Desde el año 2020, el Departamento de Estado y de Justicia de EEUU han ofrecido recompensas millonarias por la captura de Nicolás Maduro, acusándolo de “narcoterrorismo, corrupción y vínculos con el crimen organizado”.
Cada anuncio vino acompañado de un lenguaje fuerte y discursos estridentes de voceros y altos personeros de la administración estadounidense, en los que se ha señalado a Maduro como un “dictador” y “criminal” que debía ser llevado ante la justicia.
A pesar de esas posturas, Washington ha sostenido contactos reservados con emisarios del gobernante venezolano, sobre todo en lo vinculado con el tema petrolero y para el canje de prisioneros políticos, lo que dificulta entender tanto la verdadera postura del gobierno estadounidense como los reales alcances de sus actuaciones contra el régimen venezolano.
Cierre de la embajada de EEUU en primer gobierno de Trump
La Embajada de Estados Unidos en Caracas suspendió temporalmente sus operaciones, servicios consulares y retiró a su personal diplomático el 11 de marzo de 2019. Esta decisión se tomó tras declaraciones críticas del entonces secretario de Estado, Mike Pompeo, sobre el gobierno de Nicolás Maduro y luego de que Estados Unidos fuese el primer país en reconocer a Juan Guaidó, expresidente de la Asamblea Nacional, como presidente interino de Venezuela, lo que generó un reconocimiento en masa de varias naciones.
En respuesta a esta acción, el gobierno de Maduro dio 72 horas a los diplomáticos estadounidenses para abandonar el país, aunque Estados Unidos afirmó que Maduro no tenía autoridad para ordenar su salida. Las relaciones diplomáticas entre ambos países se rompieron como resultado de estos eventos.
La ausencia de una sede diplomática de EEUU en Venezuela tiene consecuencias directas e indirectas para los ciudadanos venezolanos, especialmente en materia migratoria, trámites consulares y relaciones bilaterales.
Esta situación, a lo largo de estos seis años, ha convertido a los trámites cotidianos (visas, legalizaciones, protección consular) en procesos costosos, lentos y más riesgosos para los venezolanos, mientras que los vínculos familiares, educativos y profesionales se vuelven más difíciles de mantener o desarrollar.
Primeras recompensas y ruptura de relaciones diplomáticas
En marzo de 2020, Estados Unidos intensificó su ofensiva contra el gobierno de Maduro y lo acusó formalmente de “narcoterrorismo”, ofreciendo una millonaria recompensa de 15 millones de dólares por su captura, a través del Narcotics Rewards Program.
Además de Maduro, se emitió una recompensa de 10 millones de dólares -por cada uno- contra funcionarios oficialistas como Diosdado Cabello, Tareck El Aissami, Clíver Alcalá y Hugo ‘El Pollo’ Carvajal, quien estuvo detenido en España desde 2021 hasta 2023, cuando fue extraditado a EEUU, donde se declaró culpable en un tribunal federal de Nueva York de cuatro cargos relacionados con narcotráfico y narcoterrorismo.
Para el momento en que se emitieron estas primeras recompensas, las relaciones entre EEUU y Venezuela estaban en su punto más bajo: Washington respaldaba explícitamente a Juan Guaidó como presidente interino, lo que desató un quiebre diplomático.
Además, ese año estuvo marcado por la ampliación de sanciones petroleras que buscaban asfixiar financieramente al gobierno de Maduro, limitando su principal fuente de divisas y presionando para un cambio político.
Los intentos de Trump por separar del poder a Maduro en su primer gobierno no trascendieron. Su exasesor de Seguridad Nacional, John Bolton, reveló en una entrevista a CNN en 2022 que ayudó a planificar “golpes de Estado en países extranjeros” y seguidamente se refirió a Venezuela.
“Resultó no tener éxito. No es que tuviéramos mucho que ver con eso, pero vi lo que se necesitaba para que una oposición intentara derrocar a un presidente elegido ilegalmente y fracasó”, expresó entonces. El 30 de abril de 2019 se produjo una operación en la que el líder de Voluntad Popular, Leopoldo López, salió de su prisión en Ramo Verde y llamó desde las calles a los militares para que abandonaran a Maduro.
