“El silencio de las autoridades nos angustia”: Los “16 de Calabozo” olvidados en Tocorón
Familiares de 16 presos políticos, provenientes de Calabozo, estado Guárico, expresan preocupación por la condición de reclusión en la que se encuentran
El viaje entre Calabozo, en el estado Guárico, y la cárcel de Tocorón, en Aragua, dura aproximadamente tres horas y media. Desde las detenciones posteriores a las elecciones, 16 familias han estado luchando por reunir recursos y hacer todo lo posible para visitar a sus seres queridos. Estos fueron detenidos en diversas circunstancias tras el estallido de protestas por los controvertidos resultados electorales del 28 de julio.
Las familias los llaman los “16 de Calabozo”, ya que, desde que comenzaron las primeras excarcelaciones, ninguno de los detenidos de esa región ha sido liberado.
“No entendemos qué está pasando, y tampoco se han anunciado nuevas medidas para liberar a los presos políticos. Estamos desesperados y el silencio de las autoridades nos angustia”, expresó la hermana de Álvaro Roberto Ramos Colmenares, de 46 años.
Las condiciones de reclusión del Centro Penitenciario de Aragua son graves, de acuerdo a la denuncia de los familiares. Los reclusos están hacinados y no cuentan con alimentación, ni hidratación constante.
Respecto a los paquetes que pueden entregar, indican que solo les permiten llevar chocolate y galletas. “Antes nos dejaban traer agua, pero ahora alegan que en el penal ya hay suficiente. Sin embargo, mi hijo me ha dicho que el agua sabe mal, y tenemos temor de que esté contaminada”, relató una madre que prefirió mantener su identidad en reserva.
“Mi hijo no estaba robando”
El padre de Carlos Alfonzo Lira, de 19 años, relató lo difícil que es para él que su único hijo esté encerrado y expresó que se sienten desesperanzados respecto a la situación. La familia ha entregado recaudos en diferentes entidades del Estado y piden revisión de caso.
El traslado es de las situaciones más difíciles porque en Tocorón no hay día fijo de visitas. Los familiares deben estar atentos da sus teléfonos celulares porque no saben cuándo puedan recibir la llamada.
Lira es estudiante y trabaja, fue detenido diagonal al trabajo de su papá. Las cámaras de seguridad del local captaron el momento en el que fue detenido por la policía municipal sin tener ningún tipo de orden de arresto.
“Cuando fui a verlo, los policías me dijeron que quedaría arrestado por la quema de una sede del PSUV y yo le insistí que él no estaba involucrado, que nunca había asistido a ninguna protesta. Después de eso, lo culparon de un robo de una moto y mi hijo es inocente”, insistió su papá.
Su familia lo define como un muchacho tranquilo, con ganas de “echar pa’ lante”, pero cada día que pasa encerrado observan como los sueños del joven se van desvaneciendo. “Desde que está detenido ha perdido como ocho kilos, se ve pálido, ojeroso. Tiene problemas de salud y le dice a su mamá que me quiere ver, porque usualmente solo entran las damas”, dijo.
Los padres de Carlos no saben a qué instancia dirigirse y no saben qué más hacer para ver a su hijo en libertad. “Queremos que lo liberen, no se merece estar ahí”.
“Solo mastica la comida”
Cada detenido vive su propia realidad, pero en las mismas condiciones de reclusión. Carlos ha recorrido las calles de Calabozo al igual que Álvaro Roberto Ramos Colmenares, de 46 años, pero nunca imaginaron ser parte de la misma cárcel.
Ramos Colmenares fue detenido cuando salía de una marcha convocada por la oposición el 29 de julio. Tiene serios problemas de salud y de hipertensión. Su hermana afirma que no está tomando su medicación y que temen por su vida, porque también tiene otras patologías: sufre de sinusitis y tiene varicocele.
Antes de su detención, se encontraba fuera del país y volvió por el firme deseo de que “Venezuela iba a cambiar”. En la actualidad, cumplirá seis meses en reclusión y depende de la ayuda de sus hermanas, quienes hacen lo posible para visitarlo y, en ocasiones, tienen que pedir dinero porque no cuentan con los recursos para trasladarse -de forma semanal- a Tocorón.
“No solo es su condición de salud, mi hermano no está comiendo. Dice que la comida es horrible y solo mastica. A veces, se guarda una arepita en su bolsillo cuando tiene un hambre muy fuerte. Me dice ‘hermana, dame chocolate’ porque eso lo mantiene por algunos días”, manifestó.
Al igual que la familia de Carlos, han intentado estar en cada manifestación y firmar los documentos que han sido entregados al Ministerio Público o a la Defensoría del Pueblo, pero no han conseguido ninguna respuesta.
Yoneiker Gabriel Rondón, de 21 años, padece Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) y depresión. Su madre asegura que ha entregado todos los informes médicos y evaluaciones correspondientes a las autoridades. Antes de su detención, el joven se encontraba en tratamiento terapéutico, pero ahora, encerrado, enfrenta mayores dificultades para controlar sus condiciones.
Su madre contó con desesperación que en la última visita, lo notó con muchas ojeras. No duerme y ha bajado de peso considerablemente: “Antes su talla de pantalones era 30 y ahora usa 16 de niño, estos hasta le quedan flojos. Yo le mandé el informe al fiscal general y al director del penal, pero él dice que no se le nota su patología de TDAH ni la depresión”.
Añadió que está muy preocupada porque tiene alergias que no han sido tratadas y dentro de Tocorón no hay médicos especialistas, tal como se denunció en el documento de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). En las cárceles venezolanas no hay doctores por especialidades para atender las enfermedades de los reclusos.
Los familiares de los 16 de Calabozo hacen un llamado a las autoridades y piden la liberación de sus allegados y de todos los detenidos después de los resultados electorales.
En su más reciente balance del 10 de febrero, Foro Penal, organización que trabaja en la promoción y defensa de los derechos humanos de los presos políticos, afirmó que aún hay 1.194 presos políticos y 59 de ellos están en estado de desaparición forzosa.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
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