Javier Ignacio Mayorca, autor en Runrun

Javier Ignacio Mayorca

Crímenes sin Castigo | Wagner en Venezuela
La guerra en Ucrania ha servido para visibilizar las actividades de una corporación de mercenarios que alguna vez pisaron estas tierras

 

@javiermayorca

Todo lo que suceda durante la guerra en Ucrania interesa a los venezolanos. Ciertamente, esto ocurre a miles de kilómetros de distancia. Pero aquí cabe referir ese lugar común según el cual con la globalización nada nos es ajeno. Más aun si se considera que en el bando agresor aparece la Rusia de Vladimir Putin, uno de los pocos aliados de Miraflores.

De allí que, el pasado fin de semana, mientras el autócrata de Moscú se tambaleaba, desde Caracas y Managua le enviaban palabras de aliento, en contraste con la actitud prudente, y hasta cierto punto expectante, de las principales democracias occidentales.

Son múltiples los aspectos que se podrían analizar en torno al devenir de esta conflagración, y desde una perspectiva “glocal”, es decir, global y al mismo tiempo muy local. Por ejemplo, el rotundo fracaso de las armas utilizadas por las tropas rusas, desde los tanques T-72 (que aquí reemplazaron a la flota de AMX-30) hasta los blindados BMP80, pasando por la inoperancia de los sistemas misilísticos S300, con los que algún parlamentario amenazó con bombardear a Bogotá. Los ucranianos los han volado, incluso, utilizando drones de juguetería. Esa chatarra se verá de nuevo andando por Los Próceres, en julio.

También se podría revisar la imposibilidad de sacar cierto provecho del brinco que dieron los precios internacionales del crudo, cuando los rusos fueron sacados del juego comercial. En ambos tópicos –adquisiciones militares y comercio de hidrocarburos– el régimen venezolano pareciera haber apostado a perdedor. E insiste en eso.

Uno de los puntos más llamativos de lo que sucede en Ucrania es la participación abierta de una “compañía militar privada” (PMC, por sus siglas en inglés) en esta guerra de anexión. Se trata de Wagner, la empresa encabezada por Yevgeniy Viktorovich Prigozhin. Los lectores de este espacio quizá estén familiarizados con este nombre, pues desde 2020 se está advirtiendo sobre las andanzas de este grupo en territorios de Europa, África y, desde luego, en Venezuela.

Un informe presentado en septiembre de 2022 por Luis de la Corte Ibáñez ante el Instituto Español de Estudios Estratégicos precisa que Wagner ha actuado en veinte países, además de Rusia. No es la única compañía de mercenarios surgida de esos confines. Pero sí la primera en llegar a este territorio.

Esta presencia, indica el documento, fue respaldada con medios logísticos y de transporte del gobierno ruso. Los Wagner (como se refieren comúnmente a los mercenarios de esta corporación) fueron enviados “para dar protección al presidente Nicolás Maduro”.

“Llegaron a Venezuela a bordo de dos aviones militares rusos, modelos Antonov AN124 e Ilyushin 62M”, precisa el reporte. Ese mismo año, las tropas de la compañía también estaban involucradas en combates en Libia, donde eran abastecidas en el terreno por aviones militares de carga rusos.

¿Por qué Wagner se interesaría en Venezuela? Para la exintegrante del grupo de trabajo sobre mercenarios y compañías privadas de seguridad de la Organización de Naciones Unidas, Lilian Bobea, podrían plantearse varias teorías, no del todo excluyentes. La primera, que el traslado de estos mercenarios a Caracas obedecía a una forma de proyección del poder por parte del régimen de Putin hacia Venezuela.

“Pero no diría que fue un favor (a Maduro). Wagner era del cuello de Putin. Pero a sus miembros también hay que darles comida y dejarlos hacer sus negocios”, afirmó.

Bobea investigó durante tres años (2018-2021) las correrías del grupo de Prigozhin, e igualmente las de otros mercenarios que irrumpieron en el contexto latinoamericano, pues esa fue su área de interés. Desde luego, en sus reportes para la ONU también aparecen las menciones a Silvercorp, la compañía fundada por Jordan Goudreau que participó en la organización de la fallida operación Gedeón (mayo 2020).

Pero esa es harina de otro costal. Además, sobre la corporación registrada en Miami corrió mucha información, mientras que Wagner no figuraba en el debate público. Y se calcula que en el país pudieron permanecer hasta 400 mercenarios rusos.

Wagner siempre estuvo cubierta con un manto de silencio, y eso dificultó el trabajo de los investigadores de la ONU, como Bobea. Según la experta y docente de la universidad de Bentley (Massachusets), uno de los efectos de la guerra en Ucrania ha sido la visibilización del grupo encabezado por Prigozhin. En parte, porque han sido mucho más efectivos y crueles que las tropas regulares enviadas desde Moscú. Y también, según Bobea, porque finalmente el antiguo exconvicto y “cocinero de Putin” reveló su agenda política.

Al analizar la pasantía de Wagner por Venezuela, la pregunta recurrente fue cómo es que el presidente de un país en bancarrota se permitiría el lujo de traer un batallón desde los confines euroasiáticos, para resguardarse junto a su círculo íntimo.

Frente a ello, Bobea confesó no disponer de una respuesta precisa. Sin embargo, encontró cierta analogía con lo ocurrido en países africanos donde los Wagner también hicieron de las suyas, por encomienda del Kremlin.

“Podrían tener concesiones para la explotación de minas o petróleo. Alguna actividad extractiva. Sería como un pago en especias”, afirmó.

Pero los Wagner no han sido los únicos mercenarios que han contado con anuencia oficial para operar en el país.

En diciembre de 2021, miembros de Vegacy Strategic Services brindaron cursos de instrucción para la constitución de las llamadas unidades de reacción rápidas (URRAs) de la Guardia Nacional, que luego han actuado en operaciones como Autana y Escudo Bolivariano.

Hay un debate sobre quién es el verdadero propietario de Vegacy en la actualidad. Esta firma fue registrada en Chipre y su principal representante fue Anatoli Smolin. En 2018 se disolvió formalmente, aunque continuó operando en distintos teatros de conflicto como Siria, donde también estaban los Wagner.

“Estas son empresas totalmente desreguladas, que además suelen subcontratar ciertos servicios con otras empresas en cada localidad. De allí que no haya forma de saber quién es el responsable del daño que causen. (…) No tienen controles internos ni externos”, advirtió la investigadora.

Al terminar la conversación con Bobea, el Departamento del Tesoro de EE. UU. emitía nuevas sanciones contra cuatro empresas ligadas a la red de Prigozhin, el jefe máximo de Wagner. Las compañías, precisamente, se dedican a la extracción y el comercio internacional de oro en países subsaharianos.

El conflicto en Ucrania interesa a los venezolanos.

Ucrania somos todos

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Breves

  • El 15 de junio, la senadora boliviana Andrea Barrientos presentó ante la fiscalía de su país una denuncia penal, para solicitar que se investigue quiénes facilitaron la entrada de por lo menos 65 militares venezolanos. Según la parlamentaria, en este caso estarían ante el delito de emisión de resoluciones contrarias a la Constitución de ese país, puesto que ese grupo fue recibido sin contar con la venia parlamentaria. En una primera reacción, el ministro de la Defensa boliviano Eduardo Novillo argumentó que los efectivos castrenses venezolanos fueron con fines académicos y sin portar armas. Con ello, confirmó que el contingente estuvo en la república plurinacional. Una fuente militar venezolana precisó que una parte de este grupo se trasladó en un jet de Conviasa (vuelo 504), que despegó de Maiquetía el 9 de junio con destino al aeropuerto Viru Viru de Santa Cruz de la Sierra. Una parte regresaría el 20 de junio. Los visitantes dejaron constancia gráfica de su presencia, el 18 de junio, cuando permanecían en el colegio militar del Ejército Boliviano coronel Víctor Hugo Villarroel, una instalación ubicada en La Paz. De manera que la denuncia de la parlamentaria fue dada a conocer mientras ellos estaban allá. La bancada opositora exige además confirmar si los miembros de la FANB estuvieron en ese país anteriormente, en las mismas condiciones.
  • El 15 de junio, el comandante general del Ejército, mayor general Félix Osorio, remitió una orden general en la que se somete a consejo de investigación a 3099 efectivos de ese componente castrense, que habrían incurrido en “permanencia no autorizada y sin justificación fuera de la unidad, establecimiento o instalación militar”, según lo indicado en la Ley de Disciplina Militar. En otras palabras, casi tres mil cien efectivos de tropa serán excluidos de la Fuerza Armada, por haberse ausentado de sus puestos. Anteriormente, esto se llamaba deserción. De hecho, es un delito tipificado en el Código Orgánico de Justicia Militar. Pero son tantos casos que resulta prácticamente imposible procesarlos en su totalidad. Para refrendar las expulsiones, Orosio designó a los miembros de un consejo disciplinario encabezado por el general de brigada Nelson Simón Tovar Moreno, e integrado por otros cuatro oficiales y un efectivo de tropa profesional. El documento con los nombres de los expulsables tiene 96 páginas. Este fue el prólogo del Día del Ejército.

Crímenes sin castigo

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad. Y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

Crímenes sin Castigo | Las ganancias del caos
En medio de la carestía de recursos, dos municipios capitalinos intentan llenar sus arcas a punta de onerosas multas y jornadas de trabajo comunitario

 

@javiermayorca

Las calles de Caracas se han transformado en escenarios de la anomia.

Esta afirmación es comprobable en forma netamente empírica. Por ejemplo, colocándose en un semáforo cualquiera de la avenida Francisco de Miranda. En esta vía, que cruza la ciudad desde el extremo este hasta Chacaíto, en la puerta del municipio Libertador, los conductores rara vez respetan las paradas de los semáforos. No solo son los que van en motos. Ahora, es práctica común ver automóviles, busetas e incluso camiones “comiéndose la luz”, lo que obliga a los peatones a redoblar sus cuidados. Un semáforo en rojo no es garantía de cruce libre y seguro.

Esta situación ha llegado al punto en que agentes motorizados de Chacao se han apostado en forma ostensiva frente a los cruces, con la vista puesta en los vehículos para así lograr cierto respeto a la luz que indica parada.

Cuando los uniformados se van, en esas mismas calles pueden verse autos y camionetas de alta gama circulando en contravía, lo mismo que los repartidores de mercancías.

Los famosos motorizados del delivery hacen de las suyas día y noche. Andan por las calles como si la norma no existiera, y reaccionan en forma airada ante cualquier reclamo.

Desde luego que estas conductas no son nuevas. Pero parecieran exacerbarse en la era de la pospandemia.

A partir de marzo, dos municipios capitalinos han puesto atención en estos temas, y emitieron sendas ordenanzas que formalmente se plantean el rescate de la convivencia. Otros intereses también están en juego.

El primero fue Chacao. El 16 de marzo, la Gaceta Municipal de ese sector capitalino divulgó la Ordenanza que Regula la Convivencia Ciudadana en Materia de Tránsito, Transporte y Movilidad Urbana.

Allí se describen 27 conductas sancionables, ya sea mediante multas o imposición de lapsos de trabajo comunitario.

A juzgar por los montos fijados, los concejales valoraron como lo más grave la realización de carreras o “piques”. Quienes organicen o participen en tales justas deberán pagar hasta tres petros, equivalentes a 180 dólares. Sí, las multas se fijan inicialmente en el criptoactivo impulsado por Maduro.

Hay otras faltas consideradas graves, como por ejemplo colocar basura en las aceras o pasos peatonales. Los que hagan esto, serán sancionados con el equivalente a 120 dólares. Estacionarse en algún lugar prohibido acarreará una multa de casi 60 dólares, más el remolque del vehículo.

En Chacao, además, se estableció que los empleados de servicios delivery deberán tener un registro, que se actualizará cada semestre. Los que sean detectados en incumplimiento de esta disposición, deberán pagar una sanción equivalente a 90 dólares.

¿Dispondrá este municipio de suficiente personal para garantizar la aplicación de esta norma? Eso está por verse. Sin embargo, la propia ordenanza abre la posibilidad de que los agentes cobren un porcentaje por las multas que impongan, al indicar que una parte de lo pagado por los infractores será destinada al “fortalecimiento de los funcionarios”.

En Libertador, el concejo municipal emitió una ordenanza más ambiciosa, pues regula la Convivencia Ciudadana, el Civismo y la Justicia de Paz Comunal. Esta norma, además, probablemente estimulará la diligencia de los efectivos policiales encargados de aplicarla: el 20 % de lo recaudado irá a sus bolsillos, cinco días después de efectuados los pagos. Igual tajada irá a la Policía Municipal de Libertador; otro tercio a la alcaldía, y el tercio restante será repartido en partes iguales entre la Oficina Municipal para la Convivencia y las Casas para la Convivencia, donde actuarán los jueces de paz.

Según el concejal José Gregorio Caribas (UNT), el proyecto de esta ordenanza comenzó a ser discutido desde 2022. Reveló que al principio encontraron disposiciones que impedían abiertamente el ejercicio pleno del derecho a la protesta. Tras el debate, fueron modificadas, aunque algo de ellas quedó en el artículo 28, que sanciona la oposición al accionar de los agentes policiales en las vías públicas. Algo parecido al delito de “resistencia a la autoridad”.

Este edil considera que la ordenanza era necesaria, pues la única norma parecida fue emanada de la Alcaldía Metropolitana en 2006.

En el municipio capital, también hay un interés por engrosar las arcas municipales.

“No dudo que esa sea una de las razones”, indicó el edil. Recordó que en los primeros debates había sanciones con montos equivalentes a 300 euros, precisamente, para los que participaran en manifestaciones no autorizadas. Pero en la norma emitida finalmente las mayores multas son para los que participen en carreras de autos o motos, popularmente conocidos como “piqueros” (100 euros). Estas competencias, indicó Caribas, actualmente se ven en las madrugadas y fines de semana, entre Caricuao y el centro de la ciudad.

De hecho, según los ediles, esta actividad es más grave que el expendio de bebidas alcohólicas sin autorización, así como los juegos de azar, que son sancionados con 70 euros de multa.

Las ordenanzas de convivencia aprobadas en estos dos municipios no tocaron otros aspectos que definitivamente están impactando a la vida citadina: la economía informal o buhonería, así como la mendicidad agresiva, en la que una o más personas solicitan dinero, alimentos o algún bien en forma coercitiva.

Según el director de la fundación Paz Activa, Luis Cedeño, el principal defecto de estas ordenanzas es que pretenden abarcar gran cantidad de conductas. En su criterio, deben restringirse a los problemas esenciales, que son la emisión de ruidos molestos, a menudo en situaciones de fiestas prolongadas, y algunas conductas asociadas a ellas, como las ventas de bebidas. Este fue el centro de una ordenanza emitida en 2022 por Baruta, cuyas multas llegan hasta los 295 dólares (5 petros).

Según este sociólogo, los conflictos generados en la convivencia ciudadana deber ser zanjados por la justicia de paz.

“Hay que generar condiciones para negociar las cosas. No vas a entrar en guerra con el pram que organiza la fiesta callejera. Pero sí hay que llegar a acuerdos que permitan la convivencia”, indicó.

Breves

  • El 6 de junio, el juez del Distrito Sur de Texas Kenneth Hoyt desestimó la acusación por conspiración para lavar dinero contra el portugués Paulo Jorge da Costa Casqueiro, un experto financiero involucrado en la trama de sobornos en las contrataciones de Petróleos de Venezuela, donde también figuran el exministro de Petróleo Rafael Ramírez, el exviceministro Nervis Villalobos y Rafael Reiter Muñoz, exdirector de Prevención y Control de Pérdidas de la estatal, así como los empresarios Roberto Rincón y Abraham Shiera, entre otros. En su sentencia, el juez indicó que los fiscales del caso no habían actuado de acuerdo con los principios del “juicio breve” (Speedy Trial). Por el contrario, este proceso se dilató en forma que Hoyt consideró injustificada, al punto en que da Costa pasó en prisión preventiva más de la mitad del tiempo por el que fueron sentenciados Rincón y Shiera, calificados ahora como “testigos estrella” en este caso. Una de las razones para retardar el juicio a da Costa Casqueiro era la negociación con Reiter, quien permanece detenido en España. Pero el expolicía de Pdvsa no tuvo éxito en su exigencia de “inmunidad total” frente a los cargos que le imputan en EEUU. En su sentencia, Hoyt advirtió que da Costa no quedará en libertad, pues será deportado a Portugal, donde tiene pendiente un juicio por los mismos cargos.

