El comentario del periodista Fernando Petrocelli contra la esposa del futbolista Lionel Messi demuestra que la violencia y el abuso sexual contra la mujer está normalizado en la sociedad venezolana
Al mismo tiempo, expertas consideran que el proceso penal iniciado contra Petrocelli es desproporcionado y también es una acción que daña la agenda de las organizaciones, activistas y feministas
@ValeriaPedicini
Lo que un mensaje puede desencadenar: demostrar la normalización de la cultura de la violación, así como la violencia de género, el machismo y la misoginia presente en una sociedad que constantemente niega su existencia; señalar a una ley inconstitucional utilizada con arbitrariedad para reprimir, censurar y perseguir; y exponer a un sistema de justicia que es discrecional, que ha acumulado muchos pendientes en la lucha contra la violencia de género y que aún le queda un largo camino por recorrer.
Todo en cuestión de un día.
El jueves 2 de septiembre estaba pautado que se enfrentaran las selecciones de fútbol de Venezuela y Argentina en el Estadio Olímpico de la UCV por el clasificatorio al Mundial de Catar en 2022. El país tenía días de euforia porque el reconocido jugador argentino, Lionel Messi, estaba en territorio nacional. Las redes sociales no eran la excepción: mensajes, memes, chistes iban y venían.
El periodista deportivo venezolano Fernando Petrocelli se unió a la conversación en Twitter. Lo que pensó que sería un comentario ocurrente, le salió muy mal. En su publicación, contestaba el tuit de otro usuario de la red social, en el que mencionaba que en los cánticos de las gradas deberían ser incluidos otros “picantes” hacia Antonela Roccuzzo, esposa de Messi.
El mensaje se volvió tendencia en redes sociales y horas después el periodista había borrado la publicación de su cuenta de Twitter, antes de que se viera involucrado el Gobierno.
El problema escaló cuando el fiscal designado por la asamblea constituyente, Tarek William Saab, solicitó la noche del 1 de septiembre al Ministerio Público la orden de aprehensión en contra de Petrocelli. Señaló que el periodista deportivo debía ser imputado por la comisión de los delitos de “violencia simbólica y promoción al odio por discriminación de género” por los comentarios en contra de Roccuzzo.
#AHORA designado Fiscal 94 Nacional para solicitar orden de aprehensión e #imputación al sujeto Fernando Petrocelli por los delitos de Violencia Simbólica y Promoción al Odio por discriminación de género: en contra de la ciudadana Antonella Roccuzzo esposa de LIONEL MESSI pic.twitter.com/VTe37J1lNd
— Tarek William Saab (@TarekWiliamSaab) September 2, 2021
Horas después, Petrocelli volvió a publicar en su cuenta de Twitter, pero para pedir disculpas. “Lamento profundamente que mi comentario de ayer haya ofendido a las damas, a las cuales siempre he respetado en todo momento. Ofrezco mis más sinceras disculpas. Mi referencia era a los cánticos de cancha que existen en Argentina. Me equivoqué. No era mi intención ofenderlas”.
Al momento de publicación de este trabajo, el periodista de Directv Sports había restringido el acceso a su cuenta de Twitter a “seguidores aprobados”.
Luego de haber sido criticado por su tuit, Petrocelli lamentó que su tuit hubiera ofendido a las "damas".
👉 No, no ofreció disculpas por sus palabras.
👉 Solo lamentó que su comentario ¿nos? hubiera ofendido. pic.twitter.com/YGH92PPPvX— Daniela Dávila Torres (@IdeasdeDaniela) September 2, 2021
La normalización de la violencia
Pero, ¿qué demuestran los mensajes publicados por Fernando Petrocelli sobre los cánticos futbolísticos, y en los que se incluyeron a Antonela Roccuzzo?
Que la violencia y el abuso sexual contra la mujer está normalizada. La abogada, feminista y activista por los derechos humanos, Selene Soto, explica que estos chistes o comentarios que parecen inofensivos en realidad son una muestra de como esa forma de violencia no se ve como algo reprochable o tan grave.
