Asesinatos cometidos por militares y colectivos durante las protestas se mantienen impunes

El guardia nacional que el 26 de abril de 2017 disparó una bomba lacrimógena contra el pecho de Juan Pablo Pernalete, en Altamira, Caracas, sigue libre. Tampoco hay cárcel para los 14 uniformados que atacaron e hirieron con múltiples perdigones, en Cabudare, estado Lara, a Gruseny Antonio (Tony) Calderón, pues a pesar de que fueron solicitados por el Ministerio Público, sus superiores jamás informaron sobre su paradero. El policía regional que presuntamente perforó con una metra el abdomen de César Pereira en Lechería, Anzoátegui, todavía no ha ido a juicio porque la audiencia preliminar ha sido diferida varias veces y lo mismo sucede con los paramilitares que atentaron contra Xiomara Scott en Catia, al oeste Caracas. Aún no hay nadie tras las rejas por el caso de Mervins Guitián, aunque todo apunta a que efectivos militares le cegaron la vida cuando atravesaba una barricada en el barrio 5 de Julio de Petare, en el estado Miranda. Un año después del inicio de las protestas antigobierno, la impunidad ha arropado a la mayoría de las muertes que ocurrieron en medio del conflicto y eso lo demuestran las cifras.

De los 158 casos de víctimas fatales registrados durante las manifestaciones que hubo en Venezuela entre abril y julio de 2017, al menos 60 están en su etapa inicial de investigación, mientras que 23 –que ya tienen a presuntos victimarios acusados– esperan por la decisión de una audiencia preliminar (que debe realizarse en un máximo de 20 días de despacho o hábiles) que nada en las aguas del retardo procesal por sus múltiples diferimientos.

A través de abogados, organizaciones no gubernamentales (ONG), notas de prensa, allegados y familiares de las víctimas, Runrun.es pudo conocer el estatus de 87 de los 158 procesos judiciales abiertos por los casos de los caídos en la ola de protestas. De estos, 84 (es decir, 96 % de los revisados) no han llegado a la fase de juicio. Se desconoce la etapa que atraviesan los otros 71, aunque la recién creada ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) – encargada de la defensa de los derechos humanos relacionados con la protesta pacífica y los derechos políticos – asegura que todavía no se han hallado culpables en estos. Entre estos desconocidos, hay 22 que corresponden a muertes ocurridas por electrocución, choque contra o por barricadas y caídas accidentales, los cuales suelen ser sobreseídos.

Uno de los pases a juicio logrados es el del homicida de Jairo Ortiz, el primer joven que mataron en los más de 120 días de conflicto. Al estudiante de 19 años de edad lo impactó un balazo en el tórax mientras atravesaba una barricada en Montaña Alta, municipio Carrizal del estado Miranda, el pasado 6 de abril de 2017. Su presunto victimario es el miembro de la Policía Nacional, Rohenluis Leonel Rojas Mara, quien todavía no tiene fecha para ser juzgado por los tribunales.

También irán a juicio José Castillejo Seu y David Chacón Rivas, los dos funcionarios de la Policía del municipio Sucre del estado homónimo, que están acusados de matar a Ricardo Campo, secretario juvenil de Acción Democrática (AD) en la entidad, cuando estaba en la puerta de su casa durante una protesta nocturna el 30 de julio, día de la elección de la asamblea nacional constituyente (anc) convocada por Nicolás Maduro. Los presuntos culpables están detenidos dentro de la sede del cuerpo de seguridad y, de acuerdo con el diputado a la Asamblea Nacional, Robert Alcalá, gozan de beneficios como estar recluidos dentro de una oficina con aire acondicionado y salir en las noches a bordo de una patrulla.

Aunque no pasó por un juicio, sí hubo una decisión de tribunales con respecto a una causa: la de Luis Enrique Vera Sulbarán, el manifestante que fue arrollado el 15 de junio del año pasado en la avenida Guajira de Maracaibo, en Zulia. Darwin Rubio, el hombre que lo atropelló a bordo de un camión cava, recibió una medida cautelar a cambio de su libertad que le prohíbe salir del país durante 19 meses y le obliga a presentarse en tribunales cada 15 días. El beneficio lo logró en diciembre pasado luego de que Patricia Ordóñez, jueza Décima de Control del Circuito Judicial Penal de la entidad, cambiara la acusación fiscal de “homicidio calificado por motivos fútiles e innobles con alevosía” a “homicidio calificado”, lo que le permitió al señalado apegarse a la admisión de los hechos.

