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Amnistía y libertad plena: Las exigencias en protesta frente al Palacio de Justicia

Familiares de presos políticos y defensores de derechos humanos acudieron este jueves, 5 de febrero, al Palacio de Justicia en Caracas para introducir un habeas corpus ante la desaparición forzada de varios detenidos, incluyendo 32 personas vinculadas a la causa Operación Gedeón II.

También, claman por una amnistía “con participación de las víctimas”, a propósito del proyecto de Ley de Amnistía el cual se abordó en primera discusión este mismo jueves en la Asamblea Nacional de corte oficialista.

Representantes de los familiares y del Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve), entregaron otro documento para solicitar al Circuito Judicial Penal que se revisen las medidas cautelares de las personas excarceladas, para que se les otorgue libertad plena, incluyendo también a aquellos que siguen detenidos.

Margareth Baduel, hermana del preso político Josnars Baduel, reiteró su denuncia sobre las condiciones de “horror” en las que mantienen a muchos presos políticos. “No se les han respetado sus derechos. Las condiciones en las que ellos están viviendo no han cambiado”, denunció.

Por su parte, Diego Casanova, miembro del Clippve, recordó que en el Palacio de Justicia funcionan los tribunales de terrorismo que llevan las causas de muchos presos políticos. “Han sido instrumentalizadas estas instituciones para perseguir a la gente, a los disidentes y por eso hemos venido a exigirles la responsabilidad que tienen”, declaró.

A la actividad acudió Ángel Godoy, informático y articulista que fue excarcelado el pasado 14 de enero tras estar detenido poco más de un año. Godoy se sumó al apoyo a los familiares que claman la liberación de los presos políticos. “Hemos sido sometidos a una condena social, la libertad tiene que ser plena, nosotros no cometimos ningún delito. Informar no es delito, pensar distinto no es delito (…) Pedimos libertad para todos, son inocentes”, declaró..

Hablan las familias

Varios familiares de presos políticos, en su mayoría mujeres que son madres, esposas e hijas, denunciaron la situación de sus seres queridos y las irregularidades en cada uno de sus casos. Una de ellas es Marieglis Guzmán, hermana de Luis Guzmán, quien fue detenido en marzo de 2023 por el caso Pdvsa-Cripto. El señor Guzmán está tras las rejas junto a otros dos compañeros en la cárcel de Fénix en Lara quienes, según su testimonio, ni siquiera pertenecen a Pdvsa.

“Ellos no tenían nada que ver como Pdvsa. Eran empleados privados. Los utilizaron como falsos positivos para engrosar las listas que aparentaron delante del país que tenían a los presuntos corruptos y una de esas víctimas fue mi hermano. Solamente se les ha hecho una audiencia preliminar y no tienen derecho a la defensa (…) Es un caso donde a ellos los utilizaron como chivos expiatorios”, alertó.

Por la Operación Gedeón II hay 32 personas desaparecidas. Para ellos se introdujo el habeas corpus. Maira Morales, hermana de Ricardo Fonseca (uno de los desaparecidos), denunció que a su hermano y otros vinculados a la causa “hace seis meses los sacaron de El Helicoide” y a la fecha no tienen información.

“Fuimos a penitenciaría y nos dijeron que ellos no están registrados y al siguiente día recibimos una llamada directamente del Fuerte Guaicaipuro en Charallave y nos dijeron que fuéramos a llevar una paquetería. Se les llevó crema dental, papel toilet, un pan y cinco litros de agua. Exigimos fe de vida de los 32 gedeones que se encuentran desaparecidos”, expresó.

El 13 de septiembre del 2017, funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), detuvieron al escolta Franks Cabaña y lo acusaron de ser cómplice del robo del helicóptero que piloteó Oscar Pérez sobre Caracas. Cabaña es la única persona que sigue detenida por estar vinculada a este caso. Su esposa, Nesmar Silvera, señaló que Cabañasestá actualmente en Yare II y a la fecha no tiene ni siquiera tiene una copia del expediente de su esposa.

“Al parecer lo quieren ver podrirse en vida. Mi esposo no es un delincuente, es un hombre inocente y padre de familia. Cuando lo privaron de libertad su hijo menor tenía un año. A la fecha sus hijos tienen 12 y 9 años”, denunció.

Por la causa de unos presuntos explosivos hallados en Plaza Venezuela hay varios detenidos, cinco son familia y fueron arrestados en Cumaná, estado Sucre. Tres de este grupo familiar son mujeres que están recluidas en La Crisálida. Una allegada aseguró que no hay prueba que incriminen a los detenidos.

