Pescador con autismo tiene cinco meses de injusta prisión: “Solo pide que oremos”

El 29 de julio de 2024, mientras el país se encontraba inmerso en intensas protestas, Jonathan Rodríguez, de 30 años, entró en una panadería con la intención de llevar algo de comer a su casa. Al salir, fue sorprendido por efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana en Maracay, estado Aragua. 

Aunque él no estaba participando en ninguna protesta, se  lo llevaron detenido. Los uniformados no le dieron oportunidad de explicarse, de preguntar el porqué de su detención, ni de ofrecer resistencia. En un instante, Jonathan desapareció de las calles y su familia no sabía dónde estaba. 

Jonathan fue diagnosticado con autismo desde la niñez. Según explicó su hermana a RunRunes, su condición implica un retraso cognitivo equivalente a siete años. 

“Mi hermano no ve el mundo como nosotros. Para él, la maldad no existe, y en las visitas solo nos pide que oremos por él”, relató. 

El día de su detención, Jonathan se dirigía a cobrar una factura en una pescadería, ya que él es pescador en la costa de Cepe en Aragua. “Como el local estaba cerrado, se dirigió a la panadería y se lo llevaron”, dijo la hermana. 

Después de su detención, los efectivos del Estado no le avisaron a su familia, por lo tanto, estuvo desaparecido forzosamente por más de ocho horas. Ese mismo día, su esposa lo buscó por diferentes comisarías hasta que llegó al estacionamiento de la comisaría de Piñoral. 

Jonathan Rodríguez
Jonathan Rodríguez es pescador y padece autismo.

Promesa incumplida

La esposa de Jonathan habló con un fiscal del Ministerio Público en Maracay, él le informó que su liberación “sería cuestión de días” y que se “quedara tranquila” porque el joven “no había hecho nada malo”. 

Sin embargo, esto nunca ocurrió. Jonathan fue trasladado a la comisaría de Santa Rita y, el 23 de agosto, fue llevado al centro penitenciario San Francisco de Yare, ubicado en Miranda. Dos días después, lo trasladaron al Centro Penitenciario de Aragua, más conocido como Tocorón.

En cada visita, Jonathan intenta mantener la calma y no preocupar a su familia, pero detrás de eso se esconden condiciones de reclusión indignas y una condición médica que no ha sido atendida. 

Además de su diagnóstico de autismo, el joven tiene la bacteria Helicobacter pylori, la cual se aloja en su estómago.  Según la información divulgada por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos, es una bacteria común y que parece inofensiva, pero que si no es controlada a tiempo, puede derivