Javier Ignacio Mayorca, autor en Runrun

Javier Ignacio Mayorca

Crímenes sin Castigo | Venezuela: la adaptación del hampa, por Javier Ignacio Mayorca
La cuarentena implantada por el Ejecutivo alteró la vida de los venezolanos de bien, y también la de los delincuentes. El delito no desapareció: se reconvirtió y se hizo más astuto

 

@javiermayorca

Dentro de todo lo decepcionante que pudo ser el año recién finalizado, hay un dato que quizá contribuya a generar alguna esperanza: para el 31 de diciembre, el país contabilizaba 9050 homicidios.

Esta cifra, conocida extraoficialmente, incluye las muertes ocasionadas por funcionarios policiales o militares, en episodios conocidos como “resistencia a la autoridad”. En países como Japón o Noruega, podría ser escandalosa. Aquí, representa una vuelta a los niveles que existían en 2002.

Ya el Observatorio Venezolano de la Violencia había notado el impacto que tuvo la prolongada cuarentena, implantada incluso antes de que se admitiese la llegada del primer caso de covid-19 en el país. Tomemos en cuenta, por ejemplo, la cifra de muertes reportada en 2015 (27.875), y nos percataremos de que, a la vuelta de cinco años, hubo una reducción de aproximadamente 60 %.

Es tiempo de buscar algunas explicaciones. Desde luego que la matanza sistemática de individuos con antecedentes ha tenido algún impacto. No solo los han eliminado físicamente, sino que muchos de los sobrevivientes buscaron refugio en otras latitudes, en lo que alguna vez fue denominado “efecto cucaracha”. También el éxodo masivo de venezolanos ha influido. Si atendemos a las cifras de Acnur, para 2021 habrá salido de Venezuela aproximadamente el 20% de la población reconocida en 2015.

La matanza sistemática y la diáspora son algunos factores a tomar en consideración para explicar la reducción de las muertes violentas. Pero no son los únicos.

Dice Emile Durkheim que el delito es una característica normal de la sociedad, algo “ligado a las condiciones fundamentales de toda vida social”. Por lo tanto, no podrá ser eliminado totalmente. Como sucede con la energía, solo se transforma, adquiere nuevos matices ante determinadas circunstancias. El problema está en disponer de las herramientas para conocer hacia dónde se orienta.

En el caso de la Venezuela de 2020, un factor crucial fue el confinamiento. La obligatoriedad de permanecer en las viviendas o en sus alrededores aminoró la frecuencia de los homicidios hasta llegar, en septiembre, a la cifra más baja, que fue de 355 víctimas. Simultáneamente, los cuerpos policiales y militares pudieron hacer más efectivo el control y la localización de sus objetivos. En el segundo trimestre del año, mataron a un promedio de 490 personas al mes, erigiéndose de esta forma en el actor violento más importante.

En el tercer trimestre del año pasado, el promedio de homicidios ocasionados por bandas, delincuentes solitarios, gente celosa y en fin actores civiles subió un poco y se equiparó con el de los cuerpos uniformados. En ambos “bandos”, la cifra fue de 362 promedio mensual.

Nuevamente, las explicaciones deben ser encontradas en una conjunción de factores. En septiembre, las policías y los componentes militares tuvieron un dramático descenso en su actividad letal. Esto coincide con la divulgación del informe del grupo de Determinación de Hechos de la ONU, que reveló la existencia de un patrón de violencia estimulada desde las más altas esferas gubernamentales, en lo que describió como “luz verde para matar”. El cese de estas prácticas sería una especie de desmentido silente, pero también una admisión de lo hecho.

Mientras tanto, del otro lado, la delincuencia comenzaba a adaptarse a los lapsos de “flexibilización”, aprovechando la mayor oportunidad para el delito que venía con el incremento en la circulación de personas. Con ello también se elevó el promedio de homicidios, hasta 385 víctimas mensuales.

Se debe recordar que el Ejecutivo aflojó la orden de confinamiento puesto que la economía venezolana se encontraba -y aún permanece- postrada, pero era necesario incrementar la actividad callejera, dar la sensación de cierta recuperación, con miras en la elección parlamentaria.

Una vez logrado el objetivo, Maduro ordenó la vuelta al tono que predominó hasta noviembre, y probablemente intentará mantenerlo así hasta que le convenga. Ya The Economist explicó cómo la pandemia ha servido para el reforzamiento de los regímenes autoritarios en todo el mundo.

Los delincuentes, sin embargo, entendieron que la cuarentena no necesariamente implica pérdidas, siempre y cuando fuesen capaces de “reconvertirse” y aprovecharla. Las formas que ha adoptado el delito en el país quizá no puedan ser medidas con precisión, basados exclusivamente en estadísticas oficiales, que siempre son fragmentadas y construidas a conveniencia. Pero es muy probable que en estas circunstancias los más astutos lograrían mantenerse. Esto explicaría por qué las denuncias de fraudes y delitos asociados se incrementaron en más de 60 % con respecto a 2019.

Lo mismo ha ocurrido con las extorsiones. Para amedrentar a una persona, no es necesario salir de la casa, o de la cárcel. El “distanciamiento social” puede conservarse, y aun así la amenaza llega, ya sea en la forma de un mensaje de WhatsApp, el estallido de una granada en la fachada de la casa o del negocio, o tiros de fusil.

Por eso, en un contexto de reducción general de los homicidios, la extorsión (y su delito primo hermano, la concusión) aumentó en 90 %. Sobre este punto, se profundizará en una entrega posterior.

En condiciones de normalidad, las estafas y las extorsiones raras veces son denunciadas. En pandemia, las víctimas cuentan con el pretexto ideal para no acudir a las autoridades. Mucho menos las venezolanas, que inspiran la menor confianza en toda Latinoamérica, según la encuesta Gallup sobre Ley y Orden. Por lo tanto, el enorme crecimiento en las denuncias sobre estas actividades resulta altamente significativo.

Quizá es muy temprano para trazar una conclusión definitiva sobre este tema. No obstante, los datos puestos sobre la mesa sugieren que el delito en general no disminuyó su frecuencia. Algunas manifestaciones particulares, como el homicidio y cierto tipo de lesiones, tuvieron mermas momentáneas. Mientras tanto, otras actividades ilegales han ido en pleno crecimiento, en las sombras y ajenas a todo escrutinio oficial.

Breves

¿Cómo pasaron los presos políticos las festividades de Navidad y Año Nuevo? Una consulta a fuentes con acceso al Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) y a la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim) indica que el régimen dispensó un trato diferenciado a los 350 detenidos por razones de conciencia (cifra del Foro Penal). La situación fue más evidente en los calabozos del Helicoide. Allí permanecen aproximadamente 150 personas.

En la Nochebuena, las puertas se abrieron para que los detenidos confraternizaran entre ellos. Hubo reuniones en celdas y pasillos, excepto para los implicados en la Operación Gedeón (60).

A los militares estadounidenses de la contratista Silvercorp, Franklin Durán, Baduel hijo y los demás los pusieron a “comer candado”, expresión usada allí para aquellos obligados a permanecer tras las rejas, día y noche. Era orden superior. No hubo conflicto con los custodios, que además son funcionarios recién llegados. En la Dgcim Boleíta la cosa fue distinta. De las concesiones hechas a propósito de la visita de la comisión Bachelet solo queda el derecho a hacer llamadas de cinco minutos, una vez a la semana. Cada quince días, los detenidos son llevados a un patio interno para que tomen sol. “Durante la actividad, que tiene duración de 30 minutos, los presos son obligados a participar en un video, que realizan los custodios para dejar constancia de los ‘minutos de esparcimiento’. Los presos deben llevar dos o tres franelas diferentes, para ser grabados el mismo día, simulando que se trata de fechas distintas”, reveló un oficial con acceso a esa instalación. Para colmo, en las festividades navideñas llevaron a un cura a oficiar misas con alto contenido político. “Durante la homilía, el sacerdote llamó la atención de los presos, y los invitó a reflexionar en torno a los ‘errores y pecados’ cometidos en contra del Gobierno”, recordó. Aquellos que alzaron su voz ante el religioso fueron castigados.

Durante 2020 la violencia no cesó en las cárceles y retenes policiales del país, a pesar del interés gubernamental por invisibilizarla. Esto queda en evidencia cuando se intenta buscar un registro oficial sobre el saldo final de la masacre en el Centro Penitenciario de los Llanos (Cepella), en Portuguesa. De ello, solamente hay una información emitida el 4 de mayo por la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones, en la voz de Carolina Girón, según la cual hubo 47 fallecidos y 75 heridos. Se desconoce si alguno de los lesionados murió con posterioridad. Mientras tanto, las cifras del régimen conocidas extraoficialmente solo admiten 108 decesos en 84 incidentes. Esto da un total de 155 víctimas. Pero esta cifra solo da una noción parcial, puesto que no precisa cuántos cadáveres quedaron en las calles del país, a propósito de la aplicación de la famosa “ley de fuga”.

En marzo, por ejemplo, el comandante de la Región Estratégica de Defensa Integral Occidente (Redi Occidente), mayor general Ovidio Delgado, informó sobre las muertes de 35 sujetos que habían escapado de la cárcel de San Carlos del Zulia. Así hubo casos en Falcón, Guárico, Miranda y otros estados. En 2020, según los datos extraoficiales, murieron presos en instalaciones de 19 estados. Pero el más violento de todos fue Aragua, donde ocurrieron 37 episodios en los internados de Tocorón, Alayón y en el retén de la policía municipal de Zamora. Todas estas muertes fueron ocasionadas por el uso de armas de fuego.

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad. Y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

Crímenes sin Castigo | El informe del Senado, por Javier Ignacio Mayorca
La cámara alta del parlamento estadounidense divulgó un reporte que podría cambiar los parámetros aplicados para la llamada “guerra contra las drogas”, desde que fue declarada por primera vez, en 1971

 

@javiermayorca

El 1 de diciembre, una comisión bipartidista del Senado estadounidense presentó un informe con una detallada revisión sobre los resultados arrojados hasta el momento por la llamada “guerra contra las drogas”.

Podría decirse que este reporte constituye el primer paso hacia la superación de un proceso iniciado en 1971, con la declaratoria del entonces presidente Richard Nixon, y renovado veinte años después, con la cruzada conocida mediante el lema: “Simplemente, di no” (Just say no), tan famoso como inútil para disuadir a la población joven de incorporarse a la tropa de consumidores de estupefacientes.

Efectivamente, en una democracia como la estadounidense, donde el Parlamento juega un papel fundamental, este documento de 117 páginas seguramente tendrá impactos en distintos sentidos. Algunos serán percibidos solamente fronteras adentro de los EE. UU. Otros, podrían implicar algunos cambios en la política internacional y las relaciones de Washington con los vecinos latinoamericanos, altamente influidas por los temas vinculados a la lucha contra la producción y el tráfico de drogas ilegales.

Ambas dimensiones (la interna y la internacional) están entrelazadas. Por ejemplo, es muy difícil proyectar una imagen dura contra las drogas ante la comunidad internacional cuando 35 estados de la unión han aprobado mediante referéndum e instrumentado el uso medicinal de la marihuana; quince han ido más allá, al autorizar el consumo de esta hierba con fines recreativos; otros seis estados dieron luz verde a la despenalización en cuanto al uso o la posesión de porciones de cannabis, y finalmente Oregon ha ido todavía más lejos, al impedir la persecución penal contra los usuarios de cualquier droga, por el solo hecho de consumirlas o tenerlas.

Estados Unidos se percató de que, como decía Naím, la “guerra contra las drogas” es una causa perdida, por lo menos en los términos en que fue planteada inicialmente. En su territorio, los costos han sido enormes. Según el reporte del Senado, las muertes por sobredosis de heroína y otros opiáceos, así como sustancias sintéticas, han sobrepasado las 70.000 en 2019. Todo un récord. Mientras tanto las cárceles se han llenado de individuos señalados por posesión o consumo de drogas. Algo que, por cierto, también sucede en Venezuela.

Por otra parte, la lucha de policías y militares por sacar de circulación tanto a las drogas como a los traficantes tiene escaso impacto en los precios finales de estas sustancias, es decir, lo que pagan los consumidores por sus dosis. Según el estudio parlamentario, estos precios han mostrado un crecimiento inercial, que poco o nada se relaciona con el resultado de las operaciones policiales o militares.

Colombia, México y Venezuela

Pero el informe de la Comisión sobre Política de Drogas en el Hemisferio Occidental contiene importantes recomendaciones, que posiblemente servirán para cambios en la estrategia internacional de la nueva administración estadounidense.

En primer lugar, se aconseja la superación del esquema de certificación unilateral en materia de drogas, y su reemplazo por un esquema en el que participen varios países. Esto no es muy complicado, pues ya lo hace un grupo especial de la Organización de Estados Americanos. Se llama Mecanismo de Evaluación Multilateral (MEM). Se debe observar, sin embargo, que para EE. UU. la certificación en materia de drogas tiene un basamento legal, pues se exige como requisito para el otorgamiento de fondos que financien los planes de cooperación en esta materia. Llegar a un nuevo orden no debería ser excesivamente tortuoso, tomando en cuenta que el informe surge del consenso de los dos grandes partidos.

Esto no quiere decir que EE. UU. abandonará los esfuerzos para impedir el flujo de drogas desde los países productores y de tránsito. Lo que sugiere la comisión del Senado es una aproximación más diplomática y menos policial o militar, basada en acuerdos bilaterales, con objetivos alcanzables en el corto plazo, que podrán ser replanteados en la medida en que se evalúe su desarrollo. Aquí entrarían, por ejemplo, los planes de sustitución de cultivos ilícitos en Colombia y otros países andinos.

El informe no hace una recomendación específica en cuanto al fomento de las relaciones con las fuerzas armadas de la región, a propósito de las labores de interdicción, esto es, el corte de las rutas de abastecimiento y transporte de las drogas. Pero en líneas generales es clara la preferencia hacia los entendimientos con entidades civiles. Solamente en el caso mexicano se hace una recomendación específica en cuanto al fortalecimiento de la Guardia Nacional, el nuevo cuerpo militarizado creado por Andrés López Obrador.

El reporte formuló varias críticas hacia el sistema de sanciones implantado a través del Departamento del Tesoro, con base en el Acta Kingpin. No porque sea visto como un desconocimiento de EE. UU. a la soberanía de otros países, sino fundamentalmente porque se trata de un programa que carece de parámetros claros para establecer si ha tenido éxito, por una parte, y por la otra, si las medidas han sido aplicadas con atención al principio del debido proceso. “¿Cuántos (sancionados) permanecen activos en el tráfico de drogas u otras actividades criminales? ¿Cuántos han sido sacados de las listas, y por qué?”, se preguntan los senadores.

Más de la mitad de las sanciones basadas en el Acta Kingpin apuntan a individuos nacidos en México y Colombia. Sin embargo, para la comisión del Senado norteamericano no escapa que muchos de los últimos sancionados son venezolanos, ligados al régimen de Nicolás Maduro. Por lo tanto, una evaluación del sistema de sanciones debe tomar en cuenta el impacto político y económico de tales medidas en estos tres países.

El documento refleja la sensación de los parlamentarios estadunidenses en cuanto a que Maduro ha logrado eludir el efecto de las sanciones, en lo que fue descrito como un “efecto globo”, es decir, el desplazamiento de las operaciones ilegales hacia jurisdicciones menos reguladas. Este sería el producto de alianzas con otros regímenes como los de Rusia, China e Irán, y con organizaciones criminales y terroristas, así como también el aprovechamiento de nuevas formas de intercambio, basadas en las criptomonedas, que no están atadas a los bancos centrales de ningún país.

Este reporte anuncia nuevos tiempos en la llamada “guerra contra las drogas”. Pero la incidencia internacional de sus recomendaciones no será uniforme o sincrónica. En países democráticos como Colombia y México, donde la cooperación antidrogas y de fortalecimiento institucional está sustentada en acuerdos bilaterales, las decisiones podrán ser anunciadas en un futuro cercano. En un lapso intermedio sucederá lo mismo con los programas aplicados en países centroamericanos. Venezuela, en cambio, está fuera de todo esto, aislada y con gobernantes percibidos como parte del problema, no de la solución.

Breves

Desde el exilio, el abogado Zair Mundaraín, exdirector de Actuación Procesal del Ministerio Público durante la gestión de Luisa Ortega Díaz, se comunicó con el autor para aportar interesante información en torno a la última entrega de esta columna (Las armas del hampa).

Mundaraín representó a la Fiscalía en la Comisión Presidencial para el Control de Armas, Municiones y Desarme. En virtud de tal experiencia aseguró que “muchas de las armas que investigamos ligadas con organizaciones criminales eran de las fuerzas armadas, tenían troquel y todo, y no aparecían como solicitadas”. Recordó que a la banda de José Tovar Colina, alias Picure, le incautaron siete fusiles del Ejército, que no figuraban en ninguna notificación por robo o hurto.

Al indagar sobre esta irregularidad, se percataron de que los jefes de parques de armas no denunciaban las sustracciones o faltantes detectados en sus respectivas unidades, pues eso tendría un impacto negativo a la hora de los ascensos.

“Entonces, optan por sustituirlas o no decir nada, y pasar el problema a otros”, dijo. En cuanto a las granadas, cuyo uso por parte de delincuentes comenzó a hacerse más frecuente a partir de 2016, Mundaraín aseguró que todas las que están en poder del hampa pasaron alguna vez por los cuarteles. “Conseguimos una que estuvo en una sala de evidencias, pues fue recuperada luego de un delito, y volvió a salir, y eso fue muy revelador”, añadió. Recordó que entregaron un informe sobre el caso al ministro de la Defensa Vladimir Padrino, y “por supuesto no hizo nada”.

El 2 de diciembre, la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, en la cabeza de su presidente Maikel Moreno, emitió una sentencia que autoriza la solicitud de extradición del venezolano Francisco José Blasini de Velazco, por los delitos de peculado doloso propio, concierto de funcionario con contratista y asociación para delinquir. La sentencia correspondiente fue divulgada veinte días después, y contiene datos de interés para entender cómo opera la “lucha contra la corrupción” en el país.

En primer lugar, las presuntas irregularidades administrativas por las que solicitan la captura y el traslado de Blasini a Venezuela fueron denunciadas en primera instancia por el Sindicato de Trabajadores de Petróleos de Venezuela, en febrero de 2015.

El centro de los señalamientos, de acuerdo con el relato contenido en la sentencia, era el director de la estatal petrolera Pedro León, mejor conocido como Zar de la Faja. En dos platos, se trataba de la típica contratación con sobreprecios para la adquisición de bienes y servicios, sin licitación en favor de amigos, socios y relacionados. Es decir, mediante asignación a dedo. Llama la atención que este hallazgo no fuese producto del trabajo de la gerencia de Prevención y Control de Pérdidas (PCP), la policía interna de la petrolera, sino de una organización laboral. Pero ya sabemos que PCP, bajo de jefatura de alias Nadal, también estaba en irregularidades. Luego, en junio de 2017, se decidió hacer un expediente aparte con el caso de Blasini, pues los capítulos de Petropiar, Petrocedeño y Petromonagas ameritaban un esfuerzo especial. Según la averiguación, en la que sí participó por comisión específica el personal de PCP, se constataron cobros mixtos de 15,1 millones de dólares más 2,69 millardos de bolívares por la adquisición de veinte “cabezales bridados de producción”, suministrados por la compañía Mabca 2001, en la cual Blasini figura como representante, junto con Eduardo Enrique Aguirre y Luis Guillermo Solórzano. Al asomarse al mercado internacional, la estatal petrolera se percató de que cada cabezal costaba alrededor de 9586 dólares. El sobreprecio salta a la vista. En este caso, de acuerdo con la sentencia del TSJ, se ha recibido información de que Blasini fue detenido en Italia. Aunque los señalamientos por corrupción puedan estar claros, la duda surge cuando se evalúa la capacidad de los tribunales nacionales para juzgar a una persona de manera imparcial, y con resguardo a sus derechos. En España, este argumento fue invocado para negar la extradición a Venezuela de la exenfermera de Hugo Chávez, Claudia Patricia Guillén, y su esposo Adrián Velásquez, quien además fue guardaespaldas del mandatario.

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad. Y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

Crímenes sin Castigo | Las armas del hampa, por Javier Ignacio Mayorca
Las cifras del propio Gobierno sugieren que los fusiles, las granadas y las pistolas usadas por las megabandas no provienen de robos ni hurtos

 

@javiermayorca

En las amenazas a sus rivales, el exguardia nacional Erick Alberto Parra, mejor conocido como Yeico Masacre, muestra sin reparos una parte de su arsenal: una granada fragmentaria por acá, dos fusiles por allá, pistolas modificadas para tiros de repetición más allá.

Parra, de 27 años de edad, ha extendido su violencia desde el Zulia hasta Bogotá. Pero este militar retirado no es el único en exhibir su poder de fuego. Al otro lado del país, los piratas que asolan las rutas marítimas entre Sucre y Trinidad muestran sin pudor los fusiles de asalto que utilizan para someter y despojar a los pescadores de sus motores. Son en su mayoría viejos FAL, calibre 7.62 mm, como los que usaban en la Fuerza Armada, hasta que fueron desincorporados y reemplazados por los AK-103.

¿De dónde salen estas armas? Este tema ha sido motivo de discusión recurrente en foros académicos, pero hace tiempo que desapareció del mapa de interés del Gobierno. En la época en la que funcionó la Comisión Presidencial para el Control de Armas, Municiones y Desarme, el profesor de Educación Integral Pablo Fernández (secretario técnico de la entidad) asomó un primer elemento para el análisis: “Venezuela no es propiamente un productor de armas, sino que las importa”. Esa premisa se mantiene hasta la actualidad, puesto que los proyectos para la fabricación de la pistola Zamorana y del fusil AK-103 tuvieron escaso o nulo impacto. En el caso del armamento ruso, cabe destacar, el dinero para la construcción de la ensambladora de fusiles en el país se lo tragó la corrupción militar de Caracas y Moscú.

Entonces, las armas que terminan en poder de los delincuentes en los cuatro costados del país entran generalmente por importaciones legales, llevadas a cabo por el propio Gobierno.

Esto fue así por lo menos hasta 2018, de acuerdo con los datos en poder del sociólogo José Luis Fernández Shaw, exintegrante de la referida comisión.

Una muy pequeña porción podría llegar a Venezuela gracias al contrabando, tal y como se evidenció en un procedimiento dado a conocer el 1 de julio, tras la incautación de 21 fusiles AK-47 y 2 pistolas Glock, presumiblemente traídos en un buque desde EE. UU. Pero este pequeño cargamento no se compagina con el número de armas que circularía en el país. Según Fernández Shaw, serían unas 700.000, sin tomar en cuenta las que utilizan en el sector militar.

“Lo que nos preocupaba no era tanto la magnitud sino el descontrol. De esas 700.000 armas, sabíamos dónde estaban unas 200.000”, reveló.

El “circuito” ilegal

Cuando fue disuelta, la Comisión para el Desarme apenas iniciaba la investigación sobre un punto que el secretario técnico calificaba entonces de “fundamental”, como era conocer los mecanismos que facilitaban o propiciaban el tránsito de las armas de fuego a la ilegalidad.

Una de las teorías más repetidas era que los antisociales obtenían (y obtienen) sus armas porque las robaban o las hurtaban a sus legítimos propietarios, en un proceso que podría calificarse de compulsivo.

Ese fue uno de los argumentos para justificar la prohibición en cuanto a la importación y la compra de armas por parte de empresas privadas o particulares, e igualmente las consecutivas resoluciones que prohíben los portes de armas.

Pero las cifras en poder del propio Gobierno sugieren que este no puede ser el principal mecanismo para la obtención de tales instrumentos. Según estos datos, conocidos de manera extraoficial, en 2018 fueron robadas o hurtadas 1360 armas, y otras 729 en el año siguiente, para un total de 2089.

El arma más codiciada por los delincuentes en los últimos dos años ha sido la pistola (998), y luego la escopeta (770).

Paradójicamente, lo que más se reporta en redes es el uso de los fusiles y las granadas. Pero estos dos armamentos solo han sido robados o hurtados en 16 casos desde 2018.

Los fusiles y las granadas son por definición instrumentos de uso privativo de la Fuerza Armada Nacional. Por lo tanto, las sospechas se encaminan naturalmente hacia los cuarteles.

“La presencia creciente de armas más vinculadas a lo militar, como los fusiles hace pensar que el control de las armas de la República es muy laxo”, explicó Fernández Shaw.

Recordó que la ausencia de controles llega hasta otro elemento vital para que un arma sea eficaz, como es la munición. Durante los últimos ocho años, la promesa de instaurar un sistema de marcaje de los cartuchos se ha estrellado contra un muro erigido en la propia administración pública. Cuatro veces lo han ofrecido, y todavía el sistema no arranca. De manera que disminuye la trazabilidad de lo que se dispara.

Las bandas y las megabandas cada día que pasa exhiben un mayor poder de fuego. Los robos y los hurtos contribuyen muy poco en esto, como se pudo apreciar por las cifras manejadas en el Ejecutivo. Entonces queda la otra posibilidad, conocida con el eufemismo de “transferencia ilícita”, en la que el funcionario cede el arma, ya sea porque la vendió, la alquiló o la entregó voluntariamente. El 30 de noviembre, por ejemplo, la policía judicial informó que había detenido a un detective junto con un oficial del cuerpo de seguridad regional, señalados de comercializar armas, municiones y explosivos con el grupo de Yeico Masacre. En ese mismo caso, quedaron solicitados cinco efectivos del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestros de la Guardia Nacional (Conas).

Es difícil saber cuántas de estas armas robadas, hurtadas o cedidas son usadas inmediatamente para cometer delitos. Sin embargo, los números del propio régimen indican que el plan Desarme no ha rendido los frutos esperados, pues luego de ocho años las armas de fuego son usadas en 85 de cada 100 homicidios.

Breves

El 1 de diciembre compareció el mayor general (GN) Richard López Vargas ante el tribunal primero de juicio en materia de terrorismo, donde se ventila el debate oral por el estallido de dos drones en el centro de Caracas, durante los actos de celebración del aniversario de la Guardia Nacional, en agosto de 2018. López era el comandante general de este componente para la fecha. Por este caso, también conocido como “magnicidio frustrado”, fueron acusados el general de división Alejandro Pérez Gámez, el general de brigada Héctor Hernández da Costa, además del diputado Juan Requesens y otras 13 personas.

Uno de los señalamientos contra Pérez Gámez indica que él de alguna forma fue determinante en la escogencia de la avenida Bolívar para la celebración del evento. No obstante, de acuerdo con lo afirmado por López Vargas durante su comparecencia, las propuestas con las distintas locaciones fueron elevadas por la máxima jefatura del componente al ministerio de la Defensa, cuyo titular Vladimir Padrino hizo la selección junto con el presidente, luego de consultar el criterio del jefe de la Casa Militar, el mayor general Iván Hernández Dala, quien entonces -como ahora- también era jefe de Contrainteligencia Militar, y tuvo a su cargo la conducción de las pesquisas correspondientes al supuesto atentado contra Maduro. Luego de la intervención de López Vargas en este juicio, Pérez Gámez tomó la palabra: “Yo no escogí la avenida Bolívar para la celebración del acto. No era de mi competencia”. Luego solicitó a la juez Enit Carolina López el otorgamiento de una “medida humanitaria” que le permita continuar su tratamiento médico para cáncer de próstata fuera de prisión.

Las  investigaciones sobre la desaparición y muerte del contratista gubernamental Edward Gregory Velásquez están muy avanzadas, y apuntan a un grupo numeroso de agentes de la Fuerza de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional, adscritos a La Quebradita y Parque Central. Las informaciones disponibles hasta el momento indican que el comerciante, de 40 años de edad, fue visto con vida por última vez el jueves 12 de noviembre aproximadamente a las 10 p. m. en la calle La Escuela de Campo Alegre, cerca de la quinta Esmeralda, cuando fue interceptado por vehículos de apariencia policial. Uno de ellos era un Chery Orinoco blanco con coctelera. Luego, los funcionarios simularon un procedimiento en la vivienda de la víctima, de donde supuestamente sustrajeron una importante suma de dólares en efectivo. De acuerdo con el expresidente de la Conacuid, Carlos Tablante, esta fortuna fue cobrada como un anticipo por un contrato de suministro para el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS). Inicialmente, las pesquisas fueron asumidas por agentes de la División Antiextorsión y Secuestros de la policía judicial.

