En teoría, la reparación es un derecho constitucional que obliga al Estado venezolano a restituir, dignificar y atender a cualquier persona víctima de violación de sus derechos humanos o daños causados por el funcionamiento de la administración pública. En la práctica, ese derecho se queda solo en papel: las víctimas continúan su vida a pesar de las secuelas físicas, los daños emocionales, sin el reconocimiento y en total impunidad.
Las violaciones a los derechos humanos abarcan desde detenciones arbitrarias, torturas, tratos crueles e inhumanos, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, persecución política hasta el uso excesivo de la fuerza, hechos que se volvieron recurrentes a partir del año 2014 con las protestas antigubernamentales y el reclamo de la disidencia por un cambio político, económico y social.
Frente a estas violaciones, la Constitución es explícita y en el artículo 30 señala la obligación que tiene el Estado a indemnizar integralmente, restituir derechos y adoptar medidas para hacer efectiva la reparación. El artículo 31, por su parte, garantiza que las víctimas puedan acudir a instancias internacionales para el amparo de sus derechos, y exige al Gobierno cumplir las decisiones esos organismos, pero abogados y defensores de derechos humanos como Martha Tineo y Alí Daniels coinciden en que si bien el marco legal es robusto, en Venezuela no se aplica y tampoco hay quien lo defienda o vele por su cumplimiento.
En un intento de “reconciliación nacional”, el gobierno de Delcy Rodríguez —avalado por los Estados Unidos— aprobó la “Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática”, pero la normativa no contempla mecanismos de reparación para las víctimas lo que ha sido ampliamente cuestionado por organizaciones defensoras de derechos humanos.
Para muchas familias venezolanas víctimas de violaciones a los derechos humanos, la reparación se ha convertido en un derecho al que pocos aspiran y la mayoría desconoce. Mientras el Estado venezolano demuestra una y otra vez su capacidad represiva, las víctimas y sus familiares cargan solas con las secuelas emocionales y psicológicas de historias de injusticia, horror y abusos de poder.
Un ejemplo evidente es el centenar de madres que perdieron a sus hijos en las protestas antigubernamentales de 2014, 2017, 2019 y 2024 quienes, en la mayoría de los casos, no han sido reparadas de ninguna manera por el Estado. También las ejecuciones extrajudiciales presentadas ante la opinión pública como “enfrentamientos” o “resistencia a la autoridad” desde el año 2015 y que dejaron más de 560 muertos en apenas dos años.
¿Qué implica reparar?
La reparación es un proceso que no solo se centra en una indemnización económica, el tema es más extenso y profundo, y debe tener como bandera: verdad, justicia, restitución, rehabilitación y garantías de no repetición.
La reparación implica reconocer públicamente el daño causado, investigar a los responsables, limpiar el nombre de las víctimas y ofrecer soluciones que permitan reconstruir la vida que fue truncada.
Martha Tineo, abogada y directora de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) sostiene que en una persona que ha sido víctima de violación a sus derechos humanos “las formas de reparación pueden ser tan amplias como lo es la dimensión del daño”.
Para la abogada, una reparación debe ir más allá de una indemnización económica porque no hay manera de cuantificar económicamente un daño. Explica que la reparación integral en la mayoría de los casos es lo ideal. “El reconocimiento a la víctima del daño causado, contar la verdad y dignificar el nombre de la persona es de gran importancia”, sumó Tineo.
La directora de la ONG señala que en el caso de las personas que han sido víctimas de ejecuciones extrajudiciales o asesinatos en protestas, una reparación es “más difícil”, porque nadie puede devolverle la vida a un ser querido que murió. Sin embargo, sostiene que en estos casos una manera de reparar es principalmente con la justicia, pero también con la creación de museos, escuelas, plazas y monumentos históricos con el nombre de la persona, que contribuyan y aporten a la construcción de la memoria histórica y que, al mismo tiempo, sea una base fundamental para generar garantías de no repetición.
“En la medida en que se hace un relato de la verdad y se construye memoria en consecuencia, hay una conciencia colectiva del daño que se causó y en tanto, se supone que las intenciones se mueven a generar garantías de no repetición, para que esos horrores no vuelvan a suceder”, explicó.
Un tema fundamental en cualquier forma de reparación es que haya justicia en cada caso. Es decir, que los responsables de esos crímenes sean llevados ante la justicia y se impongan las responsabilidades legales, penales y administrativas.
¿Qué debe hacer el Estado?
El abogado, defensor de derechos humanos y fundador de la ONG Acceso a la Justicia, Alí Daniels, coincidió con Martha Tineo en que el espectro de las reparaciones es más amplio que una reparación material y muchas de ellas tienen que ver con reparaciones simbólicas, donde el Estado le haga sentir a las víctimas que efectivamente se tiene la voluntad de que esa violación a los derechos humanos no vuelva a ocurrir.
Para Daniels, el primer paso que debe dar el Estado en los casos donde haya habido violaciones a los derechos humanos es el reconocimiento y aceptación del hecho. Luego, debe establecer mecanismos expeditos y accesibles para que las personas hagan su reclamo y obtengan medidas de reparación.
“Pero ni lo uno ni lo otro. Se necesita un cambio mucho mayor de lo que está ocurriendo para que el Estado tenga siquiera la voluntad, ya no digo de reparar, sino siquiera de investigar, porque al momento no conocemos ninguna investigación ni ninguna sanción a los responsables de los abusos que se han realizado en la represión desde el año 2014 para acá”, explicó Daniels.
Venezuela no cumple estándares internacionales
La Organización de Naciones Unidas (ONU), la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, principales sistemas de protección internacional, establecen que la reparación debe ser integral, es decir, abarcar todas las dimensiones del daño. Estos organismos también exigen que se considere el impacto diferenciado en mujeres, niños, personas LGBTIQ+, indígenas, personas con discapacidad y otros grupos vulnerables.
Sobre este punto, los abogados y defensores de derechos humanos Martha Tineo y Alí Daniels coinciden en que Venezuela está “muy lejos” de cumplir con los estándares internacionales de reparación a las víctimas de violaciones a los derechos humanos.
Daniels explicó que actualmente no existe ni siquiera una estructura a la cual pueda acudir un venezolano en busca de justicia porque no existe la independencia de poderes.
“Un ciudadano que ve vulnerados sus derechos en Venezuela, no se le pasa por la cabeza ir a la Fiscalía o ir a la Defensoría del Pueblo o a ningún otro órgano de protección de derechos, porque sabe que va a perder el tiempo”, expresó.
El director de la ONG Acceso a la Justicia sumó que mientras no haya un Poder Judicial imparcial e independiente, no habrá manera de que se puedan generar reparaciones en casos de crímenes de lesa humanidad.
En comparación con otros países, Alí Daniels señaló que en Colombia, México y Brasil existen mecanismos de reparación y es frecuente que se interpongan acciones en contra del Estado que son declaradas a lugar, pero el abogado recalcó que la diferencia de esos tres países con Venezuela es que en ellos hay democracia plena.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes «contra el odio», «contra el fascismo» y «contra el bloqueo». Este contenido fue escrito tomando en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
