Javier Ignacio Mayorca, autor en Runrun

Javier Ignacio Mayorca

Crímenes sin Castigo | Populismo punitivo, por Javier Ignacio Mayorca
En un intento por ganar aplausos, el fiscal designado por la extinta ANC planteó aumentar al máximo las penas para los culpables de abuso sexual a menores de edad. ¿Es esa la solución?

 

@javiermayorca

El 24 de noviembre, el fiscal designado por la extinta Asamblea Constituyente, Tarek William Saab, planteó una reforma legal a la que, en principio, parece difícil oponerse: incrementar hasta el máximo posible las penas para los culpables de abuso sexual contra niños y adolescentes.

Saab lanzó esta propuesta en la solemnidad de los actos por el aniversario de la institución, que él encabeza gracias a las carambolas que da la política venezolana. Es evidente el esfuerzo por ganar voluntades a su causa, y de paso hacer que se olvide su cuestionado origen. En esta oportunidad, aprovechando el estupor ocasionado en el país por la divulgación de un video, en el que un niño aparece sometido por un grupo de mujeres mayores, que no escuchaban su llanto y lo mantenían apisonado entre sus piernas.

Este grotesco episodio levantó sensibilidades en la opinión pública, que no pasaron inadvertidas por Saab. El funcionario, incluso, se permitió sugerir la posibilidad de establecer penas aun más prolongadas para casos como este, que rebasarían las tres décadas tras las rejas.

Un sector de la población, ávido de justicia, probablemente aplaudiría una reforma a la carta magna, para instituir la cadena perpetua e incluso la pena capital. Algo que sería necesario, de acogerse plenamente la iniciativa de Saab.

Esta discusión, por cierto, se plantea de forma cíclica, cuando nos enteramos de episodios como el del referido infante, en una vivienda de Barquisimeto.

Debido a la imposibilidad de ofrecer al país soluciones creativas y efectivas, el oficialismo ha caído repetidamente en la tentación de reformar leyes para implantar penas de prisión más prolongadas, en algunas oportunidades, y en otras elaborar textos para transformar en delitos conductas que anteriormente eran simples faltas.

Los ejemplos abundan. En el año 2000 entró en vigencia una ley especial sobre el robo y el hurto de vehículos, que fijaba penas de hasta dieciséis años de prisión para quienes acudieran a la violencia para apropiarse de autos, motos o camiones. Anteriormente, se aplicaba lo dispuesto en el viejo Código Penal. De manera que la sanción máxima posible se incrementó en 100 %.

Pero el robo y el hurto de vehículos no disminuyó. Por el contrario, se mantuvo en ascenso casi constante durante los catorce años siguientes. Los individuos dedicados a esta actividad tampoco se enteraron de que, a partir de 2005, tendrían lapsos de prisión todavía más largos, si se determinaba que formaban parte de una organización criminal. Solo la dramática merma del parque automotor, producto del derrumbe económico nacional, mitigó las cifras de vehículos apropiados por el hampa.

Otro ejemplo es el de las armas de fuego. Hasta hace poco tiempo, Venezuela figuró entre los tres países con las tasas de homicidios más elevadas del planeta. Esto sucedía en parte gracias al uso intensivo de revólveres, pistolas, escopetas, fusiles y granadas. Todo que sirviera para matar de forma rápida llegaba (y llega) sin problemas a las manos de los delincuentes, a pesar de que durante los últimos veintidós años hemos tenido tres legislaciones especiales en materia de armas y municiones.

Según el criminólogo Freddy Crespo, esta práctica de instituir delitos e implantar penas de prisión cada vez más rigurosas se conoce como “populismo punitivo”. Se fundamenta en una noción equivocada: que el establecimiento de sanciones privativas de libertad cada vez más duras servirán como disuasivo para los delincuentes.

“Hay pruebas empíricas que demuestran que el incremento de las penas no mitiga la motivación para delinquir. Por el contrario, puede incrementarla”, advirtió el docente, que en 2015 presentó un estudio sobre esta materia, titulado Privación de libertad y sociología del medio carcelario en Venezuela.

La propuesta de Saab sugiere una reforma parcial a la Ley Orgánica de Protección al Niño, Niña y Adolescente (Lopnna), donde el abuso sexual contra personas de este segmento de población tiene penas que van hasta ocho años de prisión, y que se incrementan hasta los veinte años de presentarse circunstancias agravantes.

Esta ley, vigente desde 2007, fue descrita en su momento como un “desarrollo” de disposiciones que anteriormente también estaban en el Código Penal, y que preveían sanciones hasta los diez años de prisión.

Aun así, los abusos sexuales también se han incrementado. De acuerdo con cifras conocidas extraoficialmente, en los primeros nueve meses de este año fueron iniciadas 1199 averiguaciones por delitos de esta índole, contra niños y adolescentes. Esto representa un alza de 69 % con respecto al año anterior, cuando la población apenas salía de las cuarentenas por el covid-19.

Según fuentes policiales, uno de los aspectos más llamativos de los abusos sexuales en el país tiene que ver con los victimarios. Por regla general, los expertos indican que en los casos de menores de edad los abusos generalmente son cometidos por personas del círculo familiar. Pero en el país solo el 25 % entra en esta categoría. La gran mayoría de los perpetradores tuvo un contacto previo con sus víctimas, que los investigadores describen como “casual”, pero no están ligados a ellas por nexos de consanguinidad. Por otra parte, en un país caracterizado por la impunidad, no es excepción que en más de la mitad de los abusos sexuales no se logre la identificación plena de los agresores.

Crespo sostuvo que el mejor antídoto contra este tipo de delitos no radica en colocar a los victimarios tras las rejas hasta el fin de los tiempos.

La alternativa del Estado es trabajar en la escuela, con mucha educación sexual. Algo que nunca ha existido. Este tipo de delitos se ha normalizado (…) Hay que educar y culturizar en muchos aspectos. La función del Estado tiene que estar concentrada allí, con un tratamiento particular y con profesionales capacitados para detectar situaciones”, indicó.

Añadió que las víctimas de abuso muestran señales específicas, detectables en el ámbito escolar.

“Que un maestro a veces no lo detecte no es porque tiene muchos niños. Es que no tiene la capacitación, o que ve todo esto como algo normal”, afirmó.

Breves

  • La Policía Nacional inició el reclutamiento de funcionarios jubilados o retirados en forma prematura, como parte de un proceso destinado a incrementar su pie de fuerza. Los aspirantes pueden haber laborado en ese mismo cuerpo, o en policías estatales o municipales. Con esta decisión, se pretende contrarrestar el efecto de las bajas masivas que, según cálculos internos, han mermado en 30 % el contingente de la PNB. Desde luego, está presente el riesgo de que reingresen sujetos expulsados por corruptelas o uso indebido y desproporcionado de la fuerza. De allí que soliciten la consignación de una carta de buena conducta y antecedentes limpios, como requisito indispensable para el reingreso. Pero la experiencia reciente indica que estos documentos son falsificables, o que incluso pueden ser gestionados a cambio de unos pocos dólares. La carencia de efectivos ha obligado a la PNB a disminuir o cesar momentáneamente algunos de sus servicios, como los del Metro de Caracas y las vías expresas.
  • El tribunal de La Haya rechazó el recurso intentado por una mujer bisexual venezolana, a la que le negaron el asilo en el Reino de los Países Bajos. El juzgado avaló la decisión gubernamental, al considerar que los argumentos de la solicitante eran “creíbles, pero insuficientemente importantes”. Ella sostuvo que en Venezuela “las personas LGBTI sufren violencia, están prohibidas en ciertas áreas públicas, como centros comerciales y parques, y son discriminadas en ciertos sectores y también en la distribución de alimentos”. Nuevamente, en el juicio surgieron las informaciones en torno a los grupos armados que respaldan al régimen: “La militarización de la seguridad civil y la participación de colectivos armados en labores de seguridad ha incrementado la violencia y contribuye a un aumento constante de ejecuciones extrajudiciales. (…) los colectivos habitualmente cometen actos de violencia contra los civiles, en particular durante las protestas antigubernamentales. Intentan, con el apoyo del gobierno, intimidar a los votantes”. Igualmente, indicó la demandante, estas organizaciones han participado en “tomas ilegales de viviendas y establecimientos comerciales durante la pandemia”. Uno de los aspectos a discutir en este caso es si la mujer será devuelta a Venezuela o enviada a un tercer país.

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

Crímenes sin Castigo | Apretando la mordaza, por Javier Ignacio Mayorca
A pesar de la aparente distensión, en la Venezuela de 2022 se aplica la Ley contra el Odio más que en ningún otro momento

 

@javiermayorca

El 13 de noviembre, la policía judicial informó sobre la detención de dos hombres, señalados de divulgar en sus redes sociales “comentarios que van en desprestigio del presidente actual del Instituto Nacional de Hipismo de Venezuela”.

La presunta víctima de los “comentarios” de Denys Jesús Custodio y Robert José Yánez era, nada más y nada menos, que Antonio Álvarez, conocido como el Potro desde sus tiempos de beisbolista.

