciones de la petrolera en Venezuela.

Desde la visita de Juan González a Caracas, en los mentideros de Washington quedó en evidencia el avance que la empresa Chevron había logrado en su objetivo de lograr una grieta legal para obviar las sanciones a la petrolera venezolana Pdvsa. Oficialmente el gobierno Biden dejó saber, en declaraciones y filtraciones de los principales operadores de política exterior de la Casa Blanca y del Departamento de Estado, que un relajamiento de las sanciones estaría condicionado a que Maduro regresara a la “mesa de negociación” establecida en México en 2021. Una salida pacífica para Venezuela, con elecciones libres, democráticas y observadas internacionalmente, es el desiderátum pregonado por Washington y aliados europeos. De manera tal que la concreción de los deseos del lobby petrolero requería de un acto simbólico, con México como escenario, en el cual se reanudaran “las negociaciones”.

Por cierto, el subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental, Brian A. Nichols, en un tuiteo del 24NOV22, escribió en español informando que su gobierno acoge “con beneplácito el regreso al diálogo entre los partidos venezolanos esta semana”. Ya no se trata, en el lenguaje del Departamento de Estado, de negociaciones entre una dictadura y los defensores de la democracia, sino un “dialogo entre partidos”.

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El anuncio adelantado por Petro obligó a que el Ministerio de Exteriores de Noruega, que sirve como financista parcial y facilitador de las pláticas entre Maduro y los representantes opositores, emitiera un comunicado el 24NOV22. “Anunciamos que el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y la Plataforma Unitaria de Venezuela han decidido retomar el proceso de diálogo y negociación en México el 26 de noviembre, facilitado por Noruega. Ahí las partes suscribirán un acuerdo parcial en materia social”. El viaje de las delegaciones de Maduro y de la oposición a México tendría como objetivo real la firma de un acuerdo que los venezolanos desconocían. Los aparatos diplomáticos de EEUU, Noruega, la Unión Europea, aliados extranjeros del chavismo, diversos organismos de la ONU, habían estado en los últimos meses trabajando en un esquema que satisficiera la exigencia chavista de suspender las sanciones financieras de EEUU al régimen como condición para una hipotética negociación sobre condiciones electorales.

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El 26NOV22 el diplomático noruego Dag Nylander, el representante de Nicolás Maduro, Jorge Rodríguez, y el representante de la alianza partidista “Plataforma Unitaria de Venezuela” Gerardo Blyde, junto con sus respectivas delegaciones, suscribieron dos documentos. El “segundo acuerdo parcial para la protección social del pueblo venezolano” y un anexo con los términos para el seguimiento del propio acuerdo.

Mediante esos dos documentos fueron creados una “Mesa de Atención Social”, un “Grupo Especial para la Atención de los Efectos del Sobrecumplimiento GEAS”, una “Comisión de Seguimiento y Verificación”, y solicitaron a la ONU la creación de un fondo fiduciario que llevaría como nombre “Fondo para la Protección Social del Pueblo Venezolano”. Según los firmantes, el esquema tendría como objetivo identificar, planificar, ejecutar y hacer seguimiento a proyectos para el sector eléctrico, infraestructura educativa pública, respuesta a las “torrenciales lluvias” y ampliación del programa de alimentos ejecutado por la ONU. En resumen, las fuerzas políticas venezolanas estarían creando un cogobierno entre la dictadura venezolana y los partidos opositores. Según el texto, en un plazo de 24 horas luego de firmado el acuerdo, las partes debían notificar al noruego Dag Nylander los nombres de los representantes en el GEAS y en la “Comisión de Seguimiento”.

Por cierto. La firma de los acuerdos sirvió para que el precandidato presidencial mexicano y actual ministro de Exteriores, Marcelo Ebrard, ganara cámara como anfitrión del evento.

Reza el acuerdo que “las partes han identificado recursos pertenecientes al Estado venezolano, congelados en el sistema financiero internacional, a los cuales es posible acceder […] entendiendo la necesidad de obtener las autorizaciones que competen a instituciones y organismos competentes [en el extranjero]”. El acuerdo no especifica el monto que administraría los numerosos grupos creados. Según altos jerarcas del régimen, Diosdado Cabello y Jorge Rodríguez, el acuerdo les permitiría, por medio de la ONU, disponer de US$3.000 millones. En realidad, se desconoce cuánto dinero del Estado venezolano se encuentra represado o incautado en instancias extranjeras y, su eventual recuperación requerirá ingentes esfuerzos legales y administrativos.

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La firma de los acuerdos en México el 26NOV22 fueron inmediatamente saludados por los gobiernos de EEUU, Canadá, Reino Unido, la Unión Europea, Colombia, Argentina, y otros tantos. Algunos de ellos dejaron saber que en breve se realizarían nuevas rondas de negociaciones sobre los aspectos centrales de las garantías para elecciones presidenciales y la liberación de los presos políticos.

Pese a que se trataba de la semana del Día de Acción de Gracias, los responsables del Hemisferio Occidental en el gobierno Biden estaban atentos a los eventos en Ciudad de México. En la tarde del 26NOV22 el Departamento de Tesoro emitió una licencia pública denominada Licencia General 41 a favor de la empresa Chevron, así como licencias temporales a favor de las empresas de servicios estadounidenses para realizar operaciones en Venezuela, pero sin iniciar nuevos proyectos de perforación.

Mediante la licencia 41, el gobierno Biden autorizó por el plazo de seis meses, con eventuales renovaciones posteriores automáticas mensuales, para la creación de un monopolio a manos de Chevron para llevar petróleo venezolano a EEUU. La empresa fue autorizada a producir crudo, como parte de las operaciones de las empresas mixtas en las cuales la estadounidense es socia minoritaria de Pdvsa. El texto comente una equivocación al referirse a las “empresas mixtas” (joint ventures) de Chevron en Venezuela, cuando en realidad se tratan de empresas del Estado venezolano de las cuales la estadounidense es operadora y socia minoritaria.

La licencia prohíbe que Chevron pague impuestos o royalties al “gobierno de Venezuela” y dividendos a Pdvsa, con lo cual expresamente reconoce a la dictadura chavista como “el gobierno de Venezuela”. Igualmente prohíbe negocios de Chevron con empresas rusas o iraníes que operen en Venezuela. Según el chavismo, la licencia no impide que el régimen obtenga beneficios de la venta de crudo, ya que los impuestos y royalties son pagados por las empresas mixtas y no por Chevron. Tanto el Departamento del Tesoro como voceros del Departamento de Estado han asegurado que supervisarán la ejecución de la licencia para impedir que el régimen se beneficie de ingresos.

El lobby petrolero logró crear una grieta en las sanciones estadounidenses al régimen venezolano sin que, en contrapartida, se produjeran avances reales en las “pláticas” sobre la realización de elecciones libres en Venezuela.

Voceros de la oposición que firmó los acuerdos han hecho circular la versión de haber ido “nariciados” a México, obligados por los aliados internacionales. Por su parte, Nicolás Maduro afirmó el 30NOV22 que la realización de “elecciones libres” en 2024 estará condicionada a la eliminación de las sanciones internacionales. La cronificación del régimen chavista pareciera haber ganado nuevo terreno.

Los asesores de Biden le ofrecieron que esta línea de acción le permitiría simultáneamente agradar al sector petrolero estadounidense y dar una respuesta al “tema Venezuela” al “obligar” a que Maduro se siente en una mesa de negociación. En tanto, en Washington corren rumores de una pronta reestructuración de los equipos encargados de Latinoamérica en el Consejo de Seguridad Nacional y el Departamento de Estado.

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Juan Guaidó ordenó el cierre de la misión diplomática que desde 2019 mantiene en Brasilia en previsión a medidas retaliativas contra su personal por parte del entrante gobierno izquierdista.

