La Corte Penal Internacional tiene desde 2018 un expediente consignado por seis países miembros del Grupo de Lima sobre las violaciones a los derechos humanos cometidas por el gobierno venezolano durante las protestas de 2014 y 2017. Expertos estiman que el reciente informe de la Misión independiente de las Naciones Unidas podría servir para fortalecer dicho expediente y acelerar los tiempos de respuesta del organismo, así como también para que terceros países juzguen a los señalados con base en el principio de jurisdicción universal
A Nicolás Maduro le están siguiendo los pasos. Eso queda claro al leer las casi 500 páginas del informe de la Misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela publicado en septiembre de 2020. En ese documento se detallan prácticas sistemáticas como desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, torturas y otros delitos que constituyen crímenes de lesa humanidad.
Maduro es el primer presidente en ejercicio de la región en ser señalado de cometer crímenes de lesa humanidad, mas no está solo. En el informe identifican a 45 funcionarios que en alguna medida también son responsables personales de los delitos descritos. El énfasis, no obstante, recae sobre tres personas: el presidente de la República, el ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz; y el ministro de la Defensa.
“Este es un informe que determina patrones de conductas, responsabilidades, cadenas de mando y que deja muy en claro la vinculación de Nicolás Maduro, Vladimir Padrino López y Néstor Reverol en la violación de derechos humanos, bien sea por acción o por omisión”, dice el informe de la Misión cuyo mandato expreso era describir las violaciones contra los derechos humanos y determinar quién o quiénes eran los responsables de esos hechos.
El texto afirmó que la Misión tiene fundamentos razonables para creer que tanto el Presidente de Venezuela como los ministros del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, y Defensa, ordenaron o contribuyeron a la comisión de los delitos documentados. Acto seguido explican que: “Los autores directos de los delitos documentados en este informe son responsables de sus actos y deben ser debidamente investigados”.
“El carácter de Presidente o de alto funcionario no le quita la responsabilidad individual por los crímenes de lesa humanidad que perpetró. El propio Estatuto de Roma prevé que no se puede oponer el cargo de un funcionario público para evitar que responda por estos crímenes internacionales”, explicó la directora de la ONG Cepaz, Beatriz Borges.
Marino Alvarado, abogado y miembro de Amnistía Internacional sección Venezuela, destacó dos aspectos clave que atañe a los 45 funcionarios identificados: que los crímenes de lesa humanidad no prescriben y que cualquier país, amparado en el principio de jurisdicción universal, puede activar un juicio en contra de las personas señaladas.
El grupo de los infames
Si bien no se trata de una acusación formal, el señalamiento de la Misión ubica a Maduro entre un grupo de mandatarios y funcionarios que han sido identificados y están siendo investigados por violaciones masivas a los derechos humanos.
“Es particularmente grave pensar que ahora el régimen de Maduro entra en el selecto grupo de jefes de Estado y altos funcionarios que están individualizados por perpetrar crímenes de lesa humanidad, no por opinión de distintos factores de la sociedad civil, sino como resultado de una investigación exhaustiva realizada por un mecanismo independiente”, argumentó Borges.
Ese grupo al que se unen Maduro, Padrino y Reverol tiene al actual presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, investigado por la Corte Penal Internacional (CPI) por los crímenes cometidos desde 2006 en el marco de su guerra contra las drogas. También está Omar Al Bashir, quien era presidente de Sudán cuando recibió la acusación formal de la CPI por los crímenes perpetrados en Darfur desde 2003.
Filipinas era un país signatario del Estatuto de Roma, razón por la cual la CPI tenía jurisdicción para juzgar los delitos, sin embargo, tras recibir el señalamiento en su contra Duterte tramitó la salida del país de la vigilancia de la Corte, situación que se materializó en 2019. Al Bashir ha sido prófugo de la justicia internacional por más de 10 años, en parte porque Sudán nunca ratificó el Estatuto de Roma y también gracias al apoyo de otras naciones africanas que le permiten el libre tránsito por sus fronteras.
Kim Jong-il presidió Corea del Norte desde 1994 y también fue señalado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU por violaciones masivas a los derechos fundamentales. Falleció antes de que la investigación terminara. Saddam Hussein, quien presidió Irak desde 1979, también fue señalado por crímenes de lesa humanidad y fue juzgado y sentenciado a muerte por un tribunal en su propio país. Muammar Gaddafi, mandatario de Libia desde 1979, fue acusado formalmente de crímenes de lesa humanidad en 2011 y falleció de manera violenta un mes después a manos de una turba.
