Con la contratación de Centerview Partners en mayo para negociar la reestructuración de la deuda venezolana, el gobierno encargado fijó su hoja de ruta financiera. De cara al tercer trimestre de 2026, el proceso entra en una fase compleja marcada por el debate sobre el monto real de la deuda, la postura unificada de los acreedores privados y la necesidad de incorporar el impacto del doble terremoto del pasado 24 de junio.
Según informes de la firma FPP Asset Management y reportes del sector, la reestructuración de la deuda está en una fase decisiva de toma de posiciones estratégicas, de cara a las mesas de negociación que se esperan para el segundo semestre. La filtración de un balance consolidado que revaluó el pasivo total del país, la acelerada articulación de los tenedores de bonos en el exterior y el impacto del sismo del pasado 24 de junio, marcan esta fase.
¡No lo sé, Rick!
A finales de junio, una filtración atribuida a los informes preliminares del proceso —reseñada por el Financial Times— elevó la estimación de la acreencia total a 240 000 millones de dólares. La cifra supera de forma considerable el consenso de mercado que manejaban firmas independientes y Transparencia Venezuela, que situaba el pasivo entre 170 000 y 200 000 millones de dólares (incluyendo cerca de 60 000 millones de dólares en bonos soberanos y de Pdvsa, 40 000 millones de dólares en intereses vencidos, además de arbitrajes en el Ciadi y compromisos bilaterales con China y Rusia). Con un Producto Interno Bruto (PIB) estimado en torno a los 100 000 millones de dólares, este nuevo cálculo ubicaría la relación deuda/PIB por encima del 200 %.
En Wall Street la cifra fue recibida con escepticismo. Firmas de análisis y operadores señalan que la filtración de este abultado balance responde a una estrategia deliberada del Ejecutivo para “pintar” una foto macroeconómica extrema, cuyo objetivo implícito sería justificar ante los mercados un haircut (acuerdo financiero) de capital e intereses sensiblemente más agresiva durante las rondas de negociación.
El mercado responde organizándose
Ante la posibilidad de una oferta unilateral de recorte, los acreedores aceleraron sus movimientos. Según datos recientes publicados por Bloomberg, más de 15 fondos de inversión de Estados Unidos y Reino Unido se sumaron al Comité de Acreedores de Venezuela para consolidar el control de hasta el 50 % de los papeles de deuda en circulación, para así evitar la atomización de los tenedores.
El vicepresidente sectorial de Economía, Calixto Ortega, ratificó que el proceso de reestructuración no se detendrá y que las evaluaciones de daños causados por el doble terremoto del 24 de junio deberán incorporarse al Análisis de Sostenibilidad de la Deuda.
Aunque agencias internacionales como el Banco Mundial y la ONU divulgaron estimaciones de daños que oscilan entre 19 600 millones y 37 000 millones de dólares, analistas de firmas locales advierten que la reconstrucción no recaerá solo en el presupuesto de la nación, sino que compartirá con el sector privado y capital internacional y que los sismos provocarán un retraso táctico de algunos meses.
El bloqueo multilateral impacta a la economía real
Más allá de los tableros que se manejan en los mercados internacionales la pugna por la deuda tiene un rostro cotidiano. Hasta que se alcance un acuerdo de reestructuración se mantiene bloqueado el acceso de Venezuela al crédito de multilaterales, pues estos entes por norma no pueden otorgar nuevos préstamos a países con compromisos en mora.
Sin este flujo de recursos, el Estado carece del capital requerido para abordar proyectos de infraestructura crítica —como el Sistema Eléctrico Nacional y la red hídrica— y para la reconstrucción de infraestructura pública tras el sismo.
Esta limitación financiera golpea de forma directa a las familias que perdieron sus viviendas como consecuencias del doblete sísmico. Programas clave como el recientemente anunciado subsidio y financiamiento a largo plazo para la adquisición de vivienda principal dependen en gran medida de la restitución de la solvencia internacional del país.
Como sostienen economistas como José Guerra y Giorgio Cunto, salir del default es el requisito indispensable para atraer la inversión pública y privada de gran escala; mientras las conversaciones se demoren en los despachos, el costo se traduce en servicios deficientes y en un estancamiento prolongado del bienestar ciudadano.
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