En los pasillos del Hospital Clínico Universitario de Judith León, presidenta de la Federación de Colegios de Bioanalistas de Venezuela (Fecobiove), se vio a sí misma corriendo con tubos de ensayo en la mano, buscando laboratorios privados que procesaran lo que el hospital —que nutre las estadísticas de al menos 81% de los servicios públicos de bioanálisis inoperante— no podía hacer.
“Parecía un ‘Yummy’ saliendo y entrando con mis propios tubos. Yo, que conozco este mundo de punta a punta, no podía resolver dentro”, confiesa con una mezcla de impotencia y rigor técnico. Su hermano, que fue allí tratado, murió hace un mes. A pesar de los contactos y de los 42 años de servicio, la albúmina humana —crucial para su tratamiento— nunca llegó a tiempo. Judith vivió el verdadero “peregrinaje”, término muy utilizado recientemente por el poder para sus actividades políticas, pero que verdaderamente forma parte de la vivencia y denuncia cotidiana de los pacientes venezolanos y sus familiares: la necesidad de comprar desde la inyectadora hasta el formol para una biopsia, en un centro de salud que se queda a oscuras cada vez que falla la luz en la zona.
La experiencia de Judith es el espejo de un gremio que agoniza. León explica que para un bioanalista, el trabajo comienza mucho antes de un resultado en papel. Empieza con una cadena precisa: infraestructura, insumos, equipos, personal. Si uno falla, todo se rompe.
En Venezuela, esa cadena se ha ido rompiendo.
“Si no tenemos agua y luz, ¿cómo hacemos todo el procedimiento?”, plantea. Y luego enumera lo esencial: agujas, inyectadoras, tubos, reactivos, equipos, mantenimiento. Todo lo que debería estar garantizado para que un diagnóstico sea posible.
Nada de eso —dice— está asegurado hoy.
“En la mayoría de los casos no tenemos ni para tomar las muestras… mucho menos para procesarlas y dar la información adecuada de calidad y confiable”, recalca. Sin resultado, no hay diagnóstico. Tampoco tratamiento. Y el tiempo corre en contra del paciente.
Además, la tecnología de punta es un recuerdo: hoy los hospitales dependen de equipos, muchos de origen chino, que se dañan con frecuencia porque no tienen mantenimiento preventivo, ni casas comerciales que ofrezcan servicio técnico oportuno, o repuestos garantizados.
La falta de insumos de bioanálisis y el colapso diagnóstico vulnera los artículos 83, 84 y 85 de la Constitución, que indican que la salud es un derecho social fundamental y obligación del Estado, quien debe garantizar un sistema público de salud con acceso universal, gratuito y a tratamiento oportuno y que debe financiar este sistema de manera suficiente para que sea plenamente funcional.
Más de una década de deterioro
León recuerda que fue en el año 2012 cuando comenzaron a detectar fallas en insumos en el área de bioanálisis, especialmente para la elaboración de pruebas importadas. Ese año debutaron las protestas en el sector, pero la situación, lejos de corregirse, se profundizó.
Para 2014, otro fenómeno empezó a hacerse visible: la migración del personal: “Los bioanalistas empezaron a mirar hacia otro lado… no se podía mantener a la familia”, destacó.
Las cifras que maneja la sala situacional que se instaló desde 2012 son demoledoras: de los 6000 bioanalistas que sostenían el sistema público, hoy apenas quedan 2400. Los laboratorios han ido quedando vacíos.
“Los muchachos se gradúan y solo quieren el título para irse. Sienten que no tienen futuro y tienen razón”, lamenta León, señalando sueldos base que no llegan a los 10 dólares y que son “aplastados” por el instructivo Onapre y el memorando 2792.
León rechaza que el salario mínimo haya sido sustituido en la práctica por bonos, distribuidos de manera uniforme, sin relación con la formación o la responsabilidad: “Todos ganamos igual, desde el obrero hasta el profesional”.
En su relato es inevitable comparar los beneficios que gozó décadas atrás y lo que ahora es la realidad laboral: “Yo como soy de ‘los Menudo para atrás’, con mi sueldo tuve créditos, cambiaba el carro anualmente. Me daba para todo, si yo quería salir fuera del país entonces hacía una suplencia en otro hospital. Con eso yo pagaba mi viaje para mi salud mental. Pero después vino el momento de ‘los Menudo para adelante’, donde hubo un proceso de deterioro tan grande de todo lo que es la macroeconomía y la parte política del país que llegamos hasta donde estamos”.
En ese contexto, muchos bioanalistas han optado o por migrar o por dedicarse a otras actividades no relacionadas exclusivamente con su formación para sobrevivir.
