Hay un mensaje que Gloria De Mees, comisionada y relatora para Venezuela de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), repite a lo largo de la entrevista y quiere dejar claro: “el pueblo venezolano no está solo”. Lo dice quien el pasado 6 de agosto reiteró ante la Organización de Estados Americanos (OEA) la necesidad de que el Estado venezolano autorice una visita in situ de la Comisión, “tomando en cuenta la gravedad y la persistencia de las violaciones contra los derechos humanos” que se han reportado en el país en los últimos años.
De Mees, quien es de Surinam, es abogada y profesora de derechos humanos en la Universidad Anton de Kom de su país. Su carrera se ha centrado en los derechos colectivos de los pueblos indígenas y tribales y en los derechos humanos de las personas mayores, pero también ha sido una pieza clave en la redacción de los informes de los países para su presentación a varios Órganos de Tratados de la Organización de Naciones Unidad (ONU). Hoy, es la voz de Venezuela en el organismo hemisférico creado por la OEA para promover la observancia y la defensa de los derechos humanos.
En aquella intervención ante la OEA, De Mees refirió “millones de venezolanos” que siguen de cerca las actuaciones de los organismos internacionales a la espera de que “la justicia y la verdad se cumplan”. Por eso, en esta entrevista para Runrun.es, reitera que la Comisión “seguirá trabajando incansablemente a través de todos sus mecanismos, como las medidas cautelares, para contribuir a la protección y la promoción de los derechos humanos en Venezuela”.
La CIDH es un órgano principal y autónomo, creado por la OEA en 1979, encargado promover y proteger los derechos humanos en el continente americano. Es, además, la institución a la que consulta el organismo hemisférico en esta materia. Su función clave es recibir, analizar e investigar las peticiones individuales en que se alegan violaciones de derechos humanos, tanto de los Estados Miembros de la OEA queratificaron la Convención Americana, como de aquellos que aún no lo han hecho.
La comisionada sabe que la situación de Venezuela no es nueva, aunque admite que la escalada de violencia, detenciones y desapariciones forzadas es alarmante. El deterioro de la democracia, recuerda, lo registró la misma Comisión en un informe de 2003, luego de haber visitado el país en 2002, tras el golpe de Estado a Hugo Chávez. Hoy, todo ha empeorado.
¿Cuándo fue la última vez que un representante de la Comisión visitó el país?
Nuestra última visita como comisión tuvo lugar en mayo de 2002. Tras el colapso institucional de abril de 2002, visitamos Venezuela en mayo y, en diciembre de 2003, la Comisión publicó un informe sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela. Hasta la fecha, el Estado se ha negado a autorizar otra visita. Pero lo importante es que, cuando miramos el informe de 2003, vemos que la Comisión ya había observado un deterioro del Estado de Derecho, marcado por la concentración del poder y el debilitamiento de las instituciones democráticas. Había documentado violaciones de los derechos civiles y políticos, como la represión de manifestaciones, el uso de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad y la restricción de la libertad de expresión. Y se podría decir que, 22 años después, en enero de 2025, cuando la Comisión publicó el informe sobre las graves violaciones de los derechos humanos en Venezuela tras las elecciones presidenciales de julio de 2024, vemos un panorama aún más alarmante. La situación en Venezuela no solo ha persistido, sino que ha dado lugar a graves violaciones de los derechos humanos cometidas, planificadas y ejecutadas con el objetivo último de perpetuar el poder del régimen actual. Ha habido un retroceso, se ha perpetuado la persecución de todos aquellos que no están alineados con el régimen actual.
¿Existe realmente una comunicación entre la Comisión y el gobierno de Nicolás Maduro?
Bueno, la situación es la siguiente. Después de la visita de 2002, el Estado mantuvo una comunicación con la Comisión hasta 2020. Hubo una audiencia pública durante el 175º período de sesiones, y esa fue la última presencia oficial y comunicación del Estado con la Comisión. Creo que es importante señalar también lo que ocurrió ese mismo año: en febrero se prohibió a la Comisión entrar en Venezuela tras ser notificada, en su escala en Panamá, que no podría tomar el avión para entrar en el país. Esto significó que la Comisión solo pudo acercarse a la frontera en Cúcuta para reunirse con la sociedad civil.