Según la información publicada por El Nacional, estas detenciones estarían ligadas a la difusión por Twitter de los abucheos de los que fue objeto el presidente del INH durante un concierto celebrado en el Poliedro, el 3 de septiembre.

La nota policial indica que las detenciones fueron llevadas a cabo por agentes de la División contra Delitos Informáticos, como parte de las acciones para proteger a los “sectores más vulnerables”.

Álvarez, sin embargo, está lejos de formar parte de los grupos carentes de protección. Por el contrario, lo ampara una norma que, justo en noviembre, llega a su quinto año de vigencia en el país. La Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, aprobada por la extinta Asamblea Nacional Constituyente.

El propósito de la ley, según lo indicado en su primer artículo, es “promover y garantizar el reconocimiento de la diversidad, la tolerancia y el respeto recíproco, así como para prevenir y erradicar toda forma de odio, desprecio, hostigamiento, discriminación y violencia, a los fines de asegurar la efectiva vigencia de los derechos humanos, favorecer el desarrollo individual y colectivo de la persona, preservar la paz y la tranquilidad pública y proteger a la Nación”.

Pero el director de la organización Espacio Público, Carlos Correa, tiene otra perspectiva sobre el propósito de esta norma.

La Ley contra el Odio, indicó, forma parte de una “política de censura, para que la gente tenga miedo y se inhiba de decir cosas”.

El texto legal, entonces, tendría el objetivo fundamental de evitar el desprestigio de los máximos representantes de los poderes públicos, a través de la autocensura.

“Algunos funcionarios se molestan, e intentan acallar las críticas con esta ley”, afirmó.

La OTIC vigila

Desde noviembre de 2017, cuando entró en vigencia el texto legal, hasta mayo de 2021, Espacio Público recopiló cuarenta y cinco casos de personas investigadas o detenidas por el presunto delito de “incitación al odio”.

Según Correa, la gran mayoría de las sesenta víctimas documentadas en esos expedientes eran funcionarios públicos.

Esta organización basó su trabajo en casos conocidos públicamente. Por lo que la cifra real de expedientes penales con seguridad fue mayor. Sin embargo, de acuerdo con informaciones conocidas extraoficialmente, durante los primeros diez meses de este año han sido iniciados 54 expedientes como consecuencia de mensajes considerados como incitación al odio. Este número rebasaría el total correspondiente a los cuatro años anteriores.

En algunos casos, los emisores de estos mensajes están plenamente identificados. En agosto, por ejemplo, se abrió una averiguación por declaraciones del presidente de El Nacional, Miguel Henrique Otero, dadas a través del canal NTN 24 de Colombia, y reiteradas a través de su cuenta Twitter. La minuta indica en términos escuetos que los señalamientos en ese medio “promueven el odio hacia las autoridades del Estado venezolano”. Lo mismo se afirmó en julio para iniciar un caso contra Tamara Sujú, la directora del Instituto Casla, que con frecuencia publica informaciones sobre presuntas violaciones a derechos humanos, y del medio castrense venezolano.

Pero no todos los investigados divulgan críticas o denuncias. En julio, por ejemplo, la fiscalía 94 nacional abrió un expediente contra el humorista Wilmer Ramírez, por considerar que utiliza sus cuentas Twitter e Instagram para generar animadversión contra miembros del régimen, a través de sus chistes.

Para detectar los mensajes incómodos, el ministerio de Relaciones Interiores montó una estructura de vigilancia. Se llama Oficina de Tecnología de Información y la Comunicación (Otic). Figura como órgano actuante en dieciséis casos conocidos entre enero y octubre. La revisión periódica a las redes sociales y páginas web la denominan “patrullaje cibernético”. Una expresión que también fue asumida por despachos de la policía judicial.

Twitter, la red social recientemente adquirida por el empresario Elon Musk, pareciera ser la plataforma más monitoreada. De allí surgió el 60 % de los casos por incitación al odio de este año. Le sigue Instagram (9 %) y TikTok (5 %). También hubo casos de uso de varias redes (14 %), así como denuncias sobre presuntas campañas a través de correos electrónicos, Kwan y WhatsApp, lo que implica un alcance inusitado, que llega hasta las comunicaciones interpersonales.

La utilización de la Ley Constitucional contra el Odio ha sido denunciada en foros internacionales de distinta índole. En febrero de 2021, un panel de la Organización de Naciones Unidas advirtió que esta norma forma parte de “un patrón de criminalización creciente en contra de las organizaciones de la sociedad civil en Venezuela”.

Según el director de Espacio Público, en regímenes autoritarios como los de Cuba y Nicaragua aplican normas penales para reprimir a los sectores que critican a estos gobiernos. Esto también sucede en Bolivia. Pero ninguno de estos países tiene una ley como la implantada en Venezuela a partir de 2017.

Breves

  • El ELN pareciera avanzar hacia un proceso de atomización similar al que en su momento padecieron las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). A la luz de esta teoría se podría explicar lo ocurrido en la finca Los Zamorucos, ubicada en Elorza (Apure). Su propietario Santos Torrealba denunció que una cuadrilla de elenos invadió este predio por varios días, para posteriormente exigirle el pago de un millón de dólares. La denuncia pública sobre esta extorsión ocasionó tanto revuelo que la Fuerza Armada no tuvo más alternativa que hacer acto de presencia. Anteriormente se había informado sobre otras acciones de revuelo emprendidas por esta guerrilla. En enero, por ejemplo, un frente tomó el poblado apureño de La Gabarra. Pero la extorsión contra el propietario de Los Zamorucos pone al grupo en un plano menos político y más delictivo, similar al que tuvo hasta los primeros años de gobierno de Hugo Chávez. El ELN perpetró varios secuestros de relevancia en el país a partir de 1999. La primera víctima fue Mely Carrero. Debido a ese caso, Chávez designó al capitán de navío retirado Ramón Rodríguez Chacín como un enlace con los guerrilleros. En la Fuerza Armada vieron esta movida como una concesión más a los irregulares que habían ejecutado la mayor masacre contra militares venezolanos, en el puesto de Cararabo (1995). Los seguidores del cura Manuel Pérez asumieron paulatinamente una actitud más silenciosa, que hacía presumir cierta afinidad con el gobierno chavista. Esta proximidad se mantuvo hasta la llegada de Maduro, al punto que desde Miraflores se ofrecieron para servir de garantes en la renovación de las conversaciones de paz con el gobierno colombiano. Por eso llama tanto la atención lo ocurrido en Elorza. Tal parece que algunos elenos encuentran más atractiva la vida en un plan de banda criminal, enriqueciéndose mientras los representantes del Comando Central (Coce) intentan acercarse a la “paz total” de Petro.
  • La defensa de Alex Saab se desmorona. El empresario colombiano, enjuiciado en la corte del Distrito Sur de Florida por lavado de dinero procedente de los sobreprecios en la importación de alimentos y en la construcción de viviendas para el gobierno de Maduro, intenta convencer al juez Robert Scola de que los cargos en su contra deben ser levantados debido a un supuesto carácter diplomático, que le confirió el propio gobernante venezolano. Desde este espacio se ha observado que esta posición ha mutado a lo largo de todo el proceso, iniciado tras la detención del colombiano en junio de 2020. En principio, los abogados de Saab y el propio gobierno de Maduro dijeron que él era un “representante”, luego aseguraron que era un “enviado especial”, y después lo han llamado incluso embajador. La parte acusadora ha tomado nota de estas inconsistencias, y en un documento presentado el 7 de noviembre ante el magistrado Scola observaron que los abogados del empresario ni siquiera lograron que el gobierno de Cabo Verde les creyera en su momento, pues se trataba de una caracterización que iba cambiando a conveniencia. La insistencia de Saab llegó a su clímax en una audiencia de apelación, llevada a cabo en abril. Entonces, los apoderados del empresario consignaron una Gaceta Oficial extraordinaria, fechada 26 de abril de 2018, en la que supuestamente se comprueba que Saab fue nombrado “enviado especial” de Maduro. Aquí la fecha es relevante, pues refiere un acto administrativo previo al desconocimiento de Maduro por EEUU. Pero los fiscales Kurt Lunkenheimer y Alexander Kramer buscaron el original impreso de esta Gaceta, que reposa en la Librería del Congreso de EEUU, y no encontraron ninguna referencia a Alex Saab. De hecho, el documento original no contiene nombramientos. Solo un decreto presidencial que asigna 148 billones de bolívares para cubrir “requerimientos presupuestarios”. A pesar de este revés, los apoderados del empresario continúan exigiendo que el Departamento de Estado entregue las informaciones que haya manejado sobre este controvertido caso.

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad. Y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

Crímenes sin Castigo | Tecnología para mafiosos, por Javier Ignacio Mayorca
El Reino de los Países Bajos extraditó a EE. UU. a un inglés que integraba una red internacional señalada de diseñar y comercializar teléfonos inmunes a toda vigilancia. Entre sus principales clientes estaban, por supuesto, venezolanos

 

@javiermayorca

De la noche a la mañana, los usuarios del exclusivo servicio de comunicaciones Anom encontraron que la web para manejar sus cuentas había sido confiscada, nada más y nada menos, que por solicitud conjunta del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) y de la Policía Federal Australiana.

