Javier Ignacio Mayorca, autor en Runrun

Javier Ignacio Mayorca

Crímenes sin Castigo | Un tuit contra la historia, por Javier Ignacio Mayorca
En menos de 140 caracteres, el titular de Relaciones Interiores intentó despachar a fuerzas que incluso propiciaron la caída de uno de sus antecesores

 

@javiermayorca

El domingo 21 de noviembre, todo parecía que iba a marchar de una forma inusitadamente tranquila. Hasta que, poco después del mediodía, frente al centro de votación instalado en una pequeña escuela del estado Zulia, aparecieron los mismos actores de siempre.

Los relatos de los testigos presenciales y de algunos sobrevivientes coinciden en la esencia: estos individuos, que iban en camionetas de alta gama y en motocicletas, “manifestaron que allí nadie iba a votar, y que no podían estar”. Como la gente reviró, hicieron “múltiples disparos en contra de los presentes”.

Los videos transmitidos a través de las redes sociales indican que, con las detonaciones, la mayoría corrió a buscar resguardo. Muchos de ellos irrumpieron en la unidad educativa Eduardo Emiro Ferrer, con la esperanza de que los efectivos de la Operación República los protegieran.

Afuera, quedó el cadáver de Antonio José Tovar Villasmil, un ingeniero metalúrgico de 34 años de edad. Fue impactado por un proyectil en el costado izquierdo. Otras dos personas resultaron heridas en las piernas.

El director de la policía judicial, Douglas Rico, emitió en su cuenta Instagram tres informaciones al respecto en un lapso de muy pocas horas. Confirmó el saldo de un muerto y dos heridos; anunció el traslado de una comisión desde Caracas para investigar este caso, y de paso se permitió adelantar que “las primeras pesquisas desvinculan el hecho con el proceso que se lleva a cabo”.

Comenzó aquí a establecerse una narrativa que posteriormente fue reforzada por el ministro de Relaciones Interiores, almirante en jefe Remigio Ceballos. El funcionario reaccionó ante un mensaje emitido vía Twitter por Tamara Taraciuk, subdirectora interina de la División de las Américas de Human Rights Watch, quien alertó sobre “ataques por colectivos armados en el contexto electoral en Venezuela”.

Aunque el de resultado más grave fue el reportado en el municipio San Francisco del Zulia, a propósito del referido tiroteo, el mismo día hubo otros incidentes sin saldos fatales en Cabudare (Lara) y en Mérida.

El trino de Ceballos despachó casi veinte años de historia patria: “(…) en Venezuela no existen colectivos armados”. Y, como hizo poco antes el director de Cicpc, también desligó lo ocurrido en Zulia del evento electoral.

Para el director del Observatorio Venezolano de la Violencia, Roberto Briceño León, la reacción de estos funcionarios es consecuencia del propósito de Maduro por ofrecer otra imagen de su régimen ante la comunidad internacional.

“Quieren maquillar el país. Saben que están en observación, no solo por parte de la Unión Europea, sino también por la Corte Penal Internacional”, recordó.

Dieciocho días antes del evento electoral, el fiscal ante la CPI Karim Khan notificó al propio Maduro sobre la decisión de esa instancia de pasar el expediente Venezuela 1 a una fase de investigación en la que podrían determinarse responsabilidades individuales por crímenes de lesa humanidad perpetrados en el lapso 2014-2017.

Según la explicación del director de la organización Acceso a la Justicia, Alí Daniels, lo más importante en este proceso será llegar a la las personas que establecieron las pautas de comportamiento que hicieron posibles las atrocidades, por cierto, ya documentadas en la etapa preliminar.

La frase de moda es “cadena de mando”. En la Fuerza Armada, el último eslabón es el sargento que accionó el gatillo, y el primero es el comandante en jefe, tal y como se puede apreciar en las carteleras colocadas en las garitas de las unidades militares de todo el país.

Pero en el caso de los colectivos, la situación es más complicada. La negación de Ceballos obliga entonces a consultar si en realidad estas agrupaciones tienen alguna vigencia.

“Los colectivos sí existen. Están en diversos estados y tienen diversas funciones. Pero sobre todo se activan cuando son requeridos para intimidar a la población”, explicó Briceño León.

Los videos y testimonios sobre el incidente del domingo muestran que el tiroteo frente al centro de votación fue precedido por amenazas. Es probable que la gente creyera que el grupo armado no llegaría tan lejos, tomando en cuenta que muchos de los que esperaban en la cola para ejercer sufragio conocían a los matones.

La institución que dirige Briceño ha desarrollado una línea de investigación sobre los colectivos. Una de las conclusiones es que actualmente estas agrupaciones “actúan sobre directrices políticas diferentes a lo interno del partido de gobierno”.

En otras palabras, según el representante del OVV, los colectivos han tenido que marcar distancia del gobierno central.

“Esa autonomía aumentó debido a la necesidad de buscar cierta independencia económica”, explicó.

Invasiones y extorsiones

El número de colectivos armados que hay en el país es una incógnita. En 2014, durante la gestión del general Miguel Rodríguez Torres en el ministerio de Relaciones Interiores hubo un intento por censarlos. Fueron identificados 99.

Este general fue removido del cargo luego de una operación en un edificio de la avenida Sur 2, que descabezó al colectivo 5 de Marzo, una organización surgida de las filas de la extinta Policía Metropolitana, comandada por el sargento José Miguel Odreman.

Según miembros del entorno del general, al conocerse la muerte del exfuncionario policial, los colectivos anunciaron que se movilizarían en Caracas para exigirle a Maduro la destitución del ministro. Y el gobernante accedió.

A cambio, Maduro ha solicitado en diversas oportunidades que estas agrupaciones cierren filas para defender a su régimen. La última vez fue en marzo de 2019, cuando el país entraba en una crisis de gobernabilidad consecuencia de un prolongado apagón.

Le hago un llamado a los colectivos. A todos. Llegó la hora de la resistencia activa”, dijo en una alocución.

La existencia de los colectivos −que ahora niega Ceballos Ichaso− fue documentada por la Comisión para la Determinación de Hechos de la Organización de Naciones Unidas. El primer informe de este grupo independiente, presentado en septiembre de 2020, responsabiliza a estos “grupos civiles armados” por la muerte de siete personas que participaban en manifestaciones antigubernamentales. La directora de la misión, Marta Valiñas, comentó en octubre de 2020 que los colectivos ameritaban un capítulo especial.

Pero estas organizaciones no operan solamente en el estado Zulia, como se vio el domingo. En el municipio Libertador de Caracas, han liderado o participado en por lo menos 60 de las 80 invasiones a inmuebles reportadas durante 2021, de acuerdo con datos aportados por el activista comunitario Carlos Julio Rojas.

Indicó que los colectivos “son un poder”, que el oficialismo ha tratado de “homogeneizar” al incorporarlos a los llamados “cuadrantes de paz” (Cupaz).

Rojas añadió que los Cupaz desempeñan labores de control social y político, al condicionar la entrega de alimentos en los sectores más necesitados. Y también estarían participando en cobros a los comerciantes del municipio, a cambio de protección.

“Ellos crean sus propias leyes e imparten justicia (…) Cuando hay conflictos en las comunidades intentan crear cierto equilibrio”, afirmó.

En el caso del domingo, varios de los atacantes fueron reconocidos como funcionarios de cuerpos policiales municipales, aunque iban vestidos de civil. En Caracas, según Rojas, ocurre un fenómeno similar. Pero no todas las policías participan en estas agrupaciones.

“Hay colectivos en las FAES. Pero hay un conflicto evidente entre Cicpc y los colectivos”, indicó.

Al margen de esta situación, es claro que en apenas dos años y medio el Gobierno ha pasado de la convocatoria pública a los colectivos a negar su existencia de forma tajante. Esto podría indicar que, lentamente, Maduro intenta deslastrarse de otro factor que lo acercaría más a La Haya.

Breves

Vuelven los asaltos con el uso de sustancias narcotizantes. De acuerdo con una fuente de la policía judicial, los primeros casos fueron reportados en octubre, en las estaciones Teatros y Coche del Metro de Caracas. Las víctimas eran mujeres, y acudían a formular denuncias ante la evidencia de que pudieron ser víctimas de abusos sexuales mientras estaban bajo el efecto de las drogas.

En un caso reportado en la tercera semana de noviembre, un funcionario de la comisión antidrogas del municipio Libertador también fue despojado de sus pertenencias y dólares en efectivo.

En este caso, el perpetrador fue descrito como un joven con el que supuestamente el funcionario había pautado una entrevista de trabajo. En la primera década del siglo XXI hubo una ola de robos en los que las víctimas eran expuestas a la escopolamina, conocida popularmente como burundanga, y quedaban a merced de los antisociales, ya fuese en habitaciones de hoteles de Plaza Venezuela o en sus propias viviendas. En los últimos casos, no se ha determinado cuál es la sustancia utilizada.

En líneas generales, hay un recrudecimiento de la criminalidad violenta en todo el país. Esto se percibe con especial fuerza en el Distrito Capital y el estado Miranda. Ambos territorios representan actualmente el 38 % de los homicidios y el 55 % de los robos de todo tipo denunciados ante Cicpc. En la segunda semana de noviembre, la policía judicial inició 305 expedientes sobre robos genéricos y robos de vehículos en Libertador y Miranda.

En la semana de las elecciones, cuando las autoridades militares y policiales estaban desplegadas en todo el país con motivo de la Operación República, las denuncias sobre robos de todo tipo subieron un cinco por ciento. Una prueba de que durante estos despliegues las autoridades no están para cuidar a los ciudadanos. Esta tendencia probablemente se agravará durante las últimas semanas de 2021, tomando en cuenta además que no estarán presentes las restricciones a la circulación implantadas a propósito de la cuarentena radical.

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad. Y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

Crímenes sin Castigo | Deforma policial, por Javier Ignacio Mayorca
La reestructuración ordenada en la Policía Nacional puede ser una oportunidad de oro para corregir más de diez años de vicios, pero hasta el momento no hay señales que justifiquen algún optimismo

 

@javiermayorca

El 11 de octubre, la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez emitió una resolución mediante la cual se otorga un lapso de seis meses para finalizar la reestructuración de la Policía Nacional Bolivariana.