Según fuentes internas, las presiones para sacar el caso fueron numerosas desde el comienzo, pues Velásquez tenía muy buenas relaciones con operadores del alto gobierno.

Cinco agentes de la Policía Nacional fueron detenidos, basados en los vehículos utilizados, el lugar de la intercepción y el indicio arrojado por una consulta no autorizada en el Sistema de Información Policial (Siipol), en la que corrieron el nombre de la víctima durante los días previos a su desaparición. El fin de semana de las elecciones parlamentarias, las investigaciones dieron un nuevo avance al constatarse que unos restos óseos hallados en el Cementerio General del Sur pertenecían al contratista. Ya para ese momento, estaba claro que lo de Velásquez no fue un secuestro propiamente dicho -puesto que nunca hubo solicitud de rescate ante algún tercero- sino una suerte de desaparición forzada con propósito de robo. Los restos hallados en el camposanto, posiblemente un trozo de peroné, supuestamente fueron llevados allí por algunos de los coautores del crimen, que deseaban “limpiar” las culpas con un rito palero. Los agentes de la FAES que participaron en este crimen están en fuga. Fuentes policiales indican que los detalles de este caso son conocidos por la titular del MRI Carmen Meléndez.

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Crímenes sin Castigo | Pasado y futuro de la FAES, por Javier Ignacio Mayorca
Aunque Maduro asegura que la unidad élite de la Policía Nacional continuará en funciones, las presiones internacionales podrían obligar a transformarla

 

@javiermayorca

El febrero de 2016, el ministro de la Defensa Vladimir Padrino ordenó a todos los componentes de la Fuerza Armada el “completamiento” de las fuerzas de acciones especiales, como parte de un plan que permitiría afrontar el desafío (para ellos, siempre presente) de una hipotética intervención extranjera.

Según el jefe castrense, ya entonces era necesario “consolidar y fortalecer las FAES de la FANB para dar respuesta a las diferentes formas de amenaza interna y externa”.

“Según instrucciones del señor presidente de la República y comandante en jefe de la FANB, este es el año de las Fuerzas de Acciones Especiales”, sentenció.

Casi en forma simultánea, el entonces director de la Policía Nacional Bolivariana, general de división (GN) Juan Francisco Romero presentaba un plan de reorganización de ese cuerpo, que proponía la fusión de las unidades de operaciones tácticas especiales, conocidas por su acrónimo uotes, dispersas en varias partes del país, para crear una versión policial de los grupos élite que había en la FAN.

Así nació la Fuerza de Acciones Especiales de la Policía Nacional (FAES).

Esta idea tenía un asidero legal. Una disposición transitoria de la Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana ordenaba la progresiva supresión de todos los grupos de intervención, y la transferencia de sus tecnologías y parques de armas a la PNB, aunque sin establecer una fecha precisa para el cumplimiento de este mandato. Eventualmente el monopolio de los grupos swat quedaría en manos de la PNB. Esto también implicaba la disolución de la famosa Brigada de Acciones Especiales de la policía judicial (BAE). Pero un efectivo lobby de los jefes de esa institución hizo que ese plan fuese postergado.

La FAES de la PNB nació bajo una tutela militar. Y no solo porque su primer comandante/director fuese un oficial superior de la Guardia Nacional.

Según el proyecto que le dio origen (y que fue revisado en su oportunidad), este grupo debería caracterizarse por su versatilidad. En tiempos de paz, abordaría de forma frontal la creciente amenaza encarnada por las megabandas. También actuaría durante situaciones de rehenes y casos de secuestro.

En tiempos de conflicto, la FAES se plegaría al esquema de guerra de cuarta generación, como si fuese un componente militar, cuyas acciones serían coordinadas por el Comando Estratégico Operacional (Ceofanb). Y esto sería corroborado durante la participación de la FAES-PNB en los ejercicios cívico-militares efectuados durante los últimos cuatro años. También en desfiles del 5 de julio.

Entonces, no se trata de un pequeño grupo de policías aislados. La FAES no es un servicio más de la PNB, como podría ser el de vigilancia en el Metro o las embajadas. Tampoco es una dirección propiamente dicha, a pesar de que su máxima figura tiene el rango administrativo de director de línea, como pueden ser los de Policía Comunal o Delincuencia Organizada. Los de la FAES tienen un sentido corporativo muy particular, celebran aparte (para envidia de los demás agentes de la PNB), los asciende su propio jefe, tienen un lema distinto al del resto de la institución, y rara vez reportan al Director General.

Con ellos pasa algo similar a lo que sucede con la Dgcim o el Sebin, que parecieran estar por encima de las leyes, u obedecer solo a códigos propios.

La FAES se mostró refractaria ante los informes presentados desde julio de 2019 por la alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, quien pidió la inmediata disolución de esta unidad policial, y la investigación de sus crímenes por una instancia independiente, con apoyo internacional.

De hecho ese año, gracias a la FAES, la Policía Nacional se ubicó como el cuerpo armado más letal del país, medido en términos de porcentaje de participación sobre el total de fallecidos. En 2020 se consolidó en esta posición.

Este año, el informe de la misión de determinación de hechos de la ONU atribuye 925 muertes a las FAES, que según Marino Alvarado (Provea) podrían ser calificadas de ejecuciones extrajudiciales. Esto implica que el número de homicidios atribuido al accionar de esta unidad policial es mayor, pero solo en esos 925 casos se pudo constatar la existencia de condiciones para concluir que hubo una acción letal deliberada contra personas ya sometidas, que no representaban riesgo para los funcionarios, lo que por ende permitía descartar los factores que configurarían la legítima defensa.

El auge de la FAES, en la PNB y en la Fuerza Armada, como vimos, ha sido consecuencia de la voluntad presidencial.

También la permanencia en el tiempo de estas unidades, a pesar de las incesantes denuncias de violaciones a los derechos humanos que obligan al fiscal designado por la ANC, Tarek William Saab, a confesar en televisión su ignorancia en torno a lo que está sucediendo con estos funcionarios.

Maduro y el denominado “protector” del Táchira Freddy Bernal han jurado que la FAES continuará. Sin embargo, el propio régimen parece tener su plan B. Una salida decorosa, que le permita lavarse la cara. Según Williams Cancino, uno de los pocos integrantes de ese grupo que desertó a Cúcuta en febrero de 2019, la solución sería más bien cosmética:

“¿Disolver? Lo que harán es cambiar de nombre y distribuir al personal a otras unidades o estados”, afirmó.

Un plan que podría servir para este fin fue presentado en julio de 2018 por el entonces titular de Relaciones Interiores, Néstor Reverol, y Maduro le dio ejecútese. Se trata de un cuerpo antiterrorista que se manejaría como un despacho especial, distinto de la PNB. Su creación fue anunciada por el gobernante en febrero de este año.

La conversión de la FAES en este cuerpo es una posibilidad. La FAES, advierten informes de ONG como Una Ventana a la Libertad, no tendría mucho problema en erigirse en el principal látigo contra el “terrorismo”, tomando en cuenta la particular acepción que se da a este término desde el poder venezolano.

Breves

El régimen ordenó a los comandos de zonas de la Guardia Nacional una evaluación sobre el impacto de la escasez de combustible y gas doméstico en las manifestaciones callejeras. El propósito es orientar los recursos -cada vez más escasos- de ese componente, de la Policía Nacional Bolivariana y los cuerpos estatales de forma tal que estas protestas puedan ser contenidas o aisladas durante sus fases iniciales.

En 2019, la FANB y la PNB reformularon y alinearon su doctrina táctica en materia de orden público. Desde entonces, las unidades más reducidas que actúan en las manifestaciones son llamadas “escuadras ligeras de intervención” (ELI), en teoría conformadas por diez efectivos a pie, uno de ellos oficial subalterno. Le sigue el denominado “pelotón de restitución del orden público” (PROP), cuyo pie de fuerza es de treinta uniformados. Y así se va produciendo un incremento en el número de militares o policías, y el equipamiento requerido, hasta que se llega a constituir la “unidad de intervención combinada”, que tiene blindados, motos y guardias a pie con escudos. Estas las hemos visto en la Francisco Fajardo. Según el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, desde septiembre la carencia de combustibles y gas doméstico ha sido el principal motivador de las protestas callejeras.

Uno de los delitos que ha incrementado su frecuencia durante los lapsos de cuarentena radical ha sido la extorsión. Muchas de las víctimas son comerciantes que se han aventurado a abrir sus puertas, violentando alguna disposición de cualquier nivel de gobierno (central, estatal o municipal) y que luego son presionados para que entreguen dinero a cambio de quedar indemnes. En Bello Monte, relata el defensor de DD. HH. Rafael Uzcátegui, hay dueños de locales que deben entregar hasta un tercio de sus ganancias para que les dejen trabajar en la cuarentena. Algo similar sucede en los locales de la avenida Victoria.

“La práctica de cobrar a los restaurantes se ha generalizado durante la pandemia, pues en caso contrario aparecen personas sin tapabocas ni medidas de bioseguridad que ameritan el cierre”, explicó. Junto a esto, están las bandas criminales que mantienen asolados a los dueños de locales en estados como Lara, Mérida y Zulia, donde el lanzamiento de granadas se ha convertido en una moda. Durante los primeros nueve meses de 2020, en plena cuarentena radical, se iniciaron 274 averiguaciones por extorsión. Esto rebasa en más del 33 % el total de denuncias recibidas y procesadas durante todo 2019. Tal y como ha sucedido con otros delitos, a partir de julio comenzó una especie de repunte, que ha llevado las cifras prácticamente a los mismos niveles que existían antes de la alarma nacional decretada en marzo.

