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Informe Otálvora | Ofensiva castrochavista se ejecuta en Latinoamérica, por Edgar C. Otálvora

Reunión de la alianza izquierdista ALBA el 14DIC20. Foto: @albatcp

@ecotalvora

El castrochavismo peruano se está congregando alrededor de la candidatura de Pedro Castillo. La candidata oficial del castrochavismo en Perú en las elecciones del pasado 11ABR21, Verónika Mendoza, notificó su respaldo a Pedro Castillo atendiendo al llamado hecho públicamente por el uruguayo José Pepe Mujica y el boliviano Evo Morales. Castillo, quien corre bajo las siglas del partido Perú Libre y quien se propone convocar a una asamblea constituyente para “refundar la patria”, se ha convertido en una opción de la alianza castrochavista continental para hacerse con el poder en Perú.

Castillo competirá en una segunda vuelta el 06JUN21 contra Keiko Fujimori Higuchi, heredera política de Alberto Fujimori y quien intenta congregar a su alrededor a sectores que tradicionalmente han rechazado al fujimorismo pero que ahora se encuentran ante la disyuntiva del triunfo de un radical de izquierda.

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Keiko Fujimori, durante la campaña para la primera vuelta, debió limitar su actividad proselitista a la capital del país, en razón de un proceso judicial. En contraste, Castillo basó su campaña en una fuerte presencia en zonas interioranas, campesinas y mineras, emulando el esquema utilizado por Ollanta Humala que le valió el triunfo en las elecciones de 2011. Tras convertirse en candidata para la segunda vuelta, Fujimori fue autorizada a viajar fuera de Lima y está orientando su campaña a garantizar un triunfo en Lima pero igualmente a retar a Castillo en su terreno. Fujimori no dudó en llegar el 01MAY21 a la ciudad norteña de Chota en el departamento de Cajamarca, tierra natal de Castillo, para aceptar el reto y debatir contra su rival en la Plaza de Armas de la población.

Los resultados de tres mediciones de intención de votos para la segunda vuelta hechas públicas por las empresas Centro de Investigación Territorial, Ipsos y Datum confieren una diferencia a favor de Castillo de entre tres y nueve puntos porcentuales, aunque mediciones privadas muestran una tendencia a reducirse la distancia entre ambos candidatos. Como ya ocurrió en las elecciones presidenciales de Ecuador del 11ABR21 con el candidato castrochavista Andrés Arauz, Castillo está ofreciendo la llegada de millones de vacunas contra la COVID-19 el día mismo de su hipotética toma de posesión y ha mantenido, junto con el jefe de su partido Vladimir Cerrón, negociaciones con el gobierno de Rusia en ese sentido. Cerrón es un reconocido operador político del régimen cubano en Perú. Luego de conocerse los resultados de la primera vuelta que le dieron mayoría, Castillo ha intentado minimizar la relevancia de Cerrón. Sin embargo, Castillo y Cerrón asistieron juntos a una reciente reunión con el embajador ruso Igor Romanchenko celebrada el 20ABR21.

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Por cierto, el expresidente brasileño Lula da Silva, quien intenta construir una alianza electoral a su alrededor para enfrentarse a Jair Bolsonaro en las elecciones de 02OCT22, igualmente está utilizando en su ya abierta campaña propagandística el tema de la pandemia y sus buenas relaciones con el gobierno ruso como argumentos a su favor.

Las embajadas rusas están muy activas dando soporte al intento castrochavista de recuperar los espacios de poder político perdido en Latinoamérica, aunque igualmente impulsan los aspectos comerciales de la venta de su vacuna Sputnik. De hecho, la muy anunciada reunión entre Lula da Silva y el embajador ruso en Brasilia, Alexey Labetskiy, prevista para los primeros días del mes de mayo, habría sido suspendida por el enviado de Rusia para no aumentar las tensiones con el gobierno de Bolsonaro, con quien negocia la venta de vacunas.