Algo similar quiso aplicarse en el caso de Paul Moreno, el estudiante de medicina y miembro de la Cruz Verde –grupo integrado por médicos y jóvenes que cursaban carreras de la salud y auxiliaban a los manifestantes heridos– que también fue embestido por una camioneta Hylux en la avenida Fuerzas Armadas de la capital zuliana. El tribunal 6° de control en Zulia le otorgó casa por cárcel al culpable, Omar Barrios, durante un año y siete meses por considerar que había sido un accidente. Sin embargo, los familiares de la víctima apelaron la decisión y lograron que el caso volviera a la audiencia preliminar.

Para Raquel Sánchez, abogada y miembro del la ONG Foro Penal en Táchira, el balance general de los casos arroja una grave impunidad debido a la negligencia que ha caracterizado a las investigaciones. “Hay muy pocos órganos de prueba ordenados y recabados. En su mayoría ni siquiera han notificado a los familiares directos de las víctimas de cómo va el proceso”, recalcó la experta que labora en el tercer estado, junto a Lara, donde hubo mayor cantidad de muertos en los cuatro meses de manifestaciones. Los dos primeros lugares los ocupan Distrito Capital, con 24 caídos (13 electrocutados) y Miranda, con 24.

De las 20 muertes ocurridas en Táchira, solo tres causas están en la mitad del proceso: la de Paola Ramírez, a quien presuntamente le disparó un vecino que quería ahuyentar a los colectivos que rodeaban el lugar, y las de dos hombres que murieron en manos de policías: Luis José Alviárez, presuntamente asesinado por dos PNB en Palmira, y el mototaxista Diego Hernández Barón, en cuyo caso fue culpado un oficial de la policía regional.

Otro hecho que ha dejado en evidencia la impunidad intencional del Estado ha sido la falta de respuesta de los organismos militares al momento de aportar información sobre el paradero de los funcionarios responsables por los homicidios ocurridos en medio del conflicto. Durante el período de las manifestaciones, la Guardia Nacional Bolivariana fue la responsable de por lo menos 30 muertes. De estas, solo la de Fabián Urbina  –el adolescente de 17 años de edad a quien los uniformados le dispararon con pistolas en el Distribuidor Altamira de la avenida Francisco Fajardo– está a la espera de la audiencia preliminar.

Casi un años después, ni siquiera han avanzado las imputaciones en la investigación sobre Pernalete, que fue revelada por la Fiscal General en el exilio, Luisa Ortega Díaz, en una alocución a los medios de comunicación el 24 de mayo de 2017. Allí explicó que lo había matado el golpe de una bomba lacrimógena que le fracturó el tórax. Los padres del estudiante acuden todas las semanas al Ministerio Público y salen sin novedad alguna. “Ellos saben quién fue el guardia que lo asesinó, así como conocen a toda la cadena de mando. El caso está resuelto y el expediente está completo”, declaró en febrero pasado el papá del muchacho, José Pernalete.

En Lara hay tres casos emblemáticos que ilustran la obstrucción de la justicia por parte de la GNB: el de Gruseny Antonio “Tony” Calderón, a quien un grupo de guardias nacionales le disparó un perdigonazo a quemarropa en el tronco cuando intentó proteger a un manifestante; el de Eyker Rojas, a quien otros uniformados del mismo cuerpo le perforaron el rostro con una bala de fusil y el de Manuel Sosa, asesinado por un GNB en la urbanización Valle Hondo, de Cabudare, donde solían armarse altas barricadas. Por estos tres sucesos fueron solicitados 19 militares ante los destacamentos 121 y 123 del Comando de la Zona 12. Sin embargo, desde la institución castrense nunca se informó dónde estaban los efectivos. Fuentes relacionadas con los casos revelaron que habían sido trasladados lejos de Lara.

Andrés Colmenárez, director de la ONG Funpaz, afirmó que el monitoreo hecho por la institución a los casos de Lara comprobó que casi 80 % de las muertes permanecen impunes. En la entidad, donde cayeron 20 personas, solo cuatro casos están en la etapa intermedia del proceso judicial, esto es, a la espera de la audiencia preliminar que determinará si hay juicio: Brayan Principal (adolescente de 14 años supuestamente asesinado por un vecino cuando salió de su casa a comprar la cena), Orlando Medina Aguilar (bedel que fue víctima de colectivos en El Tocuyo), Danny Subero (efectivo de la GNB que fue atacado por un grupo de civiles cuando empezó a tomar fotos en medio del funeral de un caído: Manuel Sosa) y Yanet Angulo (educadora que recibió un disparo en la cabeza por parte de un Polilara al asomarse a su ventana en medio de disturbios).