Crímenes sin castigo

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Crímenes sin Castigo | Autogestión policial
En un afán por generar recursos, en unidades de la Policía Nacional se está imponiendo un régimen de corrupción y extorsión que va desde los jefes hasta el agente de cada esquina

 

@javiermayorca

El 29 de mayo, la Inspectoría General de la Policía Nacional suspendió a tres comisarios que estaban al frente de la unidad de Servicio Aeroportuario de ese cuerpo en el aeropuerto de Maiquetía.

La información, conocida a través de una de esas minutas que describen “incidencias negativas”, involucra a una comisaria y dos efectivos de la misma graduación en lo que se conoce como el sistema de cuotas. Según fuentes de la propia institución, los oficiales que se desempeñan en plazas codiciadas, como la del principal terminal aéreo del país, periódicamente deben tributar dinero en efectivo a los superiores en la unidad: los del nivel operacional, cinco dólares; diez dólares los del nivel táctico y veinte dólares los encargados de la supervisión.

Eso explica por qué, en la denuncia difundida a través de las redes sociales, estos jefes policiales de Maiquetía hablaban sobre los detalles del asunto como si se tratara de algo normal y cotidiano. Confirmaban así la sospecha de que ellos no inventaron esta cadena de pagos, ni fijaron las tarifas. Los sancionaron porque se dejaron grabar.

En la minuta sobre el inicio del expediente administrativo contra los tres jefes policiales se indica que ellos extorsionaban a los subalternos. Realmente, los funcionarios que estaban más abajo en la cadena de mando de Maiquetía también formaban parte del sistema de corrupción. Eran ellos los que hacían la colecta. Los extorsionados eran los comerciantes y viajeros que utilizan el aeropuerto o tienen algún local allí, y que deben pagar las cuotas, pues de lo contrario no llegarían a tiempo al vuelo o no les permitirían operar sus comercios.

Pero la cosa va mucho más allá. Desde febrero, circulan las informaciones que explicaban cómo en la región policial de occidente (Redip Occidental) presuntamente se exigió a los jefes de cada unidad el aporte de ciertas cantidades para el financiamiento de un evento navideño. Eso pasaba por la entrega de una cuota extraordinaria, distinta de la que regularmente se debe consignar para continuar con las operaciones dentro de esa jurisdicción.

Es lo que han denominado “autogestión” en las filas de la Policía Nacional. Los agentes de a pie, los patrulleros, miembros de servicios especiales y, desde luego, los jefes de las unidades deben agenciárselas para mantener el servicio en funcionamiento.

“Esa autogestión implica que si lo envío a Ud. de jefe de la dirección contra la Delincuencia Organizada en Yaracuy le asigno cinco unidades que tienen los motores quemados. Y usted verá cómo las arregla, y como arregla el comando”, explicó un exfuncionario con conocimiento directo del problema.

Añadió que en estas situaciones el subalterno se siente coludido, y cumple con las órdenes de hablar con los comerciantes para que les den los galones de pintura y los repuestos de los vehículos.

Pero ese afán por la obtención de recursos ha tenido nuevos giros. En Caracas, se ha visto a efectivos de la PNB cuidando locales nocturnos o comercios en las horas de cierre. También haciendo trabajos de escolta armada. En La Guaira, se les ha visto en funciones de vigilancia privada en locales de una conocida cadena de farmacias.

Igualmente, funcionarios activos de la misma institución participan en el comercio de uniformes. Para ello, se anuncian en foros policiales e incluso en Instagram. Una gorra con logo de la PNB se puede conseguir en diez dólares, y el uniforme azul marino sin las botas por 45 dólares.

Desde luego, mucho de esto se sabe porque todavía la institución cuenta con efectivos capaces de distinguir estas irregularidades, a pesar de los permanentes esfuerzos por dar la impresión de que no tienen nada de malo.

En su exposición de motivos, la norma que dio origen a la Policía Nacional manifiesta el rechazo de los legisladores del momento a las tendencias privatizadoras de la seguridad ciudadana. Eso fue en 2008, cuando el país podía disponer de enormes recursos de la renta petrolera para financiar la creación y consolidación de un cuerpo preventivo de alcance nacional.

Quince años después, y a juzgar por las informaciones conocidas en los últimos días, la entidad modelo de la reforma policial venezolana se encuentra en una situación de “sálvese quien pueda”, donde a un motorizado cualquiera lo confrontan agentes de un punto de control con evidente intención extorsiva, porque no tenía la factura de un destornillador.

En este contexto, el principal perdedor es el ciudadano, que encuentra en situaciones como las aquí descritas nuevas razones para alimentar su desconfianza en las instituciones llamadas precisamente a preservar la civilidad.

Venezuela figura en el grupo de países con los menores índices de ley y orden, según la última medición mundial de Gallup (2022). El puntaje nacional fue de los tres más bajos, junto a Gabón y Afganistán. De igual forma, Venezuela es de los pocos países donde la desconfianza en los cuerpos policiales se ha hecho crónica. Incluso, la imagen de los uniformados no mejoró durante el lapso de la pandemia. Cosa que sí pasó en buena parte del planeta. Y junto a ello, los ciudadanos manifiestan sentimientos de inseguridad que los sacan de las calles apenas cae el sol.

Estamos entonces ante un problema grave y profundo, que no será superado con medidas espasmódicas como la suspensión de tres comisarios del servicio aeroportuario.

Breves

  • El juicio oral contra Clíver Alcalá Cordones fue pautado para el lunes 10 de julio. Este mayor general retirado del Ejército venezolano es procesado en la corte del Distrito Sur de Nueva York porque supuestamente participó en lo que se describe en la acusación como “una corrupta y violenta conspiración narcoterrorista entre el Cartel de los Soles venezolano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia” (FARC), específicamente la facción denominada Nueva Marquetalia, encabezada por Luciano Marín, alias Iván Márquez. Alcalá es el único detenido por este caso, que también involucra al gobernante venezolano Nicolás Maduro, a Diosdado Cabello y al ex zar de la inteligencia Hugo Carvajal. En marzo de 2020, Alcalá se entregó a las autoridades estadounidenses en Colombia, poco antes de la fallida operación Gedeón, en cuya gestación él reconoció haber participado. Este general cuenta con la defensa de tres bufetes jurídicos: el del abogado César de Castro; Gotlib Law, representada por Valerie Gotlib, y Lewis Baack Kaufmann Middlemiss, de Adam Kaufmann. Este último es el mismo apoderado legal de Francisco Convit Guruceaga, solicitado por lavado de dinero en contrataciones con Petróleos de Venezuela. Cuatro días antes del juicio, Alcalá y sus abogados irán nuevamente a la corte del juez Alvin Hellerstein, para participar en una sesión preparatoria, en la que se discutirán las mociones pendientes.
  • Los senadores republicanos por Florida Bob Menéndez y Marco Rubio promueven la aprobación de una ley encaminada a restringir aun más la comercialización internacional del oro sustraído del Arco Minero venezolano. El Acta de EE. UU. para el oro legal y la alianza minera parte del principio según el cual todo el metal extraído del suelo venezolano es ilegal por definición, no solo por los métodos utilizados para obtenerlo, sino por los actores que participan en este proceso y en la cadena de distribución y comercialización. En los considerandos del proyecto, se hace especial referencia a la participación del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y al Tren de Aragua, que “ha expandido su rol en la minería ilícita, el tráfico y la comercialización del oro para incrementar sus ganancias criminales”. De igual forma, los legisladores estadounidenses destacan que la comercialización del oro está a cargo de la estatal Minerven, una entidad sancionada por el Departamento del Tesoro de EE. UU.

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Crímenes sin Castigo | Por la senda del Pollo
El ex zar de la inteligencia venezolana ha fijado un patrón para mantenerse impune, ahora copiado por otros que también huyeron de la debacle chavista

 

@javiermayorca

El 26 de abril, Rafael Reiter Muñoz concretó la apuesta más arriesgada desde que se encuentra detenido en Madrid.

