Lo que vemos desde el viernes en el país no es una “cruzada anticorrupción”, sino un expediente de inteligencia judicializado por decisión presidencial
Esta columna sale a la luz cuando apenas han pasado seis días de las primeras detenciones en el desarrollo de una inusitada operación que, de hecho, representa el estreno público de la llamada Policía Nacional Anticorrupción.
Desde un punto de vista formal, esta unidad tenía más de ocho años de existencia. Fue creada mediante un decreto presidencial emitido en noviembre de 2014. Desde entonces, su figuración fue discreta. Servía como garrote contra factores que se habían separado del oficialismo. Nunca contra quienes participaban activamente en el poder. Y no podía ser de otra forma. El Cuerpo Nacional contra la Corrupción, desde su nacimiento, es uno de los mecanismos de los que goza el régimen para protegerse.
No se trata de un órgano independiente. Su director y demás integrantes son seleccionados por el Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria (Cesspa), que es el punto de convergencia entre las inteligencias venezolana, cubana y de otros aliados foráneos. El mecanismo para la designación, establecido en la orden presidencial número 1.444, indica que la lista de candidatos es entregada a Maduro, quien al final formaliza el nombramiento. El Cuerpo Nacional contra la Corrupción depende orgánicamente de Miraflores.
Desde hace más de cinco años, este despacho es comandado por el ahora general de brigada Julio César Mora, un oficial egresado de la Escuela de Formación de la Guardia Nacional en julio de 1990, como parte de la promoción Batalla de San Mateo.
Tras la caída de Hugo Carvajal, el exzar de la inteligencia venezolana, Mora comenzó a ocupar ciertos espacios, ya desde sus tiempos de teniente coronel. Actualmente, no solo encabeza el Cuerpo Nacional contra la Corrupción. También está al frente de la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada (creada por el mayor general, ahora preso en España) y un puesto en la nueva junta directiva de la Superintendencia Nacional de Criptoactivos (Sunacrip).
El Cuerpo Nacional contra la Corrupción no rinde cuentas a la Fiscalía, sino al palacio de gobierno. Este relacionamiento se evidenció claramente a partir del viernes pasado. Ese día, el órgano del general Mora emitió un comunicado en el que asumía la responsabilidad por la ola de detenciones, que ya abarcaba al entonces titular de la Sunacrip, Joselit de la Trinidad Ramírez Camacho, al ex viceministro de Educación Universitaria y diputado de la AN electa en 2020, Hugbel Roa, el alcalde de Tejerías Pedro Hernández, el presidente del circuito judicial penal de Caracas Cristóbal Cornielles, y el juez cuarto antiterrorismo José Márquez.
El domingo, es decir, 48 horas después de ejecutadas las primeras aprehensiones, el Ministerio Público anunció que había designado a cinco fiscales para conocer de estas investigaciones, y proceder a la “judicialización” de cada caso. Ese término es clave, pues revela que hasta ese momento todas las diligencias se habían mantenido en los confines del cuerpo encabezado por el mencionado general, y en definitivas cuentas, de su jefe inmediato. Eran, ni más ni menos, inteligencia.
Tampoco caben las comparaciones con la famosa operación Manos Limpias, la gran investigación encabezada en la última década del siglo pasado por el juez Tony di Pietro, que puso en evidencia los fuertes nexos entre el poder italiano (dominado hasta entonces por la democracia cristiana) y la Cosa Nostra, y que sentó las bases para un cambio político en el país europeo.
Manos Limpias surgió del seno de un Poder Judicial que se manejaba con gran independencia. En cambio, esto que vemos desde el viernes en Venezuela surgió del círculo más íntimo del madurismo. Por eso es que todo se ha manejado con enorme opacidad, más que lo habitual. Y es allí, en las sombras, donde el exministro de Petróleo Tareck el Aissami, alias Tango Alfa, podría encontrar un medio adecuado para resolver su comprometida situación, y quizá también la de quien fuese uno de sus más cercanos operadores, apodado JoseLit cuando interactuaba con los individuos que traían y sacaban bultos de divisas en aviones con matrícula estadounidense, tal y como se revela en el expediente judicial ventilado desde marzo de 2020 en la corte del Distrito Sur de Nueva York.