Para el mes pasado, el Ejecutivo ya debía haber entregado el nuevo organigrama del principal cuerpo de policía preventiva del país, tomando en cuenta que el proceso fue iniciado en abril por decreto presidencial, vigente hasta la segunda semana de octubre.

Una de las razones para explicar este retraso fue el cambio del titular en Relaciones Interiores y Justicia, en agosto. Es claro que el nuevo ministro, el almirante en jefe Remigio Ceballos, no estaba empapado sobre los detalles de un proceso que él debía conducir, toda vez que este funcionario encabeza la denominada “comisión reestructuradora”.

Pero ese no es el problema de fondo. Lo que más preocupa es el control del principal cuerpo civil armado del país. Aunque su pie de fuerza ha disminuido considerablemente −como ha ocurrido en las demás agencias preventivas−, es probable que actualmente supere los 20 000 hombres.

Desde su fundación en 2009 este cuerpo fue colocado como ejemplo de lo que debía ser el “nuevo modelo policial”, con uniformados que privilegiaran las tácticas de prevención, prestando más atención a la resolución de problemas, en un trabajo de proximidad con las comunidades. Mientras tanto, la represión a los delincuentes quedaría bajo la responsabilidad del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas.

La primera deformación con clara intención política fue introducida por el presidente del momento, Hugo Chávez, cuando promovió un cambio a la Ley del Servicio de Policía, con el único propósito de conferir un apellido a ese cuerpo: Bolivariana.

Este cambio, que algunos podrían ver como cosmético, generó suspicacias entre los expertos de la extinta Comisión Nacional para la Reforma Policial (Conarepol). Por ejemplo, el criminólogo Luis Gerardo Gabaldón se preguntaba cuál sería el trato que los agentes de la PNB darían a esa mayoría de la población que no comulga con lo “bolivariano”.

Desde entonces, la PNB, y por efecto de imitación el resto de las policías preventivas, han sido sometidas a continuas deformas. Por ejemplo, un servicio que se supone de carácter civil ha sido comandado desde sus albores por generales activos de la Guardia Nacional. La Inspectoría interna también es conducida por un oficial de ese mismo componente militar, aunque en “reserva activa”.

Según el proyecto inicial, la condición civil y hasta cierto punto “neutral” de esta policía debía ser acompañada por ciertos simbolismos, que iban desde el atuendo hasta los lemas utilizados. Pero, de la noche a la mañana, el uniforme azul (inspirado por cierto en el de la Policía Nacional de Nicaragua) fue cambiado por uno semejante al de los grupos tácticos urbanos, y mientras tanto las minutas eran finalizadas con la frase: “Leales siempre, traidores nunca”, a la que también acuden en la Fuerza Armada.

Otra deformidad importante fue introducida en 2017, con la creación de la Fuerza de Acciones Especiales (FAES), que en sus cuatro años de existencia acumuló más de doce mil muertes, y se constituyó en lo que el criminólogo y abogado Fermín Mármol García describió como “una policía dentro de la policía”, con funcionarios que no estaban sujetos a la cadena de mando institucional.

El gobierno de Maduro se convenció de que los FAES podrían afrontar el desafío planteado por las megabandas, y que en teatros de conflicto también podrían complementar a las unidades similares de la FANB. En este último aspecto, lo sucedido en marzo en La Victoria (Apure) fue debut y despedida al mismo tiempo, cuando estos agentes fueron señalados por una masacre que suscitó profundo rechazo popular.

FAES se convirtió en un lastre tan pesado para el régimen, que no pudieron esperar a que la comisión de reestructuración entregara sus recomendaciones finales. En esto, la exigencia de la alta comisionada para los DD. HH. de la ONU, Michele Bachelet, jugó un rol fundamental. De un plumazo, ordenaron el desmantelamiento de las células que tenían dispersas en casi todo el país, y los funcionarios fueron reasignados a otras unidades. Ahora, se llama como era hace cuatro años: Uote.

También se ha desdibujado la especificidad de los servicios policiales, a través de las llamadas “habilitaciones”, según las cuales los cuerpos preventivos tienen permiso del MRI para incorporar direcciones de investigaciones penales en sus estructuras. Del otro lado, la policía judicial, que se supone debería enfocar sus escasos recursos en las investigaciones de los delitos, desarrolla labores de entidades preventivas, por ejemplo, cuando adelanta campañas para la orientación de los compradores que utilizan el Facebook Marketplace o para evitar el maltrato animal. Esta mezcla de funciones fue caracterizada por Mármol como un “bochinche institucional”.

Cabría preguntarse entonces por qué el Ejecutivo ordena una nueva estructura para la Policía Nacional, cuando lo que existe ya es el resultado de sus propias decisiones.

En un conversatorio sobre reformas policiales efectuado en octubre, el ex viceministro de Seguridad de Costa Rica, Max Loria, observó que los procesos de reforma policial carecen de sentido si no son el producto de discusiones abiertas con todos los sectores de la sociedad, lo cual solo es posible en una verdadera democracia.

Esto no quiere decir que otros tipos de regímenes estén impedidos de implantar cambios en sus aparatos de seguridad. De hecho, los llevan a cabo. En el caso de la PNB hay algunas pistas sobre lo que realmente se intenta lograr. El decreto publicado el 13 de abril establece que este proceso tiene como objetivo fundamental “la irrupción definitiva del nuevo Estado popular y revolucionario”.

Al enmarcar la iniciativa en este propósito, el resultado podrá ser de todo menos una policía que ajuste sus actuaciones al debido principio de imparcialidad.

De continuar así, los cambios implantados a la PNB no serían muy notables con respecto a lo que ya existe. Las quejas de las comunidades hacia la actuación de los uniformados de este cuerpo son permanentes, y apuntan básicamente a la implicación en distintas formas de delito. La extorsión o matraqueo es lo más frecuente, pero también son conocidos casos de robos, secuestros y tráfico de drogas. A tal punto que la PNB ha perdido uno de sus activos más valiosos, como es la confianza de las comunidades.

La última encuesta Latinobarómetro, divulgada en octubre, sintetiza esta situación: los venezolanos son los que han manifestado el menor nivel de confianza en sus cuerpos policiales, con solo 13 %. En otras palabras, el 87 % restante expresa algún grado de recelo hacia los uniformados. Desde luego, la PNB no es la única responsable de estos resultados, pero sí es uno de los más importantes, pues el propio régimen la erigió en el principal ejemplo de su modelo de policía. Por cierto, en ese trabajo de campo otros regímenes afines como los de Nicaragua y Bolivia también obtuvieron resultados por debajo de la media latinoamericana, que fue de 36 %. Lo de Nicaragua es notable, pues refleja un acelerado descreimiento hacia un modelo policial que alguna vez fue visto como expresión de cierta solidez institucional.

En abril del año entrante, la comisión reestructuradora de la PNB encabezada por el ministro de Relaciones Interiores entregará sus propuestas, y con toda seguridad se insertarán algunos cambios en la Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana.

Según Mármol, un “signo positivo” sería que el Gobierno lance una amplia convocatoria a los sectores del país que investigan y analizan el quehacer policial. En su criterio, todavía hay tiempo para involucrar a académicos, expertos y representantes de organizaciones no gubernamentales.

Pero, hasta el momento, nada de eso ha ocurrido.

Breves

Varias acciones ha emprendido el gobierno de Maduro con el propósito de lograr un “control de daños”, que en cierta forma desvirtúe los graves señalamientos vertidos en el expediente Venezuela I, instruido por la fiscalía ante la Corte Penal Internacional. Las ampliaciones y refacciones adelantadas en varios centros para presos de conciencia, como por ejemplo Ramo Verde y Contrainteligencia Militar de Boleíta, son quizá las más evidentes. Pero no son las únicas. Se debe recordar que en mayo Maduro decretó el desalojo de las instalaciones del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) y de la propia Dgcim, y asignó la vigilancia de sus detenidos al ministerio para Servicio Penitenciario. Esta orden no fue cumplida en el plazo fijado de un mes, como suele suceder, por la propia inoperancia del Ejecutivo. Pero, según fuentes ligadas a la policía política, en octubre un representante del ministerio de prisiones se acercó al Helicoide para coordinar el nuevo régimen.

Además, el retén de máxima seguridad, conocido como La Tumba, fue desalojado casi por completo. De hecho, se han producido traslados desde diversos centros, para disminuir el hacinamiento.

A pesar de todo, el Gobierno aún mantiene tras las rejas a numerosas personas por el simple hecho de que han disentido, protestado o militado en la oposición. Un ejemplo claro es el del periodista Roland Carreño. Y son cientos más. En el plano normativo, una reforma a la ley procesal penal incorporó varias disposiciones que, por lo menos en la letra, posibilitan a los numerosos exilados cursar desde la distancia sus denuncias sobre presuntas violaciones a derechos fundamentales. Otra reforma restringió el fuero militar, para que los juzgados castrenses no puedan enjuiciar a civiles. Y ahora también se plantea eliminar la posibilidad de que los cuerpos de inteligencia actúen como auxiliares de policía judicial. Todo esto forma parte de la reacción de los operadores del oficialismo ante una amenaza real y tangible, como es un proceso ante la CPI. Por ende, no es el producto de un acto sincero de contrición o arrepentimiento.

El lunes 8 de noviembre hubo intensos enfrentamientos durante una incursión de agentes de la policía judicial, con apoyo de la Guardia Nacional y de la Policía Nacional, en San Juan de las Galdonas, estado Sucre. En esa jornada fue reportada la muerte de Gilberto Malony Hernández, alias Malony, un individuo que figuraba en la lista de los “más buscados”… pero del estado Guárico. Este hombre de 37 años de edad dio sus primeros pasos en el mundo del delito como lugarteniente de José Tovar Colina, alias Picure, líder de la megabanda conocida como Tren del Llano. Con la muerte de Tovar, en mayo de 2016, Malony se independizó. Ya entonces era solicitado por homicidio, robo y porte ilícito de armas.

El hecho de que mudara sus operaciones desde el centro del país a esa remota población en Paria no es fortuito. Sucre es un territorio en disputa.