Para el 01ENE23 está prevista la toma de posesión presidencial de Lula da Silva quien es socio del régimen chavista. El PT, partido de Lula, ha sido particularmente activo para amparar los intereses de la dictadura venezolana en Brasil durante el gobierno de Jair Bolsonaro. Incluso la sede de la Embajada de Venezuela en Brasilia permanece bajo control de enviados de Maduro, atrincherados bajo protección del PT.

El gobierno Bolsonaro reconoció legalmente en 2019 y otorgó tratamiento de jefe de misión diplomática a la venezolana María Teresa Belandria, la enviada por el “gobierno provisional” encabezado por Guaidó. El 28NOV22 Belandria entregó al Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil una nota verbal mediante la cual notificó el fin de sus funciones el 26DIC22, lo cual significa el cierre de la misión.

Artículo publicado previamente en Diario Las Américas

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Informe Otálvora | Izquierda continental engolosinada de poder, por Edgar C. Otálvora

Reunión Grupo de Puebla en Colombia con presencia de representante de China el 11NOV22. Foto: @evoespueblo.

El Grupo de Puebla no es una reunión de diletantes sino un foro para coordinar la toma y la preservación del poder por parte de la izquierda continental

 

@ecotalvora

Tras las elecciones de medio término, la Casa Blanca pareciera haber decidido renovar su esquema de comunicación con Latinoamérica.

El Departamento de Estado anunció el 18NOV22 la designación de Chris Dodd como “asesor presidencial especial para las Américas”. El exsenador, compañero partidista y amigo personal del presidente de EEUU, desarrolló durante su vida política un conocimiento personal y una red de contactos en Latinoamérica que fue puesta en uso para salvar la Cumbre de las Américas que tuvo a California como sede y a Biden como anfitrión en junio pasado. Dodd fue el artífice que logró congregar al brasileño Jair Bolsonaro y al argentino Alberto Fernández bajo un mismo techo.

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Desde el principio de su gobierno, Biden había estado delegando los movimientos de diplomacia directa con Latinoamérica en el colombo-estadounidense Juan Sebastián González, asesor presidencial y responsable del hemisferio occidental en el Consejo de Seguridad Nacional. González, fue el protagonista y probable diseñador de una visita a Nicolás Maduro el 05MAR22 que pudo haber dado al traste con el esquema de presión que EEUU mantiene sobre el régimen chavista.

La poca relevancia que el secretario de Estado Antony Blinken otorga al continente, la ausencia de un equipo cohesionado sobre Latinoamérica en el Departamento de Estado y la Casa Blanca, está siendo suplido curiosamente con viajes diplomáticos por parte del director de la CIA, el embajador William Burns, quien fue el primer alto funcionario del gobierno Biden en reunirse con Bolsonaro o, por la comandante del Comando Sur, general Laura Richardson, quien ha estado trabajando directamente para mantener canales operativos con el estado colombiano tras la llegada del gobierno izquierdista de Gustavo Petro.

El papel de Chris Dodd, quien cuenta con 78 años de edad, sería el de operar como vocero directo de Biden en el continente donde se está cocinando una abierta reacción antiestadounidense.

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A los efectos de la Unión Europea, en Venezuela se mantiene el estado de “continuo deterioro de la democracia, el Estado de derecho y los derechos humanos” existente a finales del año 2017 y, en consecuencia, fueron renovadas sin mayor debate las sanciones impuestas a altos jerarcas del régimen.

El 13NOV17 los ministros de exteriores de la UE reunidos como “Consejo de la Unión Europea” acordaron restringir la venta de armas al régimen chavista. Igualmente acordaron prohibir el ingreso a territorio de la UE de altos jerarcas del régimen, así como al congelamiento de sus propiedades. La Unión Europea no impuso medidas contra el aparato empresarial del estado venezolano. Desde entonces la lista de jerarcas sancionados fue aumentando hasta llegar al número de 55. Entre ellos figuran el cogobernante Diosdado Cabello, la vicepresidenta Delcy Rodríguez, políticos funcionales como Bernabé Gutiérrez, el zar petrolero Tareck El-Aissami, el fiscal general del régimen Tarek Saab, altos jefes militares como Remigio Ceballos, jefes judiciales como Maikel Moreno y el zar de la frontera Freddy Bernal.

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El 07NOV22 en un pasillo del Centro de Convenciones del balneario egipcio de Sharm el-Sheikh, coreografiado por algún mandatario africano amigo del régimen cubano, se produjo un encuentro entre Nicolás Maduro y el presidente francés Emmanuel Macron. La conversación atentamente captada por las cámaras del equipo de propaganda del régimen chavista fue ampliamente difundida para transmitir la imagen de un Maduro que cultiva amistades internacionales. A su regreso a Caracas, Maduro en una reunión del buró político del PSUV transmitida por TV, dejaba saber que probablemente viajaría a Europa para celebrar su cumpleaños.

Pocos días antes, el 25OCT22, el grupo de trabajo sobre Latinoamérica y el Caribe del Consejo de la Unión Europea, había celebrado una reunión de trabajo en Bruselas en cuya agenda figuró el tema “Venezuela”. Los funcionarios del Consejo de la UE estaban realizando la evaluación de la situación venezolana para decidir sobre la continuidad de las sanciones a los jerarcas chavistas que vencerían el 14NOV22.

La recomendación de los diplomáticos encargados del caso fue prolongar por un año las sanciones y actualizar la información sobre los sancionados sin modificar el listado. Según una fuente oficial de la UE consultada por este Informe “la adopción de los actos jurídicos se finalizó mediante un procedimiento escrito que concluyó el 10 de noviembre de 2022”. La fuente enfatizó que “el Consejo podrá adoptar actos cuando se reúna físicamente o, a falta de sesiones presenciales, mediante procedimiento escrito”. La decisión de renovación de sanciones a jerarcas chavistas fue tomada sin una reunión ministerial del Consejo, demostrando que los gobiernos de la UE no tienen mayor interés de debatir algún cambio de posición colectiva ante el régimen venezolano.

Desmintiendo la versión del chavismo sobre sus avances diplomáticos en Europa, el Diario Oficial de la UE publicó el 11NOV22 la Decisión 2022/2201 que prolonga por un año más las sanciones altos cargos del régimen chavista. De hecho, el viaje de la vicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez, a los Países Bajos para participar en una sesión de la Corte Internacional de Justicia el 17NOV22, solo fue posible alegando que se trataba de una visita a un país “anfitrión de una organización internacional intergubernamental”.

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“Dando como un supuesto las victorias electorales de Gustavo Petro en Colombia y especialmente la de Lula da Silva en Brasil, la izquierda continental ya está barajando un escenario de retoma de la institucionalidad continental”. Así adelantaba el Informe Otálvora del 22ABR22 los eventos que comienzan a registrarse tras la toma del gobierno colombiano por Petro el 07AGO22 y el anuncio de la victoria de Lula da Silva el 30OCT22.

El Grupo de Puebla, la organización VIP de la izquierda continental, celebró el 10-11NOV22 una reunión en Santa Marta, Colombia, con la mayoría de sus principales miembros fundadores. En la mesa principal se situaron la brasileña Dilma Rousseff, el español José Rodríguez Zapatero, el local Ernesto Samper Pizano, el dominicano Leonel Fernández y el chileno Marco Enriquez-Ominam, quien actúa como coordinador del grupo y activo operador internacional.

Además se sumó al evento el boliviano Evo Morales así como Rui Zhu enviado por el Partido Comunista de China, quien previamente había visitado La Habana. La presencia del diplomático chino, quien posó en la foto de familia oficial de la reunión, dejó ver la concatenación de intereses entre la alianza izquierdista continental y el gobierno chino. China cuenta con funcionarios de enlace con la CELAC, con el Foro de São Paulo y ahora con el Grupo de Puebla.

Este último no es una reunión de diletantes sino un foro para coordinar la toma y la preservación del poder por parte de la izquierda continental.

El Grupo de Puebla, que se autodenomina “progresista”, desde su fundación en 2019 y hasta la fecha se había abstenido meticulosamente de mostrar contactos directos con agentes del régimen chavista. La reincorporación de la dictadura venezolana a los organismos internacionales continentales es uno de los puntos de la agenda del Grupo de Puebla y la reunión celebrada en Colombia fue la primera en la cual participó un emisario del régimen, el embajador de Maduro en Colombia, Félix Plasencia.

Gustavo Petro, por su parte, clamó el 11NOV22 desde París para que el gobierno de EEUU retire la recompensa por U$ 15 millones que ofrece a cambio de información que lleve al arresto de Nicolás Maduro a propósito del juicio que por narcotráfico le sigue la justicia estadounidense.

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El Grupo de Puebla interpreta que “en buena parte de los Estados de América Latina y el Caribe, el progresismo es gobierno” y “se abre una oportunidad inmejorable para continuar con la tarea iniciada a comienzos de siglo”. Con esa evaluación por delante, el grupo emitió una declaración suerte de programa de acción continental en el cual denuncian a EEUU por la imposición de sanciones a Cuba y Venezuela.

El documento emitido por el Grupo de Puebla el 11NOV22 incluye una larga lista de temas de acción gubernamental entre ellas la “desregulación de la prohibición de las drogas”, una “moneda única latinoamericana” y una “política de seguridad y defensa común”, retomando  ideas chavista sobre una alianza militar subcontinental de gobiernos de izquierda en la cual ya habían estado trabajando a nivel de Unasur.

El Grupo de Puebla anuncia la reactivación de Unasur y adelanta que la llegada de Lula a la Presidencia “despeja el camino de Brasil para su retorno a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños.

Adicionalmente, el grupo reitera la propuesta de desplazar a Luis Almagro de la Secretaría General de la OEA a quien acusan de “desestabilización de las democracias latinoamericanas” y de “denuncias de abuso de poder”. Destituir a Almagro o lograr su dimisión es un objetivo planteado por los gobiernos de Argentina y México desde 2021 y que intentarán ejecutar a partir del 01ENE23 cuando Brasil cambie de gobierno.

Reabrir Unasur, fortalecer la CELAC en contraste con la OEA y en choque con EEUU, lavarle la cara a la dictadura venezolana, fortalecer alianza con China, destituir a Almagro, tomar control del Banco Interamericano de Desarrollo, esas son parte de las metas de la alianza izquierdista.

Por cierto, en medios políticos bogotanos que aún recuerdan viejas anécdotas de la godarria cachaca se comentaba estos días, no sin sorna, que parece extraño que el expresidente Ernesto Samper ande firmando documentos atacando a Almagro por mantener amorío con una funcionaria del organismo que dirige…

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El 14NOV22 un grupo de expresidentes encabezado por los chilenos Michelle Bachelet y Ricardo Lagos, la brasileña Dilma Rousseff, el ecuatoriano Rafael Correa y el uruguayo José “Pepe” Mujica, acompañados de decenas de firmas de exfuncionarios de los recientes gobiernos de izquierda de la región, hicieron circular una carta pública dirigida a los mandatarios suramericanos. En la lista de los receptores incluye a Nicolás Maduro y a Lula da Silva dándole al brasileño tratamiento de “Excelência senhor Presidente” aun sin haber tomado posesión del cargo.

La carta fue difundida por dos “centros de investigación» de la red izquierdista continental, la “Fundación Chile 21” y el “Instituto Novos Paradigmas” basado en Porto Alegre, Brasil. El documento alega que “a partir de enero del 2023 tendremos en todos los países más grandes, sin ninguna excepción, gobiernos partidarios de retomar y fortalecer los procesos de integración” por lo cual “urge en consecuencia la reconstrucción de un espacio eficaz de concertación suramericana” el cual sería Unasur.

Los expresidentes en su carta asumen la exposición hecha por el excanciller de Rafael Correa, Guillaume Long, durante un encuentro del Grupo de Puebla en Río de Janeiro el 29MAR22. Según Long, un trabajo elaborado por el “centro de investigaciones” estadounidense asociado a la dictadura chavista denominado Center for Economic and Policy Research (CEPR), concluye que el organismo Unasur aún existe legalmente ya que el retiro de Brasil y Argentina nunca cumplió los extremos procedimentales internos.

Debe esperarse que durante el primer semestre del año 2023 sea convocada una cumbre presidencial para declarar reconstituida la Unasur. Los gobiernos de izquierda se están moviendo rápido.

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Los eventos de coordinación política internacional no solo tienen lugar a nivel VIP en el Grupo de Puebla. Bajo la convocatoria del cogobernante Diosdado Cabello, la alianza de partidos de izquierda Foro de São Paulo sesionó en Caracas el 18-19NOV22. El propósito de la reunión fue acordar un “plan estratégico” y coordinar acciones colectivas continentales. Además de Cabello, la reunión fue dirigida por la brasileña Mónica Valente, exsecretaria de asuntos internacionales del partido PT, actual secretaria ejecutiva del Foro de São Paulo e integrante del grupo de “relaciones exteriores” del “Gabinete de Transición Gubernamental” designado por Lula da Silva.

Por cierto, la reunión del Foro de São Paulo tuvo lugar en el edificio que servía de sede al diario El Nacional, el cual fue confiscado por un tribunal del régimen a favor de Diosdado Cabello.

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El 15NOV22 desde su hotel en Palm Beach, Florida, el expresidente Donald Trump anunció su decisión de competir por la presidencia de EEUU en las elecciones del 2024.

Su discurso de más de una hora fue un largo ataque al gobierno Biden, una exaltación a su pasado gobierno con un tema de política exterior central: la confrontación con China. Pocas fueron las referencias a Latinoamérica.

Trump afirmó haber conseguido que “México nos diera veintiocho mil soldados gratis” para impedir el ingreso de inmigrantes por la frontera. Sobre López Obrador, Trump dijo que “es socialista, pero es un gran señor” (…) “es un gran hombre y amigo mío”.

Sobre los latinos en EEUU, Trump dijo que los hispanos apoyaban su plan de construir un muro en la frontera con México: “muchos han notado los enormes avances que hemos logrado con los votantes latinos, y creo que estableceremos récords aun mayores con este voto crucial en 2024. El votante hispano, el votante latino, ha sido increíble. Grandes personas, muy emprendedoras, y quieren seguridad. Y todos pensaron cuando hice el muro, construí el muro, y pensaron: «Oh, eso me haría daño con el voto hispano». No, me ayudó porque entendieron. Querían seguridad, querían seguridad y entendían la frontera mejor que nadie”.

En relación al tema de las drogas, ejemplificó con la política china. “Cuando estaba con el presidente Xi, le pregunté: «Presidente, ¿tiene un problema de drogas?»…»No, no, no, no, no lo tenemos». Me miró como si yo no supiera lo que estaba haciendo. Él dijo: “No, no tenemos una droga”. “¿Cómo es que no tienen un problema con las drogas?” Él dijo: “Prueba rápida”. “¿Qué es una prueba rápida?” ¿Sabía qué es una prueba rápida? Ahí es donde si te atrapan vendiendo drogas, tienes un juicio inmediato y rápido y al final del día eres ejecutado”. Eso es terrible, pero ellos no tienen problemas con las drogas”.

“Hay muchas naciones que nos odian gravemente. Y ese es el problema cuando nos miran en desorden como lo estamos ahora…”, dijo Trump en alguna parte de su discurso.

Artículo publicado previamente en Diario Las Américas

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Informe Otálvora | Petro y Maduro pactan alianza política, por Edgar C. Otálvora

Gustavo Petro recibido con honores militares en el Palacio de Miraflores el 01NOV22. Foto: @nicolasmaduro.

El régimen chavista cuenta ahora con un aliado en el Palacio de Nariño, aliado que en su discurso alucina sobre acuerdos con Maduro en materia de control ambiental en la Amazonía

 

@ecotalvora

Uno de los principales jefes del aparato de tortura del régimen venezolano formó parte del comité de recepción a Gustavo Petro, el presidente colombiano que visitó a Nicolás Maduro en el Palacio de Miraflores el 01NOV22.

A su llegada a Miraflores, Petro fue recibido con honores militares incluyendo un pase de revista a húsares de la Guardia Presidencial. Petro escuchó los himnos nacionales de Colombia y Venezuela junto a Nicolás Maduro, con quien compartía modelo y color de camisa blanco sucio, pantalón oscuro y la decisión de marcar la fecha como el inicio de una alianza política entre ambos. Tras el dueto se encontraba el asistente personal de Maduro, “capitán” Juan Escalona; la vicepresidenta ejecutiva de Maduro, Delcy Rodríguez; la esposa de Maduro, Cilia Flores; y el general Iván Hernández Dala.

Según el comunicado que emitiera la Presidencia de Colombia el 31OCT22 sobre el viaje a Caracas, Petro llevaba en su agenda solicitarle a Maduro el “reingreso de Venezuela al sistema interamericano de Derechos Humanos”. El general Hernández Dala, quien recibió al colombiano en el Palacio de Miraflores, es comandante de la unidad militar de Guardia de Honor Presidencial y además ejerce desde 2015 como director de la DGCIM, la tenebrosa dirección de ”contrainteligencia militar” del régimen.

El informe presentado el 20SEP22 por la “Misión Internacional Independiente” sobre Venezuela designada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, señaló a Hernández Dala como el encargado de recibir las órdenes de Maduro para la ejecución de detenciones y torturas a opositores. El anfitrión militar de Petro forma parte de los jerarcas del régimen sancionados por la Unión Europea y EEUU por su papel en la violación de DDHH en Venezuela.

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Maduro se niega rotundamente a visitar las zonas fronterizas de Venezuela por lo que la primera reunión con Petro debió realizarse en una de las capitales.

La visita de Petro a Caracas fue negociada directamente por la Casa de Nariño. Muchos de los responsables de la política exterior de la cancillería de Colombia, el Palacio de San Carlos como se llama en el argot diplomático, se enteraron del viaje de Petro cuando fue anunciado mediante un comunicado el 31OCT22. El documento suscrito fue redactado y negociado directamente por el Palacio de Nariño con el equipo de Maduro controlado por Delcy Rodríguez.

Según fuentes diplomáticas en Bogotá, la jefe del gabinete de Petro, Laura Sarabia, ha reemplazado a la cancillería colombiana en las tareas de conexión con el régimen chavista. La coordinación de la visita, los documentos que se firmarían y el programa a cumplir estuvieron en manos de Sarabia. La actual mano derecha de Petro en la Presidencia ejerció previamente como secretaria del jefe de campaña Armando Benedetti, quien ahora es el embajador de Petro ante Maduro.

La preeminencia de Sarabia quedó en evidencia durante el acto de firma de documentos entre Petro y Maduro cumplido en un salón de Miraflores. La primera fila de la delegación colombiana fue ocupada por Sarabia, el canciller Álvaro Leyva, el embajador de Petro ante la OEA Luis Vargas y el embajador Benedetti. Sarabia fue colocada por el equipo de ceremonial como la funcionaria de mayor rango en el grupo colombiano, posición que formalmente le correspondería al canciller Leyva.

Por cierto, los encargados del ceremonial en Miraflores dejaron constancia de la baja importancia real que poseen el ministro de exteriores Carlos Faría y el embajador en Colombia Félix Plasencia. Durante el citado acto, en la primera fila del lado venezolano fueron colocados la “vicepresidente ejecutiva” Delcy Rodríguez, la “primera combatiente” Cilia Flores, el ministro de Petróleo Tareck El Aissami, el ministro de la Defensa general Vladimir Padrino y el ministro del Interior almirante Remigio Ceballos. El ministro de exteriores fue relegado a la segunda fila mientras el embajador en Colombia fue confinado a una tercera fila.

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Del encuentro entre Petro y Maduro circularon abundantes imágenes. De la llegada de Petro a Palacio, del paseo por los pasillos del palacio, de la reunión en el despacho presidencial y la firma de la declaración conjunta. Pero, el principal del evento fue de carácter privado. Maduro ofreció un almuerzo a Petro que tenía como principal propósito sentar las bases de un pacto político entre ambos. Aparte de los altos jerarcas del régimen chavista, incluyendo al hijo presidencial Nicolás Maduro Guerra, y la pequeña delegación de Petro, la asistencia fue restringida.

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En la declaración firmada por Petro y Maduro, ambos aseguran que reanudar relaciones es una “misión histórica” y una “responsabilidad” conferida “por la providencia”. Además de un listado de temas que ofrecen comenzar a tratar en el futuro (transporte, seguridad fronteriza, energía y minas, intercambio comercial) Maduro y Petro hacen referencia a su decisión de “unión y paz”. El comunicado firmado el 01NOV22 sella a los efectos de Maduro un aparente fin de la posición que Colombia ha sostenido en los últimos años a favor de la redemocratización de Venezuela.

El régimen chavista cuenta ahora con un aliado en el Palacio de Nariño, aliado que en su discurso alucina sobre acuerdos con Maduro en materia de control ambiental en la Amazonía, control del narcotráfico, defensa de derechos humanos y sostenibilidad ambiental, temas sobre los cuales el colombiano trató en un largo discurso en Caracas. Petro y su embajador juran que el petróleo, el gas y la venta de mercancías a la quebrada Venezuela salvará la economía colombiana.

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Mientras Petro ofrecía en Caracas ayudar en las pláticas entre Maduro y la oposición venezolana, su embajador Benedetti afirmaba en entrevista con El Espectador de Bogotá, publicada el 05NOV22, que “Juan Guaidó no es nadie. Solo tiene importancia para EEUU”. Agregó que “las negociaciones van superbién” en referencia a las pláticas entre Maduro y la oposición, basadas en Ciudad de México y que según diversas fuentes deberían reactivarse en breve. Según el dicharachero embajador colombiano “eso puede terminar demasiado bien e inesperado para todo el continente. Petro quiere participar, pero tengo entendido que EEUU dijo que no, que no quería a Colombia ahí”.

Por cierto, en sus declaraciones a El Espectador, Benedetti afirmó que la guerrilla del ELN es una “banda criminal”. El ELN es un aliado del régimen chavista, con amplia presencia en territorio venezolano y que está abriendo negociaciones con el gobierno Petro las cuales se desarrollarán con Maduro como uno de los garantes.

A tres meses de la toma de posesión de Petro y pese al alto interés político que les asigna a sus relaciones con Maduro, hasta la fecha no ha designado personal diplomático para atender la misión en Caracas. Benedetti despacha como embajador desde Bogotá o Barranquilla y excepcionalmente visita Caracas.

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El 01ENE23 se producirá la toma de posesión de Lula da Silva como presidente de Brasil. La alianza izquierdista continental, de esa manera, habrá cumplido sus objetivos de retoma del poder en el continente. Este Informe adelantó en diversas ocasiones sobre los planes de Lula para aspirar a la Presidencia tras su salida de la cárcel donde purgaba pena por corrupción. Igualmente adelantamos que se trataba de un proyecto de escala internacional al punto que la candidatura de Lula fue lanzada en la Plaza de Mayo de Buenos Aires el 10DIC21, apadrinada por Alberto Fernández, Cristina Kirchner y el uruguayo José Pepe Mujica

El domingo 30OCT22 se celebró la segunda vuelta electoral en Brasil. Jair Bolsonaro logró agregar más de siete millones de votos a los obtenidos en la primera vuelta. Lula da Silva aumentó en tres millones sus votos. Al final, con 50,9 % de los votos, el izquierdista Lula da Silva fue anunciado ganador por el Tribunal Superior Electoral.

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Mientras Lula recibía reconocimientos y saludos desde los más diversos gobiernos del planeta y el argentino Alberto Fernández organizaba viaje para visitar al presidente electo pocas horas después de las votaciones, en las calles de Brasil surgió una protesta masiva contra los resultados electorales. Los que manifestaban en noviembre de 2022 reiteraban consignas oídas en los movimientos de protesta que acompañaron al proceso de destitución de Dilma Rousseff en 2015, rechazando el regreso de un gobierno de izquierda al Palacio de Planalto. Los llamados a una intervención militar nuevamente se escucharon en las calles de Brasil donde entre la noche del 30OCT22 y el 01NOV22 llegaron a contabilizarse más de doscientos cortes de autopistas y carreteras por parte de camioneros y ciudadanos de a pie.

En tanto los medios de prensa predecían falsamente un intento golpista por parte de Bolsonaro, quien permaneció en silencio durante más de cuarenta y ocho horas luego de conocerse los resultados electorales, en las calles se producía una oleada de protestas. Bolsonaro justificó las protestas alegando que eran la respuesta a la “indignación” causada “por la forma como se llevaron a cabo las elecciones”, pero solicitaba que fueran pacíficas sin usar los métodos de la izquierda destruyendo la propiedad privada. Bolsonaro no reconoció el triunfo de Lula, pero ordenó a su jefe de Gabinete Ciro Nogueira para que iniciara contactos con el equipo de Lula con vistas al proceso de traspaso del gobierno.

El 02NOV22, Bolsonaro nuevamente se dirigió al país, pidiéndole a sus seguidores que suspendieran el cierre de las vías porque afectaban a todo el país. Pidió que sus seguidores protestaran “de otra forma” y les rogó “no piense mal de mí, yo solo quiero el bien de ustedes”.

Ese mismo día, el actual vicepresidente de Brasil y militar retirado general Hamilton Mourão puntualizó en una serie de tuiteos sobre las protestas y las causas de los resultados electorales. “Brasileños, existe hoy un sentimiento de frustración, pero el problema surgió cuando aceptamos pasivamente la escandalosa maniobra jurídica que anuló los procesos y consecuentes condenas a Lula”.

En otro tuiteo Mourão dijo: “Ahora quieren que las Fuerzas Armadas den un golpe y coloquen al país en una situación difícil ante la comunidad internacional. Las manifestaciones en orden, con justa indignación, son bienvenidas”. Mourão, quien resultó electo como senador, agregó: “tenemos fuerza para bloquear las pautas puramente izquierdistas además de tener la capacidad para regresar mucho más fuertes en 2026. Precisamos vivir para luchar al día siguiente”.

Los resultados electorales brasileños dejan abierta dos vertientes: un reforzamiento de la alianza izquierdista continental y las amenazas de fuerte confrontación política dentro de Brasil.

Los movimientos masivos brasileños contrarios a los gobiernos izquierdistas y que exaltan la opción de un gobierno militar no fueron una creación de Bolsonaro. El entonces diputado Bolsonaro tuvo la agilidad política para montarse en esa ola que se produjo para forzar la destitución de Dilma Rousseff y que al final lo llevó a la Presidencia.

El clan Bolsonaro, el presidente y sus hijos, fueron incapaces de generar un discurso orientador para sus seguidores y quedaron enmudecidos ante la avalancha internacional de respaldos a Lula. El general Mourão, quien durante su gestión fue blanco constante de ataques y campañas desde los cuarteles de los hijos de Bolsonaro, en el momento decisivo resultó el generador de la posición política para los 58 millones de brasileños que fueron a votar por Jair Bolsonaro.

Artículo publicado previamente en Diario Las Américas

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

Shannon: defensor de Maduro, asesor kirchnerista y promotor de Lula, por Edgar C. Otálvora

Lula da Silva recibe las credenciales diplomáticas de Tomas Shannon el 04FEB10. Atrás de Lula su operador internacional Marco Aurélio García y el secretario general de Relaciones Exteriores de Itamaraty Antonio Patriota. Foto: Agencia Brasil.

La influencia de Shannon sobre la política de EEUU hacia Venezuela se haría sentir incluso durante los primeros años del mandato Trump

 

@ecotalvora

Thomas Shannon con motivo de su jubilación fue objeto de un homenaje, el 04JUN18, ofrecido por el entrante secretario de Estado Mike Pompeo. El largo periplo de Shannon como diplomático de EEUU, en el cual alcanzó el rango y la condición de embajador de carrera, terminaba con un discurso en las escaleras del vestíbulo del edificio del Departamento de Estado, luego de haber fungido como encargado del Departamento de Estado por una decena de días en la transición entre los gobiernos de Barack Obama y Donald Trump.

Tras haber servido en diversas capitales latinoamericanas desde los años ochenta, Shannon es tenido como un experto en temas continentales, territorio donde ha creado su propia red de relaciones. Quienes lo conocen aseguran que uno de sus temas obsesivos es Brasil, país donde laboró como asistente del embajador a finales de los años ochenta y a donde regresó ya como embajador en 2010. Aparte de su actuación como funcionario diplomático en diversas capitales latinoamericanas, Shannon escaló los más importantes cargos referidos al hemisferio occidental tanto en el Departamento de Estado como en el Consejo de Seguridad Nacional.

Durante el gobierno de Barack Obama, en su condición de consejero del secretario de Estado y de subsecretario para Asuntos Políticos, Shannon se opuso a la imposición de sanciones al régimen de Nicolás Maduro. Poco después de que Obama iniciara el proceso para sancionar a altos jerarcas del régimen chavista venezolano, mediante una orden ejecutiva del 09MAR15, Shannon viajó a Caracas para sostener uno de diversos encuentros, algunos públicos y otros secretos, que en los siguientes meses mantendría con Maduro y sus representantes. El 24MAY15, la para entonces ministra de exteriores de Maduro, Delcy Rodríguez, reveló que Shannon en sus reuniones con Maduro le había ofrecido mantener contactos de alto nivel entre Caracas y Washington y tratar de mejorar las condiciones operativas entre ambos gobiernos.

El 13JUN15, Shannon sostuvo un encuentro con la canciller de Maduro y con el presidente de la Asamblea Nacional y hombre fuerte del régimen, Diosdado Cabello. El encuentro con Cabello, celebrado en Haití, dejó ver que Shannon desarrollaba una agenda propia abiertamente complaciente con el régimen chavista.

Shannon ha sido señalado de haber frenado o paralizado sanciones a jefes chavistas durante el año 2016.

A cambio de limitar las sanciones, Shannon ofrecía a la Casa Blanca y al liderazgo opositor un esquema para superar la crisis en Venezuela mediante una mesa de diálogo entre el gobierno y la alianza opositora MUD. Para la puesta en escena de la negociación Shannon contaba con la connivencia de un aliado de Maduro quien para la época ejercía como secretario ejecutivo de la ahora extinta Unasur: el colombiano Ernesto Samper Pizano.

La influencia de Shannon sobre la política de EEUU hacia Venezuela se haría sentir incluso durante los primeros años del mandato Trump.

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El día que Shannon abandonó el Departamento de Estado recibió una placa firmada por Mike Pompeo, quien lo calificaba como una inspiración para las futuras generaciones de diplomáticos estadounidenses. Shannon tenía ante sí la opción de utilizar su experiencia como base para hacer carrera política. Ingresó como miembro al variopinto Inter-American Dialogue, un “centros de estudios sobre política exterior” basado en Washington del cual ahora es vicepresidente. En la lista de miembros del Inter-American Dialogue figuran miembros de la izquierda VIP latinoamericana como la expresidenta chilena Michelle Bachelet o la izquierdista brasileña Marina Silva, junto con socialdemócratas como Fernando Henrique Cardoso, derechistas como el premio Nobel Mario Vargas Llosa, la expresidenta costarricense Laura Chinchilla o la exvicepresidenta colombiana Marta Lucía Ramírez. Por cierto, Chinchilla y Ramírez estuvieron en Brasilia como observadoras en la primera vuelta de las elecciones brasileñas del 02OCT22, pero no como miembros del Diálogo Interamericano sino en representación del Instituto para la Democracia y la Asistencia Electoral IDEA.

Un editorial del portal brasileño DefesaNet, publicado el 23SET22, señalaba a Shannon como la cabeza de una operación para desestabilizar al gobierno de Jair Bolsonaro y apoyar la candidatura de Lula da Silva para las elecciones presidenciales. El Inter-American Dialogue y la influencia que mantendría Shannon en el Departamento de Estado de EEUU habrían sido las herramientas según DefesaNet. Este Informe se comunicó infructuosamente con Shannon, vía email, solicitando sus comentarios sobre los señalamientos de DefensaNet.

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Aparte de su ingreso a Dialogo Interamericano, Shannon optó por cerrar las puertas a una carrera política y prefirió convertirse en un agente de gobiernos extranjeros. En 2018 ingresó como asesor senior de política internacional en la empresa “Arnold & Porter Kaye Scholer LLP” de Washington. Desde allí ha actuado, entre otras funciones, como agente del gobierno izquierdista argentino en la capital estadounidense, según los registros de agentes extranjeros llevado por el Departamento de Justicia de EEUU.

Como parte del equipo de A&P, Shannon trabaja directamente en proyectos de apoyo al gobierno de Argentina que significan contacto permanente con la Embajada del gobierno argentino en Washington. Shannon ha sido responsable de suministrar “asesoramiento estratégico” al gobierno kirchnerista argentino “con respecto a las políticas relativas al comercio internacional, oportunidades de inversión y asuntos financieros” además del tema de la deuda externa. En documento presentado por A&P al Departamento de Justicia el 06MAY22, se informa que Shannon es responsable de suministrar “asesoramiento estratégico y asistencia al Gobierno de la Argentina en su relación con los Estados Unidos”, lo cual incluiría propiciar reuniones con funcionarios del gobierno estadounidense.

El contrato por el cual Shannon ha operado como agente del gobierno de Alberto Fernández habría concluido el 30JUN22, pero el 06MAY22 el bufete colocó a Shannon como operador del contrato de representación de la empresa YPF S.A. La petrolera controlada por el gobierno argentino contrató servicios de lobby de Shannon bajo la excusa de celebrar en Washington el centenario de la fundación de la empresa. Para esta misión Shannon vinculó su actividad como asesor con su posición de director del Inter-American Dialogue. Una de las actividades del bufete para el gobierno argentino fue organizar y participar en una cena en la residencia del embajador argentino en Washington, el 16MAY22, en la cual los invitados especiales habrían sido la directora para Brasil y el Cono Sur en el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca Amy Radetsky y, el subsecretario de Defensa para el hemisferio occidental Daniel Erikson quien es parte del staff de “expertos” del “Inter-American Dialogue”.

En A&P, Shannon ha sido responsable, adicionalmente, de asistir a los gobiernos de Uzbekistan y El Salvador para mejorar sus relaciones con el gobierno de EEUU. Por cierto. En el listado de clientes extranjeros reportados por A&P para los cuales actúa como agente en EEUU, figura la “República Bolivariana de Venezuela bajo el presidente Juan Guaidó” el cual habría contratado servicios de apoyo en investigaciones legales y no para lobby político. Según A&P Shannon no participaría directamente en las gestiones para el “gobierno Guaidó”.

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El 23JUL22, en declaraciones a Folha de São Paulo, Shannon acusó a Bolsonaro de estar preparando el camino para una ruptura institucional al desconocer los resultados de las elecciones de octubre. En declaraciones del 30SEP22, publicadas en el portal de Valor Económico a pocas horas de la primera vuelta de las elecciones presidenciales, Shannon afirmó que EEUU prefería una victoria de Lula da Silva que permitiría un mayor compromiso entre los dos países. El jubilado diplomático, ahora empleado por el gobierno izquierdista argentino, aparecía en la prensa brasileña como si se tratara de un vocero oficioso del gobierno de su país.

Según Shannon, EEUU y Lula comparten “un compromiso con la democracia y los derechos humanos lo que crea bases para un diálogo más amplio sobre nuestra alianza estratégica”. Con ello una vez más Shannon obvia la grave situación de violaciones de derechos humanos en Venezuela y Cuba, regímenes con los que Lula mantiene relaciones de sociedad política y a los cuales benefició con créditos de bancos estatales brasileños.

Shannon aseguró a la periodista Marsílea Gombata, de Valor Económico, que el triunfo de Lula permitiría que Brasil participara junto con los gobiernos izquierdistas de Colombia Chile y Argentina en un mecanismo semejante al Grupo de Contadora (esquema diplomático creado por Colombia, México, Panamá y Venezuela en los años ochenta del siglo pasado procurando un acuerdo de paz en Centroamérica) para atender el caso venezolano al margen de EEUU.

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Las elecciones brasileñas se convirtieron en un asunto de relevancia internacional en el cual voceros de fuerzas políticas extranjeras no han dudado en intervenir. Esto es una novedad en la política brasileña, país donde las élites partidistas gustan imaginarse actuando aisladas del continente que habitan y del planeta que los observa.

Las declaraciones de Shannon representan, sin duda, a parcelas específicas de clanes políticos y empresariales de EEUU que cuentan con cuotas de poder en el gobierno Biden.

Mientras Donald Trump grabó un video apoyando a Bolsonaro, el senador izquierdista Bernie Sander y el otrora lingüista Noam Chomsky abogan por Lula al igual que la izquierda VIP continental concentrada en el Grupo de Puebla. La izquierda mundial está pujando a favor de Lula, pero a medida que corre el mes de octubre y se aproxima la segunda vuelta, los resultados ya no son tan claros a favor del expresidente condenado en dos procesos judiciales por aceptar sobornos de empresas constructoras pero que cuenta con “buena prensa” internacional.

Lula representa a la izquierda apoyada por grandes grupos económicos tradicionales. Bolsonaro es el candidato del Brasil de los agronegocios que exigen un reacomodo en el pacto de gobernanza del país. Y ambas fuerzas cuentan con sus correlativos en el exterior que ligan a favor de su candidato.

Artículo Especial para DefesaNet de Brasil, publicado bajo su autorización.

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

Informe Otálvora | migración es tema de seguridad nacional para EEUU, por Edgar C. Otálvora

El secretario de Estado Antony Blinken y altos funcionarios de EEUU reunido el 13OCT22 en Washington con su homólogo mexicano Marcelo Ebrard. Foto: Departamento de Estado.

 

@ecotalvora

La temida crisis migratoria continental llegó a EEUU y pareciera que es la única prioridad de la política exterior del gobierno Biden hacia Latinoamérica.

No se trata de un simple tema de choque electoral entre los dos grandes partidos en cuanto al manejo de la migración, sino un asunto que ya es visto como un problema de seguridad nacional.

