Superar la crisis institucional de un país mediante el voto es la definición ideal que promueve el concierto de Naciones Unidas en todo el planeta. Esta se complementa con el desarrollo de economías sustentables que permitan el desarrollo nacional y condiciones de vida decentes para sus habitantes en materia de salud, educación, seguridad, servicios públicos y trabajo digno, en un contexto de libertades y de respeto a los medios de comunicación.
En ese orden se manifestó el pueblo venezolano con la masiva participación en las elecciones presidenciales de julio de 2024, orientada a una transición civilizada que superara el régimen autoritario del siglo XXI. Su reacción brutal fue tratar de detener la historia al pretender justificar su presencia usurpadora en el poder.
Una nueva oportunidad
Hoy surge una nueva oportunidad, afianzada con los sucesos del 3 de enero de 2026, que, derivados del contexto de un protectorado, no han logrado congelar las aspiraciones de cambio de la ciudadanía. Por el contrario, la presión popular exige la convocatoria para restablecer la democracia y, al mismo tiempo, acordar condiciones de trabajo que permitan el sustento de la población.
La situación del trabajador en Venezuela es de extrema urgencia y no se va a satisfacer solo con un llamado a elecciones: requiere políticas que restablezcan el salario y el poder adquisitivo perdidos por la gestión gubernamental corrupta de la economía. Todo ello, aunque avezados expertos de la economía y voceros gremiales empresariales culpen a la norma jurídica del inframundo laboral de hoy. Curiosa manera de aplicar el derecho.
El salario, entre la excusa y el «ingreso»
Según este argumento, el hecho de que el trabajador perciba hoy menos de un dólar de salario mensual, por cierto, un récord a escala global, es culpa de la retroactividad, la Constitución y la ley del trabajo; solo faltó la encíclica Rerum novarum, dictada por León XIII (1891), etc. Sin embargo, es consecuencia de la gestión de la estafa monumental conformada alrededor del autocalificado «socialismo del siglo XXI», que posteriormente derivó en el fraude de sustituir de facto el salario por el fatídico «ingreso».
Quizás el reconocimiento de la gravedad de las tensiones que acumula el trabajador en todos los rincones del país, en el sector público y en el privado, haya motivado la oferta de un bono navideño para aliviar las penas y pretender resolver las dificultades de comerse una hallaca decembrina. Observamos que diferentes actores de la mesa de consensos laborales y sociales proponen distintos montos de bonos: USD 300, USD 500. Recientemente, el Gobierno propuso un bono único de USD 150, y los sindicatos, USD 480.
En realidad, lo que ofrezcan tendrá respuesta en la galería. Al verse reducidos los aguinaldos de cuatro meses en el sector público a ridículas cifras de 12 a 20 dólares, cobrará interés saber cuánto será el fulano bono que permita levitar al comer unas multisápidas de fin de año.
El manifiesto sindical y la paralización del 16 de noviembre
Por lo expuesto, veo con sumo interés la alerta de un manifiesto unitario firmado por las centrales sindicales UNETE, CODESA, CGT y CUTV, que abordan en su diagnóstico de la situación laboral estos aspectos: el silencio del Ejecutivo nacional respecto a la bonificación de fin de año (aguinaldos), la paralización de las convenciones colectivas y la depreciación sostenida del ingreso han puesto a los trabajadores y jubilados del sector público en un estado de indefensión sin precedentes.
Igualmente, destacan que el salario mínimo y las pensiones se encuentran desprovistos de valor real, mientras que el pago de bonificaciones, a través de plataformas centralizadas y de control social (como el Sistema Patria), cercena los derechos adquiridos, desconoce los escalafones profesionales y excluye de facto a jubilados y pensionados de un retiro digno.
Estas consideraciones las han llevado a convocar formalmente a todas las federaciones, sindicatos de base, comités de empresa y trabajadores activos y jubilados de entes centralizados y descentralizados a apoyar y acompañar, de manera solidaria y combativa, la jornada de paralización nacional de 12 horas convocada por los gremios de educación universitaria, magisterio y salud para el próximo lunes 16 de noviembre de 2026.
La OIT sigue pendiente
Ahora bien, en materia laboral, los ojos de la OIT se mantienen activos sobre nuestro país, pues la Comisión de Encuesta y sus efectos siguen vigentes desde 2019. Así se manifestó en la actual sesión del Consejo de Administración (358.ª reunión, Ginebra, 9-19 de noviembre de 2026), cuyo proyecto de decisión señala, entre otros puntos:
d) Alienta encarecidamente al Gobierno a que siga adoptando las medidas necesarias para permitir que la Oficina preste asistencia técnica en el país y facilite la convocatoria oportuna de una sexta sesión del Foro de Diálogo Social, con miras a evaluar, junto con las organizaciones de empleadores y de trabajadores y con el apoyo de la Oficina, los progresos realizados y definir las acciones que aún deban adoptarse para la plena aplicación del plan de acción actualizado;
e) Invita al Gobierno a que acepte una misión tripartita de la OIT encargada de evaluar, en consulta con el Gobierno y los interlocutores sociales nacionales, los avances logrados en la aplicación del plan de acción y a que presente un informe con sus conclusiones al director general, con miras a transmitir dicha información al Consejo de Administración en su 359.ª reunión (marzo de 2027).
Una economía al servicio de las personas
Ante las condiciones de pobreza, los representantes del Gobierno, del capital privado y de la dirigencia política en general deben ser sensibles al sufrimiento extremo de la población, en el contexto de las palabras del papa León XIV al presidente de Argentina, Javier Milei: «La economía debe estar al servicio de las personas y no las personas al servicio de la economía».
@froilanbarriosf | Movimiento Laborista.
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