Después de que Estados Unidos capturó a Nicolas Maduro durante los bombardeos del 3 de enero en Caracas, y luego de que Washington dirigió los ataques del 9 de junio en el estado Bolívar, que terminaron con la presunta ejecución de ‘Niño Guerrero’, el líder más visible del Tren de Aragua, la Alianza Rebelde Investiga (ARI) y Convoca emprendieron un viaje hacia el Arco Minero del Orinoco para conocer si realmente se erradicaron las estructuras criminales que durante años han dominado la zona.
En esa travesía hubo varios hallazgos que fueron revelados en el primer reportaje de la serie Dorada Opacidad II. Aquí las claves de este trabajo:
1. La incursión armada del 9 de junio no erradicó estructuras mafiosas:
El ataque ejecutado por el Comando Sur de Estados Unidos en el estado Bolívar, junto a componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), desplazó al ‘Sistema’, la unión conformada por dos bandas criminales: el ‘Sindicato de Juancho’ y el ‘Tren de Aragua’. Sin embargo, ese lugar lo ocupa ahora el Grupo de Protección del Arco Minero del Orinoco (GPAMO), que depende de la FANB y que se ocupa ahora de extorsionar a comerciantes, mineros, molineros y a todo aquel que esté vinculado con la explotación del oro en el eje Las Claritas-Kilómetro 88.
Ese “cambio de gobierno”, término carcelario usado también por los grupos delincuenciales para indicar cuándo una banda sistituye a otra en un territorio, no desmonta el sistema. La renta del oro permite que la gobernanza criminal sobreviva y se adapte, esta vez, con rostro militar.
2. La incursión fue una muestra del poder de Estados Unidos sobre Venezuela:
Desde el 3 de enero, el gobierno de Donald Trupm ha dejado claro su interés por el petróleo, pero también oro venezolano. Por eso, no es coincidencia que, cinco días después de la captura de Nicolás Maduro, la presidenta encargada que cuenta con el aval de Washington, Delcy Rodríguez, haya anunciado la presentación de un paquete de leyes ante la Asamblea Nacional, el cual incluyó la creación de una nueva normativa para la minería.
La Ley Orgánica de Minas se sancionó en abril pasado con un articulado que permite la entrada de empresas privadas extranjeras a las actividades de la industria aurífera y concede una serie de beneficios fiscales a las compañias dedicadas al sector.
3. Delcy Rodríguez pone a su gente cerca del oro:
Por su parte, Estados Unidos comenzó el levantamiento de sanciones que había aplicado desde 2018 sobre el oro venezolano. Entre marzo y principios de septiembre, el Departamento del Tesoro del país norteamericano, permitió la emisión de licencias a empresas estadounidenses para la exportación, venta, compra, almacenamiento, transporte, procesamiento y refinación de minerales de origen venezolano, incluido el oro. También dio luz verde al suministro de determinados artículos y servicios para operaciones con minerales, así como la celebración de negociaciones y contratos en sectores mineros.
La presidenta interina consolidó sus cuadros dentro de la empresa minera nacional. Por eso, nombró o reconfirmó en sus puestos a funcionarios cercanos a su entorno en el ámbito civil y militar dentro del Arco Minero. Sus fichas no solo se extienden sobre el Ejecutivo, sino también sobre las empresas públicas que intervienen en el negocio y en los uniformados que pueden garantizar el suministro de gasolina y la operación dentro de las minas.
Ejemplo de estos movimientos son el reemplazo del ministro de la Defensa de la era Maduro, Vladimir Padrino López, por Gustavo González López, quien comenzó como el comandante de su Guardia Presidencial. Rafael Prieto Martínez, quien venía de ser jefe militar en Bolívar, es hoy la máxima autoridad del Comando Estratégico Operacional (CEOFANB). También hubo cambios en la Región Estratégica de Defensa Integral (REDI) Guayana (donde está el Arco Minero del Orinoco) y en la Zona Operativa de Defensa Integral (ZODI) Bolívar.
En el ámbito civil está Calixto Ortega Sánchez, uno de sus hombres cercanos, en la Vicepresidencia sectorial de Economía y Finanzas. De ese despacho depende el Ministerio de Desarrollo Minero Ecológico, a cargo de Héctor Silva Hernández, quien también es presidente de la Corporación Venezolana de Guayana y de la Compañía Venezolana de Minería. Además, el actual presidente del Banco Central de Venezuela, Luis Pérez, es también titular del recién creado Viceministerio del oro.
En el ámbito regional se mantiene Yulisbeth García, la “Tata”, como gobernadora del estado Bolívar, quien en sus tiempos de alcaldesa del municipio Piar fue señalada por haber permitido que ese territorio, en donde no había minería, se convirtiera en una sucursal del comercio aurífero y también de participar en negocios relacionados con contrabando de oro.
Todos estos enroques confirman que el Estado no está ausente en el Arco Minero, sino que convive y se superpone con poderes criminales.
4. El Arco Minero funciona como un mosaico de gobiernos de facto:
Mientras que los militares del GPAMO controlan el negocio minero en Las Claritas-Kilómetro 88, en los otros territorios mandan las bandas y la guerrilla colombiana.
En la población de El Dorado permanece en el poder el “Negro Fabio”, quien a pesar de que tiene dos órdenes de aprehensión, una por contrabando de oro y otra por trata de personas con fines de explotación sexual, lleva más de tres lustros a cargo de las minas de la zona, incluso de aquellas que están al margen del Cuyuní.
En Tumeremo, la mayor parte de la minas son dominadas por la Organización R, cuyo líder lleva el apodo de ‘Run’. Mientras que el Tren de Guayana controla los yacimientos de El Callao y sus alrededores. Aunque todos los habitantes en estos pueblos saben de su existencia, ambos grupos operan con bajo perfil.
En las minas cercanas a la frontera con Guyana están los miembros de la guerrilla colombiana Ejército de Liberación Nacional (ELN).
5. Gobernanza criminal: más allá del delito
La reportería en estos territorios confirmó que los grupos armados no se limitan a la actividad minera, sino que actúan dentro del orden civil de los pueblos o incluso se hacen ver como benefactores de la zona.
El desplazado ‘Sistema’ de Las Claritas-Kilómetro 88 vigilaba celosamente el comportamiento de los habitantes y castigaba faltas a golpes, palazos u horas al sol: desde un robo hasta una infidelidad en una pareja. También mantenían equipado y dotado al centro de salud del pueblo, así como la seguridad del lugar con un régimen tan férreo que nadie se atrevía a desafiarlos. Lo paradójico es que, ahora que los militares están al mando, los pobladores se sienten desprotegidos porque los robos y hurtos han regresado.
La Fundación Corazón de Azúcar cumple con obras benéficas en El Dorado en nombre del ‘Negro Fabio’. Se encarga de repartir comida, útiles escolares, reparar baches, pintar escuelas y hasta ayudar a jóvenes deportistas del pueblo. Los pobladores acuden a él para resolver problemas y buscar ayuda monetaria para tratamiento de salud. Han manifestado que, si hay algún operativo militar allí, saldrán en su defensa. En Tumeremo hace lo propio la Fundación 3RRR, que depende de la Organización R.
Si quieres conocer más sobre este reportaje, puedes leerlo aquí.