Desde el gobierno de Barack Obama, planificadores militares y de política exterior manifestaban en diversos documentos el temor de que la crisis venezolana, acompañada de crisis nacionales en Cuba y Centroamérica, derivarían en una presión migratoria sobre EEUU. Las acciones de apoyo de EEUU a los gobiernos suramericanos hacia donde se dirigieron las primeras oleadas de venezolanos en procura de refugio, aparte del indiscutible contenido humanitario tenía implícito el interés estadounidense para evitar que ese flujo se orientara hacia el Norte.

El documento de Estrategia de Seguridad Nacional emitido por Donald Trump, en diciembre de 2017, destacaba que “nuestra responsabilidad fundamental es proteger al pueblo estadounidense, a la patria y el estilo de vida americano. Fortaleceremos el control de nuestras fronteras y reformaremos nuestro sistema de migración”. La respuesta Trump era y es la de un cierre generalizado de fronteras. Aparte de levantar secciones de un muro fronterizo en los límites con México, Trump impuso negociaciones con el gobierno de Manuel López Obrador para que México actuara como colchón de protección, impidiendo la llegada de nuevas oleadas de migrantes procedentes de Centroamérica, y recibiendo a migrantes deportados de EEUU o aspirantes a procesos de asilo estadounidense.

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La versión Biden de la Estrategia de Seguridad Nacional, difundida el 12OCT22, se refiere al tema migratorio ampliamente y lo presenta como un asunto que implica la política exterior de EEUU hacia el hemisferio.

“El movimiento de personas en las Américas, incluidos más de seis millones de venezolanos (…) obligados a abandonar sus hogares desde 2015, afecta a toda América Latina y el Caribe y refuerza la necesidad de una acción regional. La “Declaración de Los Ángeles sobre Migración” complementa los esfuerzos internos de EEUU para modernizar su infraestructura fronteriza y construir un sistema de inmigración justo, ordenado y humano con una asociación audaz centrada en todo el hemisferio sobre el principio de responsabilidades compartidas, estabilidad y asistencia a las comunidades afectadas, la expansión de las vías legales, gestión humana de la migración y una respuesta coordinada a la emergencia”. El gobierno de Biden declara que su objetivo es “estabilizar las poblaciones migrantes y reemplazar la migración irregular con flujos ordenados que pueden impulsar el crecimiento económico en los EEUU y en toda la región”.

Para la Cumbre de las Américas, realizada en Los Ángeles el 06-10JUN22, el gobierno de EEUU convirtió el tema migratorio en el eje de sus negociaciones. Los representantes, en muchos casos los propios respectivos jefes de Estado, de Argentina, Barbados, Belice, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, EEUU, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay se comprometieron a “fortalecer los esfuerzos nacionales, regionales y hemisféricos a fin de crear las condiciones para una migración segura, ordenada, humana y regular, así como fortalecer los marcos necesarios para la protección y cooperación internacional”.

El 12OCT22 el Departamento de Seguridad Nacional de EEUU anunció un paquete de medidas para frenar el ingreso de migrantes a territorio estadounidense desde México, especialmente de venezolanos en procura de refugio. México se comprometió a recibir a los venezolanos que sean deportados por haber ingresado ilegalmente a EEUU. EEUU ofrece un programa de “permisos humanitarios” de trabajo temporal para 24.000 venezolanos que cuenten con patrocinantes en territorio estadounidense e ingresen vía aérea legalmente. La oferta para venezolanos incluye diversas condicionantes, estando vetada, entre otros, para aquellos que hubiesen ingresado ilegalmente a México o Panamá (desestimular el tránsito por la selva panameña de Darién) o que fueran beneficiarios de medidas de refugio en terceros países.

Todo venezolano que ingrese a EEUU ilegalmente será deportado a México: las liberalidades migratorias que permitían que los venezolanos solicitaran refugio y asilo una vez ingresado a EEUU han terminado y el derecho universal al asilo humanitario quedó tambaleante a ambos lados del río Bravo/Grande.

Aparte de las medidas específicas para venezolanos, el gobierno Biden anunció un paquete migratorio para el año fiscal 2023 que incluye la oferta de 20.000 visas de trabajo exclusivas para ciudadanos de Haití, Honduras, Guatemala y El Salvador, además de varias decenas de miles de visas temporales para trabajadores no agrícolas mexicanos que sería parte de los beneficios que obtendría México al participar en el esquema de deportación de migrantes desde EEUU.

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El canciller mexicano y precandidato presidencial Marcelo Ebrard fue quien negoció con su homólogo estadounidense, Antony Blinken, los acuerdos migratorios para frenar el paso de venezolanos hacia EEUU. La más reciente reunión se produjo en la sede del Departamento de Estado en Washington y junto con Blinken estuvieron presentes por EEUU el fiscal general Merrick Garland y el secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas.

El 13OCT22 Ebrard dejó saber que había solicitado a su colega estadounidense la inclusión de otras nacionalidades entre los beneficiarios de “permisos humanitarios” de trabajo en EEUU, ya que México comienza a sentir la presión migratoria de personas procedentes de Colombia, Ecuador y Brasil. Por cierto, el presidente colombiano Gustavo Petro, durante la visita de Blinken a Bogotá el 03OCT22, le solicitó que EEUU considerara la opción de establecer un programa de TPS (estatus de protección temporal) para colombianos en territorio estadounidense similar al existente para venezolanos. Blinken hizo caso omiso de la solicitud de Petro.

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La multiplicación de gobiernos de izquierda en el Continente y una intenta campaña demagógica del régimen chavista al alimón con la cancillería cubana sobre pequeños países caribeños, hizo que la representación del “gobierno Guaidó” estuviera a punto de ser retirada de la OEA.

Gustavo Tarre Briceño ejerce la jefatura de la misión de Venezuela en la OEA como representante permanente designado por la Asamblea Nacional electa en 2015 y en calidad de vocero del gobierno provisional encabezado por Juan Guaidó. Su aceptación en tal condición fue aprobada mediante dos votaciones, primero en el Consejo Permanente el 09ABR19 donde se aprobó por 18 votos. Luego, a nivel de ministros de exteriores, el 28JUN19 la 49 Asamblea General de la OEA celebrada en Medellín, Colombia, decidió “aceptar al Representante Permanente ante la Organización de los Estados Americanos designado por la Asamblea Nacional de Venezuela, hasta que se celebren nuevas elecciones presidenciales que conduzcan al nombramiento de un gobierno elegido democráticamente”. Por esta vía, la OEA dejaba sin efecto la decisión del régimen chavista anunciada el 27ABR17 y que entraría en vigencia el 27ABR19, de retirar a Venezuela de la OEA.

Los intentos de los gobiernos de Andrés López Obrador y Alberto Fernández para expulsar a Tarre Briceño fracasaron en 2021 al no lograr un apoyo significativo para sumar los votos necesarios, la mayoría simple de 18 votos, para que la Asamblea General celebrada de forma virtual el 10-12NOV21 dejara sin efecto la representación venezolana. La convocatoria de la Asamblea General para la ciudad de Lima, con la presencia de los gobiernos de Chile, Honduras y Colombia que recientemente habían girado a la izquierda, abrió la opción para que gobiernos declaradamente contrarios al gobierno provisional de Guaidó alcanzaran una votación suficiente para expulsar a Tarre Briceño.

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La tarea para coordinar la estrategia y sumar apoyos para expulsar a Tarre Briceño de la OEA fue encomendada por los principales patrocinantes (México y Argentina desde dentro, Cuba y el régimen chavista desde afuera) al representante permanente de Antigua y Barbuda, el embajador (posee título nobiliario británico) sir Ronald Sanders. La estrategia definida por Sanders consistía en objetar la presencia de Venezuela en la 52 Asamblea General que se celebraría en Lima el 05-07OCT22 alegando que Venezuela dejó de ser miembro de la OEA. Una moción de orden, previa al inicio de las deliberaciones, dejando sin efecto las credenciales de la delegación venezolana era el mecanismo ideado por Sanders.