Para aplicar esta medida, no importó que la página de Anom estuviese registrada en un diminuto archipiélago de las Islas Británicas en el Océano Indico. De todas formas, los ingleses también participaban en esta pesquisa internacional, bautizada Trojan Shield.

Ahora, al entrar al dominio de Anom se muestra un formulario. Si el usuario de este servicio es lo suficientemente arriesgado –o ignorante– para intentar la recuperación de su cuenta, deberá llenarlo. Al pulsar la tecla “send”, su información estará en manos de policías de diecisiete naciones.

Anom es una tecnología de comunicaciones que, según registros judiciales de EE. UU. y los Países Bajos, es “de criminales para criminales”.

Entre sus clientes figuran sujetos de la delincuencia organizada transnacional de numerosos países. En la lista, desde luego, no podía faltar Venezuela.

Los detalles de Trojan Shield todavía no son del conocimiento público. Sin embargo, gracias a una declaración del fiscal Randy Grossman, divulgada en junio de 2021, se sabe que la plataforma de Anom era manejada por la policía de investigación estadounidense mucho antes de que la página fuese formalmente confiscada.

Anom, por lo tanto, era un señuelo diseñado para mafiosos.

En ese mismo mes, la Europol afirmó que durante Trojan Shield fue posible detener a 800 personas, lo que la convertía en la “más grande operación jamás efectuada contra las comunicaciones encriptadas de los criminales”.

“Puro lavado de dinero”

La historia pequeña de esta vasta investigación apenas comienza a saberse, gracias a una decisión de la Corte Suprema de los Países Bajos, que ratificó la sentencia de extradición contra Aurangzeb Ayub, un holandés de origen británico que fungía como agente de ventas de la tecnología.

Ayub, de 39 años de edad, era solicitado internacionalmente, en atención a una acusación presentada en noviembre de 2019 ante la Corte del Distrito Sur de California. Le imputan participación en una organización de tipo mafioso, según los términos establecidos en el estatuto RICO. La misma ley estadounidense usada para desmantelar a la famosa familia Gambino.

Gracias a mensajes interceptados durante la investigación, se constató que Ayub había negociado la entrega de varios dispositivos a criminales de Suiza y Venezuela.

Para enero de 2021, estos sujetos aún sin identificar públicamente habían recibido los aparatos para comunicación encriptada del propio neerlandés.

Pero no fueron los únicos. De hecho, gracias a Trojan Shield fueron intervenidas las comunicaciones de 300 sindicatos del crimen, dispersos en cien países. En total, el grupo de Ayub entregó 9500 teléfonos.

Según la acusación presentada en California, junto con este neerlandés operaban otras dieciséis personas: Joseph Hakan Ayik, Domenico Catanzariti, Maximilian Rivkin, Abdelhakim Aharchaou, Seyed Hossein Hosseini, Alexander Dmitrienko, Baris Tukel, Erkan Yusef Dogan, Shane Geoffrey May, James Thomas Flood, Srdjan Todorovic, Shane Ngakuru, Edwin Harmendra Kumar, Omar Malik, Midwad Zakhimi y Osemah Elhassen.

El “administrador” del grupo sería Ayik, un turco que reside en su país natal junto al sueco Rivkin. Igual función tendría Catanzariti, de origen australiano. Los demás de la lista serían distribuidores de la tecnología dispersos en Europa, América y Asia. Los más cercanos a Venezuela son Todorovic y Elhassen, residenciados en Colombia.

Con la recepción del teléfono, los usuarios de Anom debían cancelar una cuota periódica, de acuerdo con la región donde estuviesen. La tarifa para Australia era de 1700 dólares por seis meses; para los clientes de Europa, hasta 1500 euros, y en América, 1700 dólares por el mismo lapso.

Un precio pequeño para garantizar la impunidad. Los teléfonos operaban a través de protocolos de internet, con servidores en locaciones consideradas “seguras”, pues estaban ubicados lejos del largo brazo del FBI. Además, eran revisados periódicamente para constatar que funcionaban ajenos a toda vigilancia.

El usuario, además, podía solicitar a través de la página (ahora confiscada) que se borraran los mensajes de determinados lapsos. Esta actividad fue considerada como una evidencia del interés de la organización por obstruir la justicia.

En el juicio de extradición de Ayub, se reveló cómo este hombre ayudó a uno de sus clientes a eliminar mensajes incriminatorios luego de haber sido allanado por un cuerpo de seguridad.

“La policía se llevó todo (…) Limpie esto lo antes posible”, le indicó el suscriptor.

Posteriormente, la misma persona solicitó a Ayub información sobre lo que había hecho.

“Sí. Todo está bien”, fue su respuesta.

Esas comunicaciones borradas se referían, básicamente, a actividades de tráfico de drogas y legitimación de capitales.

“Esto es puro lavado de dinero”, afirmó uno de los distribuidores de Anom, radicado en España.

En su promoción personalizada, los vendedores se jactaban de que sus clientes podrían operar “clandestinamente”.

Tal y como estaba diseñado el sistema, es poco probable que solamente fuese utilizado por elementos de la delincuencia organizada. El mapa divulgado por el Departamento de Justicia indica que los dispositivos dotados con el programa Anom fueron entregados en países como Irán, Irak, Turquía, Marruecos, Guinea Ecuatorial y Nigeria, donde también actúan grupos calificados de terroristas.

Breves

  • El último informe sobre el monitoreo de cultivos ilícitos en Colombia, presentado este mes por la oficina de Naciones Unidas sobre Drogas y Crimen, debe ser leído con detenimiento. La región Catatumbo, conformada por los departamentos Norte de Santander y Cesar, fronterizos con Venezuela, registró en 2021 un incremento de 6 % en los cultivos de coca. En toda esa área hay 42.576 hectáreas sembradas con el arbusto, que da origen a la cocaína. Según el reporte, en 79 % de los enclaves también se hace un procesamiento primario de la hoja, para transformarla en pasta base. Todo esto, según el documento, gracias al “enorme flujo de refugiados venezolanos desempleados”. Naciones Unidas calcula que en este sector son capaces de producir 393 toneladas del alcaloide al año. La mayor actividad ocurre en lugares como Tibú y La Gabarra. El informe no hace referencia a los cultivos en Venezuela, pero si se observa el mapa levantado por el órgano internacional es claro que el límite entre uno y otro país no impedirá la extensión de los arbustos hacia el territorio nacional, tal y como lo han advertido centros de pensamiento como InSightCrime. El informe de la ONU advierte además que en Catatumbo se desarrolla “una compleja y difusa guerra” entre actores colombianos y de otros países: el ELN, el EPL, los carteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, por citar algunos. “La cercanía con la frontera (…) explica la importancia en la cadena de producción de la cocaína, que se ve dinamizada por la presencia del Cartel de los Soles, responsable del transporte de la cocaína en territorio venezolano”.
  • Escribió un lector de esta columna: “El 18 de octubre, me detuvieron dos policías nacionales en moto, saliendo de la autopista Francisco Fajardo a la altura de La California. Decían que estaba radiado por haber ocasionado el accidente de un motorizado, y haberme ido en fuga. Había visto a esos mismos policías cuando pasé frente al módulo de Tránsito del distribuidor Altamira. Tenían que llevarme al comando para rendir declaración, con el carro retenido. Yo negué todo el hecho. Me quitaron los documentos del carro, pero me devolvieron la cédula. Me dijeron que llamara a un familiar para que me apoyara, y así lo hice. Apagué el carro y les dije que no me movería hasta que no llegara quien iba a apoyarme. De repente, me devolvieron los papeles y me dijeron que me fuera. Me siguieron por dos cuadras, y luego desaparecieron”. El lector concluye que esta es una nueva modalidad de extorsión: “Querían sacarme dinero”.

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Crímenes sin Castigo | La parábola de JOH, por Javier Ignacio Mayorca
La historia de Juan Orlando Hernández interesa a los venezolanos. En los registros de la justicia criminal de Estados Unidos, su caso aparece simplemente con el título US vs JOH.

 

@javiermayorca

¿Quién es Juan Orlando Hernández? Se trata, nada más y nada menos, del hombre encargado de regir los destinos de Honduras desde enero de 2014 hasta enero de este año.

En abril, es decir, apenas tres meses después de haber dejado la primera magistratura de su país, JOH fue extraditado a Estados Unidos, donde actualmente es procesado por conspiración para traficar drogas. Esto confirma que las andanzas del presidente-traficante eran investigadas cuando él estaba en pleno ejercicio del poder político.

Desde luego, para que JOH enviara toneladas de cocaína a EE. UU. mientras era mandatario requería de individuos que hicieran el trabajo sucio por él. Eso de que un presidente ande sudoroso cargando kilos hasta la bodega de un avión no ocurre ni siquiera en Honduras.

Para eso, están sus familiares.

En este caso, se trataba de su hermano, Juan Antonio, Tony, para los compinches.

De acuerdo con la acusación presentada en el Distrito Sur de Nueva York, JOH empezó sus andanzas en 2004, cuando ya era diputado electo por el departamento de Lempira, fronterizo con El Salvador, impulsado por el Partido Nacional de Honduras (PNH).