Es por eso que todo este proceso debe ser visto con suspicacia. Seguramente, algunas informaciones serán filtradas para justificar el accionar de la Policía Anticorrupción. Pero tampoco hay que hacerse muchas ilusiones. A estas alturas, ya el oficialismo se encuentra en una onda de reducción de daños, incapaz de explicar ante el país por qué estas prácticas fueron toleradas por años en el seno del más alto gobierno. Recuérdese que Tango Alfa fue vicepresidente de Economía hasta el momento de su renuncia por Twitter. Es por eso que Jorge Rodríguez (uno de los grandes beneficiarios de esta coyuntura) ya asomó ante su Parlamento la posibilidad de un giro en los objetivos.
Hasta ahora, las detenciones y los allanamientos parecen tener tres grandes vectores: Petróleos de Venezuela, Poder Judicial y gobiernos locales. Hay, además, un grupo relacionado con todos ellos, que puede ser calificado como el de “los profesionales”, es decir, administradores, empresarios, abogados especializados en el manejo de los recursos mal habidos.
Pero los allanamientos contra estos últimos individuos comportan grandes riesgos. Lavar dinero requiere de ciertos conocimientos, y un mundo de relaciones que no todos poseen. Por eso es que Alex Saab era y es tan importante para el actual poder nacional. En Venezuela, las personas con estas habilidades son contadas. Así que la persecución penal contra ellas puede repercutir sobre los intereses de otras facciones ligadas al oficialismo. Es de presumirse, por ejemplo, que ciertos magistrados del Tribunal Supremo, en alguna oportunidad vitales para la permanencia de Maduro, ahora deben padecer insomnio al saber que, por fin, el sector más prominente del oficialismo tendrá en sus manos las evidencias sobre el cobro de sobornos mediante la negociación de costosos apartamentos en Las Mercedes, a través de testaferros. ¿Qué pasaría si esta “cruzada” enfila sus lanzas contra esta tribu del Poder Judicial?
La ola de detenciones finalizará muy pronto. De lo contrario, el propio régimen atentará contra su permanencia.
Breves
- La manifestación llevada a cabo el 20 de marzo en predios de la Universidad Central de Venezuela contribuyó a visibilizar la creciente inseguridad en esa casa de estudios. Dentro de esta situación, las más afectadas son las integrantes de sexo femenino de la comunidad educativa, es decir, estudiantes, empleadas administrativas, obreras y docentes. El caso que detonó la protesta fue el abuso sexual a una estudiante, en la tercera semana de este mes. Según las autoridades, hasta el momento no se ha formalizado la denuncia que impulsaría las averiguaciones penales por parte de la policía judicial. Al margen de esto, las propias manifestantes se quejaron por la repetición de estos hechos. La Fiscalía anunció la designación de una abogada para sustanciar los expedientes. Esto implica que, tarde o temprano, las víctimas tendrán que dar la cara. La intervención del gobierno central en los espacios del campus no ha parado la delincuencia. Las cifras manejadas por los cuerpos policiales así lo indican. En 2022 hubo un promedio de casi cuatro delitos por mes en los espacios de la UCV. El 4 de diciembre, incluso, fue ultimado a tiros un hombre frente al área de Emergencia del hospital, en lo que Cicpc calificó como un “ajuste de cuentas”. Entre enero y febrero han sido reportados veinte delitos, es decir, la media de casos se elevó en más de 100 %. Los ilícitos se reproducen en todos los espacios, tanto en las aulas como en los espacios abiertos. Como sucedía antes de la pandemia, las vías de acceso desde Los Símbolos y el estacionamiento son los escenarios preferidos por el hampa.
Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad y no comprometen la línea editorial de RunRun.es
