Más de 20 muertos y 800 detenciones arbitrarias han producido las manifestaciones contra el gobierno de Iván Duque

Los ex presidentes Andrés Pastrana y Lenin Moreno acusan a Nicolás Maduro de promoverlas, el canciller Jorge Arreaza niega esa tesis

@franzambranor

27 muertos, destrozos a sedes policiales y comerciales y al menos 1.500 ataques contra la población civil de acuerdo a la ONG Temblores se han producido en Colombia desde finales de abril de 2021 en respuesta a la negativa a aceptar una reforma tributaria propuesta por el presidente neogranadino, Iván Duque. 

Aunque el mandatario echó el 2 de mayo la propuesta de reforma hacia atrás, las manifestaciones han continuado.

Las protestas, que comenzaron el pasado 28 de abril, en un principio fueron convocadas por sindicatos y patronales obreras y posteriormente apoyadas por estudiantes y gente de la sociedad civil. 

Las manifestaciones no se han producido solo en Bogotá, sino también en ciudades del interior como Medellín, Cali, Manizales, Santa Marta, Cartagena, Bucaramanga, Villavicencio, Pasto, Neiva, Popayán e Ibagué, entre otras. 

El presidente Iván Duque ha asomado que las manifestaciones han sido promovidas por grupos disidentes de las Farc, mientras que los ex mandatarios de Colombia Andrés Pastrana y Ecuador, Lenin Moreno denunciaron que el gobierno de Nicolás Maduro ha metido sus tentáculos en el hervidero.

El canciller de Maduro, Jorge Arreaza negó que el gobierno venezolano tenga algo que ver con la situación. 

Al menos seis venezolanos fueron expulsados por participar en supuestos actos vandálicos en Cali. El alcalde de la ciudad Jorge Iván Ospina, sostuvo que el sexteto fue capturado en flagrancia y trasladado hacia la frontera para su deportación. 

El diputado venezolano Diosdado Cabello y el fiscal general designado por la asamblea nacional constituyente, Tarek William Saab, sostuvieron que la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Organización de Estados Americanos (OEA) deberían pronunciarse ante lo que consideran violaciones a los derechos humanos por parte de la administración del presidente Duque.  

A continuación presentamos una claves para entender el conflicto que mantiene en vilo a las principales ciudades de Colombia, para ello hemos consultado a la abogada y especialista en derecho constitucional colombiana Lucía Ramírez y al internacionalista, Félix Arellano. 

 – El gobierno de Iván Duque justificó la propuesta tributaria con la finalidad de poder aumentar la cobertura del programa “Ingreso Solidario”, iniciativa en apoyo a hogares en condición de pobreza, pobreza crítica y vulnerabilidad económica. Entre otras medidas el Ejecutivo planteaba ejecutar la aplicación del IVA en servicios como agua, electricidad y gas. “Esa protesta refleja el descontento generalizado en cuanto a problemas que están ocurriendo en el país y que se han agravado con la pandemia, como por ejemplo la economía, aumento de la pobreza y el desempleo, demoras en el proceso de vacunación. Se iban a poner impuestos sobre varios productos y esto cayó muy mal en la población”, dijo la experta en derecho constitucional colombiana, Lucía Ramírez.

“Las protestas en Colombia podríamos calificarlas como intersistémicas. Son problemas sociales, económicos y políticos que no son nuevos. En ese país hubo una negociación de paz, pero no se ha logrado, el acuerdo es muy débil y hay mucha polarización”, manifestó el internacionalista Félix Arellano. 

  – De acuerdo a Ramírez en la protesta se han involucrado una gran cantidad de jóvenes, lo que denota una desconexión de este segmento de la población con el actual gobierno colombiano. “La administración de Iván Duque que llegó con muchas expectativas ha ido perdiendo popularidad y eso ha traído como consecuencia cierto rechazo, incluyendo las nuevas generaciones”, aseveró Arellano. 

 – Ha habido excesos policiales. De acuerdo a la ONG Temblores desde el 28 de mayo hasta el 4 de mayo se produjeron 1.443 abusos, 216 víctimas de violencia física por parte de las autoridades, 814 detenciones arbitrarias, 239 acciones violentas cometidas por la fuerza pública y 10 personas perjudicadas por funcionarios en lo que tiene que ver con violencia sexual. “La Defensoría ha mencionado algunas cifras, pero no hay un consenso en torno a ellas”, señaló Ramírez. “La policía colombiana está preparada para enfrentar a la guerrilla y ha habido una actuación desproporcionada”, enfatizó Arellano.    

– Pese al retroceso de la propuesta tributaria  y la renuncia del Ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla, las protestas han continuado, incluyendo actos de vandalismo. “Es una explosion de descontento social que venía cocinándose. No es nuevo, es algo que comenzó en 2019 y el año pasado hubo manifestaciones en septiembre”, indicó Ramírez.

– En Colombia, la economía informal representa un 50 o 60 por ciento de la población laboral. “A esa economía que le ha caído la pandemia, el confinamiento y el distanciamiento social, el presidente Duque le ofrece más impuestos sin diálogo, ni consulta, lo que se convierte en un detonante”, indicó Arellano. 

 – De acuerdo al internacionalista Félix Arellano, las medidas que quiso implementar Duque generaron la plataforma para que grupos radicales salieran a flote. “Movimientos que se han ido cultivando y formando en América Latina con discursos populistas, cargados de proteccionismo, con soluciones mágicas que agravan los problemas, pero que atraen a la población excluida”. 

 –  Las protestas no se han producido solo en Colombia, también en España, Reino Unido y Estados Unidos. “Los movimientos radicales tienden a generar redes transnacionales. No olvidemos que cuando existía la chequera de petrodólares bolivariana se promovía el Alba, la Continental Bolivariana y todo era adoctrinamiento. Tampoco podemos decir que la protesta sea consecuencia de movimientos de izquierda, hay un claro descontento”, sostuvo Félix Arellano. 

 – Arellano sostuvo que en Colombia funcionan las instituciones y estas están obligadas a actuar. “Lo grave es permitir que grupos radicales y autoritarios asuman el poder, grupos que quieren desmontar la institucionalidad. No es momento para divisiones en la oposición porque en el fondo está en juego la estabilidad de la democracia”, dijo Arellano. “Nos preocupa el escalamiento de la violencia, tanto por los actores de parte del Estado como el de la comunidad en general, creo que esto es un reflejo de nuestra historia de conflicto armado y de la incapacidad que tenemos para resolver los problemas de manera pacífica. Nos preocupa que se declare un estado de conmoción interior, porque eso podría llevar a un agravamiento del conflicto. No vemos en este momento la manera como se pueda llegar a un diálogo efectivo” indicó Lucía Ramírez.