Melanie Agrinzones, activista feminista y cofundadora del grupo Uquira, explica que la cultura de la violación parte de una forma única de ver el mundo y es una visión de un sistema machista y patriarcal. En él, “las mujeres lastimosamente quedan subyugadas y cree que las mujeres somos objetos. Lo vemos en campañas donde somos cosificadas, hipersexualidas o revictimizadas hasta en el momento de hacer denuncias. Las mujeres son sujetos que no son creíbles en esta sociedad”.
Para la también activista de derechos humanos quienes se ríen de este tipo de mensajes es porque no ven el fondo del problema y no saben “toda la violencia que puede desencadenar”. “No es un chiste, es un comentario violento para una población a quienes históricamente se les ha negado su derecho”.
Detalla que el problema radica desde la base del sistema en lo educativo, en donde no está muy presente la intención de fomentar los conocimientos en temas de igualdad o de erradicación de las violencias.
“La sociedad venezolana creo que todavía necesita ese proceso de deconstrucción para entender que existen complejidades diferenciadas con respecto al género. Aunque últimamente estos temas han salido más a la luz pública, y se agradece, cuando vas a ciertos espacios, no se toca el tema”.
A pesar de los señalamientos y críticas, la población que condena estas actitudes sigue siendo pequeña. “Esto no es nada nuevo en este país, solo que ahora hay un movimiento feminista más robusto y se señala ‘mira lo que dijo’. Pero si tú te pones a contar, la mayoría normalizó el comentario. Si te pones a auscultar el twitter, no somos mayoría”, expresa la abogada defensora de los derechos de la mujer, Venus Faddoul.
Medidas desproporcionadas
A pesar del comentario machista y misógino de Fernando Petrocelli, la actuación del fiscal del chavismo en su contra es cuestionada y debe ser vista desde varios ángulos.
El pronunciamiento de William Saab en contra del periodista deportivo, así como la orden de aprehensión e imputación por violencia simbólica y promoción al odio, no son del todo justas.
La violencia simbólica está contemplada en la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, aprobada en 2007 y reformada en el año 2014. Se define como “mensajes, valores, iconos, signos que transmiten y reproducen relaciones de dominación, desigualdad y discriminación en las relaciones sociales que se establecen entre las personas y naturalizan la subordinación de la mujer en la sociedad”.
La ley utilizada para tipificar el delito de violencia contra la mujer no tiene reglamento, a pesar de los más de 10 años de que fuera creada. Esto hace que su aplicación sea a “discreción” y sin una idea clara de cuáles son los pasos que se deben seguir. Queda a disposición o consideración de los jueces. “Es una ley que, en la práctica, no ha tenido ninguna operatividad”, dice Soto.
En el delito de violencia simbólica cualquier medida pudiese funcionar de escarmiento porque, sobre todo, busca sancionar lo moral, lo educativo.
“Llevarlo a una formación hubiese estado muy bien para darle el ejemplo y para el escarnio público. Si solo dijera que lo iba a procesar por violencia simbólica, todos hubiésemos apoyado, pero no semejante aberración”.
Asegura que procesar a las personas con delitos más graves “como accesorios” es una práctica recurrente del Gobierno, como en los casos de representantes de las organizaciones de Fundaredes y Azul Positivo.
“Como el delito principal no es tan grave, o tiene una pena menor de ocho años con el que puede ser juzgado en libertad, o en el que la pena ni siquiera te lleva a la cárcel sino a cumplir con determinadas sanciones, ¿qué hacen? Te tiran unos delitos accesorios que son más graves para poder aprehenderte y empeorar tu situación”, resdalta.
Para Selene Soto, en el caso de Petrocelli, entran en tensión varios elementos y uno de esos es la libertad de expresión. “Como derecho, protege un alto número de discursos, incluso, aquellos que son incómodos o que no nos gustan, pero por supuesto tiene unas excepciones. Cuando lo vamos a ver en Venezuela, primero, es una ley promulgada en un contexto de arbitrariedad, que no está reglamentada y eso significa que queda también un margen mayor de discrecionalidad de cómo es aplicada”.
