A un año de las protestas 2017: La frustración después de la furia

Entre el primero de abril y 31 de julio de 2017, miles de venezolanos salieron día tras día a protestar por la libertad y la democracia en vilo. Durante cuatro meses, mujeres y hombres, jóvenes y ancianos, trabajadores y estudiantes, políticos y activistas, exigieron en las calles de Venezuela la restitución del orden constitucional, elecciones libres, la liberación de presos políticos, el respeto a la Asamblea Nacional y ayuda humanitaria en medio de la más aguda crisis que trastoca al país en su historia reciente.

Con aquellas manifestaciones multitudinarias, que agitaron a pueblos y ciudades de al menos 14 estados del país, parte de los dirigentes de oposición que lideraban las protestas buscaba la división de la coalición dominante y las fuerzas armadas, el distanciamiento de algunas figuras del régimen de Nicolás Maduro, el debilitamiento del oficialismo y la posterior negociación que diera paso a un cambio de gobierno, tal como había funcionado con otros procesos de transición en el continente. Otros sectores perseguían tajantemente el cambio: salir como sea de Maduro.

Pero la ola de protestas de 2017, considerada como la más prolongada y cruenta por la represión a la que fue sometida en los últimos 6 años, no alcanzó su propósito germinal. No sólo no logró frenar la aprobación de la asamblea nacional constituyente, artilugio impuesto por Maduro con el aparente propósito de reorganizar el Estado y redactar una carta magna que anulase la promulgada en 1999 por el fallecido Hugo Chávez. También dejó una estela dramática: a lo largo de más de 120 días de manifestaciones, fueron asesinadas 158  personas –de las cuales 65 % (103) eran menores de 30 años– y apresaron a más de 3 mil.

Un año después de la ola de protestas, que tuvieron como detonante “el autogolpe de Estado” con la usurpación de funciones de la Asamblea Nacional por parte del TSJ, expertos y políticos analizan las secuelas de las manifestaciones que cuartearon –aún más– el país.

Las manifestaciones de 2017 se enmarcan dentro de los ciclos de protesta política, que se producen en períodos acotados, con fecha de inicio y término, a diferencia de la protesta socioeconómica, que en Venezuela tiene carácter crónico y permanente, analiza el politólogo Luis Salamanca, autor del libro “Protestas contra la tiranía: 1935-1973” (UCV, 2011).

2017 fue un año récord en protestas en los últimos 7 años: se produjeron 9.787 manifestaciones, de las cuales 6.700 (68 %) ocurrieron entre el primero de abril hasta el 31 de julio (un día después de las elecciones de la anc), es decir, fueron políticas, calcula Salamanca a partir de las cifras del Observatorio de Conflictividad Social  (OVCS).

Desde 2011, los dos grandes ciclos de protesta política han sido 2014 y 2017, muy intensos y duros en cuanto a represión con saldo de muertos y heridos pero poco efectivos en soluciones políticas, observa Salamanca. Si bien ambos episodios se han caracterizados por las movilizaciones multitudinarias, demostrando poder social, no son suficientes para lograr el cambio.

También el naufragio de sendos ciclos de protesta política han sido seguidos por una gran depresión colectiva que incide en  los procesos electorales posteriores (el de gobernadores en 2014 y las municipales en 2017), considera el analista. “Esa depresión aún se mantiene en muchos electores, quienes cayeron en un estado de desesperanza y desconfianza hacia el voto como instrumento para lograr cambios. También es normal que la gente se repliegue en su vida privada luego de exponerse y arriesgarse en la calle durante el ciclo de protesta política”.

“Las protestas dejaron un saldo de dolor” evalúa la diputada Delsa Solorzano, quien sustenta con cifras que 2017 fue “un año catastrófico en materia de derechos humanos”: más de 150 muertos y unos 3000 detenidos. Hasta la fecha,  hay 396 presos políticos, según cálculos de la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional. Establecer el número de heridos es más difícil porque el ingreso de muchos en centros asistenciales no fue registrado por razones de seguridad. Es conocido cómo fuerzas de orden allanaban clínicas buscando manifestantes heridos para llevárselos detenidos”, agrega la parlamentaria.