“A las mujeres nos las trasladaron a La Crisálida. Allá me dicen que no están pero me llaman para que les lleve paquetería. Exijo fe de vida para mis familiares porque yo los quiero ver. Ya son seis meses y a ninguno lo he visto”, dijo entre sollozos.

Los hermanos Castellanos Chinchilla fueron detenidos en 2021 y están en Yare III. Fueron condenados a 30 años de prisión por “terrorismo de Estado y asociación para delinquir”. Naibel Venot, esposa de uno de los detenidos, contó que su cuñado fue detenido en una alcabala por funcionarios de Conas. “Lo desaparecieron por dos días y mi esposo, abogado graduado de la ULA, fue a buscarlo y cuando lo consiguió en el Conas de Acarigua también lo detuvieron sin ninguna explicación”. Durante ocho meses no supieron nada de ellos y a la fecha desconoce la causa a la que se les vincula.

Sobre el proyecto de ley de Amnistía

El abogado y profesor universitario Joel García, quien ha trabajado como defensor de varios presos políticos, se refirió al proyecto de Ley de Amnistía, explicando que debe pasar por un proceso de dos discusiones en la Asamblea Nacional, enviarse al Ejecutivo y posteriormente a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. “Una vez que cumple con ese proceso es que empieza el trámite de las amnistías”, señaló.

García explicó que la ley debe hablar “en sentido abstracto” y no de un caso específico. “Puede decir que todos los procesados por las protestas del año 2014, por ejemplo, están involucrados”, señaló, al indicar que no debe hacerse una revisión caso por caso, sino mencionar los hechos que contempla y que cada investigado llevará al tribunal la petición de amnistía.

Asimismo, señaló que las personas que fueron inhabilitadas de forma administrativa deberían ser incluidas en esta amnistía, debido a que estas decisiones “tienen motivaciones políticas”. En ese sentido, consideró que si realmente se quiere “la paz” los inhabilitados, así como los exiliados, deberían ser incluidos.

Finalmente, señaló que la Asamblea Nacional debería consultar a las Academias desde las Facultades de Derecho de todas las universidades del país. “Así sea hace una ley verdaderamente con sentido general y con con sesgo, como pudiera serlo”, indicó.

En representación de los familiares de presos políticos, Aurora Silva, esposa del dirigente Freddy Superlano, señaló que hasta el momento las familias no han sido notificadas ni invitadas, tampoco han tenido acceso a un borrador del proyecto de ley. Destacó la incertidumbre sobre la posible exclusión de algunos casos. “Nuestra exigencia sigue siendo la libertad plena”, dijo.

Un rayo de esperanza para Zona 7

Evelis Cano es madre de Jean Tantak Cano, de 31 años, un preso político que está recluido en la Zona 7 de Boleíta. Ella ha participado activamente en las vigilias que ya suman 26 días desde que se anunciaron las excarcelaciones.

Cano fue parte del grupo de familiares que entró al Palacio de Justicia y se mostró optimista tras haber salido de la institución, a pesar de que en el Palacio de Justicia no aceptaron los documentos que llevó el Comité.

“Salí muy optimista y muy confiada en que se apruebe esta ley de amnistía general para todos aquellos que realmente son inocentes. Lo que me explica el abogado es que prontamente voy a tener a mi bebé en mi casa (…) Ya traje los recaudos… como los testigos, el informe de la testificación y todo lo hemos entregado”, señaló Cano.

Cano señaló que el abogado de este caso se entenderá el fin de semana con la jueza y todos los casos de Zona 7 que hayan entregado su documentación “van a ser liberados”.

Denuncian presencia de presuntos colectivos

A pesar de que la actividad se realizó de forma tranquila, se reportó fuerte presencia policial en los alrededores de la concentración. Pero también, el Comité por la Libertad de Presos Políticos denunció que presuntos colectivos estuvieron en el lugar tomando fotos y grabando a los asistentes.

Personas vestidas de civil con cascos de motorizado se apostaron cerca del lugar en el que se estacionó Margareth Baduel, lo que desde el comité fue calificado como “actos de intimidación”.

“Asimismo, denunciamos que mientras los familiares abordaban el autobús con destino al Rodeo I, fueron fotografiados por estos sujetos desconocidos. Durante toda la jornada, presenciamos una fuerte presencia policial y de grupos civiles (colectivos) que rodearon nuestra concentración pacífica para tomarnos fotografías y vigilarnos”, denunció el Clippve en redes sociales.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

Ley de Amnistía: cinco exigencias de las ONG para incorporar al debate

El abogado Joel García explicó que la ley de amnistía debe hablar "en sentido abstracto" y no de un caso específico. "Puede decir que todos los procesados por las protestas del año 2014, allí están involucradas todas las personas que detuvieron en el año 2014 por las protestas", señaló
Amnistía
Andrea González
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Familiares de presos políticos y defensores de derechos humanos acudieron este jueves, 5 de febrero, al Palacio de Justicia en Caracas para introducir un habeas corpus ante la desaparición forzada de varios detenidos, incluyendo 32 personas vinculadas a la causa Operación Gedeón II.