El exdirector de Prevención y Control de Pérdidas de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) durante la gestión de Rafael Ramírez finalmente puso las cartas sobre la mesa de negociación con los fiscales que solicitan su extradición a Estados Unidos.

Reiter ejerció funciones de “policía interna” en la estatal petrolera, primero en Caracas (2003) y posteriormente con alcance nacional (2010). Esto no era un eufemismo. Por sus manos pasaba la información sobre lo humano y lo divino de la principal industria del país. Cuando algo no le gustaba, actuaba en conjunción con la Dirección de Contrainteligencia Militar, bajo el mando del mayor general Hugo Carvajal, el Pollo. La Dgcim, hasta hoy, tiene a funcionarios destacados en los principales enclaves petroleros del país.

La relación entre el Pollo y alias Nadal se extendió más allá de lo estrictamente laboral. Ambos eran socios informales en muchos proyectos. Por eso, Reiter fue uno de los más entusiastas participantes en el comité de bienvenida al ex zar de la inteligencia venezolana, cuando las autoridades de Aruba lo liberaron, tras desechar la solicitud de extradición formulada por Estados Unidos, en julio de 2014. En esa oportunidad, el funcionario no podía ocultar su euforia, mientras acompañaba al general por los pasillos del aeropuerto de Maiquetía.

Pero las informaciones conocidas en los últimos días también reflejan que Carvajal, además de compartir intereses pecuniarios, pudo ser una especie de ejemplo para el expolicía de Pdvsa.

No es casual que ambos fuesen detenidos en España. Ciertamente, a ese país han llegado miles de venezolanos de bien, y probablemente seguirán llegando. Pero es palpable que, simultáneamente, mucho de la criminalidad de cuello blanco gestada en la Venezuela chavista también ha buscado cobijo en ese territorio. España, afirmaba el autor de Gomorra, Roberto Saviano, “está repleta de traficantes y criminales” de múltiples nacionalidades, que han encontrado allí un escenario ideal, pues hay grupos locales dispuestos a servirles. A veces, esto sucede gracias a un fenómeno conocido como “ceguera voluntaria”: no veo lo que es evidente. Sobre esto, un diplomático español alguna vez expresó, inundado de candidez, que ellos no iban a perseguir a los capitales venezolanos si no existían pruebas tangibles. Más claro, imposible.

Desde la guarida europea, Carvajal ha logrado capotear las embestidas norteamericanas. Cuando parecía que tenía un pie en el avión que lo llevaría a Nueva York, el oficial ha logrado ganar días, semanas y meses de permanencia en la Madre Patria. Esto, desde luego, no es gratuito. Las autoridades de EE. UU. saben que el general, alguna vez calificado por ellas como “la joya de la corona”, todavía es una mina de información. Lo enviado por él en varias andanadas no es más que un abrebocas. La estancia en España, aunque con libertad limitada, pareciera ser una contraprestación. En los procesos de extradición, es fundamental la permanente presión del Estado solicitante. De lo contrario, languidecen.

Testigo, no acusado

Todo este panorama está ante Reiter. El 26 de abril, a través de su abogado Nielson de Souza, puntualizó que los estadounidenses no contarán con su cooperación a menos que accedan en dos cuestiones. En primer lugar, cualquier aparición en un proceso judicial ventilado en EE. UU. se llevaría a cabo a través de teleconferencia, “en capacidad de testigo”. Esto implicaría un cambio en su estatus legal. En concreto, los norteamericanos intentan que Reiter comparezca en la audiencia de juicio contra Paulo Jorge da Costa Casqueiro, señalado como uno de los que brindó asistencia para el lavado de dinero de los sobornos, a través de una empresa registrada en Suiza.

En segundo término, “(Reiter) ha decidido no entregar ninguna información a las autoridades americanas sin una garantía de inmunidad total relativa a los procedimientos en EE. UU. y sin la garantía de prohibición de compartir información” con otras jurisdicciones.

Previo a esto, alias Nadal habría asomado su disposición de declarar contra el exministro de Petróleo Rafael Ramírez y el exviceministro de Energía Eléctrica Nervis Villalobos. De hecho, en un expediente que obra en el Distrito Sur de Houston (Texas) fue consignada una declaración jurada del agente de Seguridad Interior Christopher Read, quien aseguró el 3 de abril que el exjefe de Prevención y Control de Pérdidas de Pdvsa describiría en audiencia cómo los sobornos en las contrataciones de la estatal “eran lugar común”, y admitiría que él mismo había recibido tales pagos, por conducto del entonces viceministro Villalobos.

Pero Reiter reculó. La carta de su abogado, remitida tres semanas después a la oficina del Procurador Especial contra la Corrupción y el Crimen Organizado, asegura que lo dicho por Read no es cierto. Además, sugirió que el agente estadounidense se enteró de tales cuestiones gracias a sus contrapartes españolas, lo que violentaría el principio de confidencialidad en las negociaciones.

En otras palabras, en el caso de Reiter están en curso procesos paralelos de entendimiento con EE. UU., España y, probablemente, otras jurisdicciones como las de Portugal y Andorra, donde los ilícitos con fondos de Pdvsa también son investigados.

Breves

  • La defensa de Alex Saab se anotó un pequeño triunfo cuando el juez de la Corte del Distrito Sur de Florida Robert Scola autorizó la utilización de ciertos correos electrónicos en procesos judiciales que se adelantan en Cabo Verde e Italia. El permiso fue concedido en una audiencia a puerta cerrada, cuya transcripción fue divulgada en enero. Estas comunicaciones fueron emitidas el jueves 26 de marzo y el viernes 12 de junio, ambas de 2020. En esta última fecha ocurrió la detención del empresario colombiano, cuando hizo una escala en el archipiélago de Cabo Verde. Los abogados sostienen que Saab fue apresado basado solamente en una notificación roja de Interpol, sin prestar atención a su pretendido estatus diplomático. Como se recordará, el comerciante viajaba entonces en calidad de “enviado” de Nicolás Maduro ante el gobierno de Irán. De acuerdo con lo ventilado durante la audiencia en la corte de Miami, existían dudas sobre si estos correos estaban amparados por una “orden de protección”, que impedía a los defensores utilizarlos en otros ámbitos. Los representantes de la Fiscalía y el Departamento de Justicia admitieron que los textos formaron parte de los mensajes intercambiados por el “equipo de investigación”, conformado en EE. UU. para trabajar este caso. Pero sus respuestas fueron ambiguas en cuanto al tratamiento que debían tener, es decir, si los textos debían permanecer en secreto. Gracias a esta decisión, el grupo de Saab contó con nueva munición para litigar contra el gobierno caboverdiano, y defender en Italia los intereses de su esposa Camila Fabri, investigada en ese país por lavado de dinero.

  • La operación que adelanta el Ejecutivo a partir del 17 de marzo podría dar un nuevo giro en los próximos días, si se formaliza la detención de un oficial de la Guardia Nacional que juega un rol fundamental en la represión a la disidencia, y que se habría enriquecido en el ejercicio de esa capacidad, mediante robos y extorsiones. Este hombre ha sido sancionado por el Departamento del Tesoro, y figura en el tope de la lista negra de los informes de la Misión de Determinación de Hechos de la Organización de Naciones Unidas. El Gobierno, sin embargo, no actuaría en función de estos señalamientos, sino de un conjunto de delitos comunes y contra el erario público. Este oficial no formaba parte de la esfera de influencia del exministro de Petróleo Tareck el Aissami. Pero, como se afirmó en una entrega anterior, Caiga quien Caiga ha entrado en una “hora loca”.

Crímenes sin castigo

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Crímenes sin Castigo | Una víctima propiciatoria
Al apoderarse de la economía, el régimen se convirtió en el primer afectado por el lavado de dinero de sus propios funcionarios

 

@javiermayorca

La operación iniciada el 17 de marzo por la Policía Nacional Anticorrupción puso de relieve el súbito interés del oficialismo sobre los problemas asociados a la legitimación de capitales.