En una economía deprimida como la de Venezuela, quien controle esas playas tendrá acceso a las ganancias por tráfico de drogas hacia el Caribe oriental, traslado de emigrantes y metales preciosos a Trinidad, y el contrabando de mercancías desde esa isla. Esa situación ha potenciado los peligros para la navegación, al punto en que la Organización Nacional de Salvamento (ONSA) advirtió que todas esas costas son de “alto riesgo”. Son aguas infestadas de piratas, que incluso han trasladado a tierra firme a pescadores trinitarios secuestrados mientras faenaban. En este contexto, la banda de Malony ni siquiera era la más temible.  Según informes de cuerpos de seguridad, hay en Sucre por lo menos ocho grandes organizaciones, plenamente identificadas. Son Los Sindicalistas, los grupos del Neno, Zacarías, Cane, Pilo, Puyín, Nandu y los llamados Piratas Bajos. Los que operan en el sur de la península ya pasaron de la extorsión al secuestro, con un caso verificado en octubre. La eliminación de Malony dejará el campo abierto para que la plaza sea tomada por otra organización.

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad. Y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

Crímenes sin Castigo | Venezuela completa el ciclo, por Javier Ignacio Mayorca
En el país se han conformado tres ejes o emplazamientos para la producción, procesamiento y almacenamiento de cocaína, con el Catatumbo como área más importante

 

@javiermayorca

El 20 de septiembre, efectivos de la Guardia Nacional adscritos a la Superintendencia Nacional Antidrogas, junto con militares de la 12 brigada Caribe del Ejército y otras unidades desmantelaron siete laboratorios para la cristalización de clorhidrato de cocaína.

Los enclaves estaban ubicados en el municipio Jesús María Semprún del estado Zulia, que comparte frontera con los departamentos colombianos de Cesar y Norte de Santander. Las coordenadas suministradas en el parte de la operación militar, conocida como Ave Fénix III-2021, indican que fueron construidos en un sector conocido como Barí, a 32 kilómetros en línea recta de la frontera con Colombia, en ruta hacia La Gabarra.

El informe castrense señala que fueron incautadas 3,78 toneladas de pasta base y 1,03 toneladas de cocaína de alta pureza. Además, alrededor del complejo fueron destruidas tres pistas para aeronaves. La más pequeña tenía dos kilómetros de longitud.

De esta operación solo fueron conocidos algunos fragmentos, divulgados a conveniencia por la propaganda oficial. Pero nunca precisaron ante la opinión pública la ubicación exacta de los laboratorios, pues eso iría contra una narrativa según la cual Venezuela adelanta una enconada lucha contra grupos que intentan traer la industria de la droga al territorio nacional.

Esa industria ya está aquí, fronteras adentro. Poco a poco, se ha consolidado.

Un aspecto extraño de estas operaciones militares es que solo encuentran objetos abandonados, cocaína de alta pureza y también pasta base. Pero es muy raro que se informe sobre detenciones.

Los obreros de la droga siempre huyen. Antes, cuando estos complejos de fabricación estaban a pocos metros de la línea fronteriza, era lógico pensar que los sujetos se trasladan al lado colombiano apenas perciben el movimiento de las tropas. Pero a 32 kilómetros de distancia del límite, la situación debería cambiar radicalmente.

“El procesamiento de la cocaína ha ido expandiéndose desde Colombia hacia Venezuela”, advirtió Alberto Ray, director del Risk Awareness Council, un centro dedicado al análisis y la divulgación de conocimiento sobre riesgos emergentes.

Según Ray, este complejo encontrado en septiembre es apenas una pequeña parte de todo un eje para la producción de cocaína, que abarca a los territorios de Colombia y Venezuela, para convertirlo en lo que él denomina “área binacional”.

De acuerdo con el consultor, esta circunstancia permite explicar por qué Venezuela fue incorporada a la lista de territorios utilizados para la fabricación de drogas ilícitas, y también para el tránsito de tales sustancias.

El 15 de septiembre, el presidente estadounidense Joseph Biden emitió un memorándum en el que colocaba a Venezuela en la lista de naciones que entran en ambas categorías, es decir, de producción y de tránsito de drogas ilegales. En ese mismo acto, señaló que el país actualmente gobernado por Nicolás Maduro “falló de manera demostrable” en el cumplimiento de sus compromisos internacionales para combatir a esta industria ilegal.

El desplazamiento de la industria de la producción de cocaína hacia Venezuela puede apreciarse en el número de enclaves hallados por la Fuerza Armada. Según el mayor general Richard López Vargas, director de la Superintendencia Nacional Antidrogas (antes Comisión Nacional Antidrogas), durante los primeros nueve meses de 2021 fueron desmantelados 52 laboratorios. Esta cifra ya supera el total de 45 enclaves hallados durante todo 2020.

“En Venezuela hay mucha más facilidad y comodidad para procesar la droga. Llevan la coca preprocesada, y la están preparando en lugares instalados cerca de la cordillera de Perijá”, explicó Ray.

Simultáneamente, indicó, los cultivos de coca están proliferando también en territorio venezolano, aunque con algunas limitaciones impuestas por la altura.

En una reciente operación, llamada Fénix IV, los militares encontraron otros ocho laboratorios en el mismo municipio donde llevaron a cabo la incursión de septiembre. Además de toda la parafernalia, alrededor de los campamentos había 32 hectáreas de coca.

El ciclo para la producción de cocaína se completa en territorio nacional.

Según Ray, los otros ejes de fabricación y ocultamiento del alcaloide están entre el Amazonas venezolano y el Vichada colombiano, así como en Apure, fronterizo con Arauca. Pero, según sus cálculos, el más importante está en Zulia

En 2005, el gobierno venezolano cesó unilateralmente el cumplimiento de sus acuerdos de cooperación en materia antidrogas y consolidación institucional con Estados Unidos. De acuerdo con la expresidenta de la Comisión Nacional Antidrogas Mildred Camero, los representantes del país han firmado convenios bilaterales y multilaterales, así como memoranda de entendimiento en asuntos de drogas, que posteriormente no han querido acatar. De allí que Venezuela no participe en la Comisión Interamericana contra el Uso Ilícito de Drogas (Cicad-OEA) ni en los grupos de la comunidad andina para trabajar el tema.

“No estamos cumpliendo con lo que hemos firmado como país”, sentenció.

Una de las consecuencias de este aislamiento es que Venezuela carece de acceso al sistema internacional de monitoreo de cultivos ilícitos. Las imágenes divulgadas por Colombia indican que, desde Norte de Santander, hay una extensión de sembradíos del arbusto que difícilmente podría detenerse en atención a una línea fronteriza que generalmente carece de hitos o demarcaciones.

Lo único que contiene la expansión de los cultivos de coca en Venezuela no es la presencia ocasional de los militares sino las condiciones del terreno, en cuanto al clima y la altitud. Este arbusto crece con mayor facilidad entre los mil y dos mil metros sobre el nivel del mar. Pero con el pasar del tiempo los fabricantes de cocaína han encontrado mutaciones más resistentes y productivas, que pueden ser cultivadas en terrenos que no están en esa franja de altitud. De allí las extensiones halladas en Venezuela, así como en el Trópico de Cochabamba (Bolivia).

En Venezuela, además, se ha gestado un contingente de campesinos de la coca, que presumiblemente son los que estarían cultivando el arbusto fronteras adentro. Son los mismos individuos con los que conversó Toby Muse en La Gabarra para escribir Kilo. Ahora, no tendrían que cruzar la frontera.

Según Ray, la consolidación de la industria de la cocaína en Venezuela es posible gracias a un acuerdo entre las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y bandas criminales, que ofrecerían este trabajo como una especie de subcontrato. Los de la Nueva Marquetalia y el Ejército Popular manejarían las fases de distribución, donde están las mayores ganancias.

Breves

Para el director de Una Ventana a la Libertad, Carlos Nieto Palma, la muerte en custodia del exministro de la Defensa, general en jefe Raúl Isaías Baduel, es una prueba de la “negligencia” con la que son tratados todos los presos del país; no solo aquellos privados de libertad por oponerse al régimen de Nicolás Maduro. Recordó que durante los primeros nueve meses de 2021 las muertes de reclusos en internados judiciales y retenes policiales como consecuencia de la insalubridad fueron más frecuentes que las ocasionadas por enfrentamientos violentos.

Más del 70 % es consecuencia de tuberculosis y desnutrición, a veces combinadas. En el caso del exministro, indicó, la cosa es mucho más grave, pues la ausencia de un tratamiento médico oportuno a su juicio fue una señal de “ensañamiento”. Señaló que cuando comenzaron las exigencias de traslado para un chequeo por galenos en la policía política “imaginaron que era un teatro, no le hicieron caso y les salió mal la jugada”. Ahora, los familiares del general exigen una investigación imparcial, ejecutada a través de una comisión con participación internacional, pues no creen en la versión divulgada por el fiscal designado por la extinta ANC, según la cual el fallecimiento fue ocasionado por la covid-19. El Departamento de Estado norteamericano también hizo esta solicitud, en vísperas de la llegada al país del fiscal ante la Corte Penal Internacional, Karim Khan.

José Vielma Mora llegó a ser visto en el oficialismo como uno de los posibles relevos de Hugo Chávez. Su gestión de ocho años en el Seniat desde luego que tuvo claroscuros, pero puertas adentro sus empleados lo apreciaban entre otras razones porque procuraba mantenerlos lejos de la diatriba política, y con un nivel aceptable de beneficios económicos. Este Vielma, ahora diputado a la Asamblea Nacional oficialista, es el mismo acusado en Estados Unidos por el presunto pago de sobornos y enriquecimiento ilícito en la importación de cajas Clap, cuando fue gobernador del Táchira (2012–2017).