También, claman por una amnistía “con participación de las víctimas”, a propósito del proyecto de Ley de Amnistía el cual se abordó en primera discusión este mismo jueves en la Asamblea Nacional de corte oficialista.

Representantes de los familiares y del Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve), entregaron otro documento para solicitar al Circuito Judicial Penal que se revisen las medidas cautelares de las personas excarceladas, para que se les otorgue libertad plena, incluyendo también a aquellos que siguen detenidos.

Margareth Baduel, hermana del preso político Josnars Baduel, reiteró su denuncia sobre las condiciones de “horror” en las que mantienen a muchos presos políticos. “No se les han respetado sus derechos. Las condiciones en las que ellos están viviendo no han cambiado”, denunció.

Por su parte, Diego Casanova, miembro del Clippve, recordó que en el Palacio de Justicia funcionan los tribunales de terrorismo que llevan las causas de muchos presos políticos. “Han sido instrumentalizadas estas instituciones para perseguir a la gente, a los disidentes y por eso hemos venido a exigirles la responsabilidad que tienen”, declaró.

A la actividad acudió Ángel Godoy, informático y articulista que fue excarcelado el pasado 14 de enero tras estar detenido poco más de un año. Godoy se sumó al apoyo a los familiares que claman la liberación de los presos políticos. “Hemos sido sometidos a una condena social, la libertad tiene que ser plena, nosotros no cometimos ningún delito. Informar no es delito, pensar distinto no es delito (…) Pedimos libertad para todos, son inocentes”, declaró..

Hablan las familias

Varios familiares de presos políticos, en su mayoría mujeres que son madres, esposas e hijas, denunciaron la situación de sus seres queridos y las irregularidades en cada uno de sus casos. Una de ellas es Marieglis Guzmán, hermana de Luis Guzmán, quien fue detenido en marzo de 2023 por el caso Pdvsa-Cripto. El señor Guzmán está tras las rejas junto a otros dos compañeros en la cárcel de Fénix en Lara quienes, según su testimonio, ni siquiera pertenecen a Pdvsa.

“Ellos no tenían nada que ver como Pdvsa. Eran empleados privados. Los utilizaron como falsos positivos para engrosar las listas que aparentaron delante del país que tenían a los presuntos corruptos y una de esas víctimas fue mi hermano. Solamente se les ha hecho una audiencia preliminar y no tienen derecho a la defensa (…) Es un caso donde a ellos los utilizaron como chivos expiatorios”, alertó.

Por la Operación Gedeón II hay 32 personas desaparecidas. Para ellos se introdujo el habeas corpus. Maira Morales, hermana de Ricardo Fonseca (uno de los desaparecidos), denunció que a su hermano y otros vinculados a la causa “hace seis meses los sacaron de El Helicoide” y a la fecha no tienen información.

“Fuimos a penitenciaría y nos dijeron que ellos no están registrados y al siguiente día recibimos una llamada directamente del Fuerte Guaicaipuro en Charallave y nos dijeron que fuéramos a llevar una paquetería. Se les llevó crema dental, papel toilet, un pan y cinco litros de agua. Exigimos fe de vida de los 32 gedeones que se encuentran desaparecidos”, expresó.

El 13 de septiembre del 2017, funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), detuvieron al escolta Franks Cabaña y lo acusaron de ser cómplice del robo del helicóptero que piloteó Oscar Pérez sobre Caracas. Cabaña es la única persona que sigue detenida por estar vinculada a este caso. Su esposa, Nesmar Silvera, señaló que Cabañasestá actualmente en Yare II y a la fecha no tiene ni siquiera tiene una copia del expediente de su esposa.

“Al parecer lo quieren ver podrirse en vida. Mi esposo no es un delincuente, es un hombre inocente y padre de familia. Cuando lo privaron de libertad su hijo menor tenía un año. A la fecha sus hijos tienen 12 y 9 años”, denunció.

Por la causa de unos presuntos explosivos hallados en Plaza Venezuela hay varios detenidos, cinco son familia y fueron arrestados en Cumaná, estado Sucre. Tres de este grupo familiar son mujeres que están recluidas en La Crisálida. Una allegada aseguró que no hay prueba que incriminen a los detenidos.

