La crítica a nuestras autoridades es normal dentro de la Universidad autónoma y democrática, y así debe asumirse. A menos que ya no sea ni autónoma ni democrática. ¿Un mini Estado cuartel?
Hay que alertar sobre síntomas de imposición y totalitarismo en instituciones democráticas. La Universidad debe seguir siendo parte de las alternativas de una nueva formación ciudadana basada en respeto, pluralidad, exigencia y calidad.
En un artículo titulado De la presencialidad y sus embarazos, el profesor Víctor Rago, de la Escuela de Antropología de la UCV, reflexiona en la revista Trópico Absoluto del 16 de septiembre de 2022 sobre el llamado realizado por el Consejo Universitario a la vuelta a clases presenciales y la normalización de actividades.
Señala el académico: «La pregunta principal tendría que apuntar a la situación de la Universidad al cabo de poco más de tres años de paralización de muchas de sus actividades». Para inquirir después: «¿Qué hacer cuando se vuelva a la Universidad? Es decir, cuando de verdad y todo lo plenamente que se pueda volvamos a ella? Hay una forma todavía más rotunda de formular esta pregunta: ¿para qué volver? La convicción de que la vuelta es cuestión vital está reñida con el simplismo resignadamente recuperativo, tan cargado de añoranzas retrógradas: seguir como antes expone al peligro de un conformismo hecho de rutinas aletargantes, hábitos reflejos, prácticas de dudosa fertilidad precisamente cuando los tiempos exigen lo contrario.»
La Universidad de Los Andes y, en particular en nuestro caso, la Facultad de Humanidades y Educación, dispuso «la presencialidad» para el semestre iniciado en mayo de 2022, dejando también abierta la posibilidad de realizar clases virtuales. Un ambiguo sistema donde no hay claridad en los procedimientos. Cumplió con lo expuesto por Víctor Rago: simplismo resignadamente recuperativo, añoranzas retrogradas, continuidad azarosa y precaria de prácticas, conformismo hecho de rutinas aletargantes, prácticas de dudosa fertilidad…
Hay que abrir la Universidad, no importa en qué condiciones, y menos sin mucha crítica, pues parece que quien contribuyó a la destrucción ahora es aliado o artífice de la recuperación.
Recientemente culminó el semestre B-2022, en el cual abrimos en oferta a los alumnos tres materias: una obligatoria, Paleografía y Prácticas de Archivo; y dos optativas La Lucha Armada en Venezuela. 1960-1970 y La Lucha Armada en América Latina 1960-1970.
La materia obligatoria, Paleografía y Prácticas de Archivo, como su título define y se dicta desde 1965, tiene carácter teórico-práctico. En el semestre pasado se inscribieron 18 alumnos, de los cuales culminaron solo 5. No conozco las motivaciones de cada uno de los 13 alumnos para abandonar, solo algunos casos: estudiantes crónicos que inscriben la materia y la retiran, falta de compromiso en el cumplimiento de tareas y asignaciones, razones de trabajo, imposibilidad de sostenimiento económico en Mérida, y asiento fuera del país.
A inicios de semestre se me llamó desde la Dirección de la Escuela de Historia para plantearme la necesidad de atender a los inscritos en la materia que viven en otros países a través de las Tecnologías de la Información y Comunicación.
Aun cuando me pareció una intromisión, pues según la legislación universitaria vigente toca a los departamentos y no a las direcciones de escuela la administración de las materias, señalé mi disposición a facilitar Paleografía y Prácticas de Archivo a todo aquel estudiante que inscriba la materia, disposición ratificada después al Departamento de Historia de América y Venezuela, del cual depende.
También se me pidió «flexibilizar las condiciones de las clases en la necesidad de que todos los estudiantes puedan cursar la asignatura». A lo cual manifesté también el deseo de colaborar, pero expuse que las características fundamentales teórico-prácticas de la materia obligan al trabajo en los repositorios documentales y a especiales metódicas de enseñanza.
Todos los universitarios conocemos el rosario de nuestras penalidades: sueldos que apenas cubren las necesidades básicas, instrumentos obsoletos pues no hemos podido reemplazarlos, deficitaria conexión a la internet, fallas frecuentes en la dotación de electricidad… Eso también lo saben las autoridades universitarias.
