El Ministerio de Interior y Justicia venezolano, sin siquiera procurar una investigación independiente, desestimó las denuncias de los familiares de las víctimas que aseguraban que habían llegado a Trinidad y Tobago y fueron obligados a regresar en una sola embarcación
Trinidad y Tobago negó a las personas que llegaron a su territorio la oportunidad de explicar su caso, presentar su documentación de soporte y esperar una decisión de las comisiones de refugiados
@GITIW y @ValeriaPedicini / Foto: César Toledo
El Estado venezolano y el trinitense comparten la responsabilidad de violaciones de derechos humanos en el caso de las víctimas que partieron de Güiria el pasado 6 de diciembre.
Venezuela incluso desestimó las denuncias de los familiares y parece dar por terminada cualquier investigación relacionada con el caso. El 25 de diciembre, la ministra de Relaciones Interiores, Carmen Meléndez, firmó un comunicado en el que aseguró que “el pasado 6 de diciembre se produjo un naufragio de la embarcación identificada como Mi Recuerdo, aproximadamente a 11 millas náuticas del punto de zarpe… en la embarcación iba un grupo de personas que se dirigían a la República de Trinidad y Tobago a pasar las fiestas navideñas”.
Aunque esta versión en este caso no ha sido confirmada, las autoridades de Trinidad y Tobago al parecer hicieron lo que ya han hecho antes: devolver de manera «caliente» a los migrantes venezolanos violando tratados internacionales.
Para Venezuela parece ser suficiente la versión trinitense. La Guardia Costera de ese país aseguró en un comunicado que sus funcionarios no interceptaron ninguna embarcación proveniente de Venezuela. Mientras que el primer ministro Keith Rowley tachó como “mentira” la versión de que los venezolanos fueron expulsados de territorio trinitense.
Pero desde que se supo la noticia de la desaparición, los familiares de los migrantes aseguraron que las embarcaciones habrían alcanzado las costas trinitenses. ¿La razón para creerlo? Los primeros cadáveres fueron hallados muy cerca del puerto de Güiria. “Que los primeros cuerpos fueran encontrados a solo 6 millas náuticas de la costa venezolana quiere decir que se estaban devolviendo”, dicen los familiares, convencidos de que sus parientes sí pisaron territorio insular.
A pesar de las denuncias y las evidencias, se ha negado el derecho de saber efectivamente qué ocurrió con la embarcación o las embarcaciones.
El gobernador del estado Sucre, Edwin Rojas, incluso manifestó no saber qué pasó con la embarcación que naufragó y admitió no tener la capacidad para controlar zarpes ilegales. Por su parte, la Fiscalía venezolana, a través de su vocero, Tarek William Saab, declaró que investigaría lo ocurrido bajo la presunción del delito de trata de personas y casi de inmediato fueron detenidos Luis Ramón López y Luis Martínez, este último conocido como “Che María”. Sin embargo ambos ya se encuentran en sus casas. Adicionalmente, según denuncias de los habitantes de Güiria, los siete militares detenidos por extorsionar a Luis Martínez están libres y sólo fueron cambiados de zona.
La primera responsabilidad es de Venezuela
Imágenes de migrantes alcanzando de manera precaria las costas de otro país se generan todos los días: llegan a las islas Canarias, a las costas de Italia, a las del Reino Unido y llegan a los Estados Unidos cruzando el Río Grande. Lo que no se ve es que alguno de esos países obligue a devolverse por sus propios medios a los migrantes, y que el país de origen de estas personas no provea medios de transporte seguros para su devolución, arriesgándolos a asumir una travesía mortal.
Casos de naufragios, desapariciones y denuncias de trata de personas se han documentado entre Venezuela y Trinidad y Tobago al menos desde 2017. Nada más en 2019 fueron reportadas como desaparecidas tres embarcaciones entre ambas naciones.
“El naufragio del sábado 12 no es el único. Ha habido antes varios que conocemos mediáticamente, y otros que probablemente ni nos enteramos, responde a patrones más amplios de desplazamiento forzado de venezolanos”, explica Betilde Muñoz, directora del departamento de inclusión social de la Organización de Estados Americanos (OEA), experta en temas de migración y desplazamiento forzado.
Para Erika Guevara-Rosas, de Amnistía Internacional, en el caso de Venezuela se trata “de personas que no solo escapan del hambre y del desabasto de medicinas y alimentos en esta crisis humanitaria compleja, sino que también escapan muchas veces de la persecución individualizada dada las políticas de represión violenta que han sido muy bien documentadas que ocurren en Venezuela”. Es por ello que se hace imprescindible que los gobiernos respeten el principio de no expulsión forzada y proteger a personas que como estas, escapan de sus países por persecución o masivas violaciones de derechos humanos.
El caso es que los venezolanos, sin importar los riesgos, siguen huyendo. Solo en noviembre de 2020, las autoridades de Trinidad y Tobago deportaron a más de 200 venezolanos, de acuerdo con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur). Según el más reciente informe, en uno de los casos se informó que un grupo de 29 personas, incluidos 16 niños, fueron escoltados fuera de las aguas trinitenses, aunque algunos regresaron a la isla después.
Hasta el 30 de noviembre, Acnur registró 20.143 refugiados en Trinidad y Tobago, lo que representa 200 menos que en el mes de octubre. De ese total, el 85,8% son venezolanos.
No pueden ser devueltos
La Convención de 1951 genera obligaciones en los países que reciben refugiados; una de ellas, es no devolverlos al país del que salen. “Hay una obligación de darle el derecho a pedir ese reconocimiento y de no devolverlo cuando está procesando ese reconocimiento. Así sea que esté retrasado el proceso judicial para definir si se le otorga o no el estado de refugiado, no los puede devolver”, señaló Muñoz.
La politóloga manifiesta que los estados deben darle oportunidad a las personas que llegan a su territorio de explicar su caso, presentar su documentación de soporte y esperar una decisión de las comisiones de refugiados en cada país. “Esa persona tiene el derecho a que no la devuelvan hasta que no se concluya el proceso. Lo que deben respetar con la Convención del 51 de los refugiados es el derecho de los venezolanos a solicitar asilo y el derecho a la no devolución. Ese es el principal tratado y las dos cosas claves que tienen que ser centrales en la respuesta de Trinidad y Tobago ante la llegada de venezolanos”.
Riesgo evidente
La internacionalista experta en derechos humanos y relaciones multilaterales, María Alejandra Aristeguieta, explicó que de acuerdo con el principio de no devolución, si los migrantes corren peligro en su país no pueden ser devueltos. Si el país receptor argumenta que no tiene los recursos para atender a los migrantes, hay al menos dos vías para actuar.
“Las autoridades de Trinidad y Tobago tenían dos opciones: la primera, hablar con el consulado venezolano y que ellos se encargaran de buscar a los migrantes y de repatriarlos de manera segura. La segunda es hablar con una tercera nación y alegar que ellos no tienen la capacidad para atenderlos y, si se llega a un acuerdo, trasladarlos hasta el nuevo destino”, explicó Aristeguieta.
¿Por qué las autoridades consulares de Venezuela no se encargaron de repatriar a los migrantes? “La comunicación entre Trinidad y Tobago y el consulado venezolano es fluida, esa información la tengo confirmada directamente de las oficinas de Naciones Unidas. Una hipótesis es que los quieren usar de ejemplo porque el nivel de crueldad de esta gente está tatuado en su ADN. Quieren hacer de esta tragedia un caso ejemplarizante”, argumentó la internacionalista.
“La violación de los derechos humanos de esos migrantes fue de común acuerdo porque alternativas hay para resolver ese tema de otro modo, que no las quieran explorar o no las quiera llevar a cabo es clarísimo. No es que no tengan mecanismos en sus manos: Trinidad y Tobago podría estar hablando con Acnur y otras agencias para la atención de esos migrantes, o podría estar tomando alguna medida para repatriarlos responsablemente”, dijo Aristeguieta.
¿Por qué no asumen la segunda opción y buscan un tercer país que los reciba? “Probablemente porque no se quieren convertir en un destino de tránsito”, argumentó la internacionalista.
Venezuela y Trinidad y Tobago han mantenido una estrecha relación en las dos décadas de chavismo. Lo que inició por interés comerciales no solo se quedó ahí: desde el gobierno trinitense se han rechazado los intentos de intervención militar de Estados Unidos a Venezuela.
