En medio de la carestía de recursos, dos municipios capitalinos intentan llenar sus arcas a punta de onerosas multas y jornadas de trabajo comunitario
Las calles de Caracas se han transformado en escenarios de la anomia.
Esta afirmación es comprobable en forma netamente empírica. Por ejemplo, colocándose en un semáforo cualquiera de la avenida Francisco de Miranda. En esta vía, que cruza la ciudad desde el extremo este hasta Chacaíto, en la puerta del municipio Libertador, los conductores rara vez respetan las paradas de los semáforos. No solo son los que van en motos. Ahora, es práctica común ver automóviles, busetas e incluso camiones “comiéndose la luz”, lo que obliga a los peatones a redoblar sus cuidados. Un semáforo en rojo no es garantía de cruce libre y seguro.
Esta situación ha llegado al punto en que agentes motorizados de Chacao se han apostado en forma ostensiva frente a los cruces, con la vista puesta en los vehículos para así lograr cierto respeto a la luz que indica parada.
Cuando los uniformados se van, en esas mismas calles pueden verse autos y camionetas de alta gama circulando en contravía, lo mismo que los repartidores de mercancías.
Los famosos motorizados del delivery hacen de las suyas día y noche. Andan por las calles como si la norma no existiera, y reaccionan en forma airada ante cualquier reclamo.
Desde luego que estas conductas no son nuevas. Pero parecieran exacerbarse en la era de la pospandemia.
A partir de marzo, dos municipios capitalinos han puesto atención en estos temas, y emitieron sendas ordenanzas que formalmente se plantean el rescate de la convivencia. Otros intereses también están en juego.
El primero fue Chacao. El 16 de marzo, la Gaceta Municipal de ese sector capitalino divulgó la Ordenanza que Regula la Convivencia Ciudadana en Materia de Tránsito, Transporte y Movilidad Urbana.
Allí se describen 27 conductas sancionables, ya sea mediante multas o imposición de lapsos de trabajo comunitario.
A juzgar por los montos fijados, los concejales valoraron como lo más grave la realización de carreras o “piques”. Quienes organicen o participen en tales justas deberán pagar hasta tres petros, equivalentes a 180 dólares. Sí, las multas se fijan inicialmente en el criptoactivo impulsado por Maduro.
Hay otras faltas consideradas graves, como por ejemplo colocar basura en las aceras o pasos peatonales. Los que hagan esto, serán sancionados con el equivalente a 120 dólares. Estacionarse en algún lugar prohibido acarreará una multa de casi 60 dólares, más el remolque del vehículo.
En Chacao, además, se estableció que los empleados de servicios delivery deberán tener un registro, que se actualizará cada semestre. Los que sean detectados en incumplimiento de esta disposición, deberán pagar una sanción equivalente a 90 dólares.
¿Dispondrá este municipio de suficiente personal para garantizar la aplicación de esta norma? Eso está por verse. Sin embargo, la propia ordenanza abre la posibilidad de que los agentes cobren un porcentaje por las multas que impongan, al indicar que una parte de lo pagado por los infractores será destinada al “fortalecimiento de los funcionarios”.
En Libertador, el concejo municipal emitió una ordenanza más ambiciosa, pues regula la Convivencia Ciudadana, el Civismo y la Justicia de Paz Comunal. Esta norma, además, probablemente estimulará la diligencia de los efectivos policiales encargados de aplicarla: el 20 % de lo recaudado irá a sus bolsillos, cinco días después de efectuados los pagos. Igual tajada irá a la Policía Municipal de Libertador; otro tercio a la alcaldía, y el tercio restante será repartido en partes iguales entre la Oficina Municipal para la Convivencia y las Casas para la Convivencia, donde actuarán los jueces de paz.
Según el concejal José Gregorio Caribas (UNT), el proyecto de esta ordenanza comenzó a ser discutido desde 2022. Reveló que al principio encontraron disposiciones que impedían abiertamente el ejercicio pleno del derecho a la protesta. Tras el debate, fueron modificadas, aunque algo de ellas quedó en el artículo 28, que sanciona la oposición al accionar de los agentes policiales en las vías públicas. Algo parecido al delito de “resistencia a la autoridad”.
Este edil considera que la ordenanza era necesaria, pues la única norma parecida fue emanada de la Alcaldía Metropolitana en 2006.
En el municipio capital, también hay un interés por engrosar las arcas municipales.
“No dudo que esa sea una de las razones”, indicó el edil. Recordó que en los primeros debates había sanciones con montos equivalentes a 300 euros, precisamente, para los que participaran en manifestaciones no autorizadas. Pero en la norma emitida finalmente las mayores multas son para los que participen en carreras de autos o motos, popularmente conocidos como “piqueros” (100 euros). Estas competencias, indicó Caribas, actualmente se ven en las madrugadas y fines de semana, entre Caricuao y el centro de la ciudad.
De hecho, según los ediles, esta actividad es más grave que el expendio de bebidas alcohólicas sin autorización, así como los juegos de azar, que son sancionados con 70 euros de multa.
Las ordenanzas de convivencia aprobadas en estos dos municipios no tocaron otros aspectos que definitivamente están impactando a la vida citadina: la economía informal o buhonería, así como la mendicidad agresiva, en la que una o más personas solicitan dinero, alimentos o algún bien en forma coercitiva.
Según el director de la fundación Paz Activa, Luis Cedeño, el principal defecto de estas ordenanzas es que pretenden abarcar gran cantidad de conductas. En su criterio, deben restringirse a los problemas esenciales, que son la emisión de ruidos molestos, a menudo en situaciones de fiestas prolongadas, y algunas conductas asociadas a ellas, como las ventas de bebidas. Este fue el centro de una ordenanza emitida en 2022 por Baruta, cuyas multas llegan hasta los 295 dólares (5 petros).
Según este sociólogo, los conflictos generados en la convivencia ciudadana deber ser zanjados por la justicia de paz.
“Hay que generar condiciones para negociar las cosas. No vas a entrar en guerra con el pram que organiza la fiesta callejera. Pero sí hay que llegar a acuerdos que permitan la convivencia”, indicó.
Breves
- El 6 de junio, el juez del Distrito Sur de Texas Kenneth Hoyt desestimó la acusación por conspiración para lavar dinero contra el portugués Paulo Jorge da Costa Casqueiro, un experto financiero involucrado en la trama de sobornos en las contrataciones de Petróleos de Venezuela, donde también figuran el exministro de Petróleo Rafael Ramírez, el exviceministro Nervis Villalobos y Rafael Reiter Muñoz, exdirector de Prevención y Control de Pérdidas de la estatal, así como los empresarios Roberto Rincón y Abraham Shiera, entre otros. En su sentencia, el juez indicó que los fiscales del caso no habían actuado de acuerdo con los principios del “juicio breve” (Speedy Trial). Por el contrario, este proceso se dilató en forma que Hoyt consideró injustificada, al punto en que da Costa pasó en prisión preventiva más de la mitad del tiempo por el que fueron sentenciados Rincón y Shiera, calificados ahora como “testigos estrella” en este caso. Una de las razones para retardar el juicio a da Costa Casqueiro era la negociación con Reiter, quien permanece detenido en España. Pero el expolicía de Pdvsa no tuvo éxito en su exigencia de “inmunidad total” frente a los cargos que le imputan en EEUU. En su sentencia, Hoyt advirtió que da Costa no quedará en libertad, pues será deportado a Portugal, donde tiene pendiente un juicio por los mismos cargos.
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