Maximilien Sánchez Arveláiz, el asistente de Hugo Chávez a quien este convirtió en embajador en Brasilia y posteriormente representó a Nicolás Maduro en la embajada en Washington, actúa hoy como representante del gobierno de Rusia en las negociaciones para la venta de vacunas en Suramérica. Su presencia fue reportada en Buenos Aires en noviembre de 2020 para sostener conversaciones comerciales con el gobierno de Alberto Fernández. Más recientemente ha participado en las negociaciones con gobernadores brasileños para la venta de millones de vacunas Sputnik. Durante su larga estadía diplomática en Brasilia, Sánchez cultivó relaciones con Lula da Silva, quien ha estado estimulando la compra de decenas de millones de vacunas rusas por parte de los gobiernos estadales controlados por su partido PT.

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El 06NOV11 se realizaron elecciones presidenciales en Nicaragua, en las cuales Daniel Ortega buscó y logró la reelección. La candidatura de Ortega fue inconstitucional por cuanto la reelección inmediata estaba expresamente prohibida por la Constitución nicaragüense.

Una alianza de Ortega con el expresidente Arnoldo Alemán, quien procuraba zafarse de procesos judiciales en su contra, permitió que la Sala Constitucional de la Corte Suprema autorizara la candidatura del sandinista.

El mandato de Daniel Ortega, que comenzó el 10ENE07, ha sido alargado en el tiempo mediante escandalosas reformas legales, financiamiento del régimen chavista y desde el 19ABR18 con el uso de una implacable máquina de represión policial y política.

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Las elecciones presidenciales previstas para el 07NOV21 podrían no ser reconocidas internacionalmente.

Una serie de normas legales aprobadas por el régimen sandinista han ido cerrando las posibilidades para la participación de la oposición en los comicios. El 22DIC20, Ortega firmó el ejecútese a la Ley 1055, que contiene solo dos artículos, mediante la cual se listó una serie de nuevos delitos políticos. Según la nueva ley sandinista, “los nicaragüenses que encabecen o financien un golpe de Estado, que alteren el orden constitucional, que fomenten o insten a actos terroristas, que realicen actos que menoscaben la independencia, la soberanía, y la autodeterminación, que inciten a la injerencia extranjera en los asuntos internos, pidan intervenciones militares, se organicen con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización, que propongan y gestionen bloqueos económicos, comerciales y de operaciones financieras en contra del país y sus instituciones, aquellos que demanden, exalten y aplaudan la imposición de sanciones contra el Estado de Nicaragua y sus ciudadanos, y todos los que lesionen los intereses supremos de la nación contemplados en el ordenamiento jurídico, serán ‘Traidores a la Patria’ por lo que no podrán optar a cargos de elección popular”. El señalamiento de esos “delitos” y la consecuente inhabilitación política corren a manos del propio gobierno y del aparato judicial dirigido por Ortega y su esposa Rosario Murillo.

El 04MAY21, el parlamento nicaragüense controlado por Ortega aprobó una reforma a la Ley Electoral mediante la cual incorporó el contenido de la Ley 1055, además de otros cambios como la eliminación de los observadores internacionales en los procesos electorales. Simultáneamente, los parlamentarios sandinistas designaron a los siete miembros del Consejo Supremo Electoral, asignando los cargos a seis representantes del sandinismo y a un postulado por el Partido Conservador. Las elecciones del 07NOV21 estarán totalmente bajo control del aparato partidista de la pareja Ortega-Murillo.

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El gobierno de EE. UU. se pronunció el 06MAY21 sobre la reforma electoral sandinista. La nota del portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, afirma que “la Asamblea Nacional Nicaragüense aprobó una legislación que negará al pueblo de Nicaragua elecciones genuinamente libres y justas. Las medidas electorales, que se contraponen a las solicitadas en la resolución de octubre de 2020 de la Asamblea General de la OEA, no prevén la presentación oportuna y transparente de los resultados ni la observación electoral interna o internacional independiente. También codifican nuevos motivos preocupantes para excluir la participación de los candidatos y facultan a la Policía Nacional nicaragüense para prohibir las reuniones de los partidos y los actos de campaña”.

El 06MAY21, el vocero de la Unión Europea, Peter Stano, se manifestó contra las decisiones del régimen sandinista en materia electoral porque “desafortunadamente no cumplen con las recomendaciones de la Misión de Observación Electoral de la UE de 2011 y las recientes resoluciones de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y del Consejo de Derechos Humanos. Estas decisiones no son el resultado del diálogo entre el gobierno y los grupos de oposición, que la UE ha pedido repetidamente”. En el comunicado difundido por su Servicio Exterior, la UE dijo que “utilizará todos sus instrumentos relevantes para apoyar el Estado de derecho y unas elecciones creíbles, inclusivas y transparentes en noviembre de este año”.

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El 04MAY21, la “Asamblea Nacional” instalada el 05ENE21 por el régimen chavista en Venezuela, designó a nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral. Los cinco cargos principales fueron asignados a tres militantes del oficialismo y a dos miembros de organizaciones opositoras. La decisión fue resultado de negociaciones entre el chavismo y varios sectores opositores que aspiran a participar en las elecciones regionales que probablemente tengan lugar durante el año 2021. El “presidente provisional” Juan Guaidó no participó en esas negociaciones y ha rechazado las designaciones hechas por un parlamento, cuya elección no es reconocida por decenas de gobiernos en Latinoamérica y Europa.

Si bien el chavismo mantiene el control del aparato estatal regulador de las elecciones, algunos sectores opositores, entre ellos el excandidato Henrique Capriles Radonski, han presentado la designación de dos rectores principales como una victoria. La concesión del régimen en cuanto al organismo electoral coincide con movimientos propagandísticos orientados a mejorar la imagen en Washington, donde el gobierno de Joe Biden aún debate sobre la orientación que imprimirá a su política hacia Venezuela.

El 19ABR21, Maduro suscribió un acuerdo con el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas para permitir el ingreso de comida para consumo de escolares venezolanos. El 30ABR21, el gobierno de facto ordenó la concesión de prisión domiciliaria a seis ciudadanos estadounidenses presos en Caracas y que formaban parte del personal de la petrolera Citgo.

Al mejor estilo del gobierno cubano, Maduro envía al exterior algunas señales de buena conducta que pudieran ganarle voluntades en Washington y Bruselas para que le sean retiradas o disminuidas las sanciones económicas que el régimen enfrenta.

El jefe del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de EE. UU., Gregory Meeks, afirmó el 04MAY21 en el evento anual “Conferencia de las Américas” del Consejo de las Américas, que las medidas anunciadas desde Caracas estaban abriendo una “ventana de oportunidad” que podían significar que Maduro “puede estar interesado y dispuesto a abrir negociaciones” con EE. UU. para la democratización de Venezuela. Gregory Meeks ha estado relacionado con el “tema Venezuela” en los últimos años: en 2013 fue parte de la delegación oficial de EE. UU. que asistió a los funerales de Hugo Chávez. 

Meeks igualmente fue miembro de una delegación de parlamentarios de EE. UU. que visitaron el 24ABR19 la zona fronteriza de Colombia para conocer de cerca el problema de los refugiados llegados desde Venezuela.

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Juan González, el encargado del Hemisferio Occidental en la Casa Blanca, comentó el 02MAY21 en su cuenta de Twitter un tuiteo de Geoff Ramsey quien es a su vez el jefe del programa “Venezuela” en la organización estadounidense de presión política WOLA.

Ramsey hizo una lista de acciones del régimen chavista: “Citgo 6 moved to house arrest, World Food Programme, Working with opposition in COVAX y un more) credible CNE?”. El alto asesor de gobierno Biden respondió a Ramsey con un emoji con dos ojos saltones mirando a la izquierda.