El documento con las imputaciones, conocido el 8 de octubre, precisa que Vielma manejaba estas operaciones a través de la Comercializadora de Bienes y Servicios del Estado Táchira (Cobiserta), en conjunción con la Corporación Venezolana de Comercio Exterior (Corpovex). Los hechos investigados abarcan el lapso 2015–2020. Una pieza fundamental de este esquema es Álvaro Pulido Vargas, el socio de Alex Saab en el Group Grand Limited y Asasi Food. Según la acusación, a partir de 2016 Vielma se reunió con Carlos Lizcano Manrique y otros dos individuos cuyos nombres permanecen en reserva, para llevar las cajas Clap a Táchira. El dato clave en esto es que Vielma habría acordado con el grupo de Pulido y Carlos Lizcano Manrique pagar cada ración a 34 dólares, a sabiendas de que “el costo de producir e importar las cajas de comida era muy por debajo” de ese precio. La operación involucró un pago de 340 millones de dólares. Según la pesquisa, Vielma habría recibido 17,2 millones de dólares. La justicia estadounidense invoca jurisdicción en estos casos porque los pagos de los sobornos fueron hechos a través de cuentas vigiladas por el sistema financiero de ese país, a pesar de que fueron abiertas en localidades tan distantes como los Emiratos Árabes Unidos y Antigua.

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

Crímenes sin Castigo | Las megabandas de la Troncal 9, por Javier Ignacio Mayorca
La muerte del comisario Eduardo Henríquez confirma que la principal vía al oriente del país sigue bajo el influjo de los grupos criminales que germinaron con el programa “zonas de paz”

 

@javiermayorca

En la vía hacia el oriente del país hay 760 hombres en armas.

Esta cifra surge de la sumatoria del número de integrantes de las megabandas que hacen vida entre Caucagua y Machurucuto. No incluye a los grupos de Anzoátegui y Sucre.

A partir de marzo de este año, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) y la Policía Nacional Bolivariana (PNB) han levantado información sobre estas agrupaciones al margen de la ley. Desde el ministerio de Relaciones Interiores les ordenaron llamarlas con el acrónimo GEDO, o “grupos estructurados de delincuencia organizada”.

Pero esta denominación ha perdido valor, pues la propaganda oficial llama GEDO a cualquier alianza de tres o más sujetos que sean detectados en una conducta ilegal. Entonces, podemos encontrar GEDOs de estafadores, gente que hurta metales para revenderlos o que se pone de acuerdo para “ceder” sus puestos en las colas hacia las estaciones de servicio, a cambio de algunos dólares.

Lo que diferencia a estas estructuras de las que operan en la Troncal 9 y zonas adyacentes, además del número de sus integrantes, tiene que ver con el ejercicio de la violencia, real o simbólica.

Los grupos que actualmente dominan la carretera a oriente ya no son los del viejo Capracio. Estos surgieron en la segunda década del siglo. Y se consolidaron a partir de 2013, cuando el entonces viceministro de Política Interior José Vicente Rangel Avalos comenzó con su programa “zonas de paz”.

A pesar de la enorme opacidad con la que se llevó a cabo esta iniciativa, gracias a un informe de la Guardia Nacional se determinó que solo en Barlovento había 26 territorios a los que no podían entrar los agentes de cuerpos policiales o militares. Eran como pequeños caguanes, en los que además el Ejecutivo intentaba ganar indulgencias mediante la aplicación de planes de “consolidación” de las organizaciones civiles, mediante el otorgamiento de créditos o el financiamiento a programas que terminaron por beneficiar a las estructuras más sólidas de estos lugares, que eran precisamente las bandas criminales.

El grupo que mató al jefe de Cicpc Caucagua, comisario Eduardo Henríquez, y al encargado de Investigaciones de esa dependencia, inspector jefe José Amador (ahora comisario tras el ascenso post mortem) era conocido desde mucho antes de que se llevaran a cabo las llamadas OLP. Le llamaban la banda de Las Delicias, un poblado que está entre San José de Barlovento y la Troncal 9. Antes era un lugar olvidado, pero con la extensión de la autopista Gran Mariscal de Ayacucho mucha gente comenzó a transitar por allí, así como por otra vía local que lleva a El Guapo. Ambas son carreteras estrechas, sin iluminación ni rayado, con curvas pronunciadas, fallas de bordes y mucha maleza alrededor. Así que los asaltos a vehículos particulares y de carga son cosa relativamente sencilla.

De allí, la banda de Esteban Eduardo Quintana, alias Eduardo Delicias, pasó a la extorsión, en especial a los pequeños comerciantes y productores de cacao. La extorsión tiene un propósito económico, pero se sustenta en el miedo. Esto lo sabe muy bien la gente de Cumbo, un pueblo a dos kilómetros de Las Delicias. Y cuando alguien intenta romper ese muro, termina descuartizado e incinerado en la vía pública. Así sucedió con dos activistas sociales en mayo de este año, que coordinaban la entrega de bolsas Clap. En esos días, a pesar del escándalo, no hubo una reacción efectiva de los cuerpos de seguridad.

Según estimados de la PNB y de Cicpc, la banda de Las Delicias tiene aproximadamente 200 integrantes. Pero no es la más grande. En el municipio Acevedo hay otra llamada Los 300, y como en la película estos sujetos estarían dispuestos a luchar con fiereza. Luego de la muerte de su líder, conocido como Miguel, en mayo de 2020, el grupo se recompuso y continúa activo.

Otra megabanda opera desde Panaquire. Su líder está plenamente identificado (Yorbin Alexander Machado Raposo, Perrote) y cuenta con unos 150 hombres, aunque su poder de fuego y capacidad de movimiento no es igual al de la organización de Las Delicias.

Desde los cuerpos de seguridad también mencionan a dos bandas, que tienen sus centros de operaciones en Tapipa y El Clavo. La primera, encabezada por los medio hermanos Rolando Machado y Félix Rivero, tiene aproximadamente ochenta integrantes. Y la otra es liderada por alias Menchito.

Todos estos grupos, como se refirió, tienen por lo menos una década de existencia. Como el resto de la población, han sido afectados por acciones policiales puntuales, la cuarentena y el decaimiento económico general. Ahora, tratan de recuperarse. Por esta razón, desde el segundo trimestre se observa una agudización de la inseguridad en la principal vía hacia el oriente del país. La población se entera de estas cosas cuando ocurre algún hecho notorio, como el homicidio de militares que van como pasajeros en camiones objeto de asalto. O la muerte del comisario Henríquez.

Pero en realidad estas son solo señales de una grave situación, que tiene múltiples consecuencias.

Por ejemplo, los camiones de las grandes distribuidoras de comestibles solo se aventuran a Barlovento luego de las 7 a. m., y sus conductores tienen órdenes de no permanecer allí después de las 5 p. m. De ser posible, además, acudirán en caravanas. Todo esto implica importantes costos, y además deja abierta la posibilidad de que algunas zonas queden sin abastecimiento.

Algunas empresas petroleras cuyas centrales están en Caracas han ordenado a sus empleados y ejecutivos no transitar por esa carretera cuando deban ir a los campos de la Faja. Han tenido que establecer “puentes aéreos”, lo que desde luego incrementa los gastos, y transmite al exterior una fuerte percepción de riesgo asociado a la criminalidad.

A propósito de la muerte del comisario Henríquez, el MRI ordenó la ejecución de la operación Barlovento. Una reacción tardía y con un objetivo difícil de conseguir, por lo menos en el corto plazo. No se trata de la Cota 905 o La Vega. Son cinco municipios poco urbanizados, que abarcan 432 kilómetros cuadrados.

Hace cinco años, en octubre de 2016, el ministerio de la Defensa ordenó el emplazamiento de contingentes de la Guardia Nacional y del Ejército en esas mismas zonas. Se llamó operación Orión. Algunas tropas fueron enviadas desde Caracas, otras desde lugares remotos como el estado Sucre. Ante la presión por dar algún resultado, mataron a doce individuos a los que asociaban con las bandas referidas en este trabajo, y ocultaron los cadáveres en una fosa común. Los militares tuvieron que retirarse en medio del rechazo generalizado de la población.

Uno supone que Cicpc tiene mayores recursos de inteligencia para lograr el objetivo a un costo menor. Pero el riesgo de una acción similar a la de Orión está latente, en la medida en que pasan los días y no dan con Eduardo Delicias.

Breves

El equipo de defensores de Alex Saab ha intentado en los últimos días dos recursos, con el claro propósito de prolongar la permanencia del extraditable colombiano en Cabo Verde. Según las declaraciones divulgadas por el jefe del equipo legal de Saab, José Manuel Pinto, el primero pretendía la nulidad de la decisión emitida por el Tribunal Constitucional del archipiélago el 7 de septiembre, que desechó las objeciones formuladas por estos litigantes en torno a la legalidad del visto bueno a la extradición. En segundo término, los defensores exigieron una “revisión” de la decisión tomada por la justicia caboverdiana, a la luz del desenlace de una pesquisa de la fiscalía suiza, sobre un supuesto lavado de dinero con fondos provenientes del programa para la construcción de viviendas del gobierno de Nicolás Maduro.

Según el abogado Pinto, un “monto sustancial” de los fondos enviados a la banca helvética “fue recibido de empresas ligadas al mismo programa de viviendas venezolano que está en el centro de la acusación en Miami contra Alex Saab, del 25 de julio de 2019, y sirvió de base al pedido de extradición hecho por EE. UU. a Cabo Verde”. Afirmó que los suizos no encontraron delito alguno asociado al manejo de los referidos fondos, por lo que Saab correría el riesgo de “doble juzgamiento” si es llevado a Estados Unidos para ser procesado por los mismos hechos. El primer recurso de los defensores fue rechazado casi de inmediato. Sobre el segundo, la justicia de Cabo Verde no se había pronunciado al momento de la redacción de esta nota. Sin embargo, esta seguidilla de maniobras hace pensar que Pinto y su equipo ven inminente el traslado de Saab a Estados Unidos.

En los nueve meses que van de 2021 las oficinas de la policía judicial han procesado 712 denuncias sobre desapariciones de personas. Esta cifra, conocida extraoficialmente, es llamativa, pues rebasa el total de casos iniciados durante todo 2020. Es posible que la cuarentena implantada a partir de marzo del año pasado haya influido en esta disparidad. Pero se debe tomar en cuenta que durante 2021 se han mantenido las dinámicas de flexibilización y radicalización de la cuarentena, por lo que otros factores deben entrar en juego.

Uno supondría que situaciones como el conflicto planteado en Apure a partir de marzo de este año y las nuevas oleadas de emigración han influido en el incremento de las desapariciones.

