Enfrentamientos, presuntas ejecuciones extrajudiciales y gobernanza criminal: los primeros 6 meses del 2022 en José Felix Ribas
El patrón claro de víctimas de presuntas ejecuciones extrajudiciales no solo se refleja en los datos de Monitor de Víctimas, sino en la mente de las personas que residen en los lugares donde estas violaciones de derechos humanos ocurren. Puede notarse en sus expresiones y testimonios: se habla de hombres, de jóvenes o de muchachos, de hijos varones. A veces, incluso, de niños.
No obstante, la política evidente de aniquilación ejercida por el Estado deja sumida en el terror a cada persona que reside en José Felix Ribas y que tenga un ser querido que cumpla con esas básicas características. Cuando entra la policía, todos se preguntan quién será el siguiente en ser ejecutado. Este barrio es el hogar de 120.000 habitantes; esas son muchas personas, y por consecuencia, muchos muchachos.
Cuentas y cuentos de muerte en José Félix Ribas
Haciendo una cronología, el día 31 de enero de 2022 los oficiales de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) se hacen paso en la comunidad, entre bloques y personas, iniciando un operativo policial. No sería el primero, tampoco el último. Transcurren los días y las zonas 5, 6, 7 y 9 se mantienen ocupadas.
Es 2 de febrero y finalmente termina el operativo, pero no el horror. Monitor de Víctimas registra once homicidios a manos de las fuerzas de seguridad. Tres familias denuncian que los policías sorprendieron a sus seres queridos en sus hogares. Y, describen –quizás sin saberlo– la escena de una ejecución extrajudicial. Así lo comenta la madre de un joven del sector, asesinado este año por miembros de la PNB: “Pensábamos que eran delincuentes. No tenían uniforme y lo único que los identificaba como posibles funcionarios eran las armas con las que apuntaban a todo el que pasaba por el sitio. Luego supimos que eran de la PNB”.
Al cabo de un par de días, sucede de nuevo en la Zona 9. 5 de febrero, la fecha del siguiente operativo policial y, por lo tanto, de la siguiente muerte. En este caso, se trataba presuntamente del Chiripas, un primo del cabecilla de la banda de Wilexis. Cayó en un enfrentamiento entre cuerpos de seguridad y antisociales.
Ante esta realidad, algunos se refugian en la idea de que la inocencia de los jóvenes los protegerá, mientras señalan casos de “chamos sanos” asesinados en sus casas. “Entonces la gente está durmiendo, consiguen a algún chamo, no preguntan sino pam pam lo mataron y ya”, cuenta una habitante del sector al preguntarle sobre el proceder de los funcionarios en el barrio.
La inocencia no salva
Esa idea de inocencia se convierte en una especie de mantra que calma ansiedades e impotencias; calma, pero no detiene la alteración de sus rutinas para asegurar que sus muchachos no estén solos. Especialmente cuando la policía está en las calles de su barrio.
Pues si bien está claro para habitantes y funcionarios quiénes son el objetivo, claridad no es sinónimo de precisión. Y es así como el futuro de los habitantes de José Félix Ribas se nubla de incertidumbre. En un país donde el mañana político, económico y social es incierto, estas personas se ven sumidas por una capa más de opacidad. Su realidad no solo incluye operativos y asesinatos, sino balas perdidas y enfrentamientos. En su comunidad, el principal actor de la violencia pareciera ser la policía, que allana y roba hogares. Y perpetra otros abusos cuyas víctimas no poseen un patrón claro, pero tampoco escasean en número.
A lo anterior se suma la delincuencia común. Las consecuencias de los enfrentamientos y disputas de pandillas y bandas significan, para la persona común, escaleras cerradas, calles intransitables, noches en vela y miedo.
Siguiendo con la cronología, del 11 al 17 de febrero la banda impone un “toque de queda”: los negocios y comercios del barrio deben cerrar entre las 3 y 4 de la tarde. Esto debido a que el control territorial de un barrio “en guerra” se hace más sencillo cuando no hay gente en la calle, según la lógica de la banda. Las consecuencias de no acatar estas medidas suponen desde multas de miles de dólares hasta la muerte de aquel que se atreva a desobedecer.
A raíz de lo narrado, el 18 de febrero los habitantes del barrio José Felix Ribas protestan de forma no violenta, cansados de los abusos policiales y criminales. Exigen el cese de los operativos policiales en la zona y de los sobornos. Para ellos, no se trata de proteger o aceptar la presencia de la banda de Wilexis, sino de detener los delitos asociados a las acciones de las fuerzas policiales contra la misma, al igual que denunciar el terror y control que impone la banda entre los vecinos.
No hay claridad en quiénes son los buenos y los malos. Los pobladores no se identifican con la banda, pero el policía abiertamente destroza su comunidad, a sus vecinos y a sus hijos. No es predecible si tumbarán la puerta “solamente” –como si fuese poco– y harán pasar un mal rato; si se llevarán lo poco o mucho que haya podido construir la familia; no saben si implicarán a su hijo, hermano, primo o pareja en algún supuesto delito. Solo saben que “pagan los inocentes”, siendo los más comunes los muchachos. Sus muchachos.
¿Cómo llegamos hasta acá?
Las “zonas de paz”, la juramentación y el fuego cruzado: ¿Cómo llegamos hasta acá?
