El Grupo Parlamentario Libertad (GPL) organizó este lunes, 9 de febrero, un foro público en los espacios de la Universidad Católica Andrés Bello (Ucab) para discutir el Proyecto de Ley de Justicia para la Convivencia Democrática, también conocido como Ley de Amnistía.
El encuentro reunió a los diputados de la bancada de la Libertad Henrique Capriles, Pablo Pérez, Nora Bracho, Antonio Ecarri, Tomás Guanipa y Alexis Algarra, además de académicos, expertos en derecho penal, representantes de la sociedad civil y organizaciones no gubernamentales.
La actividad, convocada a pocos días de la aprobación en primera discusión del proyecto, permitió exponer los vacíos técnicos y los riesgos jurídicos del proyecto aprobado por unanimidad y en primera discusión el pasado 5 de enero.
Los participantes del evento, en su mayoría, expusieron sus preocupaciones sobre los alcances de la Ley de Amnistía y la necesidad de que la misma esté acompañada de “verdad, reparación para las víctimas y voluntad política para un cambio”. También, los ponentes mostraron su preocupación por la detención del líder político Juan Pablo Guanipa a pocas horas de ser excarcelado, asegurando que el hecho es “un mal precedente” en el contexto del debate de este instrumento jurídico.
Ambigüedades de la ley
Uno de los puntos más repetitivos durante el foro fue la falta de claridad en la definición de “delito político”. La profesora de Derecho de la Ucab, Margarita Vásquez explicó que en Venezuela no hay, o no existe tal definición por lo tanto, es difícil determinar el alcance de la ley.
Vásquez aclaró que las ambigüedades que presenta el proyecto de ley “compromete la seguridad jurídica” y deja por fuera otros aspectos que la exposición de motivos asegura atender, como es el caso de los delitos contra el patrimonio público.
“Resulta contradictorio que la Ley contra el Odio, utilizada como herramienta de persecución, tenga la misma pena que homicidio”, resaltó Vásquez, y recordó que una amnistía legítima, según estándares internacionales, debe incluir mecanismos de reparación los cuales están ausentes en el texto.
Por su parte, el doctor en Ciencias Jurídicas, Luis Beltrán Guerra, aseveró que la Ley de Amnistía se está aplicando a personas y a delitos que no existen. “Al que se debe indultar es al gobierno y no a los presos políticos”, dijo.
César Ramírez, dirigente del partido Centrados, cuestionó el artículo 9 de la ley señalando que la libertad de los presos políticos queda en manos de los mismos jueces que los detuvieron y sentenciaron.
Sociedad civil critica el concepto de clemencia
Miembros de la sociedad civil cuestionaron el uso de la palabra clemencia en el texto de la ley de Amnistía. “Para una persona presa injustamente, “que le vengan a decir que lo van a soltar por un acto de clemencia es poco más que un insulto”, expresó Alba Purroy, activista social.
Señaló que el chavismo ha perseguido durante años a miles de venezolanos disidentes y que la ley de Amnistía “no es un favor… es una falta de respeto para con todos los detenidos”.
Purroy advirtió que el diseño de la ley está más enfocado para aquellos que aún no han sido detenidos o procesados que para los que ya enfrentan un proceso penal.
Una representante de la Federación del Colegio de Bioanalistas resaltó que la Ley de Amnistía debe mostrar claridad y respeto con todas aquellas personas que fueron víctimas de tratos crueles, inhumanos e injusta detención y se reparen los daños causados.
José Ferreira, detenido en 2016 y exmilitante del partido Primero Justicia, pidió a los diputados que se estudie caso por caso porque la ley excluye casos que aunque no figuren como uno político, están relacionados indirectamente con la política.
Aprobar para avanzar
La diputada Nora Bracho aseguró que ellos como bancada de oposición decidieron votar y “aprobar para avanzar” en la liberación de todos los detenidos por motivos políticos. Afirmó que los 13 diputados están “dando la pelea y luchando” para que todos los privados de libertad puedan abrazarte en familia.
Expresó que todos los venezolanos tienen “profundas heridas” que cicatrizar y, aunque reconoce que la ley de amnistía “no es un favor”, todos deben “aprovechar”.
Por su parte, el diputado y exgobernador del estado Miranda Henrique Capriles afirmó que con la ley de amnistía “el problema no es jurídico, es político”. Aseguró que se puede tener la mejor ley de amnistía, pero que si no hay voluntad política “no se puede avanzar”.
Capriles afirmó que las excarcelaciones recientes “no han sido consecuencia de la aprobación de la ley de amnistía”, sino de decisiones políticas puntuales provenientes de otras regiones. “Si esto fuera un tema jurídico, respetando la Constitución, no estaríamos aquí”, aseguró.
El diputado insistió en que la amnistía no será efectiva si continúan vigentes instrumentos como la Ley contra el Odio o la Ley Simón Bolívar, que calificó como parte del “entramado represivo” del Estado.
Asimismo, advirtió que la ley debe ser amplia y no redactada para excluir casos específicos, pues “si nos ponemos a buscar cómo dejar a unos por fuera, la ley va a fracasar”.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