Pero las cifras de denuncias conocidas en el estado llanero, así como en Táchira y Zulia son bajas si son comparadas con las de Distrito Capital (148), Miranda (145) y Bolívar (53). En el actual contexto, las desapariciones parecieran estar asociadas a la intensificación del delito organizado o a disputas entre bandas y megabandas por el control de ciertos territorios. Desde luego, estos números pueden cambiar, ya sea porque la persona indicada da alguna señal de vida o porque se constata que ha sido víctima de homicidio, secuestro o privación ilegítima de libertad.

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad. Y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

Crímenes sin Castigo | Un preso, varios Saab, por Javier Ignacio Mayorca
Diversas versiones se proyectan a conveniencia sobre el empresario colombiano, detenido en Cabo Verde

 

@javiermayorca

El 15 de marzo, se llevó a cabo una audiencia en la Corte del Distrito Sur de Florida (EE. UU.) para debatir el carácter de “fugitivo” que ya para entonces era endilgado al empresario colombiano Alex Naín Saab.

La sesión, vía Zoom, fue presidida por el juez Robert Scola. Participaron también un representante del Departamento de Justicia estadounidense, el abogado Alexander Kramer, así como el fiscal asistente Kurt Lunkenheimer. Como apoderado de Saab actuó desde Washington el litigante David Rivkin, del bufete Baker & Hostetler.

Lo discutido durante esa audiencia quedó transcrito. Cuando iban unos diez minutos de intercambio, el abogado Rivkin soltó esta perla: Saab, afirmó, no ha escogido libremente permanecer en calidad de prófugo de las autoridades estadounidenses, porque su gobierno –en este caso el venezolano– “le ha ordenado no entregarse”.

En ese momento, el juez Scola dijo no entender bien lo que se estaba afirmando. Tal parece que las comunicaciones fallaron. En todo caso, continuó explicando Rivkin, los privilegios de inmunidad diplomática no pueden ser anulados por el depositario sino por el gobierno que los otorga, en este caso el de Nicolás Maduro.

Este argumento no dejaba de tener ciertas inconsistencias. El abogado comparecía ante la Corte de Florida, precisamente, porque Saab quería participar directamente en las sesiones, hacerse parte del juicio en su contra, aunque escudado en el supuesto privilegio como “enviado” del régimen.

Sin querer, pero queriendo, Saab empezó este año a abonar el terreno para una eventual comparecencia ante la justicia estadounidense, afirmando que su carácter contumaz le fue impuesto por sus empleadores venezolanos.

Desde junio de 2020, Alex Naín Saab permanece detenido en Cabo Verde, mientras se dirime un juicio de extradición en su contra. Estados Unidos lo solicita por conspiración para lavar dinero y por el presunto pago de sobornos a funcionarios venezolanos para beneficiarse de las contrataciones como proveedor de alimentos y constructor de viviendas populares. Según el Departamento de Justicia, se comprobó un flujo irregular de fondos a través de la banca estadounidense que supera los 350 millones de dólares.

Todas las decisiones del gobierno y de los tribunales del archipiélago africano apuntan a que la extradición será ejecutada muy pronto. Luego de los dos últimos pronunciamientos de la Corte Constitucional, en menos de tres semanas, solo faltaría que el Tribunal Supremo ordene el traslado del empresario. A partir de ese momento, el país requirente (EE. UU.) contaría con veinte días continuos para llevar a Saab hasta Florida, según lo dispuesto por la normativa de cooperación internacional en materia penal de Cabo Verde.

En los quince meses que lleva ya este proceso, el régimen ha intentado imponer una narrativa que presenta a Saab como un hombre de familia, víctima de una persecución injusta, orientada por razones políticas y no legales, lo que supuestamente ha inspirado indignación en sectores populares, tanto de Venezuela como de países africanos, que han tomado las calles para manifestar su rechazo, con pancartas y grafitis, así como en eventos deportivos y culturales. En realidad, es un empresario nacido en Barranquilla, que amasó una gran fortuna gracias a sus negociados con Chávez, y mayoritariamente con Maduro. En Venezuela, nunca lo vieron recorriendo las calles de Petare o Antímano, cuyas paredes están inundadas con pintas de molde, exigiendo la inmediata liberación de un diplomático y “patriota”. Sí lo vieron, ida y vuelta, desde el Meliá Caracas a Miraflores.

Incluso, desde su defensa han llegado a decir que se trata de un ciudadano venezolano, omitiendo el detalle de que tal “venezolanidad” solo fue invocada por el propio Saab cuando le informaron en el aeropuerto de Cabo Verde que era solicitado por Estados Unidos. Antes de eso, se cuidaba de mostrar siempre el pasaporte de su país natal, Colombia.

Un agente tras las rejas

El tema de la inmunidad de Saab ha sido objeto de debates. La Corte de África Occidental (Cedeao) asumió como válido el argumento invocado por el grupo de abogados encabezado por Baltazar Garzón y José Manuel Pinto para exigir a Cabo Verde la inmediata liberación del comerciante. Pero EE. UU. y las autoridades judiciales del archipiélago tienen otra óptica. En la sesión de marzo, el abogado del Departamento de Justicia, Alexander Kramer, sostuvo que “el estatus diplomático es concebido para proteger a una persona mientras está en una misión en el país anfitrión”, que en este caso sería Irán.

“No es y no puede ser algo que provea inmunidad globalmente para todas las conductas, aun si no tienen nada que ver con el rol diplomático, particularmente en un caso como este, donde la conducta en cuestión ocurrió entre 2011 y 2015, mucho antes de que supuestamente lo hicieron enviado especial”, añadió.

Por otra parte, la acreditación de Saab como “enviado” no constaba en ninguna de las cartas que llevaba en un pequeño maletín negro, dirigidas a figuras del alto gobierno iraní. Saab aparecía allí simplemente como el portador de un mensaje, un emisario, cuyo nombre ni siquiera aparece en las correspondencias. Las notificaciones de rigor comenzaron a llegar al escritorio del presidente de Cabo Verde, José Carlos Fonseca, y a su canciller Luis Lopes Tavares al día siguiente de conocida la detención. Primero fue el canciller venezolano del momento Jorge Arreaza, quien afirmó que Saab era “representante” del gobierno venezolano. Un día después, el 14 de junio, el embajador en Senegal Alejandro Correa afirmó que era un “agente”. En septiembre de 2020, Arreaza escribió a Fonseca, para decir finalmente que el barranquillero era un “enviado especial”. Y esa nomenclatura la ratificó el gobierno iraní.

En la medida en que transcurren los días sin que se concrete la extradición, el gobierno venezolano eleva su apuesta por el extraditable. Ahora, sin estar de cuerpo presente, Saab es un “delegado” sobrevenido por el grupo de Maduro en la mesa de negociaciones de México. Aunque la última sesión no registró avance alguno en la resolución de la crisis política del país, sí sirvió para divulgar una carta en la que Saab ratifica su decisión de no cooperar con las autoridades estadounidenses.

“¿Realmente creen que voy a llegar allá a contar según ustedes “secretos” para derrocar a mi gobierno? Si eso piensan, déjenme decirles que despierten porque eso no pasará, y segundo están mostrando que los que quieren acabar el diálogo y seguir buscando salidas fantasiosas son ustedes”, dice la misiva.

Estas líneas tienen varios destinatarios. Entre ellos, los operadores del propio gobierno de Maduro, que en septiembre de 2020 indicaron al ministro de Relaciones Exteriores de Cabo Verde Luis Filipe Lopes, que Saab supuestamente está sujeto a una orden judicial “bajo la cual es requerido que lleve a cabo su misión bajo los principios de confianza institucional (sic), privacidad y lealtad, el incumplimiento de la cual está sujeta a penas bajo las leyes nacionales relativas a la revelación de secretos y el crimen de traición”.

Lógicamente, si Saab llegase a asomar una pizca de interés en colaborar con EE. UU., esa carta no hubiese sido divulgada en las redes de Jorge Rodríguez.

A estas alturas, Saab no puede decir otra cosa, aunque ya, como se vio en la sesión de marzo, haya comenzado a sentar las bases para una eventual defensa en la corte de Florida.

Breves

* La Cámara Civil del Tribunal Supremo de los Países Bajos rechazó un recurso intentado por Bariven con el propósito de anular el resultado de un laudo arbitral que obligaba a esta filial de Petróleos de Venezuela a pagar 11,73 millones de dólares a la firma Wells Ultimate Service LLC, registrada en Houston, por la adquisición de dos motores tipo top drive, utilizados en plataformas de perforación. En sus alegatos, los representantes de la sociedad venezolana sostuvieron que el contrato inicial era nulo “porque fue creado bajo la influencia de la corrupción”. El acuerdo entre Bariven y la firma texana fue firmado en diciembre de 2012. Los motores fueron entregados año y medio después, en junio de 2014, y nunca fueron devueltos al proveedor.

No obstante, la estatal se negó a cancelar lo adeudado, argumentando que las leyes neerlandesas establecen la nulidad de todo contrato logrado mediante sobornos.

Aunque este punto fuese válido, Wells exigía una contraprestación debido a que había cumplido con su parte del pacto. Además, no existía en el expediente del litigio ningún indicio concreto que acreditara esta irregularidad. La firma norteamericana es propiedad de HRBZ Source Analyst Trust, también inscrita en Texas, cuyo agente es Hernán Guillermo Bravo, un cuñado de Roberto Rincón Fernández, el mismo que en junio de 2016 se declaró culpable por haber pagado millonarios sobornos a gerentes de la estatal petrolera para asegurarse los contratos de la estatal. Un jet de Rincón trasladó a Aruba al exdirector de Contrainteligencia Militar, Hugo Carvajal, cuando fue detenido a requerimiento de la DEA por primera vez, en 2014.

