En este informe, Defiende Venezuela concluyó que el Estado “no está realmente investigando los actos atroces cometidos por sus mismos funcionarios”
La ONG Defiende Venezuela retrató las irregularidades que encontró en las investigaciones que realiza el Estado venezolano sobre las muertes en las protestas antigubernamentales de 2017.
A través de su Programa Transforma, la organización elaboró un informe a través del cual proporciona un análisis detallado sobre el uso excesivo de la fuerza letal por parte de los organismos de seguridad del Estado en la vigilancia de las reuniones pacíficas.
sistema de justicia en investigar a fondo estas situaciones.
Según señala la organización, lo anterior se identificó gracias al testimonio de familiares y el análisis de los casos de Daniel Quéliz, Yoinier Peña, Miguel Castillo, Diego Arellano, Augusto Puga, Manuel Sosa, Neomar Lander Fabián Urbina, Roberto Durán, Yaneth Ángulo, Leonardo González y Eduardo Orozco.
Todos los mencionados fueron víctimas de “graves violaciones a los derechos humanos” durante las protestas ocurridas en el país en 2017.
La organización resaltó las investigaciones penales deficientes, protocolos de autopsia insuficientes desde la perspectiva del Protocolo de Minnesota; y la inexistencia de investigaciones que pudieran determinar la posible responsabilidad penal de los superiores.
Investigación a medias
En su informe, Defiende Venezuela señala cómo los organismos del Estado, en “complicidad” con el ente responsable de la investigación penal, niegan a los familiares y sus representantes jurídicos el acceso a los expedientes que contienen la “información” sobre los casos de las víctimas.
Lo anterior, añadió la ONG, genera una omisión o poca transparencia de la información, un retardo procesal y un vacío legal que a su vez genera impunidad.
Asimismo, las víctimas indirectas también deben lidiar con maltratos, intimidación y amenazas por parte de los cuerpos policiales que buscan amedrentar para tergiversar la opinión de los mismos testigos.
Según la organización, quedó en evidencia cómo el Estado ha impulsado “estrategias poco sutiles y desconsideradas, en las que de manera informal, se les ha ofrecido irrisorias sumas de dinero a las víctimas, con el fin de lograr su silencio”.
No existe la intención de investigar
En este informe, Defiende Venezuela concluyó que el Estado “no está realmente investigando los actos atroces cometidos por sus mismos funcionarios”. En este sentido, algunas de las apreciaciones finales fueron:
