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La oposición intentará negociar con las apuestas en contra
Tres expertos analizan la negociación entre el régimen de Maduro y la oposición. Miguel Martínez Meucci advierte sobre la posibilidad de que este proceso lleve a occidente a brindar al régimen de Venezuela el mismo trato que al cubano, al que consideran autoritario, pero reconocen.

Por: Reyes Theis/ @Reyestheis

 

Una oposición dispersa y desconectada del sustrato popular intenta recomponerse.  

Por diversas causas, después de su fulgurante triunfo en las elecciones parlamentarias de 2015, este sector comenzó a entrar en barrena

Su última apuesta,: el “gobierno interino” de Juan Guaidó, no pudo concretar su primer objetivo: “el cese de la usurpación”, por lo que ahora la coalición de los partidos del llamado G-4 intenta sacar un resultado honroso frente al régimen de Maduro, que no ve amenaza cierta a su hegemonía en el corto plazo.

El 17 de agosto se publicó en Gaceta Oficial un memorando entre “el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y la Plataforma Unitaria de Venezuela”, documento inicial producto de la fase llamada de prenegociación, donde se acuerda la agenda, la metodología y el cronograma de ese nuevo intento de acercamiento.

Esta primera fase se realizó de forma pendular, esto quiere decir que el representante del Reino de Noruega -facilitador del proceso- sirvió de puente para recibir y tramitar las solicitudes y exigencias de cada parte.

Por la oposición integran la delegación Gerardo Blyde (coordinador), Luis Aquiles Moreno, Luis Emilio Rondón, Tomás Guanipa, Carlos Vecchio, Mariela Magallanes, Stalin González, Roberto Enríquez y Claudia Nikken. Los delegados del régimen son: Jorge Rodríguez (coordinador) Delcy Rodríguez, Héctor Rodríguezy Nicolás Maduro Guerra. 

Esta primera fase no estuvo exenta de polémica, pues el hecho que los actores opositores hayan firmado el papel en el que la delegación de Maduro es llamada “gobierno”, ya enciende la controversia. 

“Lo que se ve allí refleja el balance de poder entre los actores”, sostiene el profesor de Ciencias Políticas Miguel Ángel Martínez Meucci, venezolano y catedrático de la Universidad Austral de Chile.

Añade que “es evidente que el grupo de Maduro ha intentado que el reconocimiento del gobierno sea algo que esté implícito en el documento, lo que significa que la tesis del gobierno interino está sacrificada”.

Subraya que el memorando evidencia claramente que “la posición de poder relativo del grupo de Maduro es mayor”.

Aunque el profesor Benigno Alarcón, director del Centro de Estudios Políticos de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), no comparte la opinión acerca de que el documento signifique el reconocimiento opositor al gobierno de Maduro o el fin del gobierno Interino, sí concuerda en que la situación actual favorece al sector madurista.

“Si no se llega a un acuerdo, el estatus quo es un mal resultado para la oposición, porque no hay democratización y no se logra un cambio político”, indica Alarcón.

Pero para el sector de Maduro no sería un mal negocio la falta de resultados: “El gobierno va a la mesa negociación para que las cosas sigan como están o incluso estén mejor: tiene el poder, el control de las instituciones, control del territorio. Por eso el proceso para la oposición es tremendamente asimétrico y obviamente está en desventaja. Es más fácil para el gobierno pararse de la mesa que para la oposición”, sostiene.

Martínez Meucci ve reducidas las posibilidades de grandes avances en este escenario por dos razones fundamentales: La complejidad de la conflictividad venezolana y la falta de interés del régimen.

Sobre la primera, argumenta: “Los actores formales son los dos grupos: pero en la práctica uno de los verdaderos actores de la negociación no figura. Está muy claro que el objetivo fundamental de parte del chavismo es recuperar el reconocimiento internacional del ejercicio soberano del poder, que ha sido cuestionado con la tesis del gobierno Interino. Y lo segundo es el desmontaje de las sanciones, pero quienes pueden desmontar eso son los gobiernos extranjeros y más concretamente el de los Estados Unidos”.

Para Martínez Meucci, la situación ha llegado a un grado de complejidad que desborda el marco de trabajo de la mesa: “Ya no es solo un caso de gobierno y oposición. La conflictividad política en Venezuela se ha ido haciendo más compleja con el involucramiento de nuevos actores, incluso armados, con la posición de poder de actores foráneos en territorio venezolano. Esos actores son parte importante de la conflictividad”.

Martínez Meucci indica que el alcance de las negociaciones es limitado y esto favorece al chavismo y que este sector quiere un intercambio de algunas concesiones electorales, a cambio del desmontaje de sanciones y reconocimiento diplomático, así como acabar con la tesis del interinato.

“Tengo mis dudas sobre las posibilidades de eventuales acuerdos que puedan lograr cambios importantes en el estatus de la situación actual”, sostiene.

Suma cero

Al analizar la declaración conjunta inicial, el profesor Alarcón cree que hay brechas importantes entre lo que interesa a cada una de las partes.

“Al gobierno le interesa el reconocimiento a la legitimidad del gobierno de Maduro y la no intervención en el sentido más amplio, que incluye no sanciones, no presiones, etc. Pero la autodeterminación de los pueblos no significa sometimiento, y justamente lo que busca la negociación –en la óptica opositora- es que el pueblo determine qué es lo que quiere a través de una elección y es lo que el gobierno no está interesado en hacer”.

Añade que la oposición lo que reclama son los derechos políticos para tratar de producir un cambio por una vía pacífica. “El punto es que cualquier concesión que venga en esa dirección, aumenta el riesgo para el gobierno de perder el poder”.  