* El 20 de septiembre, los trabajadores de Salvafoods –la distribuidora de alimentos de la que Alex Saab es copropietario– salieron a protestar en las calles de La Guaira, alegando el incumplimiento de los compromisos laborales. La manifestación fue atendida por agentes de la policía estatal y, en última instancia, por el secretario regional de seguridad, Andrés Goncalves, quien se comprometió a mediar con la compañía. Los empleados exigían la cancelación de un bono de 50 dólares para todo el personal obrero de los supermercados Salva Market y las tiendas Clap, y de $100 para los del área administrativa, tal y como se hizo hasta el primer trimestre de 2020. El pago fue suspendido sin previo aviso en marzo de ese año, y fue retomado en octubre del mismo año, pero sin que saldaran lo acumulado en los siete meses anteriores. De igual forma, se alegan irregularidades en la cancelación de las liquidaciones de los trabajadores que operaban en las tiendas Clap que han cerrado. Como se sabe, solo quedan las de Plaza Venezuela y el Centro Ciudad Comercial Tamanaco. Los trabajadores de este conglomerado también se quejan por la ausencia de condiciones de salubridad, lo que incrementa el riesgo de contagio por covid-19, y por el estado de los alimentos que son ofrecidos a la clientela.

* El ministro de la Defensa, Vladimir Padrino, emitió sendas resoluciones para remover al presidente de la Corte Marcial, mayor general (Ej) Edgar José Rojas Borges, y reemplazarlo con el mayor general (Ej) Jesús Emilio Vásquez Quintero, quien hasta ese momento se desempeñaba como fiscal general militar. A su vez, la vacante en el Ministerio Público castrense fue llenada por el general de brigada (Ej) José Daniel Monsalve Maldonado. Las resoluciones ministeriales fueron emitidas el viernes 17 de septiembre. Pero fueron entregadas y oficializadas el lunes 20. En ese lapso, fue detenido el coronel Alfredo Solórzano, magistrado canciller ante la Corte Marcial, quien era visto como mano derecha de Rojas y factor clave en las sentencias de esa instancia. La semana previa a su aprehensión, este oficial había solicitado un permiso para viajar a Maturín. Y le fue negado. Lo que sugiere que la acción en su contra venía cocinándose desde mucho antes de que Padrino hiciera una “movida de mata” en la máxima instancia de la justicia militar.

Solórzano sería imputado por delitos contra la seguridad de la FANB, contra el decoro militar, contra la administración de la justicia militar y desobediencia.

Sin embargo, estos enunciados no describen con precisión el foco de la investigación adelantada por Contrainteligencia Militar, sobre presuntos pagos de sobornos en diversos casos que se ventilaban en esos juzgados desde 2018. Se refiere como ejemplo el otorgamiento de una medida cautelar por razón humanitaria en favor del teniente coronel (Ej) Eric Fernando Peña Romero, procesado en el mismo caso en el que implicaron al comandante del batallón Ayala, Igbert Marín Chaparro. Pero este no sería el único expediente. Solórzano fue recluido en las celdas de la Policía Militar en Fuerte Tiuna, mientras se hacían los preparativos para su presentación. Mientras tanto, Rojas Borges sería enviado al exterior, en virtud de su estrecha amistad con el titular de Defensa.

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad. Y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

Crímenes sin Castigo | La joya de la corona, por Javier Ignacio Mayorca
La recaptura del mayor general Hugo Carvajal representa un importante paso para comprender la relación, no siempre armónica, entre los regímenes de Chávez y Maduro y grupos al margen de la ley

 

@javiermayorca

La recaptura del exdirector de Contrainteligencia Militar Hugo Carvajal era tan solo una cuestión de tiempo.

No se trata solamente de que la unidad de inteligencia internacional de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) había precisado su paradero en Madrid, hace por lo menos tres meses. Desde este espacio, siempre advertimos que las opciones del mayor general eran muy limitadas.

El cobijo que le dieron sus amigos de la inteligencia española tenía los días contados, tal y como lo advirtió el expresidente de la Conacuid, Carlos Tablante. Además, la recompensa de 10 millones de dólares ofrecida por Washington contribuyó a cerrar mucho más el círculo, dejándolo yermo de lealtades.

Algo de esto se deslizó también en el primer mensaje emitido por la Policía Nacional del país ibérico, la noche del 9 de septiembre, una vez confirmada la identidad de quien fuera conocido como el Pollo en medios militares venezolanos. El cuerpo que llevó a cabo la limpia operación afirmó que el exzar de la inteligencia de Chávez y Maduro estuvo “siempre protegido por personas de confianza”, en España.

Tal parece que los buenos anfitriones dieron la espalda a Carvajal, luego de casi dos años teniéndolo a hurtadillas.

Para la agencia antidrogas estadounidense, este mayor general era un objetivo prioritario. Por una parte, Carvajal llegó a ser uno de los elementos más importantes del régimen de Chávez en las relaciones con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), ahora conocidas como Nueva Marquetalia. De allí que fuese incorporado como pieza fundamental del esquema de tráfico de drogas conocido como Cartel de los Soles. Un expediente que se ventila en cortes de Nueva York y que ya tiene un primer detenido: el mayor general retirado Clíver Alcalá Cordones.

En este caso, hay un hito fundamental, que fue el decomiso de 5,6 toneladas de cocaína en un jet que despegó de Maiquetía y llegó dando tumbos al aeropuerto de Ciudad del Carmen, México.

Por este alijo fue responsabilizada la organización guerrillera actualmente comandada por alias Iván Márquez y Jesús Santrich. En su destino, la droga sería manejada por el cartel de Sinaloa, la confederación criminal encabezada entonces por Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, y Juan José Esparragoza, el Azul. Entre unos y otros, según el expediente del caso, estaba Walid Makled, haciendo las veces de bróker. Cuando el Turco fue capturado en Colombia, y los venezolanos disputaban su extradición a EE. UU., en 2010, él afirmó en una entrevista que había tenido que comprar a prácticamente todas las autoridades militares. Esto lógicamente incluía al Pollo, quien estaba en la cima del poder por aquellos tiempos.

Traición en Mérida

Pero existe otra acusación penal contra Carvajal. Se ventila en las cortes de Florida, y es el producto de una averiguación sobre la estadía en Venezuela de un traficante de drogas que tenía signo diametralmente opuesto al de los subversivos. Se trataba de Wilber Alirio Varela, alias Jabón, quien decía ser un sargento egresado de la policía colombiana.

Varela huyó a Venezuela en 2004, no solo para eludir la persecución de las autoridades neogranadinas. De hecho, su mayor preocupación era que lo alcanzaran las balas de sus competidores del cartel del Norte del Valle, una alianza muy inestable de exparamilitares dedicados al tráfico de drogas. Según la acusación, Carvajal no solo protegía a Jabón, sino que eventualmente llegaría a facilitar el paso de la droga de su facción por el territorio nacional, en una especie de trabajo particular, que también beneficiaba a otros militares, especialmente de la Guardia Nacional.

Varela fue ejecutado en 2008, en circunstancias nunca aclaradas del todo. Su cadáver apareció en una posada de Mérida. Este asesinato fue atribuido a uno de sus pupilos, Javier Calle Serna, uno de los llamados Hermanos Comba, junto con Diego Pérez Henao, Diego Rastrojo. En 2013, quien fuera la pareja del traficante, Emilia Polo, declaró a la periodista Renata Cabrales que Jabón “quería como a su hijo” a Calle Serna.

Polo acompañó a Jabón en varias temporadas mientras él supuestamente se escondía en Venezuela. En realidad, viajaba tranquilo entre Caracas y Valencia: “Si nos paraban en la carretera, nos hacían seguir”.

En enero de 2008, el santo se le volteó a Varela. Bastaron siete disparos. Pronto, otros operadores del Norte del Valle ocuparon su espacio en el territorio nacional, y mientras tanto negociaban con la DEA para que les perdonaran parte de las fortunas que habían amasado, tal y como lo relató Andrés López en la saga El cartel de los sapos.

Video: El cartel (2008) – Temporada 1 tráiler oficial | Caracol Play

El Pollo, por lo tanto, tiene mucho que contar. Él lo sabe. Según fuentes enteradas de su caso en EE. UU., hubo dos factores que lo llevaron a evadirse de su arresto domiciliario en noviembre de 2019. Por una parte, la Audiencia Nacional española había dado luz verde para su extradición. Por la otra, había fracasado un primer intento de negociar su entrega con las autoridades estadounidenses.

El oficial de 61 años de edad ofrecía toneladas de data sobre la presunta relación de los regímenes de Chávez y Maduro con organizaciones de traficantes de drogas y del terrorismo.

Pero era muy poco lo que realmente entregaba. A cambio, indican las fuentes, exigía total inmunidad, así como visas estadounidenses para todo su círculo familiar, que sumaba unas doce personas.

Carvajal estaba con el ego insuflado desde 2014, cuando un portavoz de operaciones internacionales de la DEA lo calificó como “la joya de la corona”. Si se partía de esta premisa, para él bien valía la pena un regateo con los norteamericanos.

Ahora, Carvajal también huye del régimen venezolano. En esta dinámica de traiciones y delaciones, solo le queda abrir un lugar en el mismo cartel de los Hermanos Comba.

Hay quienes ven alguna orquestación entre los procesos seguidos contra el exzar de la inteligencia venezolana y el empresario colombiano Álex Saab. Ambos van contrarreloj. Pero lo más probable es que los españoles prevendrán una nueva vergüenza, y cuanto antes montarán al mayor general en un jet hacia Nueva York, una vez dirimido el tema del asilo. Ya en el contencioso de la extradición, en 2019, el exjefe de la Dgcim se jugó la carta de que su juicio en EE. UU. tenía motivos políticos. Ese argumento fue descartado.

A Saab, en cambio, todavía le restan algunas salvas.

Breves

Avanzan las investigaciones sobre el asalto a dos camionetas que trasladaban una remesa de dólares y euros desde el Banco Central de Venezuela hasta el Banco Occidental de Descuento, en La Castellana. Las pesquisas adelantadas por agentes de la División contra Robos de la policía judicial han posibilitado la detención del escolta bancario Dixon Daniel Fernández (47); Lismar Rodríguez, una comerciante del ramo de telefonía, de 40 años; el oficial de la Policía Nacional Richard Rafael Rodríguez (31), y de Roger Rafael González Bracho, alias Godines, de 31 años de edad, quien con el grado de supervisor jefe comandaba la base de la Fuerza de Acciones Especiales del 23 de Enero. Este dato no es menor.

El 23 de enero es la parroquia en la que FAES se conjuga con los colectivos armados, desde mucho antes de la operación en la que mataron al grupo del inspector jefe Oscar Pérez.