Aunque las últimas solicitudes de visita han sido rechazadas y el Estado ha dejado de enviar información sobre las medidas cautelares, la Comisión ha mantenido su compromiso con la protección de los derechos de las víctimas. El año pasado, por ejemplo, la Comisión dictó 23 medidas cautelares y, para este año, 2025, ha concedido 25.
El mensaje para el pueblo de Venezuela, para aquellos que sufren la represión, debe ser claro: no están solos. La comisión ha mantenido y seguirá manteniendo su mandato y su labor de supervisión de la situación en Venezuela y dará visibilidad a lo que está ocurriendo.
Pero, ¿qué valor tienen estas medidas en un país que viola constantemente los derechos humanos?
Creo que es una pregunta muy importante porque nos encontramos en una situación desesperada. Es muy importante en la labor que realiza la comisión para visibilizar las violaciones que se están produciendo, que, en lo que respecta a su mandato o de conformidad con este, la concesión de estas medidas cautelares visibilice la situación de riesgo de los beneficiarios, y que lo haga no solo en el contexto nacional, sino también ante la comunidad internacional. Además, genera un registro oficial de la obligación del Estado ante la comunidad internacional y sirve como herramienta de protección al brindar apoyo a las víctimas y a las organizaciones de derechos humanos que las acompañan.
Aunque Venezuela abandonó la Organización de Estados Americanos, la Comisión aun puede actuar en Venezuela, ¿cierto?
Sí, la Corte Interamericana de Derechos Humanos decidió que era conveniente que también le enviáramos esa información a Venezuela, lo que reafirma la plena vigencia de la obligación internacional del Estado venezolano en virtud de la Convención Americana. Y creo que esto refuerza el llamamiento y proporciona un marco jurídico sólido para exigir su cumplimiento. Por lo tanto, creo que es muy importante que hayamos tenido ese pronunciamiento y que no exima al país de sus obligaciones internacionales en virtud de la Convención Americana. Creo que eso debe quedar muy claro.
Una visita crucial
En caso de que se apruebe la visita, la Comisión ha manifestado que uno de los lugares que desea visitar es la cárcel de El Helicoide. ¿Por qué consideran necesario ir allí? ¿tienen en mente visitar otra prisión?
Esa solicitud de visitar El Helicoide no carece de fundamento. La Comisión ha tenido conocimiento de la situación de los derechos humanos en ese centro de detención y encierro del Área Metropolitana de Caracas, conocido como El Helicoide, no solo a través de su comunicación con organizaciones de la sociedad civil, sino también a través de uno de los mecanismos de la Comisión, que es el mecanismo de peticiones y casos. Y el caso concreto al que quiero referirme es el caso de Jorge Rojas Riera (estudiante detenido y torturado en septiembre de 2003), que se remitió en diciembre de 2023 a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y en su análisis, la Comisión concluyó que Rojas fue víctima de tortura en el centro de detención.
Así pues, según la información y los informes que ha recibido la Comisión, se indica que 808 personas siguen detenidas arbitrariamente en el país y que muchas familias desconocen el paradero de sus seres queridos, lo que podría constituir una desaparición forzada. Y si miramos al año pasado, seguimos sin saber el paradero, por ejemplo, de Rocío Sanmiguel, a principios de 2024. De Freddy Superlano y más recientemente, Juan Pablo Guanipa. Y podría citar muchos más nombres: Perkins Rocha, Jesús Armas y otros líderes de la oposición, pero también periodistas que siguen detenidos y a quienes se les niega sistemáticamente el acceso a sus familias, a la representación legal de su elección, las garantías más fundamentales del debido proceso según el derecho internacional de los derechos humanos. Por lo tanto, sí, es esencial que la Comisión visite El Helicoide, pero no sería la única institución ni el único lugar que la Comisión tiene previsto visitar.
Es importante que la Comisión tenga la mayor diversidad posible en cuanto a las personas con las que nos reunimos, actores estatales, actores no estatales, víctimas. En el marco de nuestro trabajo, y concretamente de las prioridades de la relatoría sobre personas privadas de libertad, la Comisión ha tenido la práctica de visitar diversos centros de detención durante su visita. Por lo tanto, Venezuela no sería una excepción.