Las drogas, de acuerdo con la acusación, le sirvieron tanto para enriquecer sus arcas personales como las de su entorno, encabezado por Tony. Y también para financiar su crecimiento dentro de la política hondureña. Con ese propósito, habría facilitado la circulación por el territorio del país centroamericano de más de quinientas toneladas de cocaína.

Desde entonces, el clan de los Hernández fue ascendiendo como operador político de ciertas estructuras criminales, que actuaban en complicidad para recibir cargamentos de cocaína procedentes de dos países: Colombia y Venezuela, por mar y por aire.

Los envíos marítimos, señala la acusación, “eran embarcados hacia el norte usando la costa venezolana, en lanchas rápidas, pesqueros y cargueros”.

“Los traslados aéreos a menudo eran hechos desde pistas clandestinas, típicamente hechas de tierra o grama, en Colombia y Venezuela, y recibidos en pistas similares en Honduras”, señala el documento.

Esta actividad no pasaba inadvertida. Desde este mismo espacio, en diversas oportunidades se reportó la existencia de una ruta consistente para los traslados de alijos desde Venezuela, primordialmente desde Apure y el sur del Lago de Maracaibo. Esta información surgía de los acumulados de trazas de vuelos sospechosos. El trayecto llegó a ser tan transitado a partir de la primera década del siglo, que los traficantes preferían destruir las avionetas una vez llegaban al suelo del país centroamericano. Ese era apenas un pequeño costo dentro de una operación de grandes magnitudes.

Pero el caso de JOH permite extraer más conclusiones. Su relacionamiento con los operadores de este tráfico era en dos direcciones. Por una parte, obtenía el dinero que tanto necesitaba para crecer como individuo y político. Por la otra, aseguraba la impunidad de los criminales, tanto en sus operaciones de tráfico como en el ejercicio de la violencia contra otras estructuras. Pero no se casaba con ninguno.

Porque Honduras, dentro de todo esto, continuó siendo un sistema competitivo. Esto obligaba a cada organización criminal a buscar sus padrinos dentro de la puja por el poder. Al clan de los Hernández se arrimaron varios grupos, como los Cachiros o el de Geovanny Fuentes. Pero esto no excluía la posibilidad de que las mismas organizaciones operaran con líderes de otros partidos, o de la misma tolda. La acusación contra JOH refiere específicamente a otro exmandatario, Porfirio Lobo, otro dirigente del PNH.

Así, la política hondureña se fue degradando. Poco antes de la caída de Manuel Zelaya, en 2009, los vuelos y envíos marítimos desde Venezuela a Honduras iban viento en popa. Todos se enriquecían. Pero los militares pusieron punto final a las aspiraciones reeleccionistas de Mel. Entonces, los traslados de alijos tuvieron un leve receso. Pero reiniciaron cuando la situación se estabilizó con Micheletti. A fin de cuentas, los traficantes también contaban con alianzas en los niveles más bajos de gobierno, que no fueron tocados durante la crisis presidencial.

El descenso de la institucionalidad hondureña no fue único en la región americana. En el otro extremo de la ruta, en Venezuela, también se producían fracturas propiciadas desde el centro de poder. La violencia criminal fue copando los espacios en ambos países.

No es casualidad que a partir de entonces Honduras y Venezuela ocuparan los primeros lugares en la lista de territorios con tasas de homicidios más elevadas, de acuerdo con los informes de la Organización de Naciones Unidas.

Ya en EE. UU., JOH ha insistido en su inocencia. Eso hará las cosas aun más interesantes, pues obligará a la parte acusadora a “prender el ventilador”, haciendo referencias a los cómplices del expresidente, al norte y al sur.

Breves

  • ¿Pudo evitarse esta nueva tragedia en Las Tejerías? Para el momento en que estas líneas eran redactadas, la organización Cáritas calculaba que el desbordamiento de la quebrada Los Patos había afectado a unas 1400 familias de esa población. El último parte de la Cruz Roja de Aragua señalaba que habían muerto 37 personas, y que se desconocía el paradero de otras cincuenta, por lo que la cifra de fatalidades debería ser más elevada. Hay además lesionados de gravedad dispersos por centros de salud de ese estado y de Miranda. Desde la semana anterior, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) estaba alertando sobre el incremento de la pluviosidad en la región central del país. En Las Tejerías hubo un primer aviso con la crecida del mismo cauce el 16 de septiembre. Y el Cuerpo de Bomberos de la región había observado la existencia de numerosas construcciones en sectores vulnerables. A pesar de las señales, las distintas instancias de gobierno permanecieron impasibles. No se trataba de algún impedimento legal. De hecho, la Ley de la Organización Nacional de Protección Civil y Administración de Desastres estipula que los alcaldes, gobernadores o la autoridad nacional pueden declarar el estado de alarma en alguna localidad, con el propósito de activar “recursos técnicos, humanos, financieros o materiales, con el objeto de reducir los efectos dañosos ante la ocurrencia inminente de un fenómeno natural técnicamente previsto”. Pero nada de esto se hizo. Luego, cuando ya la crisis estaba planteada, saturaron la zona de desastre con funcionarios, y desde el gobierno central emprendieron una operación de propaganda, en la que desde luego no cabían los periodistas independientes. De allí que el ministro Ceballos los califique de “estorbo”. No porque entraben la recuperación de las víctimas sino porque, precisamente, constituyen una voz disonante con respecto a la narrativa que se desea imponer, y según la cual esta fue una calamidad caída del cielo, ante la que poco o nada podía hacerse con antelación.
  • En el primer semestre de 2022, el Fisco dejó de recaudar cien millones de dólares por concepto de impuesto a la venta de cigarrillos. Según el director de Legal de la Cigarrera Bigott, Miguel Benzo, este es el resultado de una decisión del Gobierno, en cuanto a permitir la importación indiscriminada de derivados del tabaco, sin pagar aranceles ni contar con el correspondiente permiso sanitario, lo que además abre las puertas para daños aun más graves a la salud de los consumidores. De acuerdo con Benzo, la entrada masiva de cigarrillos desde lugares tan disímiles como Paraguay y Corea también pone en riesgo 18.000 puestos de trabajo. Bigott ha detectado la circulación de 127 marcas foráneas en el mercado nacional. Muchas son vendidas en forma detallada por buhoneros, mientras que otras llegan a los bodegones. Anteriormente, explicó Benzo, estas marcas llegaban en forma de contrabando, por los caminos verdes o en pequeñas embarcaciones, lo que posibilitaba cierto control. Hoy, lo hacen en contenedores que apenas cancelan en los puertos una fracción de su valor real. El precio de distribución de una cajetilla de estas puede ser 20 centavos de dólar, con lo cual no se puede competir. Esto sugiere la existencia de una vasta operación de lavado de dinero, que tiene casi inermes a las empresas legales del ramo.

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad. Y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

Crímenes sin Castigo | La resaca de la pandemia, por Javier Ignacio Mayorca
Durante los prolongados encierros por el covid-19 las estafas llegaron en Venezuela a niveles nunca vistos, que se mantienen a pesar del cese de las cuarentenas

 

@javiermayorca

El 21 de septiembre, un hombre acudió a la policía judicial para denunciar lo que describió como un “engaño”.

Cuando apenas iniciaba la jornada del día anterior, mientras se encontraba en su residencia de La Dolorita, recibió por WhatsApp el mensaje de un supuesto sargento de la Guardia Nacional, Abraham Ramos, para sugerirle que este era su día de suerte: lo habían seleccionado entre un gran número de aspirantes para la adquisición de ocho electrodomésticos de Tu Casa Bien Equipada.

Para acceder a los beneficios de este programa estatal, el hombre hizo tres transferencias bancarias, hasta totalizar 1055 bolívares. Pasaron las horas, y el sargento Ramos no daba acuse de recibo.

Al final del día, el hombre se percató de que había sido víctima de una estafa. El supuesto militar nunca le contestó.

Cosas como estas no solo afectan el patrimonio de individuos en los barrios. Tal parece que todos están expuestos. El 19 de septiembre, una empresa dedicada a la construcción de canchas deportivas, con sede en La Castellana, perdió 1600 bolívares cuando el director ordenó a su administradora transferir esa cantidad a través de pago móvil a una cuenta de Banesco que le había suministrado por WhatsApp uno de sus empleados. Cuando ya el dinero había sido entregado, la mujer recibió una nueva llamada de su jefe, para pedirle que no hiciera la operación. Según su relato, al empleado que supuestamente solicitó el adelanto de efectivo le habían hackeado su cuenta en la plataforma de mensajería. La plata terminó en los bolsillos de un tercero desconocido.

Las denuncias de estafas se multiplican en la policía judicial todos los días. Igualmente, las de delitos asociados, que permiten a los timadores avanzar en sus engaños. Uno de los más frecuentes es, precisamente, la suplantación de identidad a través de medios informáticos.

El 22 de septiembre, por ejemplo, un hombre recibió a través del sistema de mensajería un texto atribuido a la sección de Atención al Cliente de Movistar, que le ofrecía “mejoras en el servicio”. El hombre aceptó la propuesta, a pesar de que era remitida desde un número de Movilnet. Luego le enviaron un código por mensaje de texto, y él tenía que reenviarlo al presunto representante de la telefónica española. Al concretar esta operación, se percató de que se habían apropiado de su cuenta de WhatsApp.