“Algunos están en el privado, que no tiene la capacidad para absorberlos a todos. Y otros están en otras actividades distintas. Desde vender cualquier cosa hasta como conductores de plataforma de transporte, el que tiene carro y lo puede mantener, haciendo viajes, etc. Se escucha cada historia de cada bioanalista (…) Hemos llegado hasta unos niveles de que somos capaces de hacer lo que sea para mantener la familia y sobrevivir”, agrega.
La jubilación como castigo
Alzar la voz en Venezuela como representante de un gremio siempre trae consigo el riesgo de la persecución o el “castigo”. En el caso de Judith, fue objeto de vulneración de sus derechos laborales a través de jubilaciones forzosas como pase de factura por su exposición y denuncias.
En 2014, tras liderar protestas, desde el Seguro Social le dieron un ultimátum: “O te jubilas o te botamos”. En 2022, el Ministerio de Salud repitió la dosis: la jubiló sin notificación previa ni derecho la defensa, un acto que violó su inamovilidad como dirigente gremial.
Incluso hasta el año pasado, las advertencias le llegaban en forma de “telegramas”: “Dile a la bioanalista que le baje dos porque está saliendo mucho”.
Estas acciones afectaron su derecho al trabajo, consagrado en el artículo 87 de la Constitución, y también violentaron el artículo 418 de la Ley Orgánica de los Trabajadores y Trabajadoras, en donde se establece que los trabajadores con fuero sindical (como los directivos de un gremio o sindicato) no pueden ser despedidos, trasladados ni desmejorados en sus condiciones sin justa causa previamente calificada por el inspector del Trabajo.
Resistir en medio del desgaste
Al recordar la experiencia familiar vivida recientemente, Judith León enfatiza que ahora comprende mucho mejor cómo se sienten los familiares y el propio paciente que deben enfrentarse al colapso del sistema salud.
“Y es que el paciente ve la angustia de sus familiares. No sé cuántas personas había en esa sala -de Clínico Universitario- que no tenían ni siquiera para comprar algún insumo para hacerse los estudios necesarios. Y hasta tenías que vestir al personal de salud para los estudios, no había batas, tú comprabas la inyectadora, los insumos de las listas, que son enormes. Nadie me puede decir a mí que es mentira, a veces dirán que porque uno es solo dirigente no lo sabe, pero yo estuve en ese escenario y puedo asegurar que falta esto, falta lo otro, cuando estás allí lo entiendes. Nosotros los venezolanos tenemos una capacidad de resiliencia que de verdad es gigante, porque creo que nadie aguanta todas estas cosas que suceden dentro de los hospitales y otras muchas más que son incomprensibles”, abunda.
Por eso, insiste en que no se puede dejar a medias la lucha por recuperar la atención en los centros de salud, la libertad sindical y la institucionalidad de un Ministerio que hoy carece de una Dirección de Bioanálisis, que se fragmenta en “feudos” burocráticos o viceministerios que no se articulan entre sí y en el que no existe una política definida en la materia. Destaca que sin planificación, asesoría técnica y sin coordinación, el sistema se fragmenta y las consecuencias seguirán afectando a pacientes y trabajadores.
Después de más de una década de crisis, su mirada no es optimista ni resignada. Es de resistencia.
“Este proceso de años me ha fortalecido internamente, como persona (…) Tengo mi maestría. Tengo mi especialidad en epidemiología. Sigo avanzando. Hago todo lo que puedo hacer, porque es parte de mi crecimiento y lo que tengo que aportar para Venezuela, porque tiene que ser desde el conocimiento. Y desde el punto de vista gremial, creo que de esta gestión me voy satisfecha. Me dieron una federación para que no se cayera porque el momento político lo exigía. Y yo digo que yo fui elegida por Dios. Y siempre le digo a mis compañeros de la junta directiva y a todo el Comité Ejecutivo que los que estamos ahorita en Venezuela haciendo incidencia en estos momentos hemos sido seleccionados, porque hay que tener una alta carga moral y ética para poder avanzar. Y si no tienes eso, rápidamente vas a caer en ciertas situaciones que pueden poner en riesgo una institucionalidad gremial”, amplía.
Enfatiza que siempre le preguntan si tiene miedo y su respuesta es afirmativa. “Sí, yo fui jubilada anticipadamente violando mis derechos, me mandan mensajes, claro que da miedo, ¿pero cómo voy a hacer? Si yo estoy convencida como profesional y como ciudadana de mi lucha, yo debo seguir insistiendo (…) Tenemos que avanzar… no podemos estancarnos porque la vida continúa y el país se va”, concluyó.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