La CPI tiene actualmente 28 casos abiertos contra individuos acusados de cometer crímenes de lesa humanidad y ha emitido 25 órdenes de captura internacional para llevarlos a juicio. Hay otros 10 países, entre ellos Colombia, Bolivia y Venezuela, que tienen expedientes abiertos en fase de investigación preliminar.
Al más puro estilo de las marchas y contramarchas que ha obligado de manera recurrente a opositores y oficialistas a ejercer el derecho a la protesta de manera paralela, Venezuela tiene dos investigaciones abiertas en la CPI, ambas en la misma fase preliminar.
La primera se denomina “Venezuela I” y se refiere a la acción que realizaron en septiembre de 2018 seis Estados signatarios del Estatuto de Roma, a saber, Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú, para que se investigaran los crímenes cometidos por el Estado venezolano entre 2014 y 2017. El segundo es “Venezuela II” y fue introducido por el propio Estado venezolano en febrero de 2020 para pedir una investigación por los supuestos delitos de lesa humanidad que “han resultado de la aplicación de medidas ilegales y coercitivas adoptadas por el gobierno de los Estados Unidos hacia Venezuela desde 2014”.
Borges explicó que Venezuela II es la forma “del gobierno de Nicolás Maduro de enviar un contramensaje de manipulación sobre cuáles son los crímenes de lesa humanidad que se están cometiendo. Lo vemos como una forma de tratar de desviar la atención sobre la verdadera responsabilidad. Sin embargo, eso está siendo tramitado por separado y por lo que sabemos no va a tener influencia en el avance del examen I”.
¿Qué puede pasarle a los 45 funcionarios identificados?
El informe de la Misión de la ONU establece que la primera responsabilidad para investigar y sancionar los crímenes la tienen las instituciones venezolanas. Alvarado destacó que si bien es poco probable que la administración de Maduro vaya a investigar crímenes que los incriminan a ellos de manera directa, no es descartable que la investigación se abra si hay un cambio de gobierno. “Si no muestran interés en hacerlo le da más fundamento a la Corte Penal Internacional para avanzar en su investigación porque uno de los elementos clave en la Corte es la complementariedad, lo cual implica que ellos actúan si consideran que en un Estado no hay voluntad o posibilidad de hacer justicia”, explicó el activista de derechos humanos.
Borges puntualizó que “uno de los aspectos que comenzó a valorar el informe es que es posible que los crímenes de lesa humanidad identificados hayan sido tolerados por los fiscales y jueces de la República como parte del patrón de comisión de estos delitos. La conclusión evidente es que no se puede contar con la justicia venezolana. Se abre así no solo la puerta de la Corte Penal Internacional, sino la posibilidad de que otros Estados juzguen a estos responsables. Se restringe así la libertad de todas las personas nombradas en el informe como responsables pues no podrán circular libremente por el mundo sin el temor de que en cualquier espacio pudieran ser apresados para ser juzgados”.
La directora de CEPAZ explicó que “la calificación de hechos como delitos de lesa humanidad abre una cantidad amplia de posibilidades para la determinación de responsabilidades. La Misión de Determinación de Hechos expresamente hace un llamado no sólo a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, sino también llama a los poderes judiciales de los Estados para que identifiquen a los responsables y los juzguen bajo las leyes de sus propios países, similar a lo que hizo el juez Baltazar Garzón respecto a Pinochet”.
Las declaraciones del presidente de Colombia, Iván Duque, a pocos días de la publicación del informe de la Misión independiente de la ONU, podría ser un indicio de la intención de avanzar en el camino de la jurisdicción universal. “Las constantes violaciones a los derechos humanos por parte de la dictadura [de Maduro], las que denunciamos en nuestro país y en distintos foros internacionales, incluyendo la Corte Penal Internacional, han sido confirmadas recientemente por la Organización de las Naciones Unidas (…). Lo que se busca en Venezuela con los crímenes de lesa humanidad es perpetuar la tiranía y todos en la comunidad internacional tenemos que rechazar esa situación”, dijo el mandatario.
Como naciones debemos defender las democracias en la región, por las amenazas que afrontan. El régimen de Venezuela requiere que hagamos un llamado enérgico para que haya elecciones libres y no como la que se orquesta para diciembre, que solo busca legitimar al dictador. #UNGA pic.twitter.com/V8R6SDUQLv
— Iván Duque ?? (@IvanDuque) September 22, 2020
Borges consideró que debido a que la Fiscalía de la CPI ya lleva una investigación bastante avanzada sobre el caso venezolano, el informe de la Misión debería impulsar a ese organismo a presentar la acusación en contra de las autoridades identificadas en el informe en los próximos meses.