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad. Y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

Crímenes sin Castigo | FAN C. A., por Javier Ignacio Mayorca
Documentos demuestran que, desde hace por lo menos cuatro años, existe un impulso institucional para convertir a los militares en empresarios, e involucrarlos aun más en el soporte político al régimen

@javiermayorca

La organización Transparencia Venezuela divulgó en octubre un estudio titulado Los militares y su rol en las empresas del Estado, en el que destaca la creciente influencia de los llamados profesionales de armas en la gestión de las más diversas actividades económicas relacionadas con el sostenimiento del régimen.

A juzgar por este trabajo, ya no se trata solamente de garantizar la defensa y la soberanía en los espacios terrestres, acuáticos y aéreos del país, lo cual es ya una responsabilidad bastante gruesa. Desde hace algún tiempo ya, en las unidades castrenses tienen que gestionar emprendimientos tan diversos como el ensamblado de vehículos (Emsoven), la fabricación y distribución de fertilizantes (Agrofanb), la banca (FanFanB) y la minería (Camimpeg), por citar solo algunos rubros.

Esto tiene un impacto directo sobre la conformación de la burocracia venezolana. Según el reporte, ocho de los treinta y tres ministros del gabinete son o han sido oficiales de la Fuerza Armada. Y muchos de ellos, a su vez, imponen en sus respectivos equipos de trabajo a individuos surgidos de los cuarteles también. Entonces, además de ser oficiales o efectivos de tropa profesional, son viceministros, directores o jefes de división.

En los gobiernos regionales y municipales ocurre algo similar. Y de celebrarse las “elecciones” el próximo seis de diciembre, se instalará en el Parlamento toda una fracción de origen castrense, con el general en jefe (Ejército) Jesús Suárez Chourio a la cabeza y un pelotón de otros quince diputados militares.

Esto plasma lo que Transparencia Venezuela ha calificado como un Estado-Cuartel.

Pero tal situación no se configuró de la noche a la mañana. Por el contrario, es el resultado de un largo devenir, que muy probablemente comenzó cuando la Constituyente de 1999 insertó, sin mayor oposición, a la “participación activa en el desarrollo nacional” entre las funciones de la Fuerza Armada. Uno podría entender que generar condiciones de seguridad y estabilidad hubiese sido suficiente aporte de los militares para impulsar el desarrollo, de manera que las fuerzas productivas del país contasen con ese “marco institucional” tantas veces anhelado. Pero en realidad el propósito era otro. La idea de fondo era hacerse cuarteles adentro con una tajada de la economía del país. Y que en ese camino proliferasen millonarios tuertos Andrades y acaudaladas enfermeras Díaz. Lo cual resultaba tanto más apremiante en cuanto se deterioraban las condiciones sociales del común de los venezolanos, y la crisis humanitaria compleja tocaba las puertas de las propia “familia castrense”, minando así la cohesión del poder armado en torno al régimen.

Entonces, no bastaba solamente con una línea perdida en el artículo 328 de la Carta Magna. Había que ser más explícitos en el mensaje. Algo que bajara por todas las cadenas de mando. Y la oportunidad para transmitir esta orden llegó con la emisión de las llamadas Guías de planeamiento. Estos son documentos en los que la cúpula castrense, encarnada en el general Padrino y el almirante Ceballos, indica dónde deberán enfocarse las energías de los oficiales y las tropas durante el año siguiente. Se pudo revisar versiones que datan desde 2016.

La correspondiente a 2017 fue quizá la más clara de todas a las que se tuvo acceso para este trabajo. En ella, Padrino acudió a la primera persona: “Quiero que concentren sus esfuerzos en:

Inspeccionar y contribuir al desarrollo y la eficiencia de las empresas estratégicas productivas del Estado (…)

Impulsar el motor industrial militar y Agrofanb como parte de la estrategia nacional para fortalecer el desarrollo integral y la economía (…)

El aparato productivo militar (sic) debe disminuir la dependencia de bienes esenciales y empezar a plantearse retos de autogestión (…)

En cada dependencia, en cada unidad de la FANB tiene que existir un proyecto productivo de cualquier naturaleza”.

Desde luego, cuando el ministro de la Defensa se expresa en estos términos, las órdenes aguas abajo fueron hacer empresas a como diera lugar. Y de aquí en adelante, los jefes de unidades que no incluyeran entre sus logros la constitución de algún “proyecto productivo” no serían bien vistos a la hora de los ascensos.

Esto es llevar a la Fuerza Armada como si fuese una compañía, aunque sin las exigencias de competitividad que impone la participación en mercados abiertos. De esta manera, ya no pueden argumentar que fueron las víctimas de un régimen que los llevó a la situación actual.

Este proceso ha sido analizado de cerca por el historiador Luis Alberto Buttó, quien se ha especializado en el estudio de las particulares relaciones entre el sector civil y el militar en Venezuela.

“Cuando dejas de ser ejecutor y te conviertes en el diseñador de las políticas, te conviertes en un actor político, con todas las consecuencias que de allí derivan. Los militares son operadores del sector defensa. Cuando cruzas esa frontera, se abre la puerta para que los militares pasen al ejercicio de la política”, explicó.

Y ahora, por si fuera poco, el régimen extendió esta posibilidad de ejercer control económico desde los rubros o actividades, como pueden ser la minería o la distribución de alimentos, hasta territorios geográficos. De allí la instauración del concepto de “zona económica especial militar” en la llamada Ley Constitucional de la FANB, aprobada en enero por la Asamblea Constituyente. Estos son espacios donde los militares dirigirán “actividades productivas endógenas”, en términos casi monopólicos.

Aragua será el primero.

Breves

* Otro de los delitos que estarían en auge con la “flexibilización” de la cuarentena es el secuestro. El miércoles 4 de noviembre en horas de la mañana, cámaras de seguridad instaladas en la fachada de un conjunto residencial de Los Chorros (municipio Sucre) captaron el momento en que el conductor de un Corolla blanco fue sometido y presumiblemente privado de su libertad, por sujetos que iban en una camioneta Explorer gris. Algunos captores tenían pistolas, chalecos antibalas e indumentaria similar a la utilizada por la Policía Nacional, aunque llevaban zapatos tenis.

Sobre este episodio, el exdirector de la policía judicial, Miguel Dao, indicó que varios elementos sugieren la irrupción de una banda de novatos, que actúan como si estuviesen amparados por un manto de impunidad.

Uno de los aspectos más notables fue la tardanza en sacar a la víctima del sedán y llevarla a la referida camioneta. En la anterior semana de “flexibilización” ocurrió otro intento de plagio en la urbanización Montecristo, cerca del lugar donde ocurrió el último ataque, pero fue frustrado cuando volcó la camioneta donde llevaban a las víctimas, muy cerca del hospital Pérez Carreño. En ninguno de estos casos los cuerpos de seguridad ejecutaron el llamado “plan de cierre” en las vías expresas, y así los secuestradores contaron con un margen de tiempo que les permitió escapar. En octubre fueron denunciados siete secuestros en las oficinas de la policía judicial en todo el país, según se pudo conocer extraoficialmente. La mayoría en el estado Miranda, pero también los hubo en Aragua, Bolívar y Sucre.

* Venezuela sigue siendo el país latinoamericano donde los habitantes manifiestan los menores niveles de confianza en sus cuerpos de seguridad. Así lo reveló la última encuesta mundial sobre Ley y Orden de Gallup, divulgada la primera semana de noviembre. Este trabajo se sustentó en 175.000 entrevistas con adultos residentes de 143 países. Cada entrevista constó de cuatro preguntas, una de las cuales fue: “En la ciudad o área donde Ud. vive, ¿tiene confianza en la policía local?”. En el caso venezolano, solo 22 % de los encuestados manifestó algún nivel de aprecio por los uniformados.

Esta cifra se compagina con las arrojadas por otros estudios como Latinobarómetro. El trabajo de campo de Gallup fue desarrollado en 2019. Venezuela figura en el lugar 141 en cuanto al índice general de Ley y Orden, con 54 puntos, y solo supera a Gabón (52 puntos) y Afganistán (43). Esta es la consecuencia de un prolongado deterioro institucional, que según los encuestadores se ha visto reforzado por la pandemia del covid-19. De igual forma, con 22% Venezuela figura junto a Suráfrica en el antepenúltimo lugar mundial cuando se trata de medir el sentimiento de seguridad para caminar por las calles. Mientras tanto, los resultados de los residentes de Singapur, Noruega, Turkmenistán y Emiratos Árabes son superiores a 90 %.

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Crímenes sin Castigo | El Curso 63, por Javier Ignacio Mayorca
En esta nueva fase del proceso político, la represión llega no solo a los funcionarios policiales o militares que opinen en contra del régimen, sino también a aquellos que guarden silencio y no los delaten.

 

@javiermayorca

El viernes 16 de octubre, la Inspectoría de Control de Actuación Policial (Icap) de la Policía Nacional Bolivariana remitió al Centro de Operaciones Policiales de ese mismo cuerpo una convocatoria de carácter obligatorio, para que treinta funcionarios de las más altas jerarquías se presentaran el domingo siguiente en las oficinas de ese órgano de investigación interna, en Caracas.