Según la ONG Espacio Público, la ley contra el odio contraviene los principios en materia de libertad de expresión, al fortalecer “la línea oficial de censurar toda expresión crítica o independiente del gobierno nacional bajo la razón de sembrar la paz”.
La inconstitucional ley contra el odio plantea que quien “públicamente o mediante cualquier medio apto para su difusión pública fomente, promueva o incite al odio, la discriminación o la violencia contra una persona o conjuntos de personas”, será sancionado con prisión de 10 a 20 años.
Los términos y figuras penales expresadas en este cuerpo normativo, como es el “odio”, son tan amplios y vagos, que cualquier expresión puede ser enmarcada dentro de esta figura, lo que otorga una discreción amplia para interpretar la norma, según Espacio Público.
Para Soto, esto es “desproporcionado”. “La respuesta frente a las excepciones de los discursos que no protegen la libertad de expresión tienen que cumplir con unos parámetros. La respuesta penal debe ser excepcionalísima y debe cumplir con unos principios de necesidad, legitimidad y proporcionalidad. Y en este caso, no lo es. Y es lo irónico, ¿no? Ni es una respuesta efectiva a la violencia contra la mujer y es también una afrenta a la libertad de expresión”.
Más que gestos
Aunque es necesario condenar cualquier tipo de violencia contra las mujeres y dejar de normalizar las conductas que se han tenido por años, el panorama hay que verlo desde todas las perspectivas. El uso de la justicia venezolana en temas de violencia de género sigue siendo discrecional y se queda en los gestos que poco resuelven el problema de manera estructural, como señaló un informe de Acceso a la Justicia.
El pronunciamiento del fiscal ocurrió el mismo día en el que se conoció que en el caso de Alexandra Hidalgo, mujer víctima de violación grupal organizada por su esposo que ha buscado justicia por más de 17 años, el culpable fue absuelto y se le abrirá un proceso en su contra.
20 años después, Linda Loaiza sigue esperando a que el Estado venezolano inicie un plan de cumplimiento de las reparaciones de la sentencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
“¿Qué pasa con la cantidad de denuncias que simplemente pasan por debajo de la mesa? ¿Qué pasa con Alexandra Hidalgo, Ángela Aguirre, Ingrid Gomes? ¿Dónde están las cifras? Si nos referimos a las cifras que no tenemos, porque son las organizaciones quienes estamos trabajando para llevar al menos un subregistro de casos, vemos el nivel de impunidad. Ahí realmente se nota que no les interesa que las mujeres tengan justicia”, dice la activista Melanie Agrinzones.
Venus Faddoul, también miembro de la organización 100% Estrógeno, señala que la justicia no puede ser discrecional. “Si tú vas a actuar y vas a ser así de eficiente, también tienes que ser eficiente para aplicar la ley absolutamente para todos. Lo que se le critica a la fiscalía es que están utilizando y buscando una excusa para censurar”.
Para Soto, esta respuesta del fiscal no ocurre “en el vacío”, sino en un contexto de “grave desprotección para las mujeres víctimas de violencia, donde no hay definitivamente una respuesta integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer a todos los niveles”.
Cuando un pronunciamiento como el que hiciera William Saab en contra de Petrocelli no viene acompañado de una estrategia integral, efectiva y seria para resolver el problema de la violencia contra la mujer en Venezuela, esas actuaciones no resuelven mucho.
“Cuando el problema no está siendo resuelto desde una mirada estructural, son medidas que quedan en el vacío. ¿Qué otra medida se está tomando para atender esta violencia? Lo que queda es la instrumentalización de la ley para ser aplicada en ciertos casos de manera discrecional por parte de la Fiscalía. Y eso, desde la mirada de atención a la violencia contra la mujer, está lejos de ser una respuesta mínima y mucho menos efectiva. Desde la mirada de mujeres víctimas de violencia siguen enfrentando una gran indefensión”, explica Soto.
