El ciudadano común entiende por violaciones a los derechos humanos las causadas por los organismos de seguridad a personas a las que asesinan o torturan, así como a quienes encarcelan sin el debido proceso. Pocos amplían el concepto a los despidos injustificados en empresas del Estado o al veto para trabajar en ellas, así como a las confiscaciones de la propiedad privada sin razón valedera o sin la debida compensación.
Al respecto, hay que recordar al próximo gobierno legítimo que tiene que tomar en cuenta estas deudas, así como establecer el procedimiento para identificarlas, reconocerlas y cancelarlas. La lista de los afectados es muy grande. Algunos son conocidos; la mayoría son solo cifras a las que hay que ponerles nombres para visibilizarlos y darles el debido reconocimiento a ellos o a sus familiares.
Son numerosos los asesinatos de opositores por parte de la Guardia Nacional, de organismos de seguridad del Estado y de paramilitares del régimen. Algunos murieron bajo custodia como consecuencia de las torturas. Despidieron a numerosos jueces por no plegarse a las órdenes del régimen. Entre ellos, la jueza Afiuni, encarcelada y torturada por aplicar la ley y todavía no tiene plena libertad (*), a pesar de su delicado estado de salud.
Violaciones de los derechos humanos a personas
Fueron numerosos los despedidos por haber firmado la solicitud de revocatorio del presidente Chávez. Los exiliados suman varios miles, entre ellos comunicadores sociales, empresarios y sindicalistas. Según Foro Penal, al 3 de agosto de 2026 había 382 presos políticos, de los cuales 160 eran militares.
A raíz del paro cívico nacional iniciado el 2 de diciembre de 2002, convocado por la CTV, Fedecámaras y la Coordinadora Democrática, en la que estaban representados todos los partidos de oposición, el Gobierno de Chávez despidió a unos 23.000 trabajadores de PDVSA y sus filiales, a quienes les confiscaron las prestaciones y los haberes depositados en el Fondo de Ahorro. Sus hijos fueron expulsados de las escuelas y los residentes en los campos petroleros, como Los Semerucos, fueron agredidos. En 2004 fue asesinado José Manuel Vilas, compañero de Gente del Petróleo y de Unapetrol. Algunos estuvieron presos y cientos emigraron por no poder trabajar en Venezuela.
Violaciones a la propiedad
Desde la promulgación, por decreto, de una inconstitucional Ley de Tierras, despojaron a numerosos propietarios de sus fincas sin compensación, la gran mayoría de ellas en producción y de mediano tamaño. Además, confiscaron muchas empresas, locales comerciales y viviendas. Todas las empresas confiscadas quebraron en manos del Estado.
Para lograr la hegemonía comunicacional, se confiscó Radio Caracas Televisión y se cerraron, u obligaron a cerrar, numerosas emisoras de radio y periódicos. En el caso de El Nacional, el régimen se valió de jueces sumisos para apoderarse de sus instalaciones con base en una demanda de Diosdado Cabello por supuesta difamación.
Compensación a las víctimas
El punto de referencia debe ser la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que, con base en el artículo 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, establece la obligación de garantizar a las víctimas el disfrute de sus derechos, reparar las consecuencias de la violación y pagar una justa indemnización que incluye aspectos materiales, morales e institucionales. La dignidad lesionada genera un deber de restitución, compensación y memoria.
¿Cómo proceder con los miles de casos que pueden presentarse al nuevo gobierno?
En casi la totalidad de los casos llevados ante los tribunales venezolanos, se desestimaron las demandas o las sentencias favorecieron al gobierno. Quienes han acudido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos han tenido éxito, pero el procedimiento es costoso y lleva mucho tiempo. Pareciera que lo procedente es que los casos se resuelvan mediante la evaluación de un comité de la nueva Asamblea Nacional. En 2015, la directiva de Gente del Petróleo y la anterior directiva de Unapetrol presentaron un proyecto de ley ante la Asamblea Nacional que contempla esa vía.
Es asunto de evaluarlo, ampliarlo para abarcar a todos los afectados, tanto personalmente como por la confiscación de sus propiedades, y presentarlo a la nueva Asamblea, que tendrá que elegirse a corto plazo. Algunos dirán que nadie puede atribuirse la representación de un universo tan diverso, y tienen razón. Pero quien no esté de acuerdo tiene el derecho de presentar su caso ante la instancia que prefiera.
Como en botica
- El presidente Trump debe entender que Venezuela no es un país feliz, que exigimos que presente cuentas sobre el petróleo comercializado por su país y que rechazamos su afirmación de que al vencedor le pertenecen los despojos. Además, instamos a Dinorah Figuera y a Jorge Rodríguez a que acuerden realizar la elección presidencial lo antes posible para liberarnos de ese tutor.
- Lamentamos los fallecimientos de Alexis Payares Hernández, José Almarza Albornoz y Óscar García Freites, compañeros de Gente del Petróleo y de Unapetrol.
- ¡No más prisioneros políticos, ni exiliados!
(*) Nota del editor: la jueza María Lourdes Afiuni recobró su libertad plena el 7 de agosto de 2026, fecha posterior a la redacción de este artículo.
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