“Luego de los sucesos, el responsable de que se obtenga la justicia es el Ministerio Público y, en cierta medida, el Defensor del Pueblo”, aseveró Colmenárez, quien indicó que esta última institución quedó como un “cuerpo inoperante” por la mínima capacidad que tuvo en esos días para resolver los problemas y dificultades que le plantearon los familiares de las víctimas. “Su actuación es casi nula porque no tiene incidencia en el aparato de justicia del país”, destacó.

Durante el fin de semana de la elección de la anc, marcado por las protestas que reclamaban la anticonstitucionalidad de los comicios en las inmediaciones de los centros de votación, murieron 20 personas y de estas, 5 lo hicieron por impactos de balas que provinieron de efectivos del Plan República que se habían desplegado en todo el país. Así murieron en Táchira el deportista José Gustavo Leal Villasmil, a las afueras del Liceo Alberto Adriani de San Cristóbal; y el adolescente Adrián Smith Rodríguez, a quien le dispararon desde su propio centro educativo: el grupo escolar Libertad de Capacho Viejo. En Mérida cayeron Angelo Yordano Méndez y Eduardo Olave, a quienes los impactaron de bala cuando supuestamente estaban intentando ingresar a una unidad educativa para robar material electoral. La quinta víctima es Haider Ocando, quien murió en un supuesto enfrentamiento en el municipio Santa Rita, en Zulia, tras robar un fusil y una pistola en una escuela habilitada para las votaciones.

Al contrario de lo que ha sucedido con la GNB y el Plan República, los policías regionales, municipales y los PNB que han sido implicados en las muertes de manifestantes sí están siendo procesados. En total, de acuerdo con el fiscal general designado por la anc, Tareck William Saab, son 28 los funcionarios de estos cuerpos que están acusados y próximos a ser juzgados. En este grupo está incluido Arli Cleiwi Méndez Teran, el policía aéreo que disparó desde la Base Aérea La Carlota contra David Vallenilla, cuando el joven enfermero se acercó al sitio para increpar a los uniformados. De los 20 procedimientos que les fueron endosados a los cuerpos de seguridad civiles, solo en 6 los victimarios permanecen sin identificar: los de Luis Eloy Pacheco (Policarabobo, Carabobo), Miguel Medina (Polizulia, Zulia) y Ramón Antonio Rivas (PNB, Carabobo), quienes no figuraron en la lista oficial de víctimas publicada por la Fiscalía de Ortega Díaz. Tampoco hay señalados en los casos de Javier Alejandro Toro Trejo (Poliaragua, Aragua), ni en el de Sócrates Jesús Salgado (PNB, Vargas), ni en el de Neomar Lander (PNB, Caracas), a quien se presume le dispararon una lacrimógena al pecho, tal como a Pernalete.

El accionar de los paramilitares o colectivos armados también se mantiene impune. Solo 5 casos (18,5 %) de los 27 que se atribuyen a los colectivos tienen a personas señaladas por los asesinatos. Entre esto está el de Carlos Moreno, el joven asesinado en la plaza La Estrella de San Bernardino; el de Renzo Rodríguez, el mototaxista que cayó en Barinitas durante un ataque en el que hirieron a otros dos civiles; el de Orlando Medina, el bedel de El Tocuyo, Lara; el de Eduardo José Márquez, el estudiante que fue baleado durante una manifestación en Pie de Llano, Mérida; y Xiomara Soledad Scott, la mujer que mataron el día de la consulta popular convocada por la oposición el pasado 16 de julio.

Las listas que no coinciden

Aunque ha pasado un año desde que comenzaron las protestas de 2017, todavía el Estado no ha revelado el número definitivo de víctimas fatales que hubo el contexto de las manifestaciones contra Nicolás Maduro. Desde el principio hubo confusiones al hablar de los caídos. Mientras que desde el Ministerio Público se indicaban algunos casos, desde el Ejecutivo se mencionaban otras muertes que poco tenían que ver con el conflicto político. Por eso, ni siquiera los informes de tres instituciones oficiales –el Ministerio de Comunicación e Información, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público– coinciden al momento de señalar quiénes y cuántas son las personas que murieron en medio de las movilizaciones antigobierno. Tampoco la lista de la organización no gubernamental Foro Penal concuerda con alguno de los documentos públicos y lo mismo ocurre con el registro elaborado Runrun.es. Aquí se repasa y compara el contenido de cada uno.

La lista de Runrun.es

El seguimiento hecho por Runrun.es contenía, al principio, todos aquellos casos que habían sido anunciados por el Ministerio Público. Sin embargo, luego de los disturbios del 20 de abril de 2017 en la parroquia El Valle, en Caracas, las cifras cambiaron: la versión oficial no registraba a varios de los caídos, mientras que este medio sí había documentado esos decesos.