Según Cicpc, otros efectivos de la FAES involucrados en este asalto fueron José Miguel Cruz Hidalgo, alias Chavo, y John Cruz Hidalgo, Coco. También Gelitza Gómez, conocida como la Comando. De otros agentes de la PNB implicados solo se conocen los apodos: Yemagua, Sonero, Chino y Gordo. Las averiguaciones indican que el escolta Dixon Fernández fue amenazado de muerte para que diera los datos sobre el traslado de la remesa. Las líneas utilizadas por los perpetradores supuestamente fueron entregadas por Lismar Rodríguez a su hermano, el oficial de la PNB Richard Rodríguez. Para el momento en que esta nota fue redactada, se manejaban los nombres de otros seis agentes FAES como involucrados en el hecho, uno de ellos mujer.

La postulación sobrevenida del colombiano Alex Naín Saab como integrante del régimen venezolano para la mesa de negociación en México plantea un escollo difícil de superar para la oposición. El anuncio correspondiente, hecho el martes en la tarde por el presidente de la Asamblea Nacional electa el 6D, Jorge Rodríguez, ocasionó estupor e incredulidad. Parecía otra broma del Chigüire Bipolar, hasta que la información fue corroborada por las agencias noticiosas.

Da la impresión de que todavía no ha sido ponderada a cabalidad la importancia que el empresario barranquillero tiene para Maduro y su entorno. Hasta un punto tal que no les importaría levantarse del proceso en México si continúa avanzando el juicio de extradición en Cabo Verde. Los representantes del régimen siguen en la misma línea avanzada por la Cancillería rusa, e introducen de improviso el caso Saab. Algo que no estaba en agenda, y sobre lo cual los opositores tienen poco qué decir, pues la decisión al respecto corresponde a Estados Unidos. Si los representantes gubernamentales venezolanos colocan este punto como una condición sine qua non, entonces todo dependería de que Washington desista de su solicitud de extradición. Es una carta agónica, una última posibilidad a la que apuesta Maduro: que EE. UU. no envíe el jet al archipiélago africano, y Saab quede en libertad, una vez transcurrido el lapso máximo para ejecutar el traslado a Nueva York, donde tiene un juicio pendiente por lavado de dinero y sobornos a funcionarios venezolanos en la importación de alimentos y la construcción de viviendas. El comunicado opositor, conocido el propio martes, recuerda con tino que la solicitud de Maduro tiene un precedente en las negociaciones entre las FARC y el gobierno colombiano, cuando los guerrilleros exigieron incorporar a la mesa a quien fuera su jefe de finanzas, Ricardo Palmera, alias Simón Trinidad.

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad. Y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

Crímenes sin Castigo | Expulsados por la violencia, por Javier Ignacio Mayorca
En los juzgados de La Haya son cada vez más frecuentes los casos de venezolanos que dicen ser perseguidos por grupos armados del oficialismo, y aun así les niegan el asilo

 

@javiermayorca

El 19 de agosto, el tribunal de La Haya declaró con lugar el recurso de impugnación de una venezolana contra una decisión emitida por la Secretaría de Estado de Justicia y Seguridad del Reino de los Países Bajos, que le negaba el asilo y le ponía un límite a su estadía en el territorio neerlandés.

La mujer huyó de Venezuela luego de ser “maltratada y amenazada por miembros de la banda criminal Adrián y Sleiter”, indica el expediente del caso, en referencia a la organización comandada por Adrián José Rodríguez Gudiño y Sleiter José Leal Méndez, que opera en varios municipios del Zulia.

Un informe de la Policía Nacional, emitido en marzo de este año, indica que este grupo continúa en actividad, a pesar del asesinato de Leal Méndez, perpetrado en el sector Fontibón de Bogotá, tal y como lo reportó el diario El Tiempo en junio de 2020. En el mismo tiroteo, los sicarios ultimaron a la mamá de este hombre e hirieron a un hijo.

El punto central de la petición de asilo fue que los pandilleros “tienen vínculos con las autoridades”, lo que les permite adelantarse a sus acciones, y aprovechar los momentos en los que la víctima se encuentra sin protección.

El gobierno neerlandés había rechazado este argumento, debido a que la referida banda “solo está activa localmente, y no se ha demostrado que tenga un vínculo con las autoridades centrales”. Por lo tanto, según esta lógica, a la mujer le tocaba mudarse de ciudad, no de país.

El litigio se enredó cuando la demandante venezolana argumentó que la organización de Adrián y Sleiter también era un colectivo.

Esto permitió presentar ante el tribunal un informe del Ejecutivo neerlandés, según el cual se trata de “grupos armados irregulares que consisten en personas progubernamentales que, entre otras cosas, ayudan a las autoridades a reprimir manifestaciones”. Estas organizaciones, indica la evaluación, “tienen presencia en casi toda Venezuela”.

“Cada colectivo tiene vínculos con el gobierno de Maduro, pero estos vínculos difieren tanto a nivel jerárquico como ideológico”, indica el documento.

El número de colectivos en Venezuela es una incógnita. La única cifra parcial fue suministrada en 2013, durante la gestión de Miguel Rodríguez Torres en Relaciones Interiores. Según ese estimado, eran alrededor de cien.

Aunque los colectivos aparentemente se mueven por razones ideológicas, dentro de la policía judicial figuran en los mismos listados de las bandas criminales, que generalmente persiguen ganancias económicas. Un informe elaborado en 2014 por ese cuerpo de seguridad ubica a La Piedrita entre las principales bandas del Distrito Capital. Dos de sus dirigentes estaban entre los más buscados.

A partir de la crisis política de 2002, Chávez inició un proceso de suplantación de los llamados círculos bolivarianos por los colectivos, que ya existían como agrupaciones culturales, religiosas, deportivas y de discusión ideológica en la parroquia 23 de Enero. Este respaldo gubernamental dio a los colectivos otra dimensión.

En la era de Maduro, los colectivos han sido convocados públicamente en dos oportunidades para la defensa armada del régimen (2014 y 2017). Además, se han incorporado en los ejercicios de defensa cívico militares y en la distribución de alimentos, desde la creación de la misión Abastecimiento Soberano.

En La Haya, cuando una persona solicita asilo debido a la persecución por colectivos, el asunto debe ser evaluado. En el caso de la venezolana que demandó al gobierno neerlandés, el recurso fue declarado con lugar cuando el juez Fluttert llegó a la convicción de que la agencia gubernamental “no prestó atención a la información de fuentes públicas sobre los grupos armados en Venezuela y sus vínculos con el Estado”.

“El hecho de que la pandilla Adrián y Sleiter no sea mencionada en un mensaje oficial no significa que esta pandilla no tenga vínculos con el Gobierno”, afirma la sentencia.

Esta es apenas una secuela de la violencia generalizada en el país. Casos como el de esta venezolana han sido verificados en Colombia, Panamá y Estados Unidos.

“El tema de la persecución por colectivos y en general grupos armados tiene peso”, afirmó la responsable de investigación en temas migratorios del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, Ligia Bolívar.

“Se considera que se trata de grupos que actúan al amparo de organismos del Estado, y pueden considerarse como corresponsables de violaciones de derechos humanos”, añadió.

El tema de los colectivos y los grupos armados no estatales no solo es tomado en cuenta por los Países Bajos. En días recientes, el ministerio de Justicia y Seguridad Pública de Brasil lo refirió en su estudio sobre el “país de origen” de los solicitantes de refugio y asilo. Para el gigante suramericano, actualmente Venezuela se caracteriza por su “violencia generalizada”.

“La violencia puede emanar de agentes estatales o no estatales, y cuando emana de los primeros, o de otros que lo hacen por instigación o con el consentimiento de autoridades del Estado, los perpetradores gozan de impunidad”, advierte el informe.

En algunas oportunidades, añade, las autoridades “no pueden controlar eficazmente” la violencia que emana de agentes no estatales.

Pareciera entonces que cualquier persona podría obtener refugio en el exterior alegando que fue objetivo de estos grupos armados. Sin embargo, en algunas oportunidades estas peticiones pueden ser negadas, y los litigios posteriores pueden ser fallados en contra de los demandantes.

El mismo tribunal de La Haya, por ejemplo, declaró infundada la apelación de otra venezolana, en junio. La mujer también alegó que era perseguida por los colectivos armados. Inicialmente, huyó del país a México, en 2016. Al año siguiente, se mudó a los Países Bajos. Pero su solicitud de asilo fue formulada en junio de 2019. Esta tardanza de dos años suscitó las sospechas de las autoridades neerlandesas. Ella intentó justificarse, indicando que temía que la deportaran antes de haber finalizado su tratamiento de la hepatitis C.

Estos casos están llegando a raudales al referido juzgado, en la medida en que se prolonga la emergencia humanitaria. De acuerdo con las estadísticas de la Unión Europea, en 2019 y 2020 Venezuela fue el tercer país de los solicitantes de asilo procedentes de naciones no europeas, solo superado por Siria y Afganistán. Las cifras de ambos años suman unos 70.000.

De la revisión de varios expedientes surge una conclusión preliminar. En los Países Bajos, y quizá en el resto de Europa, nadie niega las duras condiciones en las que deben sobrevivir los venezolanos, así como los riesgos derivados de la violencia y la inseguridad. Y que por esta razón muchos de ellos tocan las puertas del Viejo Continente. Sin embargo, las solicitudes de asilo son negadas cuando los hechos alegados para tales peticiones no están bien documentados, o cuando se percibe el propósito de engañar a la autoridad. Esto solo garantiza un boleto de avión, de vuelta a casa.

Breves

El 19 de agosto, un grupo de emigrantes venezolanos envió una carta pública al primer ministro de Curazao Gilmar Pisas, con el fin de expresar “inquietudes y preocupaciones” relacionadas con el programa denominado Integración Responsable, que adelanta ese gobierno para afrontar la situación de los indocumentados, en su mayoría venezolanos que huyen de la emergencia humanitaria. La misiva de cinco páginas propone que ese plan también cubra a los venezolanos que han llegado de forma subrepticia en embarcaciones durante los últimos meses.

Naciones Unidas calcula que en Curazao están 17.000 venezolanos. Sin embargo, el comisionado de la OEA para el tema de estos emigrantes, David Smolansky, cree que podrían ser 26.000.

