Si el país es capaz de crecer al 10% de manera sostenida, algo que luce muy remoto, tomaría 17 años regresar a una economía del tamaño que había cuando Nicolás Maduro se instaló en el Palacio de Miraflores
Tras una debacle equiparable a una guerra, la economía venezolana tocó fondo y las proyecciones coinciden en que este año quedará atrás la recesión que comenzó en 2014; pero la recuperación será lenta y por ahora, concentrada en pocos nichos.
Latin Focus indica que en promedio el estimado de veinte consultoras y entidades financieras como UBS y Ecoanalítica es que este año la economía crecerá 9,4%, un dato que puede parecer relevante pero que, de concretarse, no será más que un ligero rebote.
Para eliminar el espejismo de los porcentajes es útil un ejemplo: La crisis redujo la economía en 80%, como si una persona de 100 kilos rebajara hasta 20 kilos. Si creciera 10%, un número muy similar al promedio de las proyecciones, comenzaría a pesar 22 kilos y si al año siguiente aumentase otro 10%, solo alcanzaría los 24,2 kilos.
Barclays precisa, que a un ritmo de crecimiento de 10% anual, una tasa gigantesca para cualquier país, a Venezuela le tomaría 17 años retornar a una economía del tamaño de 2013, el año en que Nicolás Maduro se instaló en el Palacio de Miraflores.
La historia demuestra que para Venezuela es muy difícil alcanzar el crecimiento alto y sostenido. “Desde los año 70 lo máximo que el país ha crecido antes de sufrir una caída es cinco años consecutivos”, dice Asdrúbal Oliveros director de Ecoanalítica.
El oxígeno
Con las manos vacías tras el colapso de la economía socialista, Nicolás Maduro eliminó en la práctica el control de cambio y el control de precios, permitió la libre circulación del dólar y concedió libertad para importar. Gracias a este giro, el país salió de la hiperinflación y se acabó la escasez de alimentos y medicinas.
Rápidamente la dolarización oxigenó el ingreso de una capa de la población, el consumo recibió el impulso de las remesas, el comercio despertó y revivió la exportación de ron, cacao y camarones.
Además la caja del gobierno aumentó por el alza en los precios del petróleo y la recaudación de impuestos.
Así comenzó un despertar de la economía focalizado en nichos como producción de alimentos básicos, venta de productos de cuidado personal y servicios como internet satelital o nuevos restaurantes para la pequeña capa con alto poder adquisitivo.
Pero se trata de un crecimiento limitado que excluye a la mayoría. Cinco millones de ancianos reciben una pensión de 30 dólares y los obreros mejor pagados una remuneración mensual de tan solo 138 dólares.
Daño estructural
Regresar a la Venezuela anterior a la crisis será complicado.
“Hay una narrativa de ser optimista, tener esperanza, de que haciendo las cosas bien la recuperación puede ser muy rápida y la evidencia dice que no, que son procesos complejos y la caída fue tan profunda y larga que hay daños estructurales y no coyunturales”, afirma Asdrúbal Oliveros.
Desde su punto de vista existen fallas que limitan el crecimiento potencial. Explica que el Estado colapsó y no provee servicios esenciales como seguridad, salud y educación. A esto se agrega una pérdida cuantiosa de capital humano, millones de venezolanos preparados que abandonaron al país y una infraestructura en la lona.
“Fallas eléctricas, vialidad deficiente, puertos y aeropuertos que colapsarían si se duplicaran las importaciones, pocas gandolas para trasportar mercancía. Son restricciones que limitan la capacidad de crecer”, dice Asdrúbal Oliveros.
Añade “poca competitividad, en la industria hubo una destrucción de cadenas de valor. ¿Cómo las recuperas y haces que sean competitivas? Y también está el tema institucional, un país funciona con leyes claras, con marcos que atraen inversión”.
Las leyes para controlar la economía siguen vigentes, solo se han derogado de facto. Macroconsultores señala que el crecimiento necesita de “instituciones fortalecidas que disminuyan la discrecionalidad gubernamental porque atenta contra la confianza, incrementa los costos de transacción y desalienta la inversión”.