Esa disparidad se repitió en varias ocasiones. A lo largo de los cuatro meses de protestas, Runrun.es contabilizó todas las víctimas que cayeron en los sitios que fueron escenarios de protestas o saqueos y que, para el momento, se encontraban tomados o bajo el control de cuerpos de seguridad del Estado. En estos casos, cada muerte fue verificada y levantada en las distintas morgues con testimonios de familiares y allegados a los fallecidos, quienes aseguraron que los suyos cayeron en el marco de hechos relacionados con las manifestaciones.

La lista del Ministerio Público

El informe elaborado por el despacho que, para entonces, era llevado por Luisa Ortega Díaz, indicó que hubo 127 muertes en el contexto de las protestas. Nunca hizo clasificación alguna de los casos, ni siquiera en el último documento que difundió durante los primeros días de la segunda quincena de julio de 2017. Sin embargo, en la mayoría de las descripciones sí se señaló cuál era la causa de la muerte y se informaron algunos datos personales de las víctimas.

La lista del Minci

Se trata de la lista más larga de las cuatro analizadas. En su presentación, el Ministerio de Comunicación e Información indicó que el impulso para que esta cartera elaborara un informe sobre las víctimas de las protestas fue la publicación de una frase en Twitter del secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, quien el 27 de mayo pasado afirmó que durante las manifestaciones habían muerto 59 manifestantes “con balas” que intentaban “sostener la dictadura de Venezuela”. Contabilizó 171 víctimas entre el 6 de abril y el 18 de agosto de 2017, 44 más que la del Ministerio Público y 13 más que la de Runrun.es.

Los casos de este informe fueron divididos en 12 categorías que, por una lado, describen las causas en las cuales murieron estas personas: las víctimas quemadas vivas, las linchadas, las que fueron impactadas con objetos contundentes, las que fueron degolladas, las que cayeron electrocutadas en medio de un saqueo. Otras categorías clasifican a los caídos por el sitio en donde fallecieron, como los del viaducto Campo Elías (Mérida) y los de las barricadas. También hay clasificaciones que describen la acción e incluso la tendencia política de quienes protestaban: mientras hay un grupo que “el Ministerio Público no describe como manifestantes”, hay otros que “no manifestaban según familiar o testigo”, y otros más que hacían “parte activa de manifestaciones contra el gobierno”. Por último, se categoriza si se trataba de personas pertenecientes a organismos de seguridad del Estado, si fueron objetivo de un sicariato, o si murieron durante el fin de semana de la elección de la asamblea nacional constituyente, entre el 28 de julio y el 3 de agosto de 2017.

El documento del Minci está basado datos oficiales del Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo y del Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, así como en informaciones publicadas en medios de comunicación. La intención, según la institución, fue “contribuir a clarificar la verdad que esconden las cifras y declaraciones lanzadas al voleo en el debate político”.

La lista de la Defensoría del Pueblo

El organismo que entonces era manejado por Tarek William Saab, hoy fiscal general de la República designado por la anc, divulgó un informe en el que se señala a 115 víctimas fatales en el contexto de las manifestaciones antigobierno producidas hasta el 27 de julio de 2017. Es decir, no se incluyó a los caídos en los sucesos ocurridos entre el 28 de julio y el 3 de agosto, cuando tuvieron lugar las movilizaciones para impedir la elección de la anc.

La lista del defensor dividió las muertes entre aquellas que se dieron en manos de las fuerzas de seguridad del Estado, o en las de civiles, sin discriminar que algunos de estos pertenecían a grupos paramilitares o colectivos. También categorizó a los caídos por aquellos que murieron en barricadas, sin importar si fueron atropellados o si se estrellaron contra estas; por los que fueron víctimas de crímenes de odio, como a quienes les arrojaron objetos contundentes o fueron supuestamente quemados por su tendencia política, entre los que se mencionó a Almelina Carrillo, Pedro Carrillo, Danny Subero, Orlando Figuera y Héctor Anuel Blanco; por los que recibieron disparos desde edificios, entre los cuales se nombró a Paola Ramírez, Jesús Sulbarán y Luis Alberto Márquez; por los fallecidos por armas caseras no convencionales, listado en el que se introdujo a quienes recibieron disparos de esferas metálicas presuntamente detonadas por uniformados; y finalmente a quienes perecieron en actos vandálicos (saqueos), sin que se señalara la causa del deceso.

La lista de Foro Penal

La ONG Foro Penal Venezolano documentó los casos de muertes que estuvieron relacionados directa e indirectamente con las manifestaciones. De acuerdo a la organización, 135 personas murieron en el periodo entre abril y agosto. La cifra está divida en dos categorías. Por una parte, tienen un estimado de 102 personas asesinadas como producto directo de actos represivos. Por otra, 33 personas murieron por hechos indirectamente relacionados con las protestas.