La situación económica en Venezuela obliga a la tercera edad a salir a trabajar, en edades y condiciones en las que deberían estar en casa resguardados y con cobertura del Estado o sus familiares
En algunos casos, se conjugan la necesidad con la oportunidad: a falta de talento especializado en ciertas áreas y oficios, los jubilados son llamados para suplir esas ausencias, pero los sueldos siguen siendo insuficientes para cubrir sus gastos
Un consultor laboral explicó que el Estado es quien se beneficia al llamar a jubilados a volver a trabajar en el sector público, pues solo tendrá que pagar el salario y dejará de otorgar la pensión
Frustración y desolación es el sentir de millones de jubilados y pensionados venezolanos que trabajaron durante décadas con la convicción de contar con una pensión digna que les permitiera tener calidad de vida cuando llegaran los años dorados.
Hombres y mujeres de más de 60 años ya no pueden darse el lujo de descansar en sus casas, ahora deben trabajar, reinventarse o dedicarse a otro oficio que les permita generar algún ingreso para poder alimentarse y comprar medicinas.
El monto de la jubilación y de la pensión no satisface ni siquiera la mitad del costo de la canasta alimentaria, sin contar la pérdida del poder adquisitivo que genera la inflación, lo que hace que cada día los salarios y pensiones se diluyan.
Saúl González*, psicólogo y profesor universitario con más de 30 años en ejercicio, comenta que aunque está jubilado desde el año 2015, sigue ejerciendo “por necesidad” en un ambulatorio de salud en el municipio Libertador.
González explica que solo va dos o tres veces por semana, porque el pasaje es muy costoso, y haciendo las sumas correspondientes, dejaría lo poco que gana en transporte.
“El deber ser es que a esta altura uno esté tranquilo, pero la pensión son 130 bolívares y la jubilación del sector salud, aunque es mejor que la de otros sectores públicos, es de 650 bolívares con otros beneficios que se van sumando, pero de igual manera, no alcanza”, dijo el psicólogo.
El exprofesor de la Ucab y consultor en RRHH, Eudes Cedeño, explicó que el tema del retorno al trabajo del jubilado en el sector público en Venezuela atiende a situaciones menos racionales y más partidistas y de afiliación política que a procesos exhaustivos donde hay eficiencia.
“Un jubilado representa un trabajador al cual ya no le van a pagar la pensión, es un esfuerzo que prácticamente va a ser gratuito, bajo el esquema venezolano actual de lo que está sucediendo”, dijo Cedeño.
Sobre el llamado de los jubilados a incorporarse nuevamente a trabajar en Venezuela, Cedeño explica que es una opción que beneficia más al Estado.
Al jubilado le hacen contratos nuevos, con honorarios, por lo que se suspende el beneficio de la pensión, mientras recibe otros beneficios.
“En el caso del sector público, si fuera que realmente se quiere, o se tiene la intención de mejorar -la calidad de vida del jubilado- podrían llamarlos bajo unos conceptos de compensación que sean interesantes o atractivos y no es el caso, porque desgraciadamente, se están valiendo de una necesidad”, afirma.
El consultor de recursos humanos explica que en Venezuela no se compensa realmente al jubilado al que llaman para volver a trabajar: “Hay personas que irán a trabajar porque le van a pagar algo más, pero ¿cuánto puede ser? El tema Venezuela, observado desde el punto de vista de la compensación, es criminal”.
Cedeño resalta que, a diferencia del sector público, el privado ofrece bonificaciones, pero estas también se excluyen del salario. Y aunque los pagos tienden a ser mayores, tanto en uno como en otro sector, la gente no puede vivir holgadamente con lo que gana.
80% de los adultos mayores en situación de pobreza
En el marco del Foro “¿Es necesaria hoy la acción humanitaria en Venezuela?”, organizado en agosto por varias organizaciones no gubernamentales, el director humanitario de Convite AC/, Javier Manrique, destacó las “amplias necesidades” de los adultos mayores venezolanos.
“La mayoría depende de una pensión que equivale a 70 centavos de dólar. El 70% de la población mayor está sin actividad económica, y sufriendo mayor riesgo de abuso y maltrato, así como padeciendo la falla de los servicios básicos”, enumeró.
La situación de los adultos mayores en el país sigue siendo compleja, como la emergencia humanitaria que aún persiste en Venezuela. “En un 70%, los adultos mayores no tienen medios para adquirir tratamientos para sus enfermedades”, acotó Manrique.
El más reciente informe de Convite determinó que 8 de cada 10 adultos mayores venezolanos está en condición de pobreza, pues, aunque 70% recibe pensión de vejez, la capacidad adquisitiva de dichas asignaciones es limitada.
Lo preocupante es que cada vez habrá más población mayor “dependiente, con discapacidad y con enfermedades” según destaca el experto. Y esto porque Venezuela entró en una “curva acelerada de envejecimiento” por el fenómeno migratorio. “Los jóvenes se van y dejan acá a sus adultos mayores”, apuntó el vocero de Convite AC.
A esto se le suma que las personas mayores o con discapacidad no son consideradas como vulnerables por los organismos de cooperación internacional, de allí que queden relegadas en programas de asistencia humanitaria.
De igual forma, atajó Manrique, los adultos mayores venezolanos se enfrentan, como en otras partes del mundo, a la brecha digital, con el agravante en el país del poco o nulo acceso a las tecnologías y fallas en los servicios públicos, lo que dificulta su inserción al ámbito laboral
Cuando se conjugan la necesidad y la oportunidad
Un panorama general de privaciones y necesidades obliga a la tercera edad en Venezuela a salir a trabajar, en edades y condiciones en las que deberían estar en casa resguardados y con cobertura del Estado o sus familiares.
Un periodista caroreño comentaba en su perfil en Twitter el asombro que sintió al ver a un exprofesor de bachillerato trabajando como vigilante.
“Hoy vi a mi profesor de Química de cuarto y quinto año ya jubilado, con 25 años de servicio, trabajando de vigilante en un centro comercial. Nos saludamos con mucho cariño, y le dije: ‘Donde usted se pare, seguirá siendo nuestro profesor. Mi generación lo ve con mucho respeto y cariño’”, escribió en la red social
Hoy vi a mí profesor d química d 4to y 5to año, ya jubilado; con 25 años de servicio, trabajando d vigilante en un centro comercial. Nos saludamos con mucho cariño, y le dije, "Donde usted se pare, seguirá siendo nuestro profesor. Mi generación, lo ve con mucho respeto y cariño".
— Jhon Arturo Romero (@JhonRomero22) December 20, 2021
En otros casos, se conjugan tanto la necesidad como la oportunidad. Jubilados del sector público o privado son llamados nuevamente a trabajar, por sus capacidades y conocimiento en oficios o materias determinadas y porque no hay quien cumpla con las labores que le son encomendadas.
*Antonio Peraza vive en Caracas desde hace más 55 de años, pero nació hace 70 años en el estado Falcón. Esta fue la ciudad que lo vio crecer como comerciante, establecer familia y hacer una amplia carrera gerencial en una reconocida cadena de supermercados.
Ese trayecto terminó en 2017, cuando, en el marco de las protestas contra el gobierno, llegó a ser cercado por la violencia y tuvo que navegar entre dos aguas: “Si había manifestaciones en la zona en la que quedaba el mercado, venían y me advertían que lo cerrara, porque podían saquearlo. Un día se presentó un grupo, estaban armados. Conversaron conmigo y me ‘sugirieron’ abrir el mercado, porque la gente necesitaba ‘abastecerse’ de productos”, narra.
Los años previos de escasez, colas de varios días frente a los supermercados, trifulcas por productos básicos y amenazas de “bachaqueros” tampoco fueron sencillos. Por esto, sus hijos le insistieron en que se retirara de esa actividad: “No fue fácil quedarse sin entrada fija en los años de más crisis en el país”, admitió.
Justo por presión económica, Antonio distribuye embutidos como actividad comercial principal, pero a principios de 2022, un antiguo compañero de trabajo le propuso asesorar un nuevo establecimiento que se instalaba en una zona pudiente de la capital.
“Me dijeron que necesitaban el apoyo de alguien con experiencia en mercados, compras de mercancía al mayor, exhibición en anaqueles y gerencia. La persona que dirigía me confesó que aunque tenía conocimientos informáticos y en administración, carecía de este tipo de habilidades. Y cuando le pregunté por qué no buscó un asesor más joven, me comentó que preferían la experiencia de alguien que estuvo al frente de negocios que facturaban millones en los tiempos de bonanza”, reveló.
Actualmente, permanece en la actividad, con una compensación monetaria inferior a la que percibió como gerente de supermercados, pero que le permite mantenerse a flote mensualmente. Y en una etapa en la que, reconoce, preferiría descansar y poder vivir de su jubilación, debido a sus achaques de salud.
