Cuando Nicolás Maduro comandó la purga de Petróleos de Venezuela, las empresas básicas de Guayana y la Superintendencia Nacional de Criptoactivos y Actividades Conexas (Sunacrip), en 2023, en medio de la polémica por los más de 3.000 millones de dólares que se habían esfumado, hubo nombres que aparecieron repetidas veces en las juntas de reestructuración de las compañías e instituciones afectadas por el escándalo. Uno de ellos fue el de Larry Daniel Devoe Márquez, a quien acaban de nombrar fiscal general interino de la República de Venezuela.
Para ese momento fue designado como miembro principal de la junta interventora de la Corporación Venezolana de Guayana y de la junta de reestructuración de la Sunacrip, ambas conformadas en medio de aquel sacudón madurista.
Pero, por si no fuese poco, cuando asumió esos cargos ya era Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos (desde 2014) y agente del Estado ante el Sistema Internacional de Derechos Humanos. Por eso, su rostro se ha visto en La Haya, Países Bajos, en cada una de las audiencias de la situación Venezuela I, que busca llevar ante la Corte Penal Internacional (CPI) a los funcionarios gubernamentales culpables de delitos de lesa humanidad desde 2014.
Devoe no solo ha acumulado posiciones en el gobierno, sino que ha construido una trayectoria –que aquí se expone– al servicio de la defensa de un gobierno chavista acusado por detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas, ejecuciones extrajudiciales, violaciones contra la libertad de expresión e información, presos políticos, entre muchos otros delitos. No en balde, en su perfil en la red X, exhibe en su muro el lema del Consejo que preside: “Venezuela, un país garante de los derechos humanos“.
Luego de la renuncia firmada por el hoy exfiscal general Tarek William Saab, Devoe asume temporalmente una instancia en la que nunca había estado: el Ministerio Público. A este cargo ya se había postulado anteriormente sin éxito, pero ahora el panorama es diferente. Puede presentar su nombre nuevamente para quedarse en el cargo porque ahora contará con el apoyo de sus dos poderosos amigos: Delcy Rodríguez, la presidenta encargada que cuenta con el aval de Donald Trump, y su hermano, Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional a quien Devoe tantas veces acompañó en la comisiones negociadoras del gobierno con la oposición. Pero, ¿cómo comenzó esta relación? Aquí lo contamos.
Una carrera para lavarle la cara al gobierno
Devoe Márquez es un abogado especializado en Ciencias Penales y Criminológicas, con un máster en Democracia, Derechos Humanos y Estado de Derecho en Iberoamérica, que cursó en España, quien lleva al menos 20 años en la administración pública.
Antes de ser amigo de los Rodríguez, Devoe fue un hombre cercano a Nicolás Maduro comenzó cuando este último era canciller. Por eso, en 2007, Maduro lo designó como asesor jurídico del Ministerio de Relaciones Exteriores y agente alterno de Venezuela en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). De allí que su nombre aparezca, junto al de Germán Saltrón Negretti, en numerosas causas abiertas contra el Estado venezolano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ambos defendieron al gobierno en casos como los ataques sufridos por trabajadores de RCTV y Globovisión o la prisión política del general Francisco Usón Ramírez, y perdieron.
En 2009, Devoe llegó a la Defensoría del Pueblo, durante la gestión de Gabriela Ramírez, donde fue designado como director de Doctrina Jurídica y, más adelante, director ejecutivo de la institución. Entre 2011 y 2012, representó a este despacho en el Consejo General de Policía del Ministerio de Relaciones Interiores y Justicia, mientras que entre 2013 y 2014 hizo lo mismo pero ante la Comisión Nacional de Prevención de la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes, justo cuando arreció la represión contra manifestantes.
Cuando Maduro alcanzó la Presidencia, volvió a llevar a Devoe al Ejecutivo. En 2014, fue nombrado Secretario Ejecutivo del recién creado Consejo Nacional de Derechos Humanos, una instancia que se “encarga de coordinar y apoyar las políticas públicas del Estado venezolano en derechos humanos”. Ahí ha permanecido durante 12 años, mientras que al gobierno chavista le han llovido las denuncias de organizaciones nacionales e internacionales por la violación de derechos humanos y la comisión de delitos de lesa humanidad.
Ese Consejo depende de la vicepresidencia de la República que, para el momento, llevaba Jorge Arreaza, quien al año siguiente lo designó director general de Consultoría Jurídica de la Vicepresidencia de la República.
Durante ese período, Devoe también integró la Comisión Presidencial de Desarrollo Ecosocialista y Salvaguarda de los Derechos de los Pueblos Indígenas en la Actividad Minera, conformada apenas unos días después de la aprobación del Decreto del Arco Minero del Orinoco en marzo de 2016. Allí estuvo junto a Arreaza, Miguel Pérez Abad, Eulogio del Pino, José Khan y Ricardo Menéndez. Se supone que eran los encargados de asesorar a Maduro en ese tema, pero desde entonces los pueblos indígenas reclaman que la actividad extractivista solo ha llevado homicidios, violencia, miseria, contaminación, enfermedades y otras desgracias a sus territorios.
El regreso del Agente
Ese ese mismo año, en noviembre, Devoe regresó al Ministerio de Relaciones Exteriores como Agente del Estado ante el Sistema Internacional de los Derechos Humanos. A la cabeza de la cartera estaba Delcy Rodríguez.
Con este cargo y el del Consejo Nacional de DDHH, Devoe viajó a la CIDH para advertir que la Ley de Amnistía que había aprobado la Asamblea de mayoría opositora, era “una grave amenaza a los derechos humanos que se gesta desde un poder del Estado”.
También formó parte en Ginebra, Suiza, de la delegación de Venezuela ante el Examen Periódico Universal (EPU) realizado por el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (Ohchr) en noviembre de 2016.
El abogado de confianza de Maduro también se volvió amigo de los Rodríguez. Por eso estuvo en las delegaciones oficiales que sostuvieron los diálogos con la oposición en República Dominicana en 2019, en México en 2021, y más tarde en Barbados en 2023. En todas las ocasiones, Jorge Rodríguez, fue el jefe del grupo de los chavistas.
Además, integró el equipo legal que representó a Venezuela ante el conflicto territorial con la Guayana Esequiba en la Corte Internacional de Justicia.
Devoe está sancionado por Canadá desde 2019, cuando el gobierno de ese país lo incluyó entre los 43 funcionarios que participaron “en actividades que socavan las instituciones democráticas” y que privaron “a los venezolanos de sus derechos y necesidades más básicas”.
Hoy, el mismo hombre que tantas veces ha intentado lavar la cara del gobierno chavista ante el mundo, tomó las riendas del ente que se encarga, exclusivamente, de investigar los delitos, acusar a los presuntos responsable y asegurar que se apliquen las leyes en el país.