Se trata de una acción sin precedentes en la corta historia de la PNB. De todos los nombres que integran la lista, solo cinco tienen grados de supervisores. Los veinticinco restantes son comisionados, es decir, están en el tope de la pirámide policial. Algunos de ellos se desempeñan en plazas tan remotas de la capital como San Cristóbal y Cumaná. Aun en esta situación de cuarentena, la inasistencia solo agravaría la situación.

Entre todos los convocados había un factor en común: participaban en un chat de WhatsApp denominado Curso 63.

Este nombre, explicó uno de los participantes en ese foro, aglutina a los egresados de la Escuela de Formación de Agentes Policiales (EFAP) en el año 2000. En aquel entonces, la mayoría de los graduandos pertenecía a la Policía Metropolitana de Caracas, aunque algunos laboraban en cuerpos de seguridad municipales o de estados del interior del país.

Estos agentes, surgidos casi todos de las filas de la PM, conformaron en 2009 los primeros cuadros de la Policía Nacional, luego de ser sometidos a un proceso de homologación a los estándares de lo que se llamó el “nuevo modelo policial”; y con el pasar de los años han ocupado posiciones clave dentro del cuerpo civil armado más grande del país, con unos 27.000 funcionarios.

Pero los diseñadores de ese nuevo modelo no tomaron en cuenta el advenimiento de las redes sociales y de los sistemas de mensajería. Poco o nada se dice al respecto en los tres tomos entregados en 2006 por la Comisión Nacional para la Reforma Policial, que sirvieron como base para la gestación de la PNB.

La preocupación comenzó cuando los jefes policiales se percataron de que las informaciones sobre los procedimientos llegaban primero a los medios de comunicación que a sus escritorios, con lo cual perdían el control de la propaganda. Ya no era necesario convocar a una rueda de prensa para suministrar datos que incomodaran a la superioridad, como le sucedió en la primera década de este siglo al entonces jefe de Antiextorsión y Secuestros de Cicpc, comisario Sergio González. Ahora, simplemente bastaba con filtrar las minutas a alguno de los cientos de grupos que comparten funcionarios activos y retirados, docentes y reporteros. Y al poco tiempo el asunto sería del dominio público.

En varias oportunidades, los jefes policiales enviaron advertencias con las sanciones a las que se expondrían los agentes que divulguen datos en foros o sistemas de mensajería. Sin embargo, el control se complicaba pues en algunas localidades la infraestructura de comunicaciones está tan deteriorada que no es posible hacer verificaciones de antecedentes en tiempo real, y la única forma de remitir las novedades es a través de WhatsApp. Y al correr de teléfono en teléfono, el riesgo de una filtración de los informes se incrementa.

En 2018, la Policía Nacional activó una oficina destinada a hacer un monitoreo a las redes sociales. Como objetivos de vigilancia están no solo los periodistas, sino también las fuentes de información. Posteriormente, comenzó el análisis de los grupos creados en sistemas de mensajería, en especial aquellos donde hubiese constancia de la participación de funcionarios. Detectaron que por allí podrían sondear el verdadero clima de opinión entre los agentes, en un momento en que se agudiza la conflictividad política.

En 2019, por ejemplo, una docente de la Universidad de la Seguridad en el interior del país fue llamada a Caracas. Según su propio testimonio, un directivo de la institución le recriminó por haber posteado una crítica al Gobierno en su cuenta personal de Twitter. La amenazaron con expulsarla ipso facto con el argumento de que era “personal de confianza”, y que por ende no podía referirse en esos términos hacia sus patronos. Ella renunció.

Pero el foro llamado Curso 63 era visto como algo más grave que la crítica aislada de una profesora. El régimen inició un monitoreo de los contenidos intercambiados entre los uniformados, para detectar quiénes tenían posiciones críticas hacia Maduro y su entorno.

Según documentación recabada para esta nota, se decidió ir contra ellos para “enviar un mensaje contundente” a los que, según la jerarquía gubernamental, simpatizarían con “grupos extremistas”.

La cacería comenzó en marzo, con la detención del comisionado Will Coche, quien fue presentado en los tribunales de Caracas bajo el cargo de instigación al odio, debido a que posteó en su estado de WhatsApp una imagen en la que expresaba su rechazo a Maduro. Cuando lo llevaron a los juzgados de Cruz Verde, desmayó y tuvo que ser auxiliado por paramédicos.

Coche participaba en el chat Curso 63. Pero en ese momento, los contertulios no sospecharon que el centro de la investigación podría ser ese foro, y no un agente de manera individualizada. Eran los primeros días del estado de alarma, y la atención parecía enfocarse en otras cosas.

De Gedeón a Negro Primero

En la madrugada del domingo 3 de mayo, una comisión de la Fuerza de Acciones Especiales de la Policía Nacional mató en un rompeolas de Macuto a seis hombres que presumiblemente participaban en un plan para capturar a Maduro o a alguno de los oficialistas por los que el gobierno estadounidense había ofrecido millonarias recompensas, y precipitar de paso un cambio político en el país.

Los hombres que navegaban desde la Guajira colombiana habían bautizado esa cruzada con el nombre de Gedeón, el guerrero que según las sagradas escrituras venció a regimientos enteros contando con solo 300 campesinos. Mientras tanto, el oficialismo puso a la operación de los FAES el nombre de Negro Primero. Aunque la PNB emplazó a un número importante de funcionarios, el núcleo central de la acción era una docena de comandos. Una vez levantados los cadáveres, se retrataron frente al teatro de operaciones, con sus fusiles AK-103, pistolas y cascos tácticos.

Pero la foto de los policías no molestó tanto al régimen como la divulgación de sus nombres, dos meses después, cuando se propuso incorporarlos en forma express a las listas de ascensos de la PNB.

Uno de los que reaccionó en contra de esta situación fue el comisionado jefe Daniel Urpín Castañeda, egresado del Curso 63 de la PM y contertulio del chat que llevaba el mismo nombre. Para la primera semana de junio, era jefe de Archivo de Investigación Disciplinaria de la Inspectoría de la PNB. De acuerdo con un acta de notificación firmada por el general (GN) Frank Morgado, director de la Inspectoría de la PNB, este funcionario reveló a través del foro WhatsApp las identidades de los FAES que habían participado en la matanza de Macuto.

Para ese momento, indica el mismo informe, participaban en el chat 171 personas, ubicadas en el Ministerio Público, la policía judicial, Banco Central de Venezuela, Seniat y docentes en varias instituciones. Esto garantizaba que la lista de los ascensos correría como pólvora.

Según la abogada Jackeline Sandoval, Urpín fue privado de libertad el 9 de junio. El día anterior, hicieron lo propio con otro participante en el mismo foro de WhatsApp, el internacionalista y expolicía con once años al servicio del Parlamento Latinoamericano, Nelson Vivas. Según la litigante, ambos fueron despojados de sus teléfonos para extraerles las informaciones que luego sustentarían imputaciones por instigación al odio, a cargo del fiscal 59 Frank Bracho. La presentación se llevó a cabo el 12 de junio en el juzgado 26 del Área Metropolitana, a cargo de la abogada Janeth Jerez Mata.

Urpín y Vivas permanecen en el retén de la Zona 7 de la PNB, donde también fue recluido el comisionado Coche.

Mientras tanto, avanzan las averiguaciones administrativas. Los treinta funcionarios convocados para el domingo 18 de octubre han tenido que justificar su pertenencia al chat Curso 63, en términos que sorprenden por lo inusitado del caso. De acuerdo con la imputación de Morgado, los integrantes del foro enviaron “informaciones en contra del gobierno venezolano y de las políticas públicas llevadas por el régimen, y en ningún momento éstos notificaron al órgano disciplinario”, lo que según su valoración constituye una “novedad de carácter grave”.

En otros términos, según la óptica del inspector general de la PNB, los contertulios estaban en el deber de delatar a quienes hablaran mal de Maduro. Al no hacerlo, se arriesgan a recibir la pena máxima, que es la expulsión de la policía.

La remoción del general en jefe Néstor Reverol del ministerio de Relaciones Interiores aparentemente paralizó la purga en la PNB. La decisión ha quedado en manos de la sucesora en el cargo, la almirante en jefe Carmen Meléndez.

Pero ya fue logrado un primer efecto: implantar el miedo.

Según la abogada Sandoval, “ahora nadie habla en grupos policiales, no interactúan, se van saliendo (…), pues hay una cacería en cuanto a las opiniones que puedan emitir”.

Breves

El 27 de octubre, la Policía Nacional española informó que 293 personas habían sido detenidas en todo el país europeo por el uso de licencias para conducir fraudulentas, aparentemente emitidas por el Instituto Nacional de Transporte y Tránsito Terrestre de Venezuela. De acuerdo con la nota, los documentos eran ofrecidos por gestores a un promedio de 90 dólares, y eran entregados en un máximo de tres días. Esta investigación tenía varios meses en desarrollo. En junio, ese organismo envió una circular a todas sus brigadas de extranjería, en la que alertaba sobre la proliferación de los permisos para conducir venezolanos falsos, “los cuales están siendo utilizados en el interior del territorio español por nacionales de dicho país, cuyos portadores los presentan para identificarse en los controles policiales, en ocasiones junto con el documento de solicitante de asilo”.

Anexo a ese texto, se remitían algunos ejemplos de licencias obtenidas de forma ilegal. En el afán de parecer verdaderas, les ponían códigos de barra en ambas caras.

La licencia de conducir venezolana ya no es entregada en un soporte plástico, sino que es remitida por el INTTT directamente al correo electrónico del titular, en formato PDF, de manera que el propio interesado debe imprimirla y plastificarla. Según la Policía Nacional española, esta característica “hace más fácil su falsificación, al carecer de medidas de seguridad”. En España, el uso de un documento falso por extranjeros podría ser causal para una deportación.