Deberían promoverse y facilitarse las condiciones para el cabal cumplimiento de la educación que pretenden, mediada por las tecnologías de la información y la comunicación. Del mayor interés sería que la Facultad de Humanidades y Educación, y su Escuela de Historia, contaran con salones equipados con las mejores condiciones para la enseñanza ante los retos de la educación a distancia.
De acuerdo a disposiciones del Consejo Nacional de Universidades, tituladas NORMATIVA NACIONAL DE LOS SISTEMAS MULTIMODALES DE EDUCACIÓN UNIVERSITARIA Y EDUCACIÓN MEDIADA POR LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN, de agosto de 2021, se señala en su Artículo 31: “Las Instituciones de Educación Universitaria que administren programas de formación mediados por las Tecnologías de la Información y la Comunicación dispondrán de ambientes físicos equipados con la tecnología pertinente y necesaria, tanto en la sede central como en sus extensiones, núcleos y centros de apoyo regionales autorizados, que aseguren la efectiva prestación de servicios que satisfagan tanto las necesidades de formación de las y los actores sociales involucrados como el acceso permanente a los servicios académicos, administrativos y de apoyo tecnológico.”
Como vemos, es una disposición del Consejo Nacional de Universidades ante la cual la Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad de Los Andes parece no tener respuestas pertinentes y necesarias. ¿Es la Universidad un polo o factor de oposición, o asume su dependencia del presupuesto otorgado desde el poder? ¿Cuál es su fracaso ante la situación que vive?
Igualmente, los docentes desconocemos la normativa que reglamenta el dictado de materias en línea para los estudiantes que están dentro y fuera del país. Que sepamos, solo existe una circular del Consejo Universitario de la ULA de fecha 30 de julio de 2020, N° CU-0499/20, donde se exponen algunas directrices generales, por lo cual se hace necesario se establezcan claramente las funciones, deberes y derechos tanto de la Facultad de Humanidades y Educación, sus profesores y estudiantes ante las modalidades para el efectivo dictado de las materias por la vía señalada.
Ese es el deber de las autoridades y no la exigencia aislada a los profesores, lo cual propende a la estigmatización docente escudada en actitudes populistas y demagógicas. Así, pareciera que la orientación es sacar estudiantes de las materias sea como sea, atentando contra la calidad del proceso de enseñanza. Si el docente exige mínimas condiciones, entonces se convierte en problemático y opuesto a ayudar a los estudiantes. Un pervertido procedimiento muy parecido al que tanto se cuestiona en las universidades controladas por el gobierno.
Autonomía de cátedra y manejo de las materias por los departamentos, al igual que el medio pasaje estudiantil o el derecho al comedor universitario, fueron logros de la lucha democrática universitaria desde las jornadas realizadas al eco del Mayo francés de 1968, aquello que se conoció como la Renovación Universitaria. Esperamos tanto de la dirección de la Escuela de Historia, como del decanato y el consejo de Facultad de Humanidades y Educación no pretendan irrespetarlos. Propuestas realizadas ante el consejo de Escuela de Historia de crear materias alternas parecieran, sin embargo, dirigidas a ello. Lo cual nos parece sumamente grave. Instaura arbitrariedad y totalitarismo, prácticas reñidas al sentido universitario.
Los profesores de la Facultad de Humanidades y Educación hemos demostrado nuestro compromiso con la Universidad. Aún ante problemas no resueltos como inseguridad en los accesos y recintos, suciedad de salones y pasillos, o falta de herramientas para el dictado eficiente de clases, hemos desarrollado un semestre presencial dando lo mejor de nosotros. Es decir, no es una situación ni óptima ni normal. Eso debían valorarlo nuestras autoridades para no perturbar más una situación de por si perturbada por factores externos. Es tiempo de pensar la nueva universidad, no de remiendos y «normalidades fingidas».
¿Está el liderazgo actual en capacidad de adelantar el necesario proceso de reflexión al cual invita el profesor Rago? Urge la renovación de las autoridades universitarias de todos los niveles en todo el país. Lo que se cuestiona hacia afuera debe también hacerse hacia adentro.
El llamado es a la reflexión y la serenidad. Es hora de exigencia en los niveles de calidad de la enseñanza-aprendizaje, no de complacencias para favorecer cantidad, demagogia, populismo y mediocridad.
Isaac López | Octubre 2022.
* El autor es historiador y profesor de la Universidad de Los Andes, en Mérida.
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