“Tengo problemas en la columna, fui operado a principios de año, y aunque mis hijos mayores me ayudan con mis gastos, aún tengo responsabilidad con los menores”, narra.
De asunto vocacional a necesidad económica
César Villegas, profesor de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Católica Andrés Bello y miembro de la Academia Venezolana de la Lengua, narra que desde que se jubiló en 2013 de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL), decidió mantenerse activo en la educación privada.
“Y también me mantuve activo en la propia UPEL, al menos, hasta 2015. Originalmente, era para seguir con un margen de actividad y dedicarme, principalmente, a las cosas que me interesaban, como la investigación y clases de posgrado. Con el paso del tiempo y la debacle de los sueldos de los profesores universitarios en la administración pública, fui asumiendo más cursos dentro de la UCAB, porque evidentemente ya no podía trabajar solo por placer. A partir de entonces, surgió la posibilidad de ingresar a la universidad como personal a dedicación y, por motivos económicos, acepté en el año 2017. Porque me gusta, sí; pero principalmente, por motivos económicos”, abunda.
Villegas, de 56 años, agrega que muchos de los profesores que lo formaron en Venezuela, y que hoy superan los 70 años, aún están activos, pero en universidades chilenas: “Ya no porque quieran trabajar, sino porque no tienen otra opción, tienen que trabajar con el desconcierto de no saber hasta cuándo pueden hacerlo”.
El miembro de la Academia Venezolana de la Lengua se ve por mucho tiempo activo, mientras pueda cumplir sus actividades de manera “lúcida”. Y se ve impartiendo conocimientos en Venezuela, pues aunque dio clases un año en Argentina, prefiere el sistema educativo local.
“Me veo en Venezuela, en la UCAB,en universidades venezolanas y activo otros años.
Y su intención va más allá de la remuneración que percibe, pues destaca que en Venezuela estamos en un momento en el que, incluso en una universidad privada, el sueldo es bajo.
“Con la última devaluación del bolívar, los sueldos se redujeron en un 40% (…) el sueldo permite vivir, no holgadamente, pero tampoco deprimidamente. Si tú lo comparas con un sueldo de un profesor en Colombia, puede ser $1.000 dólares y más. Y en países como Ecuador y Chile los sueldos son superiores”,dijo.
Promesas incumplidas
Adelis Leal es jubilado de Corpoelec desde el año 2019. Él forma parte del grupo que iba a recibir por parte del gobierno un bono de compensación de 10 mil bolívares, que para el 1 de mayo -fecha en que fue anunciado- representaba aproximadamente unos 2 mil dólares al cambio de la tasa oficial.
Desde entonces, han pasado cuatro meses y, de este pago, aún no se sabe nada. Leal asegura que a ninguno de sus compañeros jubilados los han llamado para informarles alguna novedad.
Con la reciente devaluación del bolívar, ese monto del bono especial ya se devaluó a 1250 dólares. No guarda ninguna esperanza de que le depositen esa compensación.
Desde que Adelis se jubiló de la Corporación Eléctrica, dedicó su tiempo a un emprendimiento de helados artesanales que le ha permitido generar ingresos y no depender de su pensión como jubilado. Asegura que le ha ido muy bien y su ganancia le da para satisfacer sus necesidades y las de su familia.
La precaria situación de los pensionados, jubilados y sobrevivientes los ha llevado a organizarse y salir a las calles para protestar y reclamar que el salario mínimo y las pensiones se deben ajustar al costo de la canasta básica familiar -que actualmente sobrepasa los 370 dólares- como lo indica la Constitución en el artículo 91.
Según el OVCS los jubilados y pensionados rechazan el precario ajuste salarial, la falta de un servicio médico digno y eficiente, y exigen el acceso a alimentos, medicinas y tratamientos que les permita mejorar su calidad de vida.
El Gobierno Nacional había establecido el monto de las pensiones a 130 bolívares (30 dólares al cambio), pero con el salto que dio el paralelo el pasado 24 de agosto a 8,70 bolívares, ahora un jubilado o pensionado recibe mensualmente $14,94.
Si este monto se divide entre los 30 días del mes, reciben menos de 50 centavos de dólar por día. Para el Banco Mundial, este disminuido ingreso diario se cataloga dentro de la categoría de “pobreza extrema”.
*Los nombres fueron modificado a petición de los entrevistados