Otra posibilidad que se abre es prorrogar el mandato de la Misión de Determinación de Hechos a fin de que siga investigando los delitos, como los cometidos en el marco del proyecto Arco Minero, y amplíe el listado de presuntos responsables. “Hay una solicitud de varios países para que se prorrogue el mandato por uno o dos años”, afirmó Alvarado.
Mientras tanto, Maduro sigue en Miraflores
“Lo que percibo es que el informe no solo eleva ad infinitum los costos de salida, sino que hace tóxico e imposible cualquier tipo de negociación. Quizás haya para quien tal panorama sea motivo de alegría. En lo personal, difiero. Más veo a Siria y Sudán que a Chile o Bielorrusia (…). Sudán en el sentido de que luego de la acusación de la CPI, Al Bashir se mantuvo por otros 10 años y lo tumbó un golpe cuyo desenlace aún está en veremos, mientras que parte de su oposición -para esos momentos- se independizó en Sudán del Sur para luego caer en guerra civil entre ellos”, argumentó en su cuenta de Twitter el historiador y profesor asistente de la Universidad de Nueva York, Alejandro Velasco.
En una entrevista con Runrunes, Velasco se apoyó en un tweet del también historiador y autor Fernando Mires para ahondar en la preocupación que ronda la mente de muchos venezolanos: “Que después de digerir los horrores del reporte, lo que queda por digerir es el horror de que nada ha cambiado en el ámbito real. Para mí esa es la cuestión, ¿cómo cambia este informe el panorama político para poder lograr un cambio?”, dijo.
Velasco argumentó que si bien el informe representa un hito, también complica cualquier escenario de transición. “Lo digo pues Venezuela, al ser signataria del Estatuto de Roma, está bajo la jurisdicción de la Corte Penal Internacional y eso implica que si la Corte procede hacia una acusación formal a Maduro y los demás mencionados, dificultará cualquier proceso de salida justamente porque los crímenes no prescriben. Es en ese sentido específico que comparé el caso de Venezuela con el de Sudán, pues para Al Bashir significó que ya no había salida posible y se atornilló en el poder. Atrapados ellos, mantienen atrapados a todo un pueblo”, argumentó el historiador.
Los miembros del Grupo Internacional de Contacto (ICG) que lidera la Unión Europea, publicaron un comunicado conjunto un día después de la presentación del informe de la Misión de la ONU. En el documento reconocieron la gravedad de los señalamientos y reiteraron que “la única solución sostenible a la crisis venezolana será una política inclusiva, pacífica y democrática, a través de elecciones legislativas y presidenciales libres, creíbles, transparentes y justas”.
Tal vez la cara más visible de que aún existe la esperanza de alcanzar una solución negociada en Venezuela, pese al informe de la ONU o justamente debido a su gravedad, es la de Joseph Borrell, Alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, quien difundió el comunicado del ICG a través de un tweet y agregó que los ministros del grupo seguirán trabajando “por una salida política negociada a la crisis de Venezuela”.
Strong support from Ministers of the ICG to continue working for a negotiated political solution to #Venezuela crisis. The holding of free & fair elections is key. Only important changes to conditions and time-frame could allow deployment of an EU Electoral Observation Mission
— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) September 17, 2020
No obstante, el profesor universitario se apoyó en los desenlaces de las acusaciones a Hussein y Gaddafi para apuntar que, sin caer en analogías simplistas, hay pocas garantías de transiciones democráticas pacíficas y duraderas tras señalamientos de delitos de lesa humanidad. “Por mi formación profesional tiendo a ver patrones y ciclos recurrentes. Hay voces a lo interno del chavismo que quizás vean la transición como una salida, no obstante, las movidas de Maduro hasta ahora nunca han apuntado hacia algún tipo de negociación sino más bien cada oportunidad ha servido para aferrarse más al poder. Si siguen los patrones, dudo que haya algún cambio en el mediano plazo”, dijo.
Que el informe haya dejado en blanco y negro las violaciones a los derechos humanos cometidas por altos funcionarios del gobierno venezolano no disipa necesariamente la incertidumbre política. “Escucho a gente diciendo que tras el informe no hay negociación posible con quienes cometen crímenes de lesa humanidad, y si eso fuera así entonces qué hacemos, en qué nos deja esto, cómo este informe cambia la realidad que denuncia. Lo que digo no significa que el informe no ayude o que no debería haber sido publicado sino más bien que hay que pensar en función de qué hacer para impulsar un cambio a partir de este documento”, concluyó Velasco.
