El temor a la exclusión marca la solicitud de las amnistías

Un pasillo de comercios de ropa en los alrededores del Palacio de Justicia, en Caracas, fue el punto de encuentro de familiares de presos políticos este 3 de marzo, quienes acudieron desde las 10:00 de la mañana para llenar las planillas que entregarían en este organismo, con el fin de solicitar amnistía para los parientes que aún siguen detenidos.

Familiares llenando las planillas para solicitar amnistía de sus parientes detenidos / Foto: Andrea González

Hiowanka Ávila, hermana del preso político Henryberth Rivas, detenido por el caso de los drones y recluido en El Rodeo I, refirió que acudieron familiares de presos políticos civiles y militares, así como personas que ya fueron excarceladas quienes personalmente solicitaron adherirse a la Ley de Amnistía para ser beneficiados.

“Estamos a la espera de liberaciones todavía, pero no estamos dejando de hacer el proceso mientras se producen estas liberaciones (…) El hecho de que haya militares excarcelados para nosotros es una puerta abierta, debido que durante estos años a ellos no los habían considerado para liberaciones. Esto a nosotros lo que hace es incentivarnos para solicitar este beneficio”, comentó.

Muchos familiares vinieron desde el interior solo para presentar la documentación necesaria. Amparo García vive en Maracaibo y llegó por el caso de su hija Kristyel Andrade -estilista y madre de cinco hijos-, detenida el 14 de octubre de 2022 en Maracaibo, estado Zulia, por su supuesta vinculación al «caso Conas», el cual fue descrito por las autoridades como un supuesto intento de colocar explosivos en el Palacio de Justicia ese año.

“Los funcionarios querían nuestras dos casas, la de ella y la mía, y 6000 dólares. Como no lo hicimos, se la trajeron para acá sin decirme. Cuando vine a ver ya la habían trasladado al INOF”, relató la señora. A krystel La acusaron de terrorismo, asociación para delinquir y extorsión.

Fotos y nombres de todos los detenidos vinculados al “caso Conas” / Foto: Andrea González

Amnistía aprobada para algunos

El politólogo Nicmer Evans había sido detenido el 13 de diciembre por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y fue excarcelado el 14 de enero de 2026. Hoy acudió al Palacio de Justicia e informó que fue sobreseído de la causa y se le otorgó la amnistía.

“Entré al tribunal, firmé, no tengo la copia de la amnistía porque falta la firma del juez, pero he sido sobreseído de la causa, según el documento que me han presentado en el marco de la Ley de Amnistía”, señaló Evans tras salir del Palacio de Justicia.

Tras haber obtenido el beneficio de amnistía, Evans afirmó que la causa de su detención fue haber revelado la causa de muerte del preso político y exgobernador de Nueva Esparta, Alfredo Díaz. Además, afirmó que más de 600 presos políticos siguen tras las rejas y que la cifra puede superar incluso los 1000. Instó a exigir la reparación de las víctimas: “Hay gente que ha sido robada, expropiada, mancillada, que han perdido sus trabajos, estudios y familiares”.

“Yo vengo de la izquierda, como ustedes saben. Y con base a ese hecho hoy le voy a agradecer a Donald Trump y a Marco Rubio, pues gracias a la convocatoria de transición que han implementado es que yo estoy libre y muchos están saliendo de las cárceles”, agregó.

Otro de los expresos políticos que tramitaron su solicitud de amnistía fue Ángel Godoy, detenido el 8 de enero de 2025 y excarcelado el día 14 de ese mes en 2026. Godoy señaló que solicitó su amnistía la semana pasada, pero no se le ha entregado el documento: “Están todavía en un proceso de orden administrativo, y en una semana aproximadamente, tendríamos documento en mano”, dijo.

Inconsistencias en la Ley de Amnistía

Sairam Rivas, activista y expresa política, afirmó que no hace falta una amnistía para que todos los presos políticos salgan en libertad. Ella fue una de las que acudió a solicitar adherirse a la ley, puesto que estuvo cuatro meses detenida en El Helicoide en el año 2024.

“Fui injustamente detenida en el 2014 junto a muchos jóvenes, quienes también fuimos víctimas de graves violaciones a los derechos humanos. Y cuando se vio este inicio más cruento de la persecución en Venezuela, que luego de las elecciones del 2024 convirtieron en una situación de terrorismo de Estado”, expresó.

Familiares de presos políticos en las afueras del Palacio de Justicia / Foto: Andrea González

La activista fue una de las personas que entregó el recurso para acogerse a la ley, debido a su detención en 2014 durante cuatro meses en el Sebin Helicoide. Además, consideró que la amnistía “no puede ser un instrumento para seguir prolongando el dolor que viven día tras día cientos de familiares a las afueras de los centros de detención y que viven los presos políticos que siguen en este momento privados injustamente de libertad”.

Por su parte, el abogado Joel García advirtió que por la forma en que está redactada la ley, no es general ni cubre el período que dice, generando contradicciones. En cuanto a las personas excluidas, señaló que muchos quieren designar defensores privados, pero no se les permite.

“El juez Carlos Liendo acaba de decirme que el mismo imputado que represento debe firmar la designación (…) Esa ley puede dar libertades, pero no dignifica a nadie”, cuestionó.

Pendón informativo sobre la solicitud de amnistía a las afueras del Palacio de Justicia / Foto: Andrea González

Asimismo, Joel García alertó que la ley de amnistía no contempla reparación ni indemnización a víctimas. Destaca falta de criterio al decidir quiénes son beneficiados o no: “Cuando pones a legislar sobre libertad al que piensa como carcelero, no vas a tener un producto bueno”, sentenció.

Los que esperan

La familia Baduel ha sido duramente golpeada por la injusticia. Raúl Isaías Baduel, exministro de Defensa, murió bajo custodia del Estado y actualmente su hijo Josnars se encuentra en prisión. Fue detenido en mayo de 2020 y vinculado a la Operación Gedeón. Su hermana, Margareth Baduel, introdujo el documento para solicitar amnistía para Josnars, pese a los temores de exclusión.

“Acabamos de introducir este documento como una solicitud de ley de amnistía, ya que en la ley que publicaron un grupo muy extenso sale excluido, pero nosotros como familiares exponemos que ellos están siendo excluidos y que no debería ser, ya que es una ley amplia y deberían tomar en cuenta a todos los casos”, declaró.

Baduel espera que se cumpla el debido proceso y con las promesas que han hecho. Aunque no tiene mucha información, solo le indicaron que debe esperar 10 días mientras pasa por una etapa de “evaluación”. Tiene la expectativa de que el caso de su hermano sea considerado, así como cientos de personas que podrían quedar excluidas.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

El abogado Joel García advirtió que por la forma en que está redactada la ley, no es general ni cubre el período que dice, generando contradicciones. En cuanto a las personas excluidas, señaló que muchos quieren designar defensores privados, pero no se lo permiten.
Familiares de presos políticos acudieron al Palacio de Justicia para solicitar la amnistía para sus parientes
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Andrea González
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Un pasillo de comercios de ropa en los alrededores del Palacio de Justicia, en Caracas, fue el punto de encuentro de familiares de presos políticos este 3 de marzo, quienes acudieron desde las 10:00 de la mañana para llenar las planillas que entregarían en este organismo, con el fin de solicitar amnistía para los parientes que aún siguen detenidos.

Familiares llenando las planillas para solicitar amnistía de sus parientes detenidos / Foto: Andrea González

Hiowanka Ávila, hermana del preso político Henryberth Rivas, detenido por el caso de los drones y recluido en El Rodeo I, refirió que acudieron familiares de presos políticos civiles y militares, así como personas que ya fueron excarceladas quienes personalmente solicitaron adherirse a la Ley de Amnistía para ser beneficiados.

“Estamos a la espera de liberaciones todavía, pero no estamos dejando de hacer el proceso mientras se producen estas liberaciones (…) El hecho de que haya militares excarcelados para nosotros es una puerta abierta, debido que durante estos años a ellos no los habían considerado para liberaciones. Esto a nosotros lo que hace es incentivarnos para solicitar este beneficio”, comentó.

Muchos familiares vinieron desde el interior solo para presentar la documentación necesaria. Amparo García vive en Maracaibo y llegó por el caso de su hija Kristyel Andrade -estilista y madre de cinco hijos-, detenida el 14 de octubre de 2022 en Maracaibo, estado Zulia, por su supuesta vinculación al «caso Conas», el cual fue descrito por las autoridades como un supuesto intento de colocar explosivos en el Palacio de Justicia ese año.

“Los funcionarios querían nuestras dos casas, la de ella y la mía, y 6000 dólares. Como no lo hicimos, se la trajeron para acá sin decirme. Cuando vine a ver ya la habían trasladado al INOF”, relató la señora. A krystel La acusaron de terrorismo, asociación para delinquir y extorsión.

Fotos y nombres de todos los detenidos vinculados al “caso Conas” / Foto: Andrea González

Amnistía aprobada para algunos

El politólogo Nicmer Evans había sido detenido el 13 de diciembre por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y fue excarcelado el 14 de enero de 2026. Hoy acudió al Palacio de Justicia e informó que fue sobreseído de la causa y se le otorgó la amnistía.

“Entré al tribunal, firmé, no tengo la copia de la amnistía porque falta la firma del juez, pero he sido sobreseído de la causa, según el documento que me han presentado en el marco de la Ley de Amnistía”, señaló Evans tras salir del Palacio de Justicia.

Tras haber obtenido el beneficio de amnistía, Evans afirmó que la causa de su detención fue haber revelado la causa de muerte del preso político y exgobernador de Nueva Esparta, Alfredo Díaz. Además, afirmó que más de 600 presos políticos siguen tras las rejas y que la cifra puede superar incluso los 1000. Instó a exigir la reparación de las víctimas: “Hay gente que ha sido robada, expropiada, mancillada, que han perdido sus trabajos, estudios y familiares”.

“Yo vengo de la izquierda, como ustedes saben. Y con base a ese hecho hoy le voy a agradecer a Donald Trump y a Marco Rubio, pues gracias a la convocatoria de transición que han implementado es que yo estoy libre y muchos están saliendo de las cárceles”, agregó.

Otro de los expresos políticos que tramitaron su solicitud de amnistía fue Ángel Godoy, detenido el 8 de enero de 2025 y excarcelado el día 14 de ese mes en 2026. Godoy señaló que solicitó su amnistía la semana pasada, pero no se le ha entregado el documento: “Están todavía en un proceso de orden administrativo, y en una semana aproximadamente, tendríamos documento en mano”, dijo.

Inconsistencias en la Ley de Amnistía

Sairam Rivas, activista y expresa política, afirmó que no hace falta una amnistía para que todos los presos políticos salgan en libertad. Ella fue una de las que acudió a solicitar adherirse a la ley, puesto que estuvo cuatro meses detenida en El Helicoide en el año 2024.

“Fui injustamente detenida en el 2014 junto a muchos jóvenes, quienes también fuimos víctimas de graves violaciones a los derechos humanos. Y cuando se vio este inicio más cruento de la persecución en Venezuela, que luego de las elecciones del 2024 convirtieron en una situación de terrorismo de Estado”, expresó.

Familiares de presos políticos en las afueras del Palacio de Justicia / Foto: Andrea González

La activista fue una de las personas que entregó el recurso para acogerse a la ley, debido a su detención en 2014 durante cuatro meses en el Sebin Helicoide. Además, consideró que la amnistía “no puede ser un instrumento para seguir prolongando el dolor que viven día tras día cientos de familiares a las afueras de los centros de detención y que viven los presos políticos que siguen en este momento privados injustamente de libertad”.

Por su parte, el abogado Joel García advirtió que por la forma en que está redactada la ley, no es general ni cubre el período que dice, generando contradicciones. En cuanto a las personas excluidas, señaló que muchos quieren designar defensores privados, pero no se les permite.

“El juez Carlos Liendo acaba de decirme que el mismo imputado que represento debe firmar la designación (…) Esa ley puede dar libertades, pero no dignifica a nadie”, cuestionó.

Pendón informativo sobre la solicitud de amnistía a las afueras del Palacio de Justicia / Foto: Andrea González

Asimismo, Joel García alertó que la ley de amnistía no contempla reparación ni indemnización a víctimas. Destaca falta de criterio al decidir quiénes son beneficiados o no: “Cuando pones a legislar sobre libertad al que piensa como carcelero, no vas a tener un producto bueno”, sentenció.

Los que esperan

La familia Baduel ha sido duramente golpeada por la injusticia. Raúl Isaías Baduel, exministro de Defensa, murió bajo custodia del Estado y actualmente su hijo Josnars se encuentra en prisión. Fue detenido en mayo de 2020 y vinculado a la Operación Gedeón. Su hermana, Margareth Baduel, introdujo el documento para solicitar amnistía para Josnars, pese a los temores de exclusión.

“Acabamos de introducir este documento como una solicitud de ley de amnistía, ya que en la ley que publicaron un grupo muy extenso sale excluido, pero nosotros como familiares exponemos que ellos están siendo excluidos y que no debería ser, ya que es una ley amplia y deberían tomar en cuenta a todos los casos”, declaró.

Baduel espera que se cumpla el debido proceso y con las promesas que han hecho. Aunque no tiene mucha información, solo le indicaron que debe esperar 10 días mientras pasa por una etapa de “evaluación”. Tiene la expectativa de que el caso de su hermano sea considerado, así como cientos de personas que podrían quedar excluidas.

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

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