Quien escribe esta columna también recibió una llamada de un supuesto operador de la empresa telefónica, el 25 de septiembre, con una propuesta similar. Al igual que en el caso ya referido, la voz salía de un número desconocido, de una operadora distinta a la que decía representar.

Al llevar a cabo esta maniobra, el estafador puede ocultar su verdadera identidad, para convertirse en la famosa María, que ahora también se llama Andrea, a juzgar por la denuncia de una mujer que perdió el equivalente a 400 dólares, ante una propuesta de cambio de divisas. Ella transfirió a la cuenta que le suministraron, el 22 de septiembre, pero la tal Andrea nunca se hizo presente para entregarle los billetes norteamericanos.

Otra variante de la estafa es perpetrada por ladrones de celulares. Este caso fue conocido directamente de una persona en Lechería, que se salvó de ser victimizada gracias a su intuición. A un vecino de su edificio le hurtaron su teléfono. Antes de que se diera cuenta de lo ocurrido, sus contactos en el chat del edificio recibieron mensajes solicitando transferencias urgentes, por zelle o pago móvil, porque supuestamente había que comprar medicamentos. Algunos, cayeron en el engaño.

Durante la era del covid-19, las estafas se convirtieron en el delito de moda, tanto en Venezuela como en el resto del mundo. El tiempo de exposición a medios informáticos creció exponencialmente, aun en países como este, donde el acceso a tales recursos sufre de grandes limitaciones. Y con ello, también aumentaron las oportunidades para los timos de todo tipo. Los engaños con pérdida patrimonial afectaron no solo a los individuos y las empresas, sino también a los Estados, al punto que tanto Interpol como el Consejo de Europa emitieron en esa oportunidad alertas en torno a los riesgos de victimización por estafas.

Ya finalizaron las cuarentenas a propósito del virus. Sin embargo, las estafas quedaron allí, como cuando se padece de los efectos colaterales de la enfermedad. Es la resaca del covid-19.

Durante el primer semestre de 2022 fueron formuladas más de 3400 denuncias sobre estafas y delitos informáticos asociados a ellas. Un promedio de 136 casos nuevos todas las semanas. La cifra va repuntando. En una semana de agosto fueron procesadas 241 denuncias.

El director de la policía judicial, comisario general Douglas Rico, ha hecho algunos esfuerzos por alertar a la población. A través de sus redes sociales, ha advertido sobre lo que se oculta tras los mensajes de la tal María. Y ha enfatizado más todavía sobre los riesgos de negociar con base en ofertas divulgadas desde Facebook Marketplace, donde no solo se gestan estafas sino también robos y secuestros que, en algunos casos, han finalizado en homicidios.

Pero esto no ha sido suficiente. La victimización va en aumento. Desde el ámbito privado, la Cámara Venezolana de Comercio Electrónico también ha intentado establecer mecanismos de certificación de las plataformas a través de las que se compran y venden bienes y servicios en el país. El presidente de esta entidad, Richard Ujueta, informó que trabajan de cerca con la división de Delitos Informáticos del Cicpc para identificar nuevos procedimientos de fraude. En mayo, Cavecom se hizo eco de la alerta policial sobre las estafas con transacciones en criptomonedas, que se inician cuando la víctima entra a un enlace suministrado, que conduce a una “página espejo” de la plataforma de monedas virtuales.

En otros países, iniciativas como la de Ujueta han contado con enorme eco en las entidades oficiales. De hecho, en Estados Unidos y Europa existen alianzas formales e institucionalizadas entre los sectores privados y públicos, con el propósito de blindar el comercio electrónico. Cada estafa de María, Andrea o como se llame, cada página falsa que se apropia del dinero de una víctima, contribuye a cimentar la desconfianza en estas formas de comercio. Y eso tiene un impacto negativo sobre la economía del país.

En la Venezuela de 2022 los timos con nuevos formatos coexisten con los viejos procedimientos. El país todavía está cruzado por gente de carne y hueso que hace ofrecimientos engañosos de cuerpo presente, para luego desaparecer con el dinero de las personas que le depositaron su confianza. El 15 de septiembre, por ejemplo, un hombre perdió más de 24.000 dólares luego de pagar por la inicial de un apartamento a una inmobiliaria cuya oficina está en el Centro Ciudad Comercial Tamanaco (CCCT). La compañía le dijo a la víctima que nunca recibió los dólares, y el agente que estaba encargado de esta operación por parte de la empresa desapareció.

Las estafas generalmente ocurren en contexto de extrema premura. Recientemente, se detectó que delincuentes informáticos habían montado en Instagram la versión online de una distribuidora de electrodomésticos, ubicada en la avenida Francisco de Miranda con Los Cortijos, reconocida por sus bajos precios. Los estafadores, sin embargo, decían que solo trabajaban mediante delivery, previo pago por transferencia. Ofrecían televisores, equipos de sonido y otros artículos, con la advertencia de que los precios tenían validez solo ese día. La mercancía, desde luego, nunca llegaba al comprador.

Breves

  • Desde la policía judicial llegan noticias preocupantes. El 21 de septiembre, efectivos de la Delegación Estatal Apure de ese cuerpo apresaron a los detectives jefes Danny Yosmeiro Díaz, de 30 años de edad; Yohannys Yosmar Pantoja, de 27 años y Rency Javier Tovar, de 32 años, señalados por un civil por el presunto robo de cinco mil dólares en efectivo. El denunciante, Luis Zapata, de 27 años, también fue privado de libertad. Según la minuta preliminar, los investigadores llegaron a la convicción de que tal asalto en realidad fue lo que popularmente se conoce como un “tumbe”, en el que los agentes se habrían quedado con la divisa estadounidense, así como con cinco kilos de marihuana que supuestamente iban a ser transados con esta cantidad. Algo poco creíble si se toma en cuenta el precio máximo del cannabis en el mercado venezolano (160 dólares el kilo, según ONU). Este procedimiento se llevó a cabo entre Achaguas y San Fernando de Apure. Cabe destacar que en Achaguas también fue detenido el detective del Cicpc Juan Pantoja por una presunta extorsión. Este procedimiento fue practicado en julio por efectivos de Contrainteligencia Militar, que posteriormente también fueron apresados, al constatarse que habían matado al policía en una sesión de torturas. Las señales de degradación del cuerpo investigativo son permanentes.
  • El 6 de septiembre, la defensa del exalcalde de Guanta Jhonnathan Marín solicitó al magistrado del Distrito Sur de Florida Robert Scola (el mismo del caso Alex Saab) la postergación hasta el 24 de octubre de la audiencia de sentencia, inicialmente pautada para el 12 de septiembre. En la petición, el abogado Michael Nadler argumentó que las partes todavía estaban “discutiendo asuntos” relativos al arreglo entre Marín y la Fiscalía. El exgobernante municipal se declaró culpable por un cargo de lavado de dinero, procedente de sobornos en contrataciones con Petróleos de Venezuela, entre 2013 y 2017. En función del arreglo con los acusadores, se comprometió a entregar 3,8 millones de dólares. Marín supuestamente se valía de su influencia sobre el oficialismo para orientar las contrataciones de Petrocedeño, en favor de una compañía, la cual a su vez le transfería las comisiones a la cuenta de su cónyuge Esneidy Mayerling Villanueva Medina, o de dos corporaciones registradas en Florida, Inversiones JM 2004 CA Corp y Group Services & Transporte VIP CA Inc., en las que Villanueva aparece como directora. Desde Miami, Marín ha divulgado ataques contra el fiscal designado por la ANC, Tarek William Saab, señalándolo de mantener influencia sobre las contrataciones de la estatal petrolera, a través de su hermano Douglas Saab. Marín no ha presentado indicios que permitan corroborar estas afirmaciones. Sin embargo, en esta disputa se sitúa al lado de quien fuera el zar petrolero venezolano, Rafael Ramírez, quien también ha amenazado con dar a conocer los trapos sucios del actual titular del Ministerio Público y exgobernador de Anzoátegui.

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad. Y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

Crímenes sin Castigo | Estación terminal Bogotá, por Javier Ignacio Mayorca
En su avance por Latinoamérica, el Tren de Aragua está regando cadáveres por la capital colombiana. Si Maduro atiende a las exigencias de las autoridades neogranadinas, esta podría ser la última parada de la megabanda

 

@javiermayorca

El martes 13 de septiembre, la alcaldesa de Bogotá Claudia López divulgó el contenido de una carta remitida la semana anterior al recién designado canciller, Alvaro Leyva, con el propósito de solicitar sus “buenos oficios” ante el gobierno de Nicolás Maduro, en un contexto de extrema urgencia.

La gobernante de la capital neogranadina detectó que un brote de violencia homicida, cuyo saldo hasta el momento es de 23 muertos, tendría su origen a mil kilómetros de distancia, en las celdas del Internado Judicial del estado Aragua, mejor conocido como Tocorón.