“A las mujeres nos las trasladaron a La Crisálida. Allá me dicen que no están pero me llaman para que les lleve paquetería. Exijo fe de vida para mis familiares porque yo los quiero ver. Ya son seis meses y a ninguno lo he visto”, dijo entre sollozos.

Los hermanos Castellanos Chinchilla fueron detenidos en 2021 y están en Yare III. Fueron condenados a 30 años de prisión por “terrorismo de Estado y asociación para delinquir”. Naibel Venot, esposa de uno de los detenidos, contó que su cuñado fue detenido en una alcabala por funcionarios de Conas. “Lo desaparecieron por dos días y mi esposo, abogado graduado de la ULA, fue a buscarlo y cuando lo consiguió en el Conas de Acarigua también lo detuvieron sin ninguna explicación”. Durante ocho meses no supieron nada de ellos y a la fecha desconoce la causa a la que se les vincula.

Sobre el proyecto de ley de Amnistía

El abogado y profesor universitario Joel García, quien ha trabajado como defensor de varios presos políticos, se refirió al proyecto de Ley de Amnistía, explicando que debe pasar por un proceso de dos discusiones en la Asamblea Nacional, enviarse al Ejecutivo y posteriormente a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. “Una vez que cumple con ese proceso es que empieza el trámite de las amnistías”, señaló.

García explicó que la ley debe hablar “en sentido abstracto” y no de un caso específico. “Puede decir que todos los procesados por las protestas del año 2014, por ejemplo, están involucrados”, señaló, al indicar que no debe hacerse una revisión caso por caso, sino mencionar los hechos que contempla y que cada investigado llevará al tribunal la petición de amnistía.

Asimismo, señaló que las personas que fueron inhabilitadas de forma administrativa deberían ser incluidas en esta amnistía, debido a que estas decisiones “tienen motivaciones políticas”. En ese sentido, consideró que si realmente se quiere “la paz” los inhabilitados, así como los exiliados, deberían ser incluidos.

Finalmente, señaló que la Asamblea Nacional debería consultar a las Academias desde las Facultades de Derecho de todas las universidades del país. “Así sea hace una ley verdaderamente con sentido general y con con sesgo, como pudiera serlo”, indicó.

En representación de los familiares de presos políticos, Aurora Silva, esposa del dirigente Freddy Superlano, señaló que hasta el momento las familias no han sido notificadas ni invitadas, tampoco han tenido acceso a un borrador del proyecto de ley. Destacó la incertidumbre sobre la posible exclusión de algunos casos. “Nuestra exigencia sigue siendo la libertad plena”, dijo.

Un rayo de esperanza para Zona 7

Evelis Cano es madre de Jean Tantak Cano, de 31 años, un preso político que está recluido en la Zona 7 de Boleíta. Ella ha participado activamente en las vigilias que ya suman 26 días desde que se anunciaron las excarcelaciones.

Cano fue parte del grupo de familiares que entró al Palacio de Justicia y se mostró optimista tras haber salido de la institución, a pesar de que en el Palacio de Justicia no aceptaron los documentos que llevó el Comité.

“Salí muy optimista y muy confiada en que se apruebe esta ley de amnistía general para todos aquellos que realmente son inocentes. Lo que me explica el abogado es que prontamente voy a tener a mi bebé en mi casa (…) Ya traje los recaudos… como los testigos, el informe de la testificación y todo lo hemos entregado”, señaló Cano.

Cano señaló que el abogado de este caso se entenderá el fin de semana con la jueza y todos los casos de Zona 7 que hayan entregado su documentación “van a ser liberados”.

Denuncian presencia de presuntos colectivos

A pesar de que la actividad se realizó de forma tranquila, se reportó fuerte presencia policial en los alrededores de la concentración. Pero también, el Comité por la Libertad de Presos Políticos denunció que presuntos colectivos estuvieron en el lugar tomando fotos y grabando a los asistentes.

Personas vestidas de civil con cascos de motorizado se apostaron cerca del lugar en el que se estacionó Margareth Baduel, lo que desde el comité fue calificado como “actos de intimidación”.

“Asimismo, denunciamos que mientras los familiares abordaban el autobús con destino al Rodeo I, fueron fotografiados por estos sujetos desconocidos. Durante toda la jornada, presenciamos una fuerte presencia policial y de grupos civiles (colectivos) que rodearon nuestra concentración pacífica para tomarnos fotografías y vigilarnos”, denunció el Clippve en redes sociales.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

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