La relación entre el chavismo y el kirchnerismo se materializó con un fideicomiso que en 12 años llegó a manejar 2.000 millones de dólares con poca transparencia y otros acuerdos binacionales para comercializar productos con sobrecostos. La conexión Buenos Aires llamó la atención de la Justicia donde hay 15 causas estancadas por la falta de colaboración desde Caracas

 Por: Iván Ruíz

Lavado de dinero, soborno transnacional, contrabando y sobreprecios en ventas son parte de los lazos que hizo el kirchnerismo con el régimen venezolano a través de un fideicomiso de unos 2.000 millones de dólares. 

La investigación transnacional Chavismo INC. rastreó los flujos millonarios de petrodólares que salieron del erario de la Venezuela gobernada por Hugo Chávez y Nicolás Maduro en los últimos 20 años. En el capítulo de Argentina, basándose en la recopilación de expedientes judiciales, explican cómo la relación con el gobierno kirchnerista benefició a un grupo de empresarios cercanos a los Kirchner y, consecuentemente, a los funcionarios argentinos que hicieron posible esos negocios.

Hasta la fecha, las investigaciones judiciales continúan su largo derrotero para intentar comprobar distintos ilícitos mientras que los funcionarios involucrados de Venezuela y Argentina no han rendido cuenta alguna ante los tribunales de sus países por estos posibles delitos, ni siquiera son investigados formalmente. 

Chavismo INC. es un proyecto coordinado por Transparencia Venezuela, la plataforma latinoamericana Connectas y la Alianza Rebelde Investiga (ARI). La investigación muestra 10 historias sobre corrupción, un entramado de negocios, acuerdos ventajosos, fraudulentos o sofisticados esquemas que abultaron los bolsillos de unos pocos con fondos venezolanos. 

Aquí los principales hallazgos:  

* El fideicomiso entre ambas naciones, que movió en total unos 2.000 millones de dólares entre 2012 y 2016, era una especie de mecanismo de compensación de Argentina por las facilidades que le entregaba la estatal Pdvsa cuando el país no podía buscar financiamiento en los mercados internacionales. Para equilibrar la balanza, Argentina canalizó la exportación de algunos productos que necesitaba Venezuela, como lácteos o pollos congelados.

* La puesta en marcha y el funcionamiento de este fideicomiso fue obra, sobre todo, del funcionario argentino José María Olazagasti, mano derecha del exministro Julio De Vido, y hombre fuerte de la “embajada paralela” en Venezuela. Así fue como los medios de comunicación calificaron a la fuente de negocios que entabló este ministro argentino con el chavismo, que funcionaba como una relación más influyente que las formalidades diplomáticas: llegaba directo a los Kirchner, de un lado, y a Chávez, del otro.  

* Desde Venezuela, el encargado del fideicomiso era Víctor Aular, entonces vicepresidente de Finanzas de Pdvsa. Él se encargaba de revisar el intercambio y firmaba las conciliaciones por los procesos de pago de los préstamos petroleros que se otorgaban a países del Caribe. Esos préstamos iban atados —en muchos casos— a otros negocios y guiños diplomáticos, tal como reveló la investigación periodística Petrofraude, publicada por Connectas en 2019.

* El kirchnerismo también le abrió las puertas a empresarios locales para hacer negocios con Caracas. Como es el caso del empresario argentino Juan José Levy, quien tenía una pequeña droguería que fabricaba medicamentos en Buenos Aires hasta que se vinculó al gobierno de Cristina Fernández y eso le acercó a un negocio que le cambiaría la vida -y sobre todo aumentaría los números en sus cuentas bancarias-: venderle al Estado venezolano. Sus declaraciones fiscales pasaron de ser cerca de 250 mil dólares en 2011 a 93 millones de dólares en 2016, gracias al blanqueo de capitales. 