De hecho, podría decirse que más del 60 % de los detenidos a partir de esa fecha han sido señalados de participar en operaciones para ocultar el origen ilícito de ciertos fondos, ya sea en forma dolosa o, como sucedería con el grupo de las llamadas “muñecas”, sin tener certeza de que los fondos de las empresas en las que ellas aparecían de forma nominal habían surgido del delito.

El problema es que el propio régimen ha alimentado la confusión. Debe recordarse que, en octubre de 2020, en medio de la desesperación por alimentar las arcas públicas a como diera lugar, la Asamblea Nacional Constituyente creada a la medida de Maduro sancionó la llamada Ley Constitucional contra el Bloqueo. Con esa norma básicamente se desmontaba todo el camino andado para generar en el país una cultura de debida diligencia en cuanto a la determinación de la legalidad de los fondos utilizados en cualquier trato con entidades del Estado.

En otros términos, a partir de ese momento, el Estado se convirtió en cómplice del lavado de dinero, siempre y cuando fuese en proyectos de su interés. Esta ley, incluso, criminaliza la divulgación de cualquier dato relacionado con la fuente de los recursos utilizados en tales proyectos. “De eso no se habla”, parece ser el mandato.

Quizá sea por eso que la Unidad de Inteligencia Financiera (Unif) desde aquella época no divulga sus informes periódicos relacionados con las “operaciones sospechosas” detectadas por la banca. ¿Para qué hacerlo, si el gran ductor de la economía nacional ha relativizado los términos para evaluar la gravedad de tales operaciones?

Eso no quiere decir que en Venezuela no se lleven a cabo procesos sobre legitimación de capitales, conocidos popularmente como lavado de dinero. Por ejemplo, en marzo de 2021 se conoció que el Tribunal Supremo había revivido el expediente contra un minero, detenido en febrero de 2020 por guardias nacionales de un puesto de Clarines porque llevaba un millón de dólares en efectivo, ocultos en el cajón de sonido de una camioneta. El tribunal de control, en una sentencia inusual por sensata, descartó la imputación por lavado de dinero contra Madj Hansi porque los fiscales del Ministerio Público no habían precisado de qué actividad ilegal procedían esas divisas. La sala de Casación Penal, con Maikel Moreno al frente, ordenó anular el sobreseimiento contra este hombre y continuar el proceso penal.

En general, los expedientes sobre lavado de dinero en Venezuela avanzan cuando aparecen como afectados los intereses de algún sector de los poderes dominantes. Esto quiere decir que el delito originario o principal, cuando es determinado, no cuenta con una venia necesaria para pasar inadvertido, o se intenta llevar el dinero de origen ilegal por derroteros que no convienen.

En teoría, en los procesos de legitimación de capitales pueden intervenir actores públicos o privados, según sea el caso. Eso depende del origen de la actividad económica, y de la importancia que tengan los factores público y privado en la economía. Antes de la llegada de Chávez al poder, los grandes expedientes sobre este delito estaban asociados con hechos atribuidos a empresas u operadores privados. Podían ser dueños de casas de cambio en la frontera con Colombia o expertos financieros con acceso a la bolsa de valores, por citar algunos que estuvieron en la palestra.

En los primeros años de este siglo, las cosas comenzaron a cambiar, puesto que el Estado paulatinamente se apropió de los espacios frecuentados por factores privados. Esto ocasionó dos efectos: por una parte, una salida masiva de capitales, tanto lícitos como ilícitos, lo que sentó las bases para decenas de expedientes en otras partes del mundo. Transparencia Venezuela ha contado 146 casos en 25 jurisdicciones distintas a Venezuela. En ellas, por supuesto, los fondos son el resultado de un delito, que generalmente es la llamada “práctica corrupta en el extranjero”. Pero también hay tráfico de drogas, armas y otros comercios ilegales, Odebrecht y Pudreval. De manera que el lavado de dinero es un delito accesorio, secundario.

El segundo efecto fue que, en lo interno, se plantearon intentos por aprovechar las rendijas que iba dejando el Gobierno. La más notoria fue la Comisión de Administración de Divisas (Cadivi), posteriormente transformada en Centro de Comercio Exterior (Cencoex). Cuando esto ya no fue posible, cuando los turistas no podían arrojarse hasta Aruba o Maicao para hacer efectivo su cupo, el régimen se erigió en casi el único y definitivamente principal factor para analizar en los casos de lavado de dinero.

Y llegamos a la situación actual, en la que Maduro se queja de que su propia gente lavaba dinero de la renta petrolera, y que esos recursos no están a su alcance.

Es el Estado-víctima. Pero es una víctima particular. Propiciatoria, dirían los criminólogos. En otros términos, el régimen sentó las condiciones de tiempo, modo y lugar para el expolio.

En sus propios registros, eso queda muy claro. Desde enero de 2022 hasta marzo de este año fueron iniciadas 72 averiguaciones penales por lavado de dinero. En ellas, se menciona al Estado como víctima, con la excepción de tres expedientes. Casi todos comienzan en oficinas de La Candelaria, donde un pequeño grupo de fiscales del Ministerio Público recibe las órdenes sobre lo que se podrá investigar, y lo que terminará engavetado.

Pero realmente es poco lo que se puede colegir sobre esta cifra, puesto que rara vez se conoce de qué delito surgieron los recursos que ahora se intenta ocultar.

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Breves

  • El ministerio de Relaciones Interiores adelanta un proyecto que pretende unificar las indumentarias de todas las policías preventivas. De prosperar esta iniciativa, los agentes de los cuerpos municipales, estatales y la Policía Nacional Bolivariana se verían igual: camisa manga larga y pantalón azul marino, con un guardacamisa o franela roja. Algo similar a la vestimenta de la extinta Policía Metropolitana, suprimida por el oficialismo en 2010, a propósito de la implantación del llamado “nuevo modelo policial”. Solo que con una franela roja de fondo. Los uniformes que actualmente llevan los efectivos policiales fueron determinados siguiendo un principio, que era facilitar al ciudadano común la identificación del agente que está en las calles: si lleva la camisa verde, será un municipal, y estatal si es azul celeste. La PNB desde hace un tiempo ha diversificado la apariencia de sus efectivos, desfigurando su concepto inicial. Ahora, el Gobierno intenta hacer lo mismo con las demás policías. “Es una locura absoluta”, afirmó un director de Seguridad capitalino. Llama la atención que esta iniciativa surja apenas meses después de iniciado un proceso similar en la Fuerza Armada Nacional. Alguien en el Ejecutivo intenta estimular a cierto sector de la industria textil.
  • El 11 de abril, el comandante de la zona operativa de defensa integral de Carabobo, general de división Luis Eduardo Bustamante, ordenó a los jefes de Cicpc en el estado, así como a los directores de las policías municipales y la estatal la aplicación inmediata de 19 medidas que, en su criterio, disminuirán los casos de accidentes de tránsito con lesionados y fallecidos. El jefe militar solicitó poner “especial atención” sobre los conductores de motocicletas, para que no circulen entre canales, en forma paralela a otros vehículos, a contravía, haciendo ruidos molestos, trasladando a más de un pasajero adicional, y otras tantas. Aunque se puede estar de acuerdo con lo señalado por Bustamante en torno a la necesidad de fijar controles a la actuación de los conductores, no solo de motos sino de todo tipo de vehículos, el tono del mensaje es una prueba más del tutelaje que se ejerce desde la FANB hacia los cuerpos policiales, por encima de lo que indican las leyes vigentes. De otra parte, es claro que los funcionarios llamados a velar por la aplicación de las normas de tránsito son los primeros en desobedecerlas, con lo que se refuerza la sensación de que las calles venezolanas son territorios de la anomia.

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

Crímenes sin Castigo | Caiga quien caiga en la hora loca
La operación anticorrupción ha tenido varios cambios en los últimos días, con nuevos actores y desenlaces difíciles de predecir

 

@javiermayorca

La operación iniciada el 17 de marzo, contra personas presuntamente ligadas a irregularidades administrativas, ha entrado sin mayores anuncios en una nueva fase, difícil de evaluar y predecir.

Es como la famosa “hora loca” de las fiestas matrimoniales. Los invitados que hasta ese momento guardaban cierta compostura, enfundados en trajes de noche, de repente salen a la pista de baile, se encaraman sobre las mesas, tratan de seguir el paso a los permanentes cambios de ritmo, se ponen máscaras y lanzan confeti mientras bajan las manos sobre el torso de las muchachas que están al lado. Todo se desordena.