Y, a pesar de mostrar los dientes públicamente, una de las exasesoras de Trump, Olivia Troye, reveló en entrevista a la agencia EFE en noviembre que el republicano mantenía una postura dual sobre el gobernante venezolano.
“Le he oído hablar de Maduro, él ha apoyado a Maduro. Y yo me quedaba confundida en esas juntas, porque me preguntaba: aquí estamos diciendo ‘libertad para Venezuela’, diciendo todas esas cosas, y aquí está el presidente afirmando que ‘Maduro es fuerte’”, reveló Troye.
Aumento y nuevos objetivos
El 10 de enero de 2025, justo el día en el que Maduro fue juramentado para un tercer mandato tras unos comicios presidenciales celebrados en 2024 y desconocidos por la comunidad internacional, EEUU aumentó la recompensa por su arresto a 25 millones de dólares, y fijó también otros montos significativos para Diosdado Cabello y Vladimir Padrino (la misma cifra que se otorgó por Maduro).
Esta acción llegó en un contexto de fuerte repudio internacional, donde EEUU, la Unión Europea y países latinoamericanos calificaron la elección de Maduro como “fraudulenta y antidemocrática” por nunca compartir los resultados desagregados de la consulta en la que la oposición aseguró, tras compartir ante el mundo las actas del proceso, que el vencedor fue Edmundo González Urrutia.
Pero algunas declaraciones y acciones de voceros de Estados Unidos comenzaron a mostrarse discordantes con estas actuaciones, que parecían guiar el timón hacia una política de fuerza y máxima presión como la que exhibió Trump en su primer período presidencial.
El 31 de enero de 2025, el enviado estadounidense Richard Grenell estrechó la mano de Maduro en un encuentro sostenido en el Palacio de Miraflores.
#AHORA | 🇺🇸 El presidente Nicolás Maduro se reúne este viernes junto a funcionarios de su Gabinete con el enviado especial de Donald Trump, Richard Grenell en el Palacio de Miraflores.
— Por la calle del Medio (@plcdelmedionews) January 31, 2025
Vía VTV pic.twitter.com/LHc9mBaPgW
Aquel encuentro resultó en la liberación de seis estadounidenses detenidos en Venezuela y la aceptación de la administración madurista para recibir vuelos con deportados de territorio norteamericano. Además, la licencia 41, que permite las operaciones en Venezuela de la petrolera estadounidense Chevron, se renovó automáticamente el pasado 1 de febrero.
Esa visita y la licencia generaron suspicacia por lo que podría ser un eventual acercamiento de Trump al gobierno de Maduro. Sin embargo, días después, el secretario de Estado Marco Rubio declaró que el viaje del enviado especial de Trump a Caracas para reunirse con Maduro y sus acólitos no significaba un reconocimiento a este y a su gobierno.
“No hay conversaciones para reconocer a Maduro, de hecho, no lo reconocemos”, dijo Rubio en una entrevista con Fox News en el marco de su gira por Centroamérica.
#ÚLTIMAHORA El secretario de Estado, Marco Rubio, advirtió que EE.UU. tiene "muchas opciones" para hacer "daño" al régimen de Maduro https://t.co/8gRcAMeuSM pic.twitter.com/YIgxrz6YVt
— Monitoreamos (@monitoreamos) February 4, 2025
Además, la administración de Trump comenzó a arreciar su persecución contra los migrantes venezolanos. Desde febrero de 2025, las políticas migratorias de EEUU se endurecieron significativamente: eliminación del parole humanitario, fin del TPS y deportación incluso de un lote de venezolanos hacia una cárcel de máxima seguridad en El Salvador.
Las medidas del trumpismo han criminalizado a los migrantes venezolanos, han violado los derechos humanos y han implicado la utilización de personas como instrumentos en negociaciones políticas, como ocurrió el pasado 18 de julio cuando, en operación negociada también con El Salvador, 252 migrantes venezolanos recluidos en ese país fueron intercambiados por presos políticos y diez ciudadanos estadounidenses detenidos en Venezuela. En esa ocasión, la Plataforma Unitaria Democrática condenó el uso de la libertad “como moneda de cambio”.