La Comisión ha dicho en repetidas ocasiones que el gobierno de Maduro es ilegítimo. Entonces, ¿cree que, con esa declaración, este mismo gobierno le va a permitir entrar en el país?
Buena pregunta. La Comisión, en sus pronunciamientos sobre la legitimidad del régimen de Maduro, ha sido muy clara. Y creo que hemos dicho en numerosas ocasiones: muéstrenos los recuentos que legitiman al régimen. Eso es lo primero. Así que creo que debemos ser claros al respecto. No es ficción, es realidad.
En segundo lugar, creo que lo importante es que la Comisión, en su mandato, siga informando a los miembros de la OEA y a la comunidad internacional sobre las situaciones y violaciones de los derechos humanos que se producen. Por lo tanto, lamentaríamos que el Estado no diera su consentimiento a una visita.
Pero eso no nos impediría mantener nuestro compromiso inquebrantable con todo el pueblo venezolano. Y seguiríamos utilizando los mecanismos de la Comisión para contribuir a la reconstrucción de la independencia judicial, el Estado de derecho, el retorno de la democracia y el respeto de los derechos humanos. Dicho esto, creo que cualquier negativa del régimen venezolano a permitir el escrutinio internacional, a pesar de su obligación, sí, limitaría la capacidad de la Comisión para realizar su trabajo. No podría entrar en el país para observar las condiciones de primera mano ni responder a las víctimas sobre el terreno. Pero la ruptura de la comunicación recaería directamente sobre las autoridades, sobre el régimen, y reflejaría el colapso más amplio de la institucionalidad democrática en Venezuela.
Quería saber su opinión sobre el último informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU en Venezuela.
Bueno, como usted sabe, la Comisión también ha informado al Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre su seguimiento de Venezuela durante este periodo desde las elecciones presidenciales. Y creo que lo que es bastante interesante es que, al leer el informe de la ONU, se observa una corroboración de la información que se presenta, como se ve en todos los demás informes. Así que, de nuevo, el informe que presentó la Comisión en enero de este año, los informes recientes al Consejo Permanente de la OEA y los informes de la misión de la ONU se corroboran entre sí. Eso es un claro indicio de que una visita es absolutamente crucial. Una visita a los diferentes centros de detención, incluido El Helicoide, es extremadamente crucial. Tener los pies en el terreno, hablar con las víctimas, visitar estos centros de detención y ver de primera mano lo que está sucediendo. Así es como quiero responder a esta pregunta. Y quiero añadir que animo a la comunidad internacional a que preste atención a lo que se ha presentado, no solo por parte de la Comisión, sino también por parte de las organizaciones y mecanismos que supervisan la situación de los derechos humanos en Venezuela.
Con todo lo que está sucediendo en el país, en Venezuela, con las desapariciones forzadas que han incluido a miembros de organizaciones internacionales, ¿no creen que es extremadamente peligroso que un representante de la Comisión venga al país?
Creo que es una pregunta fascinante en términos de cómo organizarse. Pero lo primero es que se conceda la visita. Ahí es donde empezamos y todo lo demás vendrá después. Creo que lo importante es que mantengamos la mirada puesta en Venezuela en lo que respecta a la represión que se está llevando a cabo. Por mucho que considere esta pregunta muy valiosa, creo que me la está haciendo a mí, y yo tengo las mismas preocupaciones por usted, por todos los demás defensores de los derechos humanos, líderes de la oposición y representantes de la sociedad civil que hacen lo mismo que ustedes, es decir, visibilizar lo que está sucediendo. Por lo tanto, la cuestión de la seguridad también sería una responsabilidad colectiva en la que invitamos al mundo a considerar esa visita desde una perspectiva tecnológicamente avanzada. El mundo se ha vuelto más pequeño, lo que nos ha brindado muchas oportunidades en términos de acceso digital. Hagamos primero lo primero. Hemos presentado la solicitud, la hemos dado a conocer internacionalmente y ahora estamos esperando la respuesta y nos ocuparemos de la seguridad cuando se conceda.
¿Tiene una fecha límite para la respuesta de Venezuela?
Diré que cuanto antes mejor.