Las pesquisas de un grupo especial contra la delincuencia organizada, que consta de 54 efectivos, han establecido un nexo entre esos asesinatos y la megabanda conocida como Tren de Aragua. Comprender esta situación puede ser muy complicado para alguien que no esté bien empapado de la realidad venezolana. Incluso en Colombia, donde los grupos armados no estatales han hecho de las suyas durante más de medio siglo, se preguntan cómo es posible que desde los confines de una instalación teóricamente bajo el control del Estado venezolano se coordinen lo que López describió como “vendettas por la disputa de rentas ilícitas de narcotráfico y otras actividades”.

López es una mujer surgida del mundo académico, donde llevó a cabo estudios sobre los problemas de violencia en Colombia, como la llamada “parapolítica”. Se inscribe dentro de la línea “progresista”, lo que la coloca muy cerca del nuevo presidente Gustavo Petro.

Según el secretario de Seguridad de la alcaldía bogotana, Aníbal Fernández Soto, la cuenta de cadáveres corresponde solo al año en curso. Muchos de ellos fueron encontrados en sectores como Kennedy, Engativá y Suba, envueltos en bolsas plásticas, desmembrados y con señales de torturas. En cinco casos, se probaron vínculos entre estos homicidios y la megabanda aragüeña. Son los crímenes más antiguos. En otros, ni siquiera se ha logrado una identificación plena de las víctimas. Un factor que contribuye en el retardo de estos procesos, indispensables en un sistema penal donde prevalece la legalidad, es la ausencia de cooperación en el plano policial con el régimen venezolano. De allí que, de acuerdo con Fernández, las averiguaciones entren en una calle ciega.

En otras palabras, el Tren de Aragua aprovechó la ruptura de relaciones entre Colombia y Venezuela para expandir sus operaciones hacia el vecino país, y garantizar un margen de impunidad. Se confirma aquí ese principio según el cual la delincuencia organizada transnacional no reconoce soberanías. Por el contrario, explota estos desencuentros para potenciar sus ganancias.

Con la reanudación de la diplomacia entre Colombia y Venezuela, Claudia López ha visto una ventana de oportunidad. En su narrativa, lo primero que se debe hacer es “aislar” al liderazgo de la megabanda. En la misiva dirigida al canciller Leyva, explica que es necesario “reforzar las medidas de efectiva privación de libertad”. Algo que debería ser aplicado de inmediato contra Héctor Guerrero Flores (Niño Guerrero) y Giovanny Vicente Mosquera Serrano (Viejo Viejo), un sujeto proveniente de la banda de Kenferson Sevilla, alias Flipper, supuestamente transformado en lugarteniente de Guerrero.

Para las autoridades venezolanas, por cierto, Mosquera Serrano se encuentra “en fuga”, no en Tocorón.

Error estratégico

El inicio de la disputa por el control de parcelas de Bogotá podría situarse en octubre de 2021, cuando ya se avizoraba un término a la pandemia por la covid-19. En esos días, la Policía Metropolitana anunció la captura de quince integrantes de la banda Los Camilos, señalados de dominar el tráfico de drogas en pequeña escala en localidades como Bosa, Kennedy, Tunjuelito, Soacha y Flandes (Tolima).

Fernández Soto explicó que, cuando estos sujetos fueron sacados del juego, otros intentaron ocupar los territorios vacantes. Algunos pertenecían a Los Camilos, mientras que otros formaban parte de grupos como el Tren de Aragua y Los Maracuchos, dispuestos a tomar las plazas a sangre y fuego. Otras seis organizaciones han sido identificadas, pero hasta el presente no han entrado en la disputa.

En honor a la verdad, se debe indicar que la megabanda de Tocorón no es la primera que incursiona desde Venezuela hacia territorios del vecino país. Los propios medios colombianos han informado sobre las andanzas de la estructura comandada por un ex guardia nacional, Erick Alberto Parra Mendoza, o Yeico Masacre, que se extendió hacia Barranquilla mucho antes de que hablaran del grupo de Niño Guerrero. Lo mismo sucedió con la organización conocida como Los Meleán. Pero la banda nacida en Aragua es definitivamente la que más lejos ha llegado, dejando a su paso un rastro de violencia, en las trochas que dan hacia Cúcuta y otras localidades de Norte de Santander.

Durante la era Duque, Maduro tenía la coartada perfecta. Como los canales de comunicación formales estaban literalmente bloqueados, pues no había nada qué hacer. Las quejas de los medios de comunicación en Colombia no suscitaban ninguna reacción en Caracas, pues no eran oficializadas.

Ahora, la situación está cambiando. Con el restablecimiento de las relaciones se abre la posibilidad de que los colombianos obtengan las informaciones necesarias para la plena identificación de los delincuentes y sus víctimas, en caso de que sean venezolanas. Del otro lado, desde Bogotá podrán enviar sus exhortos a Caracas, para que hagan algo con respecto a la banda de Niño Guerrero, ahora convertida en una piedrita en el zapato de Petro y sus propósitos de la “paz total”.

Con lo hecho en Colombia, y anteriormente en Chile, el Tren de Aragua cometió un error estratégico, que diferencia a esta organización de las que son más enraizadas, duraderas y temibles. Gayraud lo explica: las verdaderas mafias prefieren manejarse con esquemas de baja visibilidad, que aplican un control estricto a la violencia. “Con la violencia, una mafia queda al descubierto, se coloca en el punto de mira de la policía”, afirma el tratadista. Al enfrascarse en una escandalosa disputa, es posible que el Tren de Aragua esté arribando en Bogotá a su última parada.

Breves

  • Dos modalidades de estafas han perdurado en el país, y actualmente intentan retomar cierto auge. La primera es conocida tradicionalmente con el nombre de “nigeriana”, por el país que la popularizó en la última década del siglo pasado. Entonces, el medio de transmisión de los mensajes para enganchar a las potenciales víctimas era el telefax. Ahora, es el correo electrónico. Un texto transmitido por este medio el 25 de agosto es atribuido a Zeeshan Ahmed, supuesto manager del Dubia Islamic Bank. (Sí, Dubia). Para mayor confusión, el remitente asegura que sus oficinas están en Dubai. En el correo, invita a un plan de inversión. Dice tener 9,5 millones de dólares en “exceso de las ganancias” correspondientes al último ejercicio fiscal. Ahmed quiere formar una “sociedad”, consistente en entregar los fondos a una cuenta bancaria de la víctima, para que luego ella los transfiera con 45 % de descuento a otra del mismo titular, abierta en su banco. La oferta es tentadora, pues dejaría más de cuatro millones de dólares de ganancia. Al que desea embarcarse en ese esquema, le cobrarán 1500 dólares en comisión por la apertura de esa cuenta en el Dubia, y después Ahmed desaparecerá. Los correos con estas propuestas son distribuidos por cientos de miles, en diversos idiomas, a un costo nulo para los estafadores. De esos miles, alguien cae. Otro engaño muy difundido consiste en la apropiación de los datos de las cuentas bancarias que los venezolanos han abierto en EE. UU. Los correos personales reciben una notificación, por ejemplo, del Bank of America, en la que solicitan entrar por un enlace suministrado para facilitar la actualización de los datos. En realidad, en un phishing. Estos datos son usados posteriormente para hacer consumos y transferencias en línea. En ambas modalidades, las posibles víctimas no tendrán ninguna instancia en la cual formular sus denuncias. Y de hacerlas ante Cicpc no habrá forma de avanzar en las pesquisas, debido al aislamiento internacional de la policía de investigación venezolana.
  • En la semana que finalizó el domingo 11 de septiembre, las policías Nacional y de Miranda participaron en un operativo masivo en los Valles del Tuy. De manera extraoficial, se indicó que el cometido era dar con el paradero del grupo liderado por Deiber Johan González, alias Carlos Capa, señalado por las muertes del supervisor jefe de la policía de Charallave Richard José Rondón y de su esposa Roxanna Hernández, en la vía Ocumare-Santa Teresa. Pero estos son apenas dos de una larga lista de homicidios atribuidos a esta organización. Por ejemplo, en julio un tiroteo entre los seguidores de González y una banda liderada por alias Chaflán ocasionó cinco muertos en Quiripital (municipio Lander). De igual forma, la banda se ha involucrado en diversos secuestros en los que las víctimas son atraídas al lugar de intercepción mediante ofertas de vehículos divulgadas por la plataforma Facebook Marketplace, tanto en los Valles del Tuy como en estados andinos. En un caso instruido en junio, la División Antisecuestros de la policía judicial identificó a los supuestos cómplices de González: Wilmer Leonardo Velásquez, Kelis Cruz Sanoja (Virolo), Yirson Manuel Mendoza (Veneno), Indegar Cordero (Marevi) y John Lenigen Luna. El crecimiento de la banda de Carlos Capa no sería posible sin contar con las complicidades de funcionarios, que avisan sobre los operativos de los cuerpos de seguridad y contribuyen a establecer posibles objetivos o víctimas de robos y secuestros. En este caso, hasta ahora han sido detenidos altos cuadros de las policías de Yare y Urdaneta. Pero Carlos Capa se mueve por todos los Valles del Tuy.