Así está sucediendo en “caiga quien caiga”. Quizá el nombre mismo del expediente ya lo anunciaba. Veamos.

* Cambio de actores. Esta operación se dio a conocer con el primer comunicado emitido por la Policía Nacional Anticorrupción (PNA) el 17 de marzo. Los funcionarios de este órgano, creado mediante un decreto de Maduro, llevaron a cabo la mayor parte de las detenciones reportadas desde ese día hasta el 30 de marzo, cuando reportaron el inicio de la segunda fase.

Posteriormente, se verificaron movilizaciones de agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), la policía política dirigida por el general en jefe (Ejército) Gustavo González López. Esta entidad no solo provee custodia a la creciente lista de detenidos. También está ejecutando las diligencias que anteriormente llevaba a cabo la PNA.

* Descentralización de la vocería. Junto al Sebin, han ganado protagonismo elementos del oficialismo que mantuvieron posiciones más bien discretas durante las primeras dos fases de esta operación. Uno de ellos ha sido Diosdado Cabello, el diputado y vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), cuya relación con González López es harto conocida.

Otro que ha tratado de ponerse al frente es el actual gobernador de Táchira, Freddy Bernal. Gracias a él, nos enteramos de que, hasta el pasado fin de semana, habían privado de libertad a 67 personas. La información sorprende, puesto que dos días después, el fiscal Saab reportaba que la cifra había subido a 81. Esto es, 14 personas entre lunes y martes. Es la hora loca.

* Maduro decide, pero ya no controla. En los primeros días de esta operación, era claro que el mandatario supervisaba cada paso, cada allanamiento. Incluso, que las cosas contaban con cierta planificación. Prueba de ello es que la nueva directiva de la Superintendencia de Criptoactivos (Sunacrip) fue nombrada en Gaceta el mismo día en que destituyeron y apresaron al titular de ese despacho, Joselit Ramírez Camacho.

Maduro había anunciado que se mantendría al frente de la cacería. Pero es claro que ya no lo hace. Ahora asumió la posición de esos mariscales de campo, que ven la batalla a distancia, y de vez en cuando ordenan algún movimiento de sus tropas. Este retroceso ha sentado la oportunidad para que otros actores asuman relevancia.

En esta nueva fase, vemos acciones que se salen del libreto inicial. Quedan tras las rejas vendedores de carros, constructores, socios de empresas, directores de línea de una alcaldía, hackers, modelos y abogados. Todos en un mismo saco. Incluso, hay detenidos reciclados, como Mario Aquino, asistente de la presidencia del Circuito Judicial de Caracas al que apresaron por primera vez en febrero, señalado de haber cobrado sobornos por la liberación de un integrante de la megabanda Tren del Llano. Luego, fue puesto en libertad, y nuevamente quedó en custodia del Sebin con motivo de esta operación.

* Costo interno creciente. En medio de esta “hora loca”, Maduro tuvo que tomar una decisión de alto costo, como fue la detención formal de Álvaro Enrique Pulido Vargas. Según el exdirector de Actuación Procesal del Ministerio Público, Zair Mundaraín, este colombiano que había sido pieza fundamental en el programa Clap estuvo seis días privado de libertad en el Sebin, sin que fuese presentado en tribunales. En ese lapso, indicó Mundaraín, el director de la policía política intentó negociar con él para que entregara aunque fuese una partecita de los fondos formalmente logrados mediante la comercialización de crudo en el extranjero. La orden de formalizar su detención correspondió directamente al mandatario.

A partir de ese momento, se inició una campaña de propaganda dirigida esencialmente a las filas del oficialismo, para desligar a Pulido de las actividades de su socio, el también colombiano Alex Saab, que permanece preso en EE. UU. por conspiración para lavar dinero. Ambos son los máximos representantes de la empresa Salva Foods, clave en la importación de alimentos subsidiados. Ahora, en la narrativa del poder, Pulido está del lado de la corrupción, mientras que Saab sigue siendo un diplomático secuestrado.

* Fiscal juglar. En esta coyuntura, el titular del Ministerio Público ha quedado como aquellos individuos que durante la Edad Media iban de plaza en plaza cantando historias. Los reportes de Saab, al menos, sirven para llevar una cuenta sobre los números de detenidos, allanamientos y datos de contexto. Pero ningún detalle sobre los hechos que imputan a cada persona, y que permiten individualizar responsabilidades. Eso lo maneja el Sebin.

Según Mundaraín, González López ha decidido que solo trabajará con dos de los cinco funcionarios inicialmente anunciados por Saab para la instrucción de los expedientes. Ellos serían Farik Karin Mora Salcedo y Eddy Alberto Rodríguez Bencomo. Mora ya tiene experiencia en el trabajo con la policía política, desde la época en que era auxiliar para el Área Metropolitana y lo asignaban para instruir asuntos relacionados con manifestantes antigubernamentales.

Entonces, son dos funcionarios para instruir los expedientes sobre 81 detenidos por presunta corrupción y delitos conexos como el lavado de dinero, lo que implica pesquisas de alta complejidad. Una tarea titánica en la que estos dos fiscales difícilmente podrán marcar una diferencia.

Breves

  • El parque del Este atraviesa un silencioso proceso de privatización, muy parecido al que se puede apreciar en otros ámbitos del país. Esa entrega se produce en procesos opacos y a dentelladas. La primera fue en los estacionamientos. Crearon una empresa con personal que anteriormente pertenecía a Inparques, y ahora esos mismos empleados hacen rondas con un uniforme distinto. Luego, tumbaron los kioscos que flanqueaban las caminerías, y construyeron unos nuevos. Según fuentes del sindicato de Inparques, los actuales operadores de esas concesiones tuvieron que cancelar cuotas en dólares, por la construcción de los nuevos tarantines y por el “permiso” para operarlos. Ahora, están finiquitando un espacio cerrado para jóvenes y niños, en el estacionamiento este. La constructora fue contratada en forma directa, sin licitación. En el área sur, conocida como Simón Bolívar, erigen una nueva concha acústica, y mientras tanto contratan conciertos y ferias. La última fue de búfalos. Desde luego, todo esto intercalado cono actividades políticas del oficialismo. Esta cesión de sectores no necesariamente producirá efectos nocivos. El parque del Este estaba en ruinas. La obra diseñada por el brasileño Roberto Burle Marx, en los setentas del siglo pasado llegó a tener parecidos con Disney World -con planetario y trencito incluidos-, a fuerza de desidia se convirtió en un cementerio de animales, azotado por el hampa. Las acciones emprendidas a partir de 2022 dan la impresión de cierta recuperación. Pero, como sucede en el resto del país, desigual y en beneficio exclusivo de quienes se encuentran más próximos al régimen.

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Crímenes sin Castigo | Tango Alfa no saldrá
El exministro de Petróleo no está detenido, pero tampoco le permiten ir muy lejos

 

@javiermayorca

Luego de las primeras detenciones por agentes de la Policía Nacional Anticorrupción, las redes se intoxicaron con todo tipo de especulaciones sobre el paradero de Tareck El Aissami. Corrieron sin freno especies tales como que habían ametrallado en Maiquetía un jet con el que pretendía abandonar el país; que EE. UU. había interceptado en algún lugar del Atlántico un jet Bombardier fletado para ponerlo fuera del alcance de Maduro; otros aseguraron que el hombre ya se encontraba en Siria, al amparo del mandamás Bashar al Assad.

También sacaron del baúl un video de octubre de 2022, en el que el exministro de Petróleo aparecía haciendo ejercicios, para desmentir las consejas sobre su salud que en ese momento poblaban los chats de WhatsApp.

El Aissami no ha contribuido en mucho a mitigar tantos rumores. Luego de su renuncia por Twitter, el 20 de marzo, ha optado por guardar silencio. Nada de apariciones en público. Mientras tanto, en la calle, crece la expectativa sobre lo que el gobernante venezolano decidirá para él.

Y no quepa la menor duda: el futuro de quien fuera conocido en las pesquisas policiales como Tango Alfa no lo determinará el fiscal impuesto por la extinta Constituyente. Ese solo ejecutará lo que le dicten desde Miraflores, tal y como él mismo lo reconoció el 19 de marzo, luego de recibir la primera camada de detenidos.