“El responsable de todas esas muertes es el gobierno de Maduro y el aparato represor instaurado. Los venezolanos tienen derecho a protestar; desde hace 20 años (Venezuela) viene luchando por su libertad y no dejará de hacerlo”, agrega la diputada.

A diferencia de otros países donde las protestas multitudinarias generaron “transiciones por colapso” (casos de Argentina, Ecuador, Bolivia),  en Venezuela se mezclaron varios factores que determinaron su fracaso, afirma Rafael Uzcátegui, director de la organización de derechos humanos Provea.

La fortaleza de la hegemonía comunicacional del Estado que aisló  comunicacionalmente a las protestas del sector de la población que no participaba en ellas y la cohesión de la coalición dominante y de las fuerzas armadas que se mantuvo pese a las presiones fueron dos de las razones por las cuales la ola de protestas de 2017 no alcanzó sus metas, considera Uzcátegui. También, se cuentan la “falta de unidad de la Mesa de la Unidad Democrática frente a las maneras de protestar, escaso protagonismo de los gremios, una relativa incidencia del llamado ‘chavismo disidente’ y una débil solidaridad internacional justo cuando se desarrollaban las manifestaciones”.

Por último, la imposición de una “fraudulenta ANC, que generó un escenario de institucionalidad paralela e instaló un sentimiento de derrota entre los manifestantes marcando el fin del ciclo de protestas de 2017”, según el activista de DDHH.

No hay que dar muchas vueltas: la instalación de la anc que  terminó de apagar las protestas de 2017 produjo un enorme sentimiento de derrota general y logró un debilitamiento extraordinario de la unidad política tras adoptar estrategias de movilización distintas que no alcanzaron los objetivos previstos, evalúa Benigno Alarcón, director del Centro de Estudios Políticos (CEP) de la Ucab.

Pero también resalta que la ola de protestas elevó  a un primer plano la crisis venezolana ante la comunidad internacional. “Logró una reacción en países de Europa, Latinoamérica y Estados Unidos que no se había  tenido hasta ese momento. Las sanciones contra funcionarios venezolanos se deben en buena medida a las manifestaciones y a la brutal represión que aplicó el gobierno de Maduro, dejando un alarmante número de detenidos, heridos y pérdidas humanas”, afirma Alarcón. Agrega que países  tan disímiles como EEUU, el grupo de Lima y la Unión Europea comenzaron a pronunciarse con mayor contundencia sobre el tema nacional a raíz de las protestas y a adoptar agendas comunes para promover una salida a la crisis generalizada.

La protesta en sí misma no fue la culpable del fracaso sino la falta de estrategia que orientara la consecución de resultados. La frase “cada quien proteste como quiera” pronunciada aquellos días revelaba que no existía una estrategia común para protestar, opina Alarcón.

Basándose en la tesis de Erica Chenoweth, autora de una investigación sobre 100 años de protestas, el director del CEP destaca que el éxito de las manifestaciones depende de su masificación (de 3,5 % a 5 % de la población como mínimo)  y que no sean violentas. “Mientras no se anarquicen, más personas están dispuestas a participar. Las protestas pacíficas y masivas logran mayor presión sobre el sistema que las violentas”, demuestra el estudio

Los analistas no descartan que vuelva a producirse otra ola de protestas en Venezuela. Pero no puede recurrirse a las estrategias ya conocidas.

Salamanca considera que costará sacudir el estado de desesperanza actual. Entre el ciclo del 2014 y el de 2017 pasaron 3 años. Y Maduro ha cerrado sistemáticamente todas las vías democráticas: anuló la protesta y el voto como derecho constitucional de los venezolanos. Pero precisamente por ello podrían activarse la expresión del descontento. Para esto, es imprescindible interconectar la protesta política con la socieconómica, es decir, articular lo político con lo social”. Ese sigue siendo el reto.