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Crímenes sin Castigo | Los muertos de Pdvsa, por Javier Ignacio Mayorca
Los extrabajadores de la estatal petrolera plantean al Gobierno una protesta de vida o muerte, surgida del expolio del Fondo de Pensiones

 

@javiermayorca

El 25 de agosto, mientras la cotización del dólar continuaba su carrera ascendente, los pensionados y jubilados de Petróleos de Venezuela salían a las calles de por lo menos cuatro estados del país, para exigir al Gobierno el cumplimiento inmediato de los compromisos contraídos con los trabajadores que entregaron los mejores años de sus vidas productivas a la principal industria del país.

Los reclamos de los exempleados de la estatal se circunscribían a dos aspectos: el pago puntual de las jubilaciones, por una parte, y en segundo lugar la cancelación de los intereses devengados por cada uno de ellos, en virtud de sus aportes al Fondo de Jubilaciones.

En Caracas, los manifestantes no pudieron pasar al interior de las instalaciones de Pdvsa La Campiña para dejar constancia de sus reclamos.

No obstante, días atrás hicieron llegar sus planteamientos al propio Nicolás Maduro. El 28 de junio, 43 miembros de la asociación suscribieron una carta consignada en el despacho de la Presidencia, en la que solicitaban la designación urgente de una comisión de alto nivel para llegar a un consenso en torno a cuáles serían las medidas a tomar en lo inmediato.

Esta protesta tiene su origen en las irregularidades que se gestaron durante la administración de Rafael Ramírez al frente de la estatal, y que terminaron en un desfalco monumental.

Según la carta enviada al gobernante, todo comenzó en julio de 2009, cuando el entonces zar petrolero venezolano impulsó una reforma al Estatuto Fundacional del referido fondo. Los cambios fueron oficializados en 2014, ante una oficina subalterna de registro de Caracas.

La misiva al presidente indica que esta alteración “permitió a Pdvsa disponer de manera dolosa de 2707 millones de dólares” del patrimonio perteneciente a los trabajadores.

En julio de 2018, la organización de jubilados de Monagas solicitó una investigación sobre aquellos hechos ante el Ministerio Público. Entonces, Ramírez ya era un rey caído, que veía cómo se desarrollaba la crisis venezolana refugiado en las comodidades que le ofrecía Italia. El promotor de la Pdvsa “roja rojita” ahora intentaba marcar distancia con respecto a Maduro, calificando de políticas las acusaciones en su contra por presunta corrupción.

La carta remitida al jefe del Estado fue redactada en términos sobrios, probablemente para no levantar susceptibilidades, en el entendido de que muchos de sus firmantes, e incluso de las personas que hoy toman las calles, probablemente guardaron discreto silencio frente a las arbitrariedades que, desde muy temprano en la era Chávez, convirtieron a Petróleos de Venezuela en la caja chica del oficialismo y, según los datos que van surgiendo, de más de un opositor.

Este documento refiere que, en octubre de 2021, fue entregada una propuesta de convenimiento de pago al Ejecutivo, en la persona del viceministro de Finanzas Oswaldo Pérez. Según este planteamiento, cada jubilado recibiría el equivalente a 13,5 petros mensuales, a partir del 1 de enero hasta el 30 de junio.

Los extrabajadores de la petrolera venezolana no han recibido respuesta sobre este particular. De manera que solo devengan el equivalente a 200 dólares mensuales, aunque el compromiso adquirido desde 2018 por el propio Gobierno era de 660 dólares.

¿Qué sucedió con el Fondo de Pensiones? Tal y como se ha afirmado en este espacio, una parte importante de la historia del país se está escribiendo en los tribunales de EE. UU. Allá están las respuestas. En este caso, una porción de los ahorros de los trabajadores se desvaneció por los manejos de Francisco Illaramendi, socio fundador de la firma Highview Point Partners con la complicidad de dos altos ejecutivos de Pdvsa. De acuerdo con un resumen del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), este hombre asesoraba a fondos buitres a través de los cuales eran manejados recursos de la empresa petrolera.

Illaramendi comenzó sus andanzas en 2006, y según la acusación consignada en el Segundo Circuito de Connecticut, para el año en que fue detenido (2011) había acumulado pérdidas de 700 millones de dólares, las cuales ocultaba a sus clientes mediante la falsificación de documentos y una centrífuga, en la que el dinero de las nuevas víctimas era usado básicamente para mantener a raya el descontento de las más antiguas. Al margen de esto, las autoridades estadounidenses constataron que Illaramendi engrosó sus cuentas personales, con las que incluso financió la construcción de una mansión de 20 millones de dólares en New Canaan.

Pero, según las cuentas de los extrabajadores de la estatal, el hueco en el fondo de pensiones era mucho mayor que 700 millones de dólares. El dinero de estos ahorristas no solo terminó en los bolsillos del asesor financiero, que eventualmente admitió su culpabilidad. También pudo ser enviado en maletas a Argentina, o para financiar al gobierno nicaragüense, o las iniciativas de Piedad Córdoba y sus aliados irregulares, o engrosar las cuentas de los socios de Ramírez en la Banca Privada de Andorra. Es por eso que en EEUU prevalece el criterio de que Pdvsa no era -ni es- tan solo una corporación de negocios petroleros, sino una “instrumentalidad” del gobierno venezolano, una herramienta para la consecución de sus más diversos propósitos.

Para los exempleados, el pago de los compromisos por parte del Gobierno es una cuestión vital. Por eso, plantean al mandatario que tome las medidas pertinentes para superar lo que califican como una “inmoralidad”.

“Es injusto que luego de promediar 37 años de dedicación exclusiva a nuestra industria terminemos sin recibir en vida lo que nos corresponde por derecho”, indicaron.

La carta consignada en el palacio de gobierno indica que todos los meses fallecen en promedio 3 e empleados de la estatal petrolera, “por no disponer de ingresos suficientes para costear (los tratamientos a) nuestras patologías”.

Los datos manejados por Mario Benítez, miembro de un equipo multidisciplinario que respalda a la Asociación de Jubilados y Pensionados de la petrolera, indica que solo este año han fallecido treinta extrabajadores de la estatal. Hubo casos dramáticos, como el de José Zerpa, que carecía de dinero para costear su tratamiento. En la crisis terminal, las clínicas de Maturín se negaron a recibirlo porque la petrolera tiene una deuda crónica con las aseguradoras. O Luis Salazar, que pereció en Carúpano porque no tenía fondos para pagar una operación de corazón abierto a la que tenía derecho como jubilado. Según Benítez, desde 2019 hasta el presente han muerto 2630 extrabajadores de Petróleos de Venezuela debido a la ausencia de cuidados, en especial durante la crisis por la covid-19.

“Si los hubiesen atendido, esta cifra baja”, aseguró.

Esta es una prueba clara de que la corrupción, a pesar de tratarse de un delito que prospera en las sombras y en silencio, sí deja en el camino una estela de muertes.

Breves

  • En los primeros ocho meses del año, el Cuerpo de Guardacostas de las Antillas neerlandesas ha informado sobre incautaciones de drogas, primordialmente cocaína, que sobrepasan las ocho toneladas en total. Solo el 11 de agosto, gracias a dos operaciones consecutivas, fueron decomisados 2900 kilos de sustancias prohibidas. En uno de los procedimientos, los contrabandistas arrojaron por la borda parte de los alijos. Tres de estos paquetes terminaron en una playa del norte de Aruba. Esta situación no se compagina con una mayor actividad por parte de los cuerpos policiales venezolanos. Luego de los hallazgos divulgados en marzo, en el curso de las pesquisas sobre el llamado “cartel de Sabana Alta”, por los que fueron detenidos dos diputados oficialistas y una alcaldesa, también ligada al partido de gobierno, no se ha reportado ningún decomiso de consideración por instituciones de alcance nacional. Tampoco por parte de la secretaría de Seguridad de Falcón. De hecho, una revisión a la casuística indica que en ese estado solo han reportado hallazgos de pequeñas porciones de drogas y la detención de traficantes de esquina. Esto sucede justo en el momento en que más droga están decomisando en las islas. Pareciera entonces que la ruta falconiana permanece activa para los transportistas de drogas.
  • A pesar de los llamados a la prudencia por parte de diversas autoridades, la ruta centroamericana parece estar más activa que nunca para los venezolanos que aspiran a pisar suelo estadounidense. Varios datos apuntan en esta dirección. En primer lugar, ha ocurrido un desplazamiento de los pasos legales hacia la frontera norte con Colombia. El último total aportado por la autoridad migratoria del vecino país indica que por lo menos sesenta mil venezolanos han entrado a ese territorio por el puesto de Paraguachón. A partir de allí, pueden llegar con mayor rapidez a Necoclí, la población del Golfo de Urabá desde la que parten las lanchas a Capurganá, donde se inicia la caminata hacia el Darién panameño. No obstante, gracias a organizaciones de protección a los derechos humanos, se conoce que las rutas se han diversificado. Incluso, hay una que conecta vía aérea desde Bogotá a San Andrés, y de allí a Bluefields, en Nicaragua. Las estadísticas de la agencia de Protección Aduanera y Fronteriza de EE. UU. revelan que, a partir de mayo, el flujo de nacionales a ese país ha tenido un crecimiento exponencial. Entre enero y julio, los guardias fronterizos han detectado el paso de 69.940 venezolanos, en lo que denominan “encuentros”. Todo esto sucede exclusivamente en la zona limítrofe con México. La diáspora venezolana ha incrementado el atractivo para los traficantes de personas que operan entre Panamá y Río Bravo. Cada emigrante debe gastar por lo menos 1500 dólares, en comida, ropa y, esencialmente, el pago de distintas sumas exigidas como peajes por grupos del delito organizado. Esto implica que, solo en 2022, la diáspora ha dejado 104,9 millones de dólares a lo largo del trayecto hacia EE. UU. Este es un estimado conservador, pues hay testimonios que indican gastos superiores al mínimo utilizado para elaborar este cálculo.