El contexto antes narrado no es más que la consecuencia directa de años de inacción, desidia y colaboración gubernamental. Las “zonas de paz” alimentaron a las bandas de todo el país hasta convertirlas en organizaciones criminales de amplio espectro. Esta política de seguridad buscaba, en teoría, desarmar a los delincuentes de los principales barrios del país, a través de la dotación de recursos económicos y la erradicación de la presencia policial en los sectores abordados. Sin embargo, los recursos fueron utilizados para la compra de armamentos por las bandas beneficiadas lo que, aunado a la ausencia policial, segmentó el control político y territorial entre las organizaciones criminales.
Hubo un principal beneficiado de eso: Wilexis Alexander Acevedo Monasterios, cabecilla de una de las megabandas más relevantes de los últimos años en el país por la capacidad bélica y la extensión territorial de la gobernanza criminal que tiene en la zona. Para 2020, la banda Wilexis controlaba ocho de los diez sectores que conforman el José Félix Ribas. Y, en la actualidad, mantiene el control de la mayoría de sectores del barrio.
Desde la creación de las “zonas de paz”, Wilexis amplió sus redes de poder y su influencia entre los habitantes del José Felix Ribas, ya sea por convicción (debido a los beneficios que estas organizaciones criminales brindan a través de los recursos que manejan: paz delictiva, mediación de conflictos, medicinas, etc.); o por miedo (cobro de vacuna, intimidación y violencia). Esta realidad no incomodó al gobierno nacional sino hasta principios de 2019.
Existen varias tesis sobre el quiebre de las relaciones propiciadas en 2013 entre el gobierno nacional y la megabanda. Una de ellas, y la que parece ser la más acertada, se relaciona con las protestas en contra de Nicolás Maduro que tuvieron lugar en el barrio el 23 de enero de 2019, día en el que se juramentó Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela. En estas manifestaciones los habitantes del sector fueron reprimidos y la banda respondió con fuego a los represores.
Desde ese momento se han intensificado dos realidades sumamente complejas:
Enfrentamientos entre bandas
La primera, configurada por los constantes enfrentamientos entre bandas que buscan controlar territorios específicos del barrio. La más conocida de estas disputas fue la que se dio entre la banda del Wilexis y la banda de Christian René Tovar Uribe, alias Gusano. Ambas organizaciones se disputaban territorios del barrio, siendo la banda de Wilexis la que controlaba desde la zona 1 hasta la 8, mientras que la liderada por el Gusano controlaba las zonas 9 y 10. Esta disputa culminaría el 14 de mayo de 2020, cuando delegaciones del CICPC eliminaran al Gusano. Ese mes fue uno de los más más violentos para la parroquia en aquel año, registrando un total de 25 homicidios, lo que supone una media de casi una muerte violenta por día.
Operativos policiales
La segunda realidad es la generada por los cuerpos de seguridad del Estado, a través de operativos policiales que tienen como objetivo desmantelar a las principales bandas y pandillas del sector. En ese sentido, desde 2019 en adelante, se han dado una serie de enfrentamientos entre miembros de la banda y funcionarios policiales, los cuales dejan una gran cantidad de víctimas colaterales y mantienen una zozobra constante en los habitantes del sector.
En específico, según cifras del observatorio, alrededor de 119 infantes y adolescentes han perdido a alguno de sus padres por la violencia homicida en Petare, dejando familias destrozadas, daños irreparables y odio en los afectados.
Alta densidad poblacional, criminal y policial
Petare se mantiene como una de las parroquias más violentas del país. En específico, la parroquia concentra el 19,1 % de homicidios violentos totales registrados por Monitor de Víctimas en el Área Metropolitana de Caracas desde 2017. Durante este primer semestre del año, la característica parece mantenerse.
Haciendo una comparativa con respecto al año pasado, los homicidios, en específico donde la víctima es un hombre joven, han aumentado levemente en estos primeros meses. El observatorio ha registrado, hasta abril de este año, un total de 33 homicidios. De estos, 21 de las víctimas son hombres jóvenes menores de 29 años; a diferencia del año pasado, donde esta cifra fue de 17 sobre un total de 36 homicidios.
El José Félix Ribas es un barrio que ha tenido que sufrir la presencia de enfrentamientos entre organizaciones criminales y cuerpos de seguridad; una comunidad que ha tenido que protestar ante los excesos policiales y los amedrentamientos; unos ciudadanos que han tenido que vivir con miedo ante la escalada de violencia en su barriada.
Esa violencia tiene años oscureciendo en el barrio. Y, a pesar de que estamos en julio y han transcurrido meses del último operativo en José Felix Ribas, la falda del cerro sigue adornada con alcabalas, supuestos puestos de control y seguridad; con tanquetas y oficiales con armas largas. Lo incierto se esconde en lo cotidiano, simulando normalidad y tranquilidad, pero no garantía de seguridad. La mera presencia policial sirve de recordatorio de ello.
Ante esto, resulta decisivo cesar las políticas represivas por parte de los cuerpos de seguridad e implementar políticas de seguridad ciudadana que atiendan, de manera efectiva, la escalada de violencia y crimen en el sector. De otra forma, los días en José Felix Ribas se seguirán viviendo bajo una inmensa sombra de miedo y pólvora.
*César Salgado: coordinador de Investigación y equipos comunitarios, Monitor de Víctimas. Miembro de Mi Convive | Isabel Salaverría: coordinadora, Mi Convive.