Además, afirma que es necesario que se atienda con la gravedad necesaria la violencia online que sufren las mujeres. “No se conoce que exista alguna política, alguna medida específica para atender la violencia online. Esa obligación de los estados en el mundo offline, también aplica ahora para el mundo online”, dice Soto.
El periodista deportivo que trabaja en Directv Sports tiene 10 años viviendo en Buenos Aires, Argentina, según su cuenta de LinkedIn. Por su parte, Antonela Roccuzzo vive en Francia luego de que el jugador albiceleste fuera comprado por el club Paris Saint-Germain (PSG).
Ni agresor ni agredida residen en Venezuela, lo que pone aún más en duda la competencia de la fiscalía venezolana para tal imputación. “Que se haya anunciado el inicio de una investigación contra este periodista, contra una persona que ni siquiera vive en Venezuela… No digo que no sea relevante, pero son indicios también de que no es parte de una respuesta integral para afrontar esta situación”.
Banalizar la lucha
La ola de denuncias del #MeToo venezolano que se desató en redes a finales de abril sirvió para poner al descubierto otro problema: las redes sociales como el espacio para alzar la voz en casos de abuso y acoso sexual, ante una justicia que, fuera del terreno online, deja mucho que desear.
“El sistema debería funcionar de una manera para que estas mujeres que denuncian no sean expuestas públicamente. Realmente la última estrategia que nosotros tenemos es exponer los casos. Realmente las personas víctimas deberían poder ir a poner su denuncia y ser atendido”, expresa la activista Melanie Agrinzones.
No es primera vez que Tarek William Saab entra en escena cuando el tema se hace tendencia en redes o cuando los personajes son relevantes. Esta acción contra Petrocelli se suma a las que había llevado a cabo contra varios músicos, artistas y periodistas, quienes se habrían visto envueltos en una ola de denuncias de acoso sexual contra menores de edad.
Se abrieron investigaciones contra los músicos Alejandro Sojo, vocalista de la banda «Los Colores» y Tony Maestracci, baterista de la banda ‘Tomates Fritos’, así como contra el escritor Willy McKey –quien se quitó la vida en Argentina tras haber confesado que había cometido el delito de «estupro- y contra el comediante y profesor universitario José Rafael Briceño, conocido en el ámbito artístico como ‘Profesor Briceño’.
El aparecer cuando los personajes son conocidos o cuando el ruido se hace difícil de ignorar, ocasionan que la lucha contra la violencia de género sea banalizada y la lucha feminista sea instrumentalizada.
Agrinzones manifiesta que es necesario evaluar lo que ocurre teniendo en cuenta el contexto venezolano. “Hay que entender el contexto tan complicado y complejo en el que está Venezuela, donde se vulneran sistemáticamente los derechos humanos. Tenemos que entender que vivimos en un sistema autoritario que instrumentaliza ciertos sectores de la población, sobre todo a los que nosotras llamamos los más vulnerables. Utilizan al movimiento feminista para sus fines políticos”.
Lo que hace que el trabajo de las feministas y activistas sea más complejo, donde se tienen que preguntar y cuestionar qué o cómo decirlo, sabiendo que las próximas señaladas o enjuiciadas podrían ser ellas. Cuando estos casos ocurren con tanta discreción, las luchas feministas pueden verse cuestionadas.
“Nuestro deber como activista es ir corrigiendo toda esta problemática social, de decir ‘lo que tú estás diciendo es machista y violento, no está bien’. Y es una persona que está que debe asumir sus responsabilidades, pero es complejo en un contexto autoritario. Y claro que nos afecta, porque entonces cada vez que hagamos un pronunciamiento público y el fiscal decida tomar esta misma medida, se nos va a culpabilizar a nosotras cuando lo que él nos está haciendo es instrumentalizarnos”.
Soto asegura que el proceso penal iniciado contra Petrocelli también es una acción que daña la agenda de las organizaciones, activistas y feministas.