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Crímenes sin Castigo | La FAN cambiará uniformes, por Javier Ignacio Mayorca
El proyecto de reglamentación del uniforme militar formaliza la entrega al presidente del grado de comandante en jefe y acentúa la ideologización dentro de las filas castrenses

 

@javiermayorca

Cuentan que en febrero de 1999 el entonces presidente electo Hugo Chávez quería recibir la banda de la Primera Magistratura enfundado en su uniforme de teniente coronel del Ejército.

La jugada del oficial fue atajada a tiempo por quien era jefe del Comando Unificado de las Fuerzas Armadas (Cufan), Noel Martínez Ochoa. Este general de división se trasladó a La Viñeta, donde Chávez despachó durante la transición, y logró convencerlo de que utilizar la vestimenta militar no era lo más apropiado para la toma del juramento presidencial ante el Congreso de la República.

Pero Chávez no daría su brazo a torcer. A partir de ese momento, insistió permanentemente para que la jerarquía castrense le abriera la posibilidad de utilizar un uniforme militar. Como le daban largas al asunto, en 2007 aprovechó las facultades que le habían conferido a través de una Habilitante, y reformó mediante un decreto la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional. Desde entonces, los analistas coincidieron en que el jefe del Estado “se ascendió” al grado de comandante en jefe. Y en los actos en cuarteles se dio el lujo de vestir un uniforme creado a la medida de sus deseos.

El uso del uniforme es un aspecto relevante dentro del mundo castrense. En el Reglamento de Servicio en Guarnición se fijan las normas por las cuales un profesional de armas debe y puede vestirlo. En general, cuando pasan a retiro solo pueden portarlo en fechas de significación, como por ejemplo el Día del Soldado.

Excepto el presidente.

Maduro pudo dar vuelta atrás a este afán de su predecesor. Pero no lo hizo. Por el contrario, a partir de febrero de 2020 comenzó a portar el mismo traje de comandante en jefe que utilizó Chávez.

Todo esto sucedía sin que existiera una norma clara. Hasta que, en julio, el ministro de la Defensa Vladimir Padrino remitió a las unidades castrenses un proyecto de reglamentación sobre los uniformes militares.

“El uso de uniformes y emblemas (…) debe considerarse un privilegio y motivo de prestigio personal para todos los integrantes de la FANB, quienes deberán portarlo con la corrección, decoro y marcialidad que corresponde”, dice uno de los artículos del documento, de más de 430 páginas.

Uno de los capítulos se refiere, precisamente, a la vestimenta del comandante en jefe. Según el general de brigada del Ejército (retirado) Antonio Rivero, esto va más allá que lo de un simple atuendo.

“Se oficializa que el presidente de la República es militar activo. No puede ser. Se le impone un grado militar de actividad al presidente. Eso lo habían establecido ya, pero lo resalto pues ahora se reglamenta. Algo distorsionado del ejercicio democrático, de estar sujetos los militares al mando civil”, advirtió.

De acuerdo con la propuesta de reglamentación, el comandante en jefe llevará toda una parafernalia, en la que figura un bastón de mando, coronado con una estrella roja. Y los oficiales y tropas asignados a la comandancia en jefe también deberán utilizar un ropaje especial.

Resulta complicado imaginar al actual mandatario utilizando este uniforme en un acto militar, más aun cuando, en las últimas fechas patrias, ha optado por hablar mediante teleconferencia, y representarse en el sitio del evento a través de un muñeco inflable, inspirado en los héroes de historietas.

Más allá de los aspectos anecdóticos, la norma planteada por Padrino avanza en detalles que sugieren una mayor ideologización de la FANB. Esto se evidencia con la incorporación del color rojo en gorros y segmentos de uniformes de todos los componentes castrenses.

“El uso del rojo se institucionalizó en la FANB, en razón de lo que implica ese color para un partido político, el partido del régimen. Ese color no es propio en la actualidad de la FANB sino como algo decorativo, con algunos matices”, afirmó Rivero.

Este sea quizá uno de los “grandes cambios” anunciados por Padrino durante una intervención pública, el miércoles 10 de agosto. Pero esas transformaciones tendrán elevados costos para el país.

Según el general de brigada retirado del Ejército Rodolfo Camacho, el reglamento divulgado por el titular de Defensa implica erogaciones de tal magnitud que podría resultar inaplicable en el futuro inmediato.

“Pensar que cumplirán con esas dotaciones, no lo creo. Será muy difícil por los costos. Ese cambio debe estar costando más de 40 millones de dólares, sin mucho esfuerzo”, calculó este oficial, quien fue director de Doctrina del Ceofanb.

Advirtió que el personal subalterno de la institución armada podría correr con buena parte de los costos que implica la adquisición de nuevas vestimentas con sus respectivas insignias y demás accesorios. Indicó que cada uniforme tiene un costo que va de 30 a 40 dólares.

“Van a recargar a subalternos las compras de los accesorios, las botas, guantes, rodilleras, coderas, eso seguro lo recargarán a subalternos. Es bien penoso”, dijo.

En estos días, está en desarrollo un proceso de consulta en torno a este documento. Pero, tal y como han sucedido las cosas en el mundo militar, lo más probable es que sea implantado con apenas algunos cambios cosméticos.

Breves

  • Dos venezolanos (uno de ellos mujer) fueron detenidos en República Dominicana señalados de participar en “una red transnacional de crimen organizado que se dedica, mediante engaño, a captar, transportar, trasladar y acoger, bajo amenaza y coacción, a múltiples víctimas de diferentes nacionalidades, con fines de explotación sexual”. Las procuradoras especializadas contra el tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas Yohanna Bejarán Álvarez y Aleika Almonte Santana solicitaron la privación de libertad de los venezolanos Alejandro Arturo Batista Bustamante, alias Gato, y Cristina Virginia González Hernández porque supuestamente eran parte de esta organización que, según relación pormenorizada, victimizó a por lo menos ochenta colombianas. No obstante, la acusación entregada el 5 de agosto indica que entre las mujeres prostituidas también hay venezolanas, que se encontraban “en estado de necesidad y pobreza”, lo que facilitaba el proceso de captación por la estructura de unas quince personas, liderada por los dominicanos José Miguel Michel y Daniel Inirio Abreu. La investigación policial, bautizada Cattleya, comenzó en 2021 y se extendió por más de ocho meses. Los funcionarios se hicieron pasar por clientes, y así pudieron precisar cómo las mujeres eran explotadas. A ellas les ofrecían trabajo en sectores turísticos de Dominicana. Pero cuando llegaban les indicaban que debían pagar deudas que iban desde los tres mil a los cuatro mil dólares, y que se iban incrementando en la medida en que ellas necesitaban ropa, alojamiento, alimentación y, en ocasiones, drogas. Quedaban casi como esclavas. Los proxenetas podían cobrar entre 150 y 200 dólares por una hora de sexo, hasta 600 dólares por una noche completa. Pero no entregaban nada a las prostitutas, pues alegaban que todo era para cubrir la deuda contraída. Como sucede tradicionalmente en estos casos, la red cuenta con la complicidad de policías turísticos, que se hacían de la vista gorda ante las quejas de las propias mujeres explotadas. Igualmente, en los países de origen de las mujeres, donde se han dado a la tarea de amenazar a los familiares. En cuando a los venezolanos implicados, también se intenta identificar plenamente a un tercer operador de la red, conocido con el alias de Timoti.
  • El Instituto Nacional de Parques (Inparques) ha emprendido la formación de una nueva camada de integrantes del llamado “cuerpo civil de guardaparques”, a través del cual se intenta ejercer labores de vigilancia en los espacios bajo su responsabilidad. En este proceso, surgieron quejas debido a lo que aparentemente es un énfasis muy marcado en los aspectos de capacidades físicas de estos vigilantes, dejando de lado lo que debería ser la configuración de un grupo destinado a la preservación y buen disfrute del recurso natural. En julio, el sindicato de empleados de Inparques recibió quejas por la rigurosidad de las pruebas de resistencia. Ya en este mismo espacio se había informado sobre las críticas de un sector de la institución a la activación de un cuerpo parecido a una policía de parques, aunque sin contar con las facultades legales para esto. En diciembre de 2021, el Ministerio Público procesó la denuncia de un usuario del Ávila, lesionado al recibir golpes con un tubo por parte de un vigilante uniformado de este grupo. Previamente, otro vigilante fue señalado por supuestos actos lascivos a una mujer. Frente a tales denuncias, que configurarían faltas graves o delitos, la actitud de la jerarquía pareciera ser la transferencia a cargos administrativos.

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