Mientras tanto, el exministro permanece en una exclusiva urbanización, construida en la calle interna de Fuerte Tiuna hacia la alcabala 6, que sale a Cumbres de Curumo. Allí, en una ladera de la gran unidad castrense, erigieron catorce viviendas para la cúpula del oficialismo con posterioridad a la crisis política de abril de 2002. Una de estas casas fue asignada a El Aissami.

Una fuente militar indicó que el hombre goza de relativa libertad. En otras palabras, no está preso. Se le ve por los corrillos de Conejo Blanco. Pero su movilidad es restringida. Desde la semana pasada, no goza de la escolta que antaño lo protegía.

Poco a poco, Tango Alfa es despojado de los signos que tradicionalmente ostenta el poder venezolano. Hay quienes ven en este caso un proceso similar al que alguna vez transitó Elías Jaua, el dirigente surgido de las filas de Bandera Roja que, en 2013, poco después de la muerte de Hugo Chávez, fue calificado por El País de España como el tercer hombre más poderoso del país. Hoy pocos lo recuerdan, y él espera mejores momentos, inmerso en una trinchera académica.

Pero El Aissami y Jaua difieren en un punto fundamental: el excanciller no tiene juicios pendientes en Estados Unidos. Mientras tanto, el criminólogo graduado en la Universidad de Los Andes es quizá el hombre con más casos penales abiertos en los juzgados norteamericanos. Hay uno por facilitación al tráfico de drogas, otro por su presunta pertenencia al mentado Cartel de los Soles, un tercero por intentar eludir las sanciones implantadas por el Departamento del Tesoro (junto a Joselit Ramírez, el ex de Sunacrip) a punta de aviones repletos de dólares, y hay un cuarto caso en el que lo involucran en una “conspiración narcoterrorista” contra Washington. Este es el mismo expediente por el que fue acusado el ex parlamentario Adel El Zabayar.

Una acusación que se basa en una extensa denuncia formulada por el agente especial de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) Matthew Passmore, que aporta detalles sobre un viaje de El Aissami a Irán y Siria, junto al entonces zar de la Inteligencia venezolana Hugo Carvajal, en 2009. En ese tiempo, El Aissami estaba en el ministerio de Interior. En Siria, indica el documento, “El Aissami propuso que personal de Hezbollah viajara a Venezuela para trabajar con las FARC”.

El interlocutor de El Aissami era Ghazi Nasr al Din (Naserredine, en otros reportes), señalado por el Tesoro como representante para Venezuela de la organización armada surgida en Líbano. Este hombre, indica la denuncia, entregó tres rifles a El Aissami, como recuerdo de la visita a Damasco. Y el entonces ministro regaló uno de ellos a Carvajal.

El exdirector de Contrainteligencia Militar (ahora preso en España) confirmó los detalles de este encuentro a un periodista del New York Times. Le mostró el pasaporte con los sellos de entrada a ambos países, además del rifle que le entregó su compañero de viaje. En la acusación, se refiere que el jefe de la inteligencia militar venezolana se oponía al traslado de militantes de Hezbollah a Venezuela, pero que Maduro (entones canciller) “favorecía el antagonismo contra EE. UU.”.

Si la denuncia del agente Passmore es verídica, no es difícil entender por qué el actual mandatario no permitirá que El Aissami salga de Venezuela. Quizá las cuestiones de drogas y lavado de dinero no le importen demasiado. Pero él sabe que, luego de los ataques a las Torres Gemelas, EE. UU. no perdona a quienes han respaldado a organizaciones calificadas de terroristas. En esto hay un acuerdo entre republicanos y demócratas.

Cuando el Pollo fue detenido en Aruba, a petición de EE. UU., el oficialismo se unió como un todo para lograr que fuese devuelto al país. Esa vez tuvieron éxito, pues en 2014 Venezuela todavía gozaba de mecanismos para presionar a una economía endeble como la de la isla, valiéndose de la llamada “diplomacia petrolera”. Ahora, si Tango Alfa fuese apresado en una escapada furtiva, difícilmente habría algún medio para evitar que sea trasladado al territorio norteamericano. Sobre El Aissami, valga recordarlo, pesa una recompensa de diez millones de dólares.

Maduro no ordenará poner tras las rejas a su exministro y exvicepresidente. El momento para esta decisión ya pasó. Por ahora, lo mantendrá a la vista, muy cerca. Y mientras tanto, avanzará en la operación para cortar todos sus tentáculos.

Breves

  • Los casos de Hugbel Roa, Joselit Ramírez y otros cuarenta individuos detenidos a partir del 17 de marzo hacen que la gente se pregunte si fue ahora que el régimen descubrió la verdadera magnitud del saqueo a las arcas públicas. En esta materia, como en otras tantas del área de seguridad, prevalece en el Gobierno el criterio de selectividad. Hay una pequeña corrupción que los órganos del Estado parecieran dispuestos a combatir. Por ejemplo, el 1 de abril la delegación municipal El Llanito de la policía judicial inició una averiguación ante la denuncia de una mujer, que señaló a empleados del Distrito Sanitario ubicado en La Urbina por haberle solicitado mil bolívares a cambio de la emisión de dos certificados de nacimiento. Eso probablemente lo investigarán. En 2022 las distintas policías iniciaron 162 expedientes por presunta corrupción. Las denuncias versan generalmente sobre cuestiones cotidianas: la presunta venta de bolsas de sangre en un hospital de Barinas, la emisión de un registro de cadáveres en el Cementerio General del Sur, la desaparición de un expediente en un juzgado civil de Caracas y, desde luego, la venta de pasaportes en oficinas del Saime. Esto solo por mencionar algunos casos. Todos ellos, sumados, no abarcan ni siquiera una pequeña fracción de los ilícitos asociados a la administración de Petróleos de Venezuela y otras dependencias como Cadivi, que han sido investigadas en el exterior, desde hace por lo menos doce años. La organización Transparencia Venezuela ha identificado 146 casos de corrupción y delitos asociados, como por ejemplo el pago de sobornos, ventilados en tribunales de 25 países. Todos ellos suman aproximadamente 64 millardos de dólares, casi seis veces el presupuesto nacional de 2023. Estos expedientes fueron el centro de numerosos trabajos periodísticos. A esta corrupción, que vino de las entrañas del propio oficialismo, solo la tocan cuando tienen el agua hasta el cuello.
  • La división de Familia de la Corte Suprema de Justicia de Trinidad y Tobago emitió un veredicto que pone en evidencia las fallas recurrentes del gobierno trinitario a la hora de afrontar casos que involucran a menores de edad, víctimas de tráfico de personas y explotación sexual. El fallo fue emitido por la juez Nirala Bansee-Sookhai a propósito del caso de una adolescente venezolana, rescatada el 15 de abril de 2022 junto a otros once menores por agentes del Departamento de Investigación Criminal de Arima, una localidad a 30 kilómetros al este de Puerto España. El 19 de abril, la venezolana adquirió el estatus de menor con necesidades de cuidado y protección. Como no tenía familiares directos en la isla, el Estado asumió su custodia. Pero en la realidad esto se tradujo en que ella permanecería en un albergue, sin cuidados psicológicos y en un ocio permanente. Eventualmente, observó la juez, esta joven llegó a estar recluida en un mismo espacio con mayores de edad. Al ser entrevistada en mayo, ella contó que fue convencida de viajar a Trinidad por una antigua vecina, quien le indicó que en esa isla podría ganar dinero con facilidad, y que se trataba de “un lugar hermoso y prometedor”. Un buen día, abandonó su casa en Venezuela, sin avisar a su mamá. Tomó un bote que zarpó de La Barra (Delta Amacuro) a Moruga Beach, una localidad al sur de la isla. “Apenas llegó a Trinidad –indica el reporte– a la niña le dijeron que debía catorce mil dólares trinitarios, para cubrir el costo del viaje”. Esta cantidad equivale a 2100 dólares estadounidenses. Entonces, esta adolescente fue obligada a trabajar como “acompañante”. Así pudo cancelar lo adeudado. E inmediatamente, se mudó a la vivienda donde residía un primo. Después de la operación policial, esta venezolana manifestó su deseo de regresar a su país. Pero luego cambió de opinión, y actualmente la propia justicia trinitaria supervisa las acciones del Ejecutivo en este caso.