Dado el alto cargo de González, su publicación en Twitter despertó toda suerte de suposiciones y dejó la sensación de que es necesario un manual de emojis para entender la política de EE. UU. hacia Latinoamérica.

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El corresponsal de ABC News en el Departamento de Estado, Conor Finnegan, interrogó en la rueda de prensa del 05MAY21 a Jalina Porter sobre el nuevo CNE en Venezuela.

La respuesta de la vocero encargada fue de manual sin adelantar opinión: “El objetivo primordial de la administración Biden-Harris ha sido y siempre sigue siendo apoyar una transición democrática pacífica en Venezuela a través de elecciones presidenciales y parlamentarias libres y justas, y también ayudar al pueblo de Venezuela a reconstruir sus vidas y su país”.

Obviamente Porter no había recibido una posición actualizada sobre el tema. El 06MAY21, la encargada del escritorio del Hemisferio Occidental en el Departamento de Estado de EE. UU., Julie Chung, en relación a la designación de nuevas autoridades electorales en Venezuela tuiteó que “EE. UU. apoya una solución integral y negociada a la crisis en Venezuela que aborde todos los aspectos de las condiciones necesarias para unas elecciones libres y justas. Depende de los venezolanos decidir si el nuevo Consejo Nacional Electoral contribuye a este fin”.

En un segundo tuiteo, Chung afirmó que EE. UU. sigue “presionando por cambios fundamentales para elecciones libres y justas incluyendo: levantar prohibiciones a partidos políticos, liberar sin condiciones a presos políticos, invitar a observadores electorales internacionales creíbles y un calendario electoral público”.

Peter Stano, el vocero del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), en un comunicado entregado a diversos medios el 05MAY21, afirmó que “la designación del CNE es un primer paso y parte de un proceso que seguiremos evaluando”. Josep Borrell, jefe de Stano, había sostenido en Londres el día antes un encuentro con el secretario de Estado de EE. UU. Antony Blinken, el tercero en dos meses, pero en las notas de prensa oficiales no hicieron referencia a que los dos diplomáticos hubieran abordado en “tema Venezuela”, mientras que sí se habrían detenido a comentar los hechos de violencia que acontecían en Colombia.

El 05MAY21 también se pronunció el gobierno de España para subrayar que “el nuevo CNE cuenta entre sus miembros con personalidades de la oposición democrática apoyadas por organizaciones de la sociedad civil. Es un primer paso, al que aun deberían seguir otras medidas necesarias para garantizar la celebración de elecciones justas, creíbles y transparentes”. El gobierno español una vez más ofreció “su disposición a seguir apoyando los esfuerzos de los actores venezolanos para lograr la reinstitucionalización democrática del país mediante una negociación dirigida por los venezolanos, con una agenda amplia y acompañamiento internacional, que desemboque en elecciones con garantías democráticas”.

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En tanto, en Colombia tiene lugar desde el 28ABR21 un conjunto de protestas callejeras públicamente promovidas por sindicatos y organizaciones de izquierda, inicialmente para rechazar una reforma tributaria propuesta por el gobierno de Iván Duque. Si bien el 02MAY21 Duque anunció que retiraba su proyecto de ley, las protestas ganaron virulencia en diversas ciudades del país, en las cuales se mezclaron grupos de manifestantes pacíficos y activistas de organizaciones de izquierda ejecutando acciones de guerra urbana con destrucción de infraestructura de transporte y ataques directos a instalaciones policiales. Las operaciones de mantenimiento de orden público a manos de la Policía Nacional, por su parte, han incurrido en casos de uso excesivo de fuerza que están siendo ampliamente capitalizados por propaganda izquierdista a nivel internacional.

Calentar las calles de Colombia, con cualquier argumento, es parte de los planes continentales del castrochavismo.

Artículo publicado previamente en Diario Las Américas

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