La trampa metodológica planeada por México y Antigua y Barbuda fue rápidamente conocida en los pasillos de la OEA en Washington, lo que hizo que Tarre Briceño anunciara que no viajaría a Lima. Con la representación de Venezuela ausente no sería posible que Antigua y Barbuda presentara la moción de orden previa a las deliberaciones. La finta de Tarre Briceño hecha pública pocas horas antes del inicio de la Asamblea General Ordinaria en Lima, obligó a que la alianza en su contra adelantara una vía alterna para expulsarlo. El 03OCT22 optaron por presentar, ya casi comenzando las deliberaciones en Lima, un proyecto de resolución que fuera considerado por la Asamblea General dejando sin efecto la decisión del año 2019 cuando fue aceptado el representante del “gobierno Guaidó”. El proyecto de resolución llevaba por título: “Revocación de la aceptación de un representante permanente ante la OEA designado por la Asamblea Nacional de Venezuela en enero de 2019”. La aprobación de esa resolución solo ameritaría 18 votos, una mayoría simple de votos con los cuales calculaban contar. La expulsión de Tarre parecía hecho cumplido.

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Pero los proyectos de resolución para una Asamblea General de la OEA, que reúne anualmente a todos los ministros de exteriores del continente, deben ser presentados a consideración con tiempo de anticipación. El proyecto de última hora presentado por Antigua y Barbuda con el apoyo de Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Dominica, Granada, México, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas y Trinidad y Tobago, llegaba tarde a la lista de proyectos para ser votados en la Asamblea de Lima.

La consideración del proyecto contra Tarre solo sería posible si la propia Asamblea aprobaba, como punto previo al inicio de los debates, un cambio en el temario y la agenda para lo cual se requeriría dos tercios de los votos y no la mayoría simple. En la primera sesión de la Asamblea General de Lima el 06OCT22, el embajador Sanders tomó la palabra para pedir que sus colegas votaran a favor de modificar el temario para incluir la resolución contra la representación venezolana. La votación no alcanzó los 24 votos necesarios para cambiar el temario pero sí sumó 19 votos. Es decir. Si el proyecto de resolución contra Tarre hubiese sido votado, probablemente habría sido aprobado.

A favor de incluir la resolución contra Tarre votaron los representantes de México, Panamá, Perú, Saint Kitts y Neves, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucia, Suriname, Trinidad y Tobago, Antigua y Barbuda, Argentina, Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Chile, Colombia, Dominica, Granada y Honduras. Los ofrecimientos de un ilusorio petróleo venezolano a precio reducido, en caso de que EEUU permita que Chevron regrese a Venezuela, sirvieron al castrochavismo para ganar votos en el Caribe.

Ralph Gonsalves, primer ministro de San Vicente y las Granadinas, operador en el Caribe de las dictaduras de Cuba y Venezuela, ha mostrado en el seno del Caricom sus recientes pactos con Maduro que le han permitido perdón de deuda y reactivación de suministro petrolero subsidiado y a crédito mediante el esquema denominado PetroCaribe.

Gonsalves promueve dentro de los países caribeños la línea de apoyar a Maduro y pedir a EEUU que suspenda las sanciones petroleras al régimen chavista.

Al parecer, en los palacios presidenciales caribeños, así como en importantes oficinas de Washington, ha prosperado la fábula según la cual la caída de la producción petrolera venezolana es consecuencia de las sanciones y no de la destrucción del aparato productivo petrolero y de las negativas condiciones creadas por el chavismo en Venezuela.

Votaron en contra del cambio de temario los representantes de Paraguay, Canadá, EEUU y Guatemala. Los demás gobiernos asistentes se abstuvieron.

En medios diplomáticos llamó la atención que la representante de Panamá votara a favor de la propuesta contra el gobierno provisional venezolano. El 10OCT22, poco después de su regreso de Perú, la canciller panameña Erika Mouynes fue sorpresivamente destituida por el presidente Laurentino Cortizo. La salida del cargo de Mouynes, según diversas fuentes, estaría relacionada con su inconsulta decisión de acompañar la acción contra el representante venezolano en la OEA.

En todo caso, la votación en la OEA dejó ver que los cambios políticos en el continente han mermado sustancialmente el respaldo internacional del “gobierno provisional” de Juan Guaidó. Aunque en algunos casos esa situación no significa un respaldo al régimen encabezado por Nicolás Maduro.

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La “diplomacia” de la dictadura chavista recibió dos derrotas en un terreno que suele sentir como seguro: las Naciones Unidas.

El 07OCT22, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU basado en Ginebra, sometió a votación una resolución mediante la cual se renovaría por dos años el mandato de la “Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela”. El crudo informe presentado por la MII pocas semanas antes, dejó en evidencia la cadena de mando, que comienza en el Palacio de Miraflores, responsable por la sistemática tortura a prisioneros políticos en Venezuela. El régimen chavista, que forma parte del Consejo de Derechos Humanos, procuró impedir la resolución que debía ser aprobada por la mayoría de los 47 miembros del organismo.

Un grupo de gobiernos, capitaneado por el representante de Paraguay, el embajador Marcelo Scappini Ricciardi, se encargó de redactar la propuesta de resolución, ganar los votos necesarios y hasta negociar con la delegación chavista en varias reuniones al respecto. Los enviados chavistas, junto con el representante cubano, alegaban que Maduro estaba dispuesto a mantener la oficina que la Oficina del Alto Comisionado de DDHH abrió en Caracas, a condición de que no se renovara el mandato de la MII. La posición de los gobiernos proponentes, incluyendo a Chile, era que ambos mecanismos eran complementarios.

En el debate sobre el proyecto de resolución, Scappini hizo dos intervenciones. La primera, para presentar el proyecto que era respaldado por 48 miembros de la ONU. En una segunda y dura intervención, el embajador paraguayo desmintió al enviado de Maduro, Héctor Constan, quien insistía en que el proyecto era una imposición injerencista. Finalmente, el Consejo votó favorablemente por la resolución que mantendrá en operaciones la misión de expertos que hace seguimiento a la violación de DD. HH. en Venezuela.

Solo los gobiernos de China, Cuba, Bolivia y Eritrea acompañaron el voto del enviado de Maduro oponiéndose a la MII.

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El 11OCT22, la dictadura venezolana recibió una segunda derrota en la ONU. La Asamblea General realizó la votación para la renovación de los miembros del Consejo de Derechos Humanos cuyo mandato termina el 31DIC22. Ese día debían renovarse dos de los asientos latinoamericanos y Maduro aspiraba a ser reelecto como miembro del Consejo para permanecer por tres años más.

Maduro solo obtuvo 88 votos, por lo cual los gobiernos de Chile y Costa Rica se hicieron de las sillas que estaban en disputa. En 2019, las diplomacias rusa, china, iraní y cubana habían logrado sumarle 105 votos a Maduro. Pero la operación no les funcionó en 2022.

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Jair Bolsonaro podría ganar las elecciones en Brasil superando el margen de 5 puntos porcentuales con que lo aventajó Lula da Silva en la primera vuelta.

La segunda ronda en las elecciones presidenciales brasileñas tendrá lugar el 30OCT22. Las principales encuestadoras del país, que resultaron impactadas negativamente al fallar en sus predicciones del primer turno, mantienen a Lula da Silva como ganador. Encuestadoras menos conocidas están mostrando a Bolsonaro ganando en importantes cotos electorales, lo que proyectaría un triunfo del actual mandatario.

Artículo publicado previamente en Diario Las Américas

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad y no comprometen la línea editorial de RunRun.es