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Crímenes sin Castigo | La noche de Tango Alfa y JoseLit
Lo que vemos desde el viernes en el país no es una “cruzada anticorrupción”, sino un expediente de inteligencia judicializado por decisión presidencial

 

@javiermayorca

Esta columna sale a la luz cuando apenas han pasado seis días de las primeras detenciones en el desarrollo de una inusitada operación que, de hecho, representa el estreno público de la llamada Policía Nacional Anticorrupción.

Desde un punto de vista formal, esta unidad tenía más de ocho años de existencia. Fue creada mediante un decreto presidencial emitido en noviembre de 2014. Desde entonces, su figuración fue discreta. Servía como garrote contra factores que se habían separado del oficialismo. Nunca contra quienes participaban activamente en el poder. Y no podía ser de otra forma. El Cuerpo Nacional contra la Corrupción, desde su nacimiento, es uno de los mecanismos de los que goza el régimen para protegerse.

No se trata de un órgano independiente. Su director y demás integrantes son seleccionados por el Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria (Cesspa), que es el punto de convergencia entre las inteligencias venezolana, cubana y de otros aliados foráneos. El mecanismo para la designación, establecido en la orden presidencial número 1.444, indica que la lista de candidatos es entregada a Maduro, quien al final formaliza el nombramiento. El Cuerpo Nacional contra la Corrupción depende orgánicamente de Miraflores.

Desde hace más de cinco años, este despacho es comandado por el ahora general de brigada Julio César Mora, un oficial egresado de la Escuela de Formación de la Guardia Nacional en julio de 1990, como parte de la promoción Batalla de San Mateo.

Tras la caída de Hugo Carvajal, el exzar de la inteligencia venezolana, Mora comenzó a ocupar ciertos espacios, ya desde sus tiempos de teniente coronel. Actualmente, no solo encabeza el Cuerpo Nacional contra la Corrupción. También está al frente de la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada (creada por el mayor general, ahora preso en España) y un puesto en la nueva junta directiva de la Superintendencia Nacional de Criptoactivos (Sunacrip).

El Cuerpo Nacional contra la Corrupción no rinde cuentas a la Fiscalía, sino al palacio de gobierno. Este relacionamiento se evidenció claramente a partir del viernes pasado. Ese día, el órgano del general Mora emitió un comunicado en el que asumía la responsabilidad por la ola de detenciones, que ya abarcaba al entonces titular de la Sunacrip, Joselit de la Trinidad Ramírez Camacho, al ex viceministro de Educación Universitaria y diputado de la AN electa en 2020, Hugbel Roa, el alcalde de Tejerías Pedro Hernández, el presidente del circuito judicial penal de Caracas Cristóbal Cornielles, y el juez cuarto antiterrorismo José Márquez.

El domingo, es decir, 48 horas después de ejecutadas las primeras aprehensiones, el Ministerio Público anunció que había designado a cinco fiscales para conocer de estas investigaciones, y proceder a la “judicialización” de cada caso. Ese término es clave, pues revela que hasta ese momento todas las diligencias se habían mantenido en los confines del cuerpo encabezado por el mencionado general, y en definitivas cuentas, de su jefe inmediato. Eran, ni más ni menos, inteligencia.

Entonces, no estamos ante una “cruzada contra la corrupción”. Solo se atacará cierta corrupción, la que en este particular momento interesa sacar del juego.

Tampoco caben las comparaciones con la famosa operación Manos Limpias, la gran investigación encabezada en la última década del siglo pasado por el juez Tony di Pietro, que puso en evidencia los fuertes nexos entre el poder italiano (dominado hasta entonces por la democracia cristiana) y la Cosa Nostra, y que sentó las bases para un cambio político en el país europeo.

Manos Limpias surgió del seno de un Poder Judicial que se manejaba con gran independencia. En cambio, esto que vemos desde el viernes en Venezuela surgió del círculo más íntimo del madurismo. Por eso es que todo se ha manejado con enorme opacidad, más que lo habitual. Y es allí, en las sombras, donde el exministro de Petróleo Tareck el Aissami, alias Tango Alfa, podría encontrar un medio adecuado para resolver su comprometida situación, y quizá también la de quien fuese uno de sus más cercanos operadores, apodado JoseLit cuando interactuaba con los individuos que traían y sacaban bultos de divisas en aviones con matrícula estadounidense, tal y como se revela en el expediente judicial ventilado desde marzo de 2020 en la corte del Distrito Sur de Nueva York.

Es por eso que todo este proceso debe ser visto con suspicacia. Seguramente, algunas informaciones serán filtradas para justificar el accionar de la Policía Anticorrupción. Pero tampoco hay que hacerse muchas ilusiones. A estas alturas, ya el oficialismo se encuentra en una onda de reducción de daños, incapaz de explicar ante el país por qué estas prácticas fueron toleradas por años en el seno del más alto gobierno. Recuérdese que Tango Alfa fue vicepresidente de Economía hasta el momento de su renuncia por Twitter. Es por eso que Jorge Rodríguez (uno de los grandes beneficiarios de esta coyuntura) ya asomó ante su Parlamento la posibilidad de un giro en los objetivos.

Hasta ahora, las detenciones y los allanamientos parecen tener tres grandes vectores: Petróleos de Venezuela, Poder Judicial y gobiernos locales. Hay, además, un grupo relacionado con todos ellos, que puede ser calificado como el de “los profesionales”, es decir, administradores, empresarios, abogados especializados en el manejo de los recursos mal habidos.

Pero los allanamientos contra estos últimos individuos comportan grandes riesgos. Lavar dinero requiere de ciertos conocimientos, y un mundo de relaciones que no todos poseen. Por eso es que Alex Saab era y es tan importante para el actual poder nacional. En Venezuela, las personas con estas habilidades son contadas. Así que la persecución penal contra ellas puede repercutir sobre los intereses de otras facciones ligadas al oficialismo. Es de presumirse, por ejemplo, que ciertos magistrados del Tribunal Supremo, en alguna oportunidad vitales para la permanencia de Maduro, ahora deben padecer insomnio al saber que, por fin, el sector más prominente del oficialismo tendrá en sus manos las evidencias sobre el cobro de sobornos mediante la negociación de costosos apartamentos en Las Mercedes, a través de testaferros. ¿Qué pasaría si esta “cruzada” enfila sus lanzas contra esta tribu del Poder Judicial?

La ola de detenciones finalizará muy pronto. De lo contrario, el propio régimen atentará contra su permanencia.

Breves

  • La manifestación llevada a cabo el 20 de marzo en predios de la Universidad Central de Venezuela contribuyó a visibilizar la creciente inseguridad en esa casa de estudios. Dentro de esta situación, las más afectadas son las integrantes de sexo femenino de la comunidad educativa, es decir, estudiantes, empleadas administrativas, obreras y docentes. El caso que detonó la protesta fue el abuso sexual a una estudiante, en la tercera semana de este mes. Según las autoridades, hasta el momento no se ha formalizado la denuncia que impulsaría las averiguaciones penales por parte de la policía judicial. Al margen de esto, las propias manifestantes se quejaron por la repetición de estos hechos. La Fiscalía anunció la designación de una abogada para sustanciar los expedientes. Esto implica que, tarde o temprano, las víctimas tendrán que dar la cara. La intervención del gobierno central en los espacios del campus no ha parado la delincuencia. Las cifras manejadas por los cuerpos policiales así lo indican. En 2022 hubo un promedio de casi cuatro delitos por mes en los espacios de la UCV. El 4 de diciembre, incluso, fue ultimado a tiros un hombre frente al área de Emergencia del hospital, en lo que Cicpc calificó como un “ajuste de cuentas”. Entre enero y febrero han sido reportados veinte delitos, es decir, la media de casos se elevó en más de 100 %. Los ilícitos se reproducen en todos los espacios, tanto en las aulas como en los espacios abiertos. Como sucedía antes de la pandemia, las vías de acceso desde Los Símbolos y el estacionamiento son los escenarios preferidos por el hampa.

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