Con la prolongación “flexibilizada” del estado de alarma, comienza un resurgimiento de la criminalidad en el país. Uno de los delitos llamados “marcadores” por el régimen es el hurto de vehículos, en el que los autos, motos y camiones son despojados de sus legítimos propietarios mediante métodos de agilidad y destreza. Entre los meses de enero y marzo, fueron denunciados 861 casos de este delito en todo el territorio nacional. En el lapso abril-junio, la cifra disminuyó a 387, es decir, una baja de 55 % con respecto al trimestre anterior.

Pero en los tres meses siguientes (julio-septiembre) repuntó de nuevo en todo el país, para totalizar 502 denuncias (29 % de incremento).

Las cifras, conocidas extraoficialmente, indican que los delincuentes también están cansándose del prolongado confinamiento. En la zona conformada por Distrito Capital y estado Miranda, el comportamiento ha sido similar al del resto del país. Para finales de septiembre, totalizaban 860 casos reportados. El hurto de vehículos se lleva a cabo primordialmente en las vías públicas. El incremento de la circulación de autos, motos y camiones en los lapsos de “flexibilización” también es aprovechado por los delincuentes.

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Crímenes sin Castigo | Ley de sastre, por Javier Ignacio Mayorca
La Ley Constitucional Antibloqueo es una norma hecha a la medida para otorgarle a Maduro un amplio margen de maniobra, disponer sin cortapisas del erario público y favorecer el regreso de los fondos de la “boliburguesía”.

 

@javiermayorca

El último acto en agenda de la Asamblea Nacional Constituyente, con la forma de una “ley constitucional”, paradójicamente le confirió a Nicolás Maduro la potestad de “inaplicar” las leyes que considere según su propia conveniencia.

Es el paraíso del político en posiciones de poder: gobernar sin poner atención a eso que llaman “el imperio de la ley”.

No bastó la emergencia económica, que ya tiene más de tres años, ahora complementada por una “alarma nacional” impuesta desde marzo con el pretexto de la pandemia. Era necesario darle más poder al Gobierno.

De allí que el texto aprobado por la ANC establezca en su artículo 19 que el Ejecutivo “procederá a inaplicar, para casos específicos, aquellas normas de rango legal o sublegal cuya aplicación resulte imposible o contraproducente como consecuencia de los efectos producidos por una determinada medida coercitiva unilateral u otra medida restrictiva o punitiva”.

Para el exjuez Jesús Ollarves, esto raya en la locura.

“Si antes decíamos que había un déficit en cuanto al Estado de derecho, ahora podemos decir que hay un andamiaje seudolegal que le permite al régimen de Maduro quitarle vigencia y efectividad a cualquier norma del ordenamiento jurídico venezolano”, advirtió.

Según este docente y especialista en Derecho internacional económico, la Ley Antibloqueo posibilita que el régimen disponga del erario público en medio de la clandestinidad, puesto que todas las informaciones y documentos relacionados con estas transacciones serían clasificadas como secretas o confidenciales, y divulgarlas podría constituir un delito.

Atraer a la economía gris

Debido a las sanciones implantadas a través del Departamento del Tesoro estadounidense, y en menor medida por la Unión Europea y algunos países en forma individual, como Canadá y Suiza, los capitales internacionales evitan cualquier negociación con entidades del Estado venezolano, aun si se trata de vender alimentos o medicinas.

A la vuelta de apenas cinco años, invertir en Venezuela se ha convertido en una operación en extremo azarosa. Solo los iraníes se aventuran a abrir un automercado en el país, y los traders internacionales ya no se retratan con la gente de Maduro, no vaya a ser que terminen perseguidos y encarcelados en una remota isla africana, como el colombiano Alex Saab. No importa si son enviados del Gobierno dotados de pasaportes diplomáticos.

Aun así, de acuerdo con el analista de riesgos emergentes Alberto Ray, el régimen de Maduro ha logrado mitigar en lo interno las consecuencias políticas de la presión internacional, y ahora se encamina hacia una fase de “estabilización”.

Pero los capitales de Rusia, China y Turquía no han sido suficientes, y según Ray tampoco necesitan de un instrumento como el aprobado por la ANC.

Esta ley, entonces, tiene otro “público”.

La idea, según este analista, es atraer a Venezuela recursos, en apariencia extranjeros, pero que realmente pertenecen a inversionistas nacionales.

“Es dinero oscuro, en apariencia asociado a estos aliados del régimen, para comprar a precios baratísimos, por no decir regalados, algunas industrias venezolanas. Pero es una ley para proteger al chavismo y a sus amigos, para que metan sus reales en el país”, afirmó.

Es difícil calcular el monto de los capitales que han salido del país por medios ilegales, y que podrían retornar mediante la aplicación de esta ley. Un reporte de Global Financial Integrity, presentado en marzo de este año, calcula en 8,46 millardos de dólares anuales en promedio la brecha entre los valores reales y los declarados para los bienes que fueron importados a Venezuela entre 2008 y 2017. Según los autores del reporte, este es uno de los indicadores más sólidos para acercarse al flujo de fondos ilícitos de un país a otro. Pero no es el único. Serían en total más de 76,1 millardos de dólares, los cuales en su mayoría se encuentran en manos de particulares que pudieron beneficiarse de la bonanza petrolera de principios de siglo, y que conformaron la clase llamada “boliburguesía”.

En esta misma línea, el expresidente de la Comisión Nacional contra el Uso Ilícito de Drogas (Conacuid) Carlos Tablante, adelantó que Venezuela se aproxima a un proceso de “privatización salvaje”, mediante el cual serán entregadas a elementos cercanos al régimen “las pocas áreas que aún se pueden exprimir de la economía”.

“La comercialización de combustibles está en la mira, como uno de los objetivos de primera importancia”, advirtió.

Tablante cree que esta ley también será utilizada para “tentar” a algunos sectores empresariales que hasta el momento han sido hostiles o fríos ante las propuestas del régimen, con la perspectiva de llevar a cabo “negocios rápidos, sin controles y con extraordinarios márgenes de ganancia”. Esto incluye el oro del Arco Minero.

Negocios crípticos

El artículo 32 del texto aprobado por la ANC hace referencia a la posibilidad de “proteger las transacciones” llevadas a cabo por el Ejecutivo mediante la creación e implementación de “cualquier mecanismo financiero (…) incluyendo el uso de criptoactivos e instrumentos basados en tecnologías de cadenas de bloques”, también conocidas como blockchains.

Esta disposición coloca enorme importancia en el uso de las monedas virtuales, una actividad que en el país es vigilada por la Superintendencia Nacional de Criptomonedas. Su máximo exponente, Joselit Ramírez Camacho, ha sido sancionado por el Departamento del Tesoro. Recientemente, además, el gobierno estadounidense ofreció una recompensa de 5 millones de dólares por información que permita ubicarlo.

Desde 2018, cuando arreciaron las sanciones de EE. UU., el régimen ha promovido el uso de las criptomonedas, al punto que puso sobre la mesa el petro. Sin embargo, de acuerdo con Ray, Maduro no ha tenido éxito en este campo pues este criptoactivo “no es convertible”.

A pesar de todo, el régimen insiste en moverse en este campo.

“Venezuela es el país con más transacciones en criptomonedas en Latinoamérica. Es la manera más fácil y directa que tiene el régimen para mover dinero por el mundo. El secretismo de la Ley (Antibloqueo) y el anonimato de las criptos se potencian en este caso”, dijo.

Breves

La estafa es uno de los pocos delitos que ha incrementado sus cifras absolutas durante 2020 con respecto al año anterior. Hasta el mes de septiembre, las autoridades habían recibido y procesado 7005 denuncias sobre timos de toda naturaleza, así como de sus delitos conexos, como pueden ser la suplantación de identidad, forjamientos de documentos, etc. Estos son llevados a cabo con la finalidad de “perfeccionar” el engaño y obtener una ganancia económica. Según cifras conocidas extraoficialmente, en los primeros nueve meses de 2019 fueron iniciadas 5700 averiguaciones de estafas. El incremento entonces, ha sido de 23% este año. Todo esto en un contexto de reducción general de las cifras de delitos, como consecuencia directa de la inmovilización social por la cuarentena y el éxodo a otros países, que ya supera los cinco millones de personas.

La gran mayoría de los casos tiene como factor común que las víctimas son captadas a través de las redes sociales, mientras pasan largas horas expuestas a todo tipo de contenidos por internet.

La web también ha servido como medio para las fases preparatorias de otros delitos, estos más violentos, como asaltos y secuestros. En septiembre, por ejemplo, Cicpc procesó la denuncia sobre el plagio de tres personas (dos hombres y una mujer) cautivas de una banda del sector Parosca, municipio Lander del estado Miranda, cuando fueron a concretar la adquisición de un camión ofrecido a través de Facebook Marketplace. Las víctimas fueron liberadas luego de pagar varios miles de dólares.

Las muertes del general de brigada de la Guardia Nacional Sergio Negrín Alvarado y del sargento Deivis Eduardo Suárez Castillo fueron la consecuencia de un conjunto de hechos, que hacen pensar en la existencia de una especie de fatum trágico, al estilo de la saga cinematográfica Destino final. Todo comenzó con la súbita destitución del general Wilmer Octavio Herrera del comando de la zona 35 de ese componente, con sede en San Fernando de Apure. Herrera apenas estuvo un par de meses en esa posición. Su remoción ocurre con posterioridad a ciertos conflictos con sectores del oficialismo local, y una serie de acciones de menor envergadura que le dieron prominencia a este oficial en los medios regionales.