“En especial, aquella inversión que requiere de tiempo para madurar, que suele ser la que más encadena el tejido de actividades económicas y favorece al empleo”, agrega el informe de Macroconsultores.
El costo político
Estados Unidos, al igual que una larga lista de países, considera ilegítimas las elecciones de 2018 en las que Nicolás Maduro se reeligió como presidente. En 2019, Donald Trump bloqueó el comercio de petróleo con Venezuela y sancionó a compañías extranjeras que transportan petróleo desde Venezuela a otros mercados.
Además, las sanciones impiden la reestructuración de la deuda externa y el manto de ilegitimidad del gobierno bloquea el acceso a préstamos de organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional.
Entre 2004 y 2014 Venezuela disfrutó del boom petrolero más largo de su historia, pero Hugo Chávez, para ese entonces presidente de la República, hizo un manejo caótico de los recursos y en ese lapso quintuplicó la deuda en dólares con la emisión de bonos, créditos de países como China y expropió empresas que demandaron al país en el exterior.
La deuda venezolana, tomando en cuenta bonos, créditos de otros países y un estimado por los fallos del Centro de Arbitraje del Banco Mundial suma 140 mil millones de dólares.
Desde 2017, mucho antes de las sanciones de Estados Unidos, el país está en default y tiene atrasos por 40 mil millones de dólares en el pago de los bonos.
Un aspecto a tomar en cuenta es que la banca venezolana está descapitalizada y es incapaz de financiar una expansión de la economía, por lo que es muy probable que sea necesario un proceso de fusiones y aportes de capital para mejorar su capacidad.
Si bien Maduro ha dado un giro en lo económico que le ha ayudado a mantenerse en el poder, en el plano político luce lejana la posibilidad de un acuerdo que permita un ajuste de calidad para colocar a Venezuela en la senda del crecimiento sostenido.
Barclays indica en su último reporte, fechado el 18 de abril, que sin acuerdos para una elección presidencial libre y justa en 2024, hay bajas probabilidades de un cambio en la política de Estados Unidos y de la resolución de la crisis.
Factor petróleo
Tras la invasión a Ucrania Estados Unidos busca aislar a Rusia y para ello es fundamental que aumente la oferta de petróleo a fin de que Europa disminuya la compra de barriles al Kremlin.
En este entorno, el gobierno de Biden entabló conversaciones directas con Maduro y envió a Caracas una delegación oficial el pasado 5 de marzo.
Si bien desde entonces circulan rumores sobre una posible flexibilización de las sanciones a fin de que Venezuela eleve su producción de petróleo, que al cierre de marzo se ubicó en 728 mil barriles diarios, esta posibilidad luce comprometida.
Analistas coinciden que tras años de mínima inversión, corrupción rampante, la ausencia de taladros activos y la pérdida de capital humano, la producción petrolera a lo sumo podría aumentar hasta un millón de barriles diarios, una cantidad marginal en el mercado global donde Rusia inyecta siete millones de barriles al día.
Barclays considera que luce difícil que Estados Unidos sacrifique sus intentos por restablecer la democracia en Venezuela, el objetivo principal de las sanciones, por un aumento marginal en la oferta de petróleo.
Fuentes señalan que lo que está sobre la mesa es una flexibilización de las sanciones para que empresas como Chevron puedan extraer petróleo en Venezuela y venderlo en el exterior.
La inestabilidad
Tras ocho años de caída al fin ha habido un cambio en la tendencia; pero sin reformas de fondo que permitan altas tasas de crecimiento por largo tiempo, Venezuela corre el riesgo de permanecer décadas a ras de piso.
“Si hay una dinámica política que no se resuelve, con el gobierno actual haciendo lo poco que puede hacer, tu capacidad de recuperarte es extremadamente lenta, puedes estar cincuenta años con un economía en el foso”, dice Asdrúbal Oliveros.
Barclays advierte que, en un entorno en que la economía no crezca, la permanencia en el poder de Nicolás Maduro luce comprometida, porque podrían aflorar contradicciones a lo interno del régimen.
No duda en indicar que “para alcanzar una solución económica estable el régimen necesita abordar la cuestión principal: la mejora de las condiciones electorales, que ha sido la principal exigencia de la comunidad internacional para que se le conceda el alivio de las sanciones”.