Se ha hablado de “lazos de hermandad”, de cooperación y de desarrollo para beneficio común de ambas naciones. Se han firmado acuerdos de cooperación energética.
Hace apenas tres meses, a mediados de agosto de 2020, Nicolás Maduro se reunía con el primer ministro trinitense Keith Rowley para mantener la coordinación entre ambos gobiernos “al más alto nivel” y “profundizar la histórica relación bilateral y a fortalecer los mecanismos de integración de América Latina y el Caribe”.
Autoridades de Venezuela y Trinidad y Tobago se reúnen con frecuencia, tienen buena relación, firman acuerdos. Existen elementos para pensar que entre ambos gobiernos hay comunicación. ¿Por qué no un acuerdo para la repatriación segura y digna de venezolanos?
Trinidad y Tobago podría conversar con Venezuela para hacerlo. “Si es un grupo de migrantes irregulares a ser retornados, tendrían que coordinar los países. Si es asilo, ninguna coordinación. El Estado que recibe debe proteger a quien solicita asilo de su país de origen”, explica Betilde Muñóz.
Para el Comisionado de la Organización de Estados Americanos (OEA) para los migrantes y refugiados venezolanos, David Smolansky, Trinidad y Tobago está actuando al margen de al menos dos compromisos internacionales: la Convención Americana de Derechos Humanos y la Convención de Ginebra del Estatuto de los Refugiados de 1951 y su protocolo de 1967. “En ambas, los estados suscriben que tienen el compromiso de proteger a una población en condición de vulnerabilidad, de ir a otra nación y ahí obtener la protección y el refugio. Y en esas dos convenciones actúa también el principio de no devolución”.
Convención que Trinidad y Tobago firmó y ratificó, pero no cumple al regresar a los venezolanos “en caliente”, como se ha documentado en algunas ocasiones, sin tener en cuenta sus derechos a la movilización. “Los venezolanos corren mucho peligro por la forma cómo los están deportando. Sin salvavidas, y en este momento que estamos con COVID-19 tampoco con mascarillas; en embarcaciones pequeñas de madera donde van con exceso de capacidad, con limitación de combustible en una zona donde son recurrentes las condiciones climatológicas adversas y fuertes precipitaciones. Obviamente la vida de estas personas está en riesgo”, aseguró Smolansky.
Necesitados de protección
Para la directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara-Rosas, lo ocurrido con el naufragio de Güiria “nuevamente es una muestra de la falta de protección que se les está dando a estas personas [venezolanos] que terminan en una situación de altísimo riesgo, sujetas muchas veces a redes de trata y grupos de crímenes organizados, precisamente por la falta de protección y porque se ha criminalizado la entrada irregular de personas venezolanas necesitadas de protección internacional”.
La Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, se refirió al caso y dijo: “Pedimos a los gobiernos que detengan las devoluciones en el mar en violación del principio de no devolución y la prohibición de las expulsiones colectivas y suspendan todos los retornos forzosos en medio de la pandemia de COVID-19 para salvaguardar la salud de los migrantes y las comunidades. Alentamos a los gobiernos a que, en cambio, proporcionen vías seguras y legales para que los migrantes regularicen su estatus y eviten el riesgo de deportación”.
La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) exhortó en 2018 a los países de la región a garantizar que los venezolanos tuvieran acceso a los territorios y a los procedimientos de determinación de la condición de refugiado. “Si bien no todos los venezolanos son refugiados, cada vez resulta más claro que un número significativo necesita protección internacional (…). En vista de la situación en Venezuela, es crucial que las personas no sean deportadas o forzadas a retornar”.
La experta en relaciones multilaterales explicó que la capacidad de instrumentación y exigibilidad de cumplimiento por parte de los Estados a los acuerdos de protección a los migrantes, es bastante laxa porque no hay una herramienta que los obligue. “Si hay un tratado internacional bilateral y una de las dos partes incumple, la otra parte puede recurrir; pero en el caso del derecho internacional humanitario son medidas de exhortación, no hay capacidad para obligar al Estado miembro a cumplir con lo que él mismo firmó y ratificó”.
Aristeguieta, quien se desempeñó como embajadora del gobierno interino de Juan Guaidó ante Suiza, argumentó que los países democráticos se cuidan mucho de cumplir con los tratados y acuerdos en materia de derechos humanos porque tienen una sociedad civil y una institucionalidad muy sólida, temen a la opinión pública y todo eso sirve de mecanismo de presión y balance. “En el tercer mundo eso no es así, todo es más laxo porque la institucionalidad es muy débil. Ese es el contexto real en el que vivimos y sobre esa realidad hay que trabajar”.
Un ejemplo de cómo en democracias más sólidas hay más vigilancia y control en el trato hacia los migrantes irregulares, es Italia. En agosto de 2019, el ex ministro de Interior Matteo Salvini impidió que la embarcación «Open Arms» con 116 migrantes a bordo, atracara en isla italiana de Lampedusa. Los migrantes pasaron 10 días en el mar mientras sus condiciones de salud se deterioraban. Salvini argumentó en su momento que aplicaba una política de «puertos cerrados» para negar el acceso de los migrantes. En enero de 2021, el ex ministro y líder del partido italiano de extrema derecha La Liga, enfrenta un juicio por secuestro y abuso de poder.
¿Nueva categoría para venezolanos?
Aristeguieta explicó que si bien no hay obligación para ningún país de calificar de refugiados a los migrantes que lleguen a sus tierras, sí hay un conjunto básico de acciones que esa nación está obligada a seguir.
“No tenemos cómo reclamarle que no los trate como refugiados, pero sí tenemos derecho a exigirles que cumplan con el principio básico de no devolución, con el debido proceso tanto jurídico como administrativo para la evaluación de cada caso de manera individual; y con la tramitación de la devolución de esas personas a su país de origen de manera segura”, dijo Aristeguieta.
Cuando se habla de venezolanos que han dejado la nación, se utilizan los conceptos de migrantes y refugiados. Los primeros lo hacen de forma voluntaria, por razones laborales o reunificación familiares. El derecho a migrar está reflejado en la Convención Internacional de la Organización de las Naciones Unidas sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares de 1990, que toca todas las dimensiones de protección a migrantes.
Por otra parte, la Convención de Ginebra del Estatuto de los Refugiados de 1951 y su protocolo de 1967 definen qué es un refugiado, sus derechos fundamentales a ser protegidos y la determinación que no deben ser devueltos al país donde temen ser perseguidos.
En el caso de Latinoamérica, se firmó una declaración que expande la definición de refugiados para incluir personas que sufren y huyen de la violencia, que escapan porque el orden público de su país es inestable o porque existen violaciones de derechos humanos, aunque no los reciban directamente. Eso es lo que ha utilizado México y Brasil para darles la condición de refugiados a miles de venezolanos. Así lo explicó Betilde Muñoz, directora del departamento de inclusión social de la Organización de Estados Americanos (OEA), experta en temas de migración y desplazamiento forzado.
Pero la situación de los venezolanos es difícil de definir. “Lo que está ocurriendo en la mayoría de los países de la región, sobre todo donde hay más venezolanos, no necesariamente están usando esa definición de Cartagena para reconocer a los venezolanos, pero tampoco caen entre los migrantes voluntarios. Tenemos una gran cantidad, millones de venezolanos diría yo, que no son reconocidos en ninguna de las dos categorías en este momento y eso está generando una necesidad de protección”, afirma.
Aunque se hable de migración forzada, ese concepto no está en ningún marco jurídico internacional, lo que no genera obligaciones a los Estados que reciben a venezolanos cuyo desplazamiento es forzado. “Hay que seguir empujando la conversación para que se haga el reconocimiento de refugiados según la Convención de Cartagena, pero también está la conversación de si el fenómeno venezolano nos va a obligar a pensar en nuevas categorías de protección internacional”, alega Muñoz.
Sin tenerlos en cuenta
Pero sin importar el estatus migratorio, todos los países que reciben migrantes, refugiados o no, tienen la obligación de garantizar los derechos humanos de las personas. “Los Estados están obligados a darles protección. La protección pasa por darles su documentación, por reconocer sus derechos, por regularizarlos”, plantea Smolansky, lo que facilitaría a los venezolanos acceder a la salud, educación e insertarse a los mercados laborales en Trinidad y Tobago.
Pero Trinidad y Tobago no ha dado esa oportunidad. Smolansky aseguró que en el registro que hiciera el gobierno trinitense en 2019, se identificaron 16 mil venezolanos. “Pero realmente en Trinidad y Tobago lo que manejamos es que hay aproximadamente 40 mil migrantes y refugiados venezolanos. Si un registro duró solo dos semanas, no da tiempo para que la gente haya podido obtener su documentación en tan solo 15 días o no se enteraron. Y en año y medio ha sido mucha la gente que ha llegado a Trinidad y Tobago y no les han dado oportunidad de registrarse”.
¿Por qué Trinidad y Tobago no les da el reconocimiento de refugiado a los venezolanos? Aunque Beatriz Muñoz no tiene una respuesta certera, atribuye la razón a una complejidad de factores.
Para ella, que hace apenas un año Trinidad y Tobago tenga una oficina de la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) en la isla, da a entender cómo ven el tema de los refugiados. “Para ellos no existía una agenda de protección de refugiados, aunque han ratificado la convención. No ha sido parte de su dinámica porque no han recibido históricamente refugiados, quizá eso no es parte de la conversación con la ciudadanía o los políticos”.
Sin importar la cantidad de venezolanos llegando a su territorio ni las condiciones en las que lo hacen ni de qué huyen, el gobierno de Trinidad y Tobago mantiene su posición de rechazar cualquier ingreso ilegal: la única forma de entrar a la isla es por una solicitud de visa.
“En el país hay cerca de 16.000 venezolanos registrados y protegidos y no recibimos ayuda de ninguna agencia para cuidar de estos inmigrantes, muchos de los cuales son recién llegados que ingresaron a nuestro país ilegalmente. El año pasado, por empatía, los registramos a todos y les permitimos vivir honestamente dentro de nuestras fronteras”, dijo el primer ministro.
La ley migratoria de Trinidad y Tobago pone en manifiesto su actitud con la llegada de migrantes, algunos artículos que pueden ser considerados discriminatorios y que se prestan para interpretaciones según el ojo con el que se mire. Prohíben la entrada a personas con enfermedades o “físicamente defectuosos”; a personas que se puedan convertir en una carga económica para el Estado; a personas que no puedan costearse su permanencia en la isla; a “idiotas, imbéciles, débiles mentales, personas que sufren demencia o psicópatas”; ni se le permite la entrada o permanencia a cualquier «persona indeseada».
Sin importar esto, cuando un Estado firma y ratifica un tratado internacional, como lo es la Convención de 1951, tiene como obligación reacomodar y alinear sus marcos legislativos a los estándares de la convención internacional. “Puede ser que haya una discrepancia entre lo que dice el tratado de refugiados y lo que dice la ley de Trinidad y Tobago. Pero la obligación es que progresivamente se hagan los ajustes legislativos para que conversen lo que tiene la ley y lo que tiene el tratado internacional”, aseguró la funcionaria de la OEA.
¿Qué dice Trinidad y Tobago?
Amnistía Internacional, el Centro Caribeño de Derechos Humanos y más de otras 20 organizaciones han escrito dos cartas abiertas al primer ministro Keith Rowley, pidiendo que su gobierno reconozca la gravedad de las violaciones de derechos humanos de las que huye la población venezolana.
Hasta la fecha, las misivas no han sido contestadas.
Para Erika Guevara-Rosas, el gobierno de Trinidad y Tobago está anteponiendo intereses políticos en menoscabo de los derechos humanos de las personas necesitadas de protección internacional.
Para el abogado David Smolansky, tiene que haber un giro de 180 grados por parte del gobierno de Trinidad y Tobago en el reconocimiento de los venezolanos, además de aprender de otros países vecinos como Colombia o Brasil en los que se mantiene una política de fronteras abiertas, donde no piden visa para entrar y donde se les da el estatus de refugiado.
“Si se les trata diferente y se les brindara apoyo y oportunidades, más bien pudiese verse beneficiada esa isla en cuanto a su economía. El destierro representa muchas oportunidades para países de América Latina y el Caribe de recibir una población que quiere trabajar, que quiere emprender, que quiere estudiar y todo aportar a la economía. Trinidad y Tobago le está dando una patada a eso, está privilegiando su relación política con Maduro”, dijo Smalasky.