* Según información de distintos expedientes judiciales recopilados en Chavismo INC., Levy sumó operaciones por 550 millones de dólares con Venezuela para venderle desde medicamentos, pasando por decodificadores de TV y hasta suavizantes para la ropa. Sus empresas habían firmado contratos con sobreprecios de hasta el 300% con el gobierno chavista: Laboratorios Esme S.A. vendía suavizante para la ropa en la Argentina por dos dólares, pero al Estado venezolano el precio subía hasta los ocho dólares; exportaba un litro de shampoo para cabello a Chile por 0,67 dólares, mientras que el precio facturado a Suvinca, por el mismo producto, era de 1,87 dólares. Con la ventaja de que Venezuela pagaba por adelantado el 60 % de los contratos. 

* Los vericuetos legales en los tribunales argentinos y, sobre todo, la falta de colaboración de las autoridades venezolanas dejó el caso Levy al borde de su archivo y enterró la hipótesis de que existió un soborno transnacional impulsado por empresarios argentinos para que los funcionarios chavistas defraudaran a Venezuela. Y debilitó la posibilidad de probar un lavado de dinero al no poder establecer el delito precedente. Después de tres años de esperar que llegue una respuesta de los funcionarios venezolanos, el juez Marcelo Aguinsky habilitó una última opción: le pidió al presidente Alberto Fernández que intervenga para que Caracas responda alguna de las solicitudes de información necesaria para continuar con la investigación. Sigue sin respuestas.

* A pesar de los vaivenes y de la frágil situación en los tribunales argentinos, el caso Levy no es el primer expediente judicial vinculado al chavismo con dificultades en tribunales de Buenos Aires, ya que abrió la puerta sobre otras irregularidades dentro del fideicomiso bilateral: fueron decenas las empresas que le vendieron a Venezuela con precios por encima del valor de mercado. En una auditoría de la Sindicatura General determinó que unas 15 compañías argentinas sumaron un sobreprecio total de 235 millones de dólares en los productos facturados a Venezuela. Eso impulsó 15 causas judiciales, cada una destinada a analizar los sobreprecios facturados por las empresas argentinas que vendieron desde leche en polvo y legumbres hasta productos tecnológicos.

* El fiscal argentino Germán Bincaz impulsó diez de esas investigaciones y ya pidió medidas de prueba sobre las operaciones de las empresas Soychú, Cresta Roja, Tres Arroyos y Rasic Hermanos por la venta de pollos congelados que, en total, suman sobreprecios por 42 millones de dólares. Por su parte, la empresa láctea SanCor cobró la leche en polvo un 23% más caro sobre sus valores habituales de mercado, lo que implicó sobreprecios por 95 millones de dólares.

* La empresa argentina Bioart S.A. le vendió arroz por 23 millones de dólares a Venezuela —a través de un acuerdo binacional—, a un precio que duplicaría el valor de mercado. Fuentes judiciales en Argentina sospechan que detrás de esta operación está el exministro del Poder Popular para la Alimentación venezolano, Félix Osorio, quien se desempeñaba como mayor general del Ejército y ahora es viceministro de Educación. Desde hace tres años que la justicia argentina espera que Venezuela responda el pedido de colaboración para continuar con el caso.

* Otro caso emblemático es el de la maleta de Guido Antonini Wilson. Se sospecha que esos 800 mil dólares que el venezolano intentó ingresar en 2007 de manera ilegal a la Argentina eran para financiar la elección presidencial de Cristina Fernández. El caso estuvo a punto de prescribir en 2018, pero finalmente se reactivó casi de casualidad y ahora se prepara el juicio oral en Buenos Aires.

* El fideicomiso bilateral finalizó cuando el kirchnerismo dejó el poder en Argentina, en 2016, pero las investigaciones judiciales continúan su largo derrotero para intentar comprobar distintos ilícitos. Los funcionarios de ambos países por ahora no han rendido cuenta alguna ante los tribunales de sus países por estos posibles delitos, ni siquiera son investigados formalmente.

Aquí puede leer la historia completa sobre Argentina: sobrecostos, lavado y defraudación sin justicia.

Aquí puede leer todo el especial de Chavismo INC.