Recompensa mayor a la ofrecida por Bin Laden
El pasado 7 de agosto, el Departamento de Justicia y el Departamento de Estado de Estados Unidos anunciaron que habían aumentado a 50 millones de dólares la recompensa por información que llevase a la captura de Nicolás Maduro.
Esta nueva recompensa supera la otorgada históricamente a figuras emblemáticas del terrorismo y el narcotráfico, como Osama bin Laden o Abu Bakr al-Baghdadi, cuyo monto también alcanzó los 25 millones, pero en contextos distintos y tras años de investigación internacional.
Incluso, se ubica por encima de la recompensa ofrecida por el mexicano Joaquín “El Chapo” Guzmán, líder del Cártel de Sinaloa, cuya captura tuvo un incentivo de 5 millones de dólares.
Pamela Bondi, fiscal y exasesora especial, indicó que las autoridades estadounidenses acusan a Maduro de trabajar con “organizaciones terroristas extranjeras como las FARC, el cartel de Sinaloa y el Cartel de los Soles para introducir drogas mortales y violencia” en EEUU.
Today, @TheJusticeDept and @StateDept are announcing a $50 MILLION REWARD for information leading to the arrest of Nicolás Maduro. pic.twitter.com/D8LNqjS9yk
— Attorney General Pamela Bondi (@AGPamBondi) August 7, 2025
A cuatro días de conocer que por su captura ofrecían el doble de lo que una vez ofrecieron por el líder terrorista que ordenó el derribo de las Torres Gemelas en Nueva York, Maduro se hizo acompañar del ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, para enviarle este mensaje a Estados Unidos:
“Le digo a los imperialistas: no se atrevan. No se atrevan, porque la respuesta pudiera ser el inicio del final del imperio norteamericano. Dejen quieto al que está, soy un hombre de paz”, sentenció.
#NicolásMaduro le envío un fuerte mensaje al gobierno de Los #EstadosUnidos y directamente a su presidente #DonaldTrump "Le digo a los imperialistas, no se atrevan, porque la respuesta pudiera ser el inicio del final del imperio #norteamericano.
— ruben dario zuleta (@rubenzuleta) August 12, 2025
Dejen quieto a quien quieto está pic.twitter.com/l2TTPDG2wL
Una compleja relación bilateral
Las recompensas millonarias ofrecidas por Estados Unidos por la captura de Nicolás Maduro y funcionarios de su gobierno reflejan una política de máxima presión sobre su administración, que combina sanciones económicas, y criminalización del liderazgo oficialista, pero también estrategias diplomáticas contradictorias o confusas.
Recientemente, el clima se agitó de nuevo cuando Estados Unidos anunció un despliegue aéreo y naval en el sur del Mar Caribe, como parte de una política de la administración de Trump para el uso de fuerza militar contra cárteles de narcotráfico. A propósito de esta medida, el secretario de Estado, Marco Rubio, dijo que el Cartel de los Soles era una de las organizaciones “más amplias del hemisferio” y que no se le ha prestado “suficiente atención”.
Desde Anzoátegui, el ministro de Interior y Justicia del oficialismo, Diosdado Cabello, respondió el pasado 13 de agosto: “También estamos desplegados, estamos desplegados en todo el Caribe que nos corresponde a nosotros, en nuestro mar, propiedad y territorio venezolano (…) El único cartel que opera a la luz de todo el mundo es la DEA, y depende directamente del gobierno de EEUU, llámese como se llame el presidente de EEUU”.
Más allá de la severidad de las acusaciones y el incremento histórico de los montos de las recompensas por las principales figuras del madurismo, la interacción práctica entre ambos gobiernos evidencia la complejidad de la relación bilateral.
El pasado 15 de agosto la agencia Reuters difundió que los dos primeros buques con petróleo venezolano exportados por Chevron habían zarpado con destino a EEUU, luego de que la compañía recibiera una nueva licencia a finales de julio pasado.
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