Estos venezolanos son presa fácil de gestores. La carta dirigida al primer ministro plantea que se active una oficina especial para la tramitación de los documentos de estos nacionales, y así disminuya la oportunidad para la corrupción. En Curazao, estos sujetos “piden cantidades exorbitantes de dinero para realizar los trámites ante la Oficina de Labor y la de Inmigración, para luego obtener una respuesta negativa a sus solicitudes, ocasionando pérdidas cuantiosas”, se afirma en el documento.

Al cierre de esta entrega se conocen los primeros resultados de la pesquisa en torno al robo de una remesa de euros y dólares, perpetrado el jueves 26 de agosto en la avenida Boyacá, frente al colegio La Salle. Los investigadores de la policía judicial identificaron a Dixon Daniel Fernández, de 47 años de edad, como la persona que suministró la información sobre el traslado de la remesa, en dos camionetas blancas, desde el Banco Central de Venezuela hasta el Banco Occidental de Descuento, en La Castellana. Fernández laboraba como escolta de esa caravana.

Sin embargo, la intercepción de los vehículos donde iba el dinero corrió a cargo de sujetos con vestimenta y motos propias de la Policía Nacional, que por cierto tiene una sede en la estación del teleférico de Maripérez, a muy pocos metros del sitio donde se llevó a cabo el robo.

 Hasta ahora solo han identificado a dos funcionarios de la PNB: Richard Rafael Rodríguez y Roger José González Bracho, ambos de 31 años de edad. La primera minuta establece que el robo contó con la participación de doce individuos, por lo que todavía se desconoce los nombres de los otros diez involucrados. Este caso se inscribe dentro de una nueva etapa de los delitos contra la propiedad, en la que las víctimas son empleados o dueños de comercios pequeños y medianos, que son despojados de las remesas cuando están cerrando las operaciones de los negocios, o cuando trasladan cantidades considerables de divisas producto de las ventas o destinadas a los pagos de nómina.

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad y no comprometen la línea editorial de RunRun.es

Crímenes sin Castigo | Cabezas con precio, por Javier Ignacio Mayorca
Las ofertas de recompensa por el Koki y sus lugartenientes tienen tantas omisiones que carecen de credibilidad

 

@javiermayorca

En el fragor por la retoma del control en la Cota 905, La Vega y El Valle, el ministerio de Relaciones Interiores ofreció medio millón de dólares en recompensa por Carlos Luis Revette, alias Koki, señalado líder de la principal banda de esos sectores, e igual cantidad por sus colaboradores más cercanos, Garbis Ochoa y Carlos Calderón (Vampi).

La información corría de manera oficiosa desde días atrás. De hecho, la primera oferta fue conocida el 16 de junio, y apuntó hacia el jefe de la principal banda de La Vega, Yorfren Javier Guédez (Mayeya). Por este individuo el Ejecutivo ofreció cien mil dólares.

En un principio, esto parecía un capítulo más en la batalla de fake news e incertidumbre que rodeó todo este proceso. Hasta que, el 8 de julio, es decir tres semanas después, los medios del régimen comenzaron a divulgar lo que se ofrecía por los jefes de cada organización y sus principales lugartenientes. No solo fueron los cuatro ya referidos. En esta galería incorporaron a Romer Ordaz y Gionel Trejo, con recompensas de 50.000 dólares, y más abajo Oswaldo René Velásquez, apodado Rocky, por el que pusieron sobre la mesa 20.000 dólares.

Según el exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia y exconsultor jurídico de la Presidencia, Román José Duque Corredor, no existe un precedente al respecto en la historia reciente del país. Ni siquiera en la época de la lucha contra la guerrilla urbana. Por lo tanto, en este caso son más los cuestionamientos que las respuestas.

En primer lugar, cabe preguntarse cuáles son los términos de la oferta hecha por el gobierno venezolano. En Estados Unidos, por ejemplo, las sumas son ofrecidas a cambio de “información que conduzca al arresto y/o la condena”, de determinado individuo. En principio, ese dato crucial debe ser transmitido a la autoridad o despacho que adelanta las investigaciones. En cambio, aquí divulgaron las fotos de los supuestos delincuentes con sus nombres; más abajo el sobrenombre de cada uno, luego el calificativo de “asesino”, y finalmente el monto de cada recompensa. Para rematar, colocaron el número de una central (911).

“Estas ofertas no tienen soporte legal ni presupuestario”, afirmó el exmagistrado.

Como el Ejecutivo no ha emitido una regulación en torno al tema de las recompensas, existe la posibilidad de que alguien interprete en esos mensajes una exhortación implícita del sector oficial para que maten a Revette o a cualquiera de sus allegados, con el propósito de hacerse de la suma ofrecida.

“Hasta ahora, en Venezuela no existía la posibilidad de cometer delitos para ser premiados. No hay un principio constitucional que permita cometer un delito en atención a una oferta de recompensa”, advirtió.

El plan de la MUD

La primera vez que se propuso en el país la instauración de un sistema de recompensas por “los más buscados” fue durante la campaña presidencial de Enrique Capriles, abanderado de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) en 2012.

En esa oportunidad, un equipo de asesores del exgobernador de Miranda planteó que se elaborara un listado de individuos “contumaces”, es decir, que no se hayan puesto a derecho o que hayan escapado de sus centros de reclusión. En esa misma lista debían figurar los supuestos perpetradores de delitos atroces, que no hayan sido plenamente identificados o ubicados.

Poco a poco, el gobierno de Maduro fue apropiándose de estas ideas. Durante la gestión del general Néstor Reverol en Relaciones Interiores, fue activado el portal de los más buscados. Ahora, les pusieron precios.

“Pero estas recompensas no pueden ser fijadas por mera convicción, sino que se deben precisar los montos en atención al daño social ocasionado”, explicó el abogado Fermín Mármol, quien participó en el grupo de asesores que elaboró el plan de la MUD en materia de seguridad.

Según este abogado y docente el Gobierno no podía poner dinero sobre la mesa por estos antisociales sin antes elaborar un reglamento.

Esa norma no solo fijaría los criterios para establecer los montos a ofrecer por cada sujeto. Mármol indicó que también es necesario regular con claridad cómo se harán los pagos (¿efectivo, transferencia bancaria, carnet de la Patria, bolívares a la tasa del BCV o del mercado libre?), cuáles serían las normas de confidencialidad, e incluso si sería posible la designación de un apoderado judicial para recibir las recompensas.

“Al no tener resueltas estas inquietudes, la probabilidad de éxito de este plan es baja. Esto requiere de mucha certidumbre, y al no haberla me temo que muchos desconfiarán”, señaló.

Tanto Mármol como Duque Corredor indicaron que el Ejecutivo podrá echar mano de los recursos asignados a Gastos de Seguridad y Defensa, mejor conocida como partida secreta, para cumplir su palabra, en caso de que llegue el momento. Sin embargo, Duque Corredor sostuvo que siempre será necesario dejar un “soporte documental” de lo cancelado, ante el riesgo de que surjan reclamos sobre quién suministró el dato clave para la captura.

Las ofertas de recompensa, además, llevan un mensaje implícito: el Gobierno admite su incapacidad para capturar y poner a derecho a determinado individuo, y busca ayuda en la ciudadanía. Por esa cooperación, plantea el pago de sumas más o menos atractivas.

Pero, en realidad, estas son ofertas dirigidas al entorno de los sujetos, a quienes tienen acceso a ellos, y eventualmente pueden halar el gatillo o suministrar alguna precisión sobre puntos de reunión, modos de comunicarse, etc. Es muy raro que un ciudadano de bien se beneficie con una recompensa. Con lo que, paradójicamente, se estimulará el delito en aras de combatirlo.

Breves

¿Dónde está Seuxis Hernández Solarte, alias Jesús Santrich? La supuesta muerte en suelo venezolano de uno de los líderes de las FARC–Segunda Marquetalia sigue siendo un misterio, luego de transcurridos más de tres meses de los primeros reportes, que carecen de confirmación fáctica. El lunes 16 de agosto, el gobernante venezolano Nicolás Maduro se negó a despejar esta incógnita, al ser interrogado al respecto por corresponsales extranjeros. “No estamos obligados a emitir ningún comunicado oficial”, argumentó.

Según fuentes de Relaciones Interiores, no existen reportes sobre la muerte de una persona con el nombre o las características del colombiano: 55 años de edad, 1,65 metros de estatura, cabello cano y afectado por una enfermedad degenerativa que lo ha enceguecido, debido a la cual generalmente aparece en las fotos con lentes oscuros. Un comunicado emitido por las FARC–Segunda Marquetalia en marzo indica que luego de matarlo, los atacantes le cortaron un dedo, con el obvio propósito de lograr una identificación plena. Pero nunca fue divulgada una fotografía de su cadáver, y a las morgues del estado Zulia no llegaron los restos de ningún hombre al que le faltara una falange. O al menos eso no quedó registrado. Además, en la base de datos de Interpol, la notificación roja para Hernández Solarte continúa activa.

En agosto, los secuestros volvieron a ser noticia en Venezuela. No tanto por el número de casos, sino por el tipo de rescate exigido por los captores. En El Callao (Bolívar), una banda pide la entrega de 30 kilos de oro por la libertad del comerciante de este metal Juber Nasser, de 20 años de edad, quien desapareció el viernes 13 de agosto. En Zulia, sujetos por identificar ultimaron al ingeniero en computación Gustavo Torres González, de 39 años, luego de que sus allegados no pudieron pagar el monto exigido por su libertad: 1,5 bitcoins. Según el portal criptonoticias.com, los familiares negociaron con los delincuentes, y lograron pactar un pago de medio bitcoin (22.175$), pero solo pudieron reunir 0,062 BTC, lo que al parecer precipitó la muerte del cautivo. Sus restos fueron encontrados el 11 de agosto en la avenida 64 de la parroquia Urdaneta. Estas modalidades aún coexisten con otras más tradicionales, en las que los secuestradores solicitan pagos en divisas, joyas y armas. Distrito Capital y Miranda todavía acumulan la mayor cantidad de casos en 2021. Pero estos de agosto, sin duda, han sido los más llamativos.

Las opiniones emitidas por los articulistas son de su entera responsabilidad. Y no comprometen la línea editorial de RunRun.es