La resolución sobre el nombramiento de su reemplazo (Negrín Alvarado) fue emitida por el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino, el domingo 11 de octubre, algo totalmente inusual que evidencia una situación de premura.

Negrín entregó la jefatura del Estado Mayor del comando de zona de la GN en Zulia, y en la noche del lunes inició el viaje a San Fernando, vestido de civil junto al sargento Suárez, quien como el general hizo pasantía por el Grupo de Acciones de Comando de Macarao. En el viaje, Negrín era monitoreado por el jefe de la zona de Yaracuy, general de brigada Wolmar Guevara. Cuando se perdió la comunicación, el oficial emprendió la vía que su compañero de fuerza debía recorrer. Luego, declaró a los agentes de Cicpc que Negrín tuvo que detener su marcha en el sector conocido como Alpargatón, al toparse con un bloqueo en la vía, colocado por delincuentes del sector. De acuerdo con una versión extraoficial, el sargento intentó una maniobra evasiva, cuando recibió un disparo mortal de una escopeta calibre 12, que atravesó el cristal del puesto de piloto de la pick up Hylux. Luego, desde el mismo lugar, le dieron un tiro en la cabeza al general, que iba en el puesto del copiloto. Se desconoce si los antisociales se llevaron alguna pertenencia de las víctimas, puesto que los investigadores de Cicpc encontraron en el sitio del suceso un celular, una tableta y una pistola Beretta. Los homicidios de Negrín y su conductor, hasta el momento, han sido catalogados como el producto de una “resistencia al robo”, en una Venezuela mexicanizada, donde las bandas también toman el control de las autopistas.

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Crímenes sin Castigo | Recompensas, por Javier Ignacio Mayorca
El gobierno estadounidense pone cada vez más dinero sobre la mesa para propiciar delaciones y capturas de jerarcas venezolanos. El sistema, según conocedores, se basa en ofertas públicas que incluso pueden ser litigadas.

 

@javiermayorca

El miércoles 30 de septiembre, el Departamento de Estado de EE. UU. colocó en el muro de los solicitados del mundo otras dos ofertas de recompensa. Se trata de dos generales retirados de la Guardia Nacional, señalados como importantes actores de la corrupción y la negligencia que han propiciado el desastre en el sistema eléctrico del país: el mayor general Luis Alfredo Motta Domínguez y el general de brigada Eustiquio José Lugo Gómez.

Antes de presidir Corpoelec y ser investido con el título de ministro de Energía Eléctrica, Motta llegó a la posición de comandante general de la GN. Pero la decisión de la cancillería estadounidense no se refiere a lo que pudo hacer en su vida como militar, sino a la supuesta recepción de sobornos por la asignación de contratos de la estatal eléctrica, para lo cual supuestamente contó con el concurso del general Lugo Gómez.

La oferta de recompensa indica que EE. UU. pagaría “hasta cinco millones de dólares por información que conduzca al arresto y/o la condena” de alguno de estos oficiales.

Con estos dos, llegan a cinco los exfuncionarios por los que Washington ha colocado dinero sobre la mesa, solo esta semana, con la finalidad de llevarlos a los tribunales. Los otros fueron los comisarios Pedro Luis Martín (exjefe de Inteligencia Económica del Sebin), Rodolfo Mc Turk y Jesús Itriago, respectivamente exdirectores de Interpol Caracas y de Investigación de Drogas de Cicpc.

En concreto, estos exfuncionarios fueron señalados como “objetivos” dentro del Programa de Recompensas sobre Crimen Organizado Transnacional. Es la misma lista en la que colocaron al actual gobernante Nicolás Maduro; al presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Maikel Moreno; a Diosdado Cabello, Tarek el Aissami, Joselit Ramírez, Hugo Carvajal y Clíver Alcalá Cordones, quien hasta el momento es el único detenido, y por voluntad propia.

Según el comisario general de policía judicial Iván Simonovis (designado por Juan Guaidó comisionado para temas de seguridad) las ofertas de recompensas por solicitados datan del siglo XIX, y con el paso del tiempo han sido reguladas por leyes en EE. UU.

“El principal objetivo es sencillamente motivar a las personas para que den información sobre la ubicación de alguien, o lo entreguen (…) Hoy por hoy, lo aplican con resultados en muchas partes”, explicó.

Según la cancillería estadounidense, a través de este programa ha sido posible capturar y llevar a los tribunales a 75 personas, solicitadas por diversos delitos, entre ellos el tráfico de drogas, lo que ha implicado pagos que suman hasta el momento 130 millones de dólares.

Simonovis calificó de “delicados” los casos de quienes fueran sus compañeros de Cicpc (Mc Turk e Itriago) así como el de Martín.

“Tienen que ver con actividades propias de la DEA (Agencia para el Control de Drogas, por sus siglas en inglés). Ellos son los que hacen mayor uso de esa herramienta. De todas las agencias, creo que el 70 % de las solicitudes vienen de la DEA”, afirmó.

Leer la letra chiquita

El pago de recompensas por capturas en casos de drogas que involucraban a personas en Venezuela data de los años ochenta del siglo XX. El primero del que se tuvo conocimiento involucró a una hermosa mujer, conocida como la mariposa o colibrí, la colombiana Marlene Navarro, señalada como cabecilla de un grupo de traficantes en el que también participaba Carlos Jader.

En 1986, luego de una investigación encubierta, Navarro fue detenida en Caracas y enviada a EE. UU. en un jet que partió de La Carlota, según el relato de David McClintick, Operación Pez Espada. Para eludir cualquier control de última hora en ese aeropuerto, la mujer fue trasladada en la bodega de la aeronave, en una jaula para perros.

Treinta y cuatro años después, las ofertas de recompensa se anuncian públicamente en la web. Pero no está claro cuál es el mecanismo aplicado para decidir qué dato amerita una recompensa y cuál no. Para este trabajo, se hizo una solicitud de información a la representación diplomática de EE. UU. Pero no se obtuvo respuesta. Sin embargo, el abogado especialista en casos penales de lavado de dinero, Michael Díaz, recomendó leer con detenimiento las notas oficiales, de ser posible en su idioma original.

“Estas son ofertas públicas, y por lo tanto se debe estudiar las palabras que han usado. Es como un contrato o una oferta comercial. En este caso, el país hizo esa oferta por información que conduzca a la captura. Que sea clara y útil. Pero no que la misma persona haga la captura”, detalló.

Díaz participó como mediador en el reclamo de la recompensa de cinco millones de dólares, ofrecida por el gobierno peruano por la detención del exjefe de inteligencia de ese país, Vladimiro Montesinos. La captura se llevó a cabo en Venezuela. Una acción en la que, por cierto, participó el entonces general de brigada Luis Motta Domínguez.

Según este abogado, los procesos de entrega de recompensas generalmente se desarrollan en forma discreta.

No hay fotopose cuando el cheque es otorgado al ganador. Sin embargo, es posible que surjan litigios cuando algún informante se siente menospreciado.

“Cuando un país soberano hace una oferta de estas magnitudes, y EE. UU. lo es, se condiciona a que no tiene inmunidad. Esta es una legislación vigente. Y por lo tanto, el Estado puede ser llevado a los tribunales”, señaló.

Breves

Una de las instituciones más impactadas por el progresivo aislamiento internacional del país ha sido la Fuerza Armada. Antaño era usual el envío de contingentes de cada fuerza a distintas partes del mundo, para continuar sus procesos de formación acordes con el desarrollo de las carreras de cada oficial, y las áreas de interés del cuerpo castrense. Quien esto escribe conoció oficiales de la GN y de la Armada que hablaban tres idiomas de forma fluida, gracias a esas estadías en el extranjero. Este año, la Unión Europea intentó retomar la formación de oficiales, específicamente de la Guardia Nacional, en asuntos estrictamente ligados a seguridad ciudadana. Sin embargo, de acuerdo con un documento recientemente conocido, China y Rusia son los países que han recibido a la mayor cantidad de militares activos. Al revisar el tema central de los cursos, destaca lo relacionado con asuntos informáticos (“ciencias de la computación”) y aeroespaciales. El único país de Europa occidental que da alguna formación a efectivos de la FAN es España, pero en asuntos nada relacionados con cuestiones militares. Entre todos, apenas llegan a 30 uniformados. Una élite. Y la mayoría de ellos ha viajado con sus respectivas esposas e hijos.

Desde el exilio, la hermana del capitán de navío Luis de la Sotta, Molly de la Sotta, reveló que el régimen preparó la escena para que algunos detenidos en la central de Contrainteligencia Militar fuesen entrevistados por enviados de la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.

Indicó que el oficial, excomandante de la Unidad de Operaciones Especiales de la Armada (Turiamo), en los días previos a esa entrevista (12 de septiembre) fue sacado a un patio interno para que se asoleara, y también le permitieron ducharse tres veces a la semana, lo que en ese lugar es aparentemente algo inusual. En los días posteriores a ese sábado, tanto él como el general de brigada de la Guardia Nacional Héctor Hernández da Costa fueron confinados, y las cosas volvieron a ser como antes. Ahora, sin embargo, en la sección donde ellos permanecen día y noche no hay aire acondicionado. Según Molly de la Sotta, el Gobierno hizo una concesión al permitir las visitas de la ONU a Dgcim y Sebin para posibilitar la permanencia del grupo de Bachelet en el país, y de esa manera guardar ciertas formas ante la comunidad internacional.

 

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