Coloca como ejemplo la conformación del Consejo Nacional Electoral. Dice que un cambio en la constitución del árbitro electoral por miembros independientes, sería un riesgo enorme para el régimen, que perdería el control sobre esa institución.

“Cada acuerdo de esa naturaleza implica una pérdida de poder para el gobierno y allí es donde se ven una brechas que van a ser muy complicadas. Es un juego suma cero”, dice Benigno Alarcón.

 

La ventana

Colette Capriles es sicóloga social y fue miembro de la delegación opositora en la negociación con el régimen en Santo Domingo (2017).

Ella sí cree que hay una ventana de oportunidad para un acuerdo.

“De la negociación no puede venir un cambio de régimen por sí sola, pero pudiera servir para que ocurra un proceso electoral y un proceso político competitivo. Que se logren condiciones de competitividad”, comenta.

Según su criterio, el gobierno piensa que lo que le impide competir de esa forma (transparente y sin trampas) es su mala gestión por las sanciones y para la oposición es que no puede competir, porque no tiene condiciones políticas e institucionales. 

De tal forma que “si se plantea como objetivo común que haya condiciones políticas, institucionales, económicas, y en el orden social, que permitan que podamos llegar a un proceso electoral sano, de alguna manera coinciden”.

Considera que para el madurismo lo mejor sería ganar elecciones sin recurrir a la trampa y si piensa que la oposición nunca se va a poner de acuerdo, que es absolutamente débil en su relación con la base y que ellos pueden mejorar su gestión de aquí a 3 años para las presidenciales, no sería un riesgo demasiado grande.

Sostiene que la negociación debe dirigirse hacia la construcción de un sistema de reglas, y reformas institucionales necesarias para construir una vía hacia la alternabilidad y el cambio de gobierno. 

Destaca que este proceso se fija en las condiciones previas necesarias para la recuperación democrática y no al revés (que ocurra el cambio de gobierno y luego la reconstrucción institucional). Esto crearía “una zona de posible acuerdo”, donde podría haber avances en la recuperación del estado de derecho y del sistema judicial, entre otros.

El riesgo 

A Martínez Meucci, por su parte, no solo le parece poco probable la posibilidad de grandes avances en la mesa de negociación, sino que ve un riesgo importante.

“Como está cambiando la configuración política de la región de occidente, con nuevos mandatarios y como consecuencia que el gobierno Interino no ha dado los resultados esperados, el principal riesgo es que el resultado de la mesa sea que la comunidad internacional y sobre todo regional, acepte que tiene un gobierno en la región que no es democrático, pero que está allí”. 

 

Dice el académico que el tratamiento en el plano internacional podría ser similar al aplicado a Cuba, que “no es una democracia, pero nadie está exigiendo que lo sea y nadie pide una mesa de negociación con una oposición. Ese era el único caso en la región”.

Agrega que “el riesgo que se corre, es que se termine aceptando un régimen que no es democrático y con la mesa se dé una mayor legitimidad, pues lo que sucede en la mesa influye en el comportamiento de los actores que legitiman o no a un gobierno”.

¿Y las elecciones?

Por lo pronto, el 21 de noviembre hay una cita electoral: Las regionales.

Para Benigno Alarcón, está claro que ya estos comicios no están atados a las discusiones de la mesa de negociación. 

“No hay tiempo para llegar a acuerdos de cara a estas elecciones. Lo que pueden hacer es llegar a acuerdos sobre portarse un poco mejor durante la campaña u otras cosas pero el 29 de agosto las postulaciones cierran No hay mucho que se pueda hacer, más de la mitad del proceso ya se consumió”, señala.

Indica que, de la misma manera, “no hay oportunidad de hacer mejoras significativas y oportunas en el proceso electoral, tampoco hay tiempo para tener observación electoral y lo que va a haber, en el mejor de los casos, es un acompañamiento técnico sin la capacidad de despliegue que generalmente tiene que tener esa observación electoral”.

Reconexión con la política

Tras su experiencia en la negociación de Santo Domingo, Colette Capriles destaca, por su parte, que sería muy importante que los resultados de la mesa no sean solo de orden político, sino también social.

“Para que la negociación no sea un mero pacto de soluciones electorales, hay que incluir una agenda desarrollo, de avances en el tema de las reinstitucionalización de los servicios públicos, una agenda humanitaria, de cooperación internacional en términos humanitarios, del fortalecimiento de las iniciativas que ya han venido empezando en temas de atención cooperativa entre el gobierno y algunas ONG. Hay una serie de campos de acción de la sociedad civil que deben ser fortalecidos desde la negociación”, indica.

Según Capriles, los ciudadanos le darían la bienvenida a un acuerdo que signifique mejoras en la calidad de vida, “porque además le permitiría a la gente reconectarse con la política”.

La próxima cita

Entre el 3 y el 6 de septiembre, las delegaciones del “Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y la Plataforma Unitaria de Venezuela” se verán nuevamente las caras, según confirmaron en un comunicado conjunto el pasado 15 de agosto.

El objetivo, según las partes del proceso es “llegar a un acuerdo, a través de una negociación intensa, integral, incremental y pacífica, para establecer reglas claras de convivencia política y social, con respeto absoluto a la Constitución Nacional”.

Para ello se ha acordado el principio de que “nada está acordado hasta que todo lo esté”. Sin embargo, las partes podrán celebrar acuerdos parciales “si consideran que el o los temas sobre los que versen han sido suficientemente discutidos y si su implementación es urgente, necesaria o, al menos, verificable antes del término de la negociación”.

Las negociaciones se realizan en México, con el acompañamiento de Rusia y los Países Bajos.


En la siguiente línea del tiempo, se exploran los intentos de diálogo que se han llevado a cabo en el marco de la crisis política en Venezuela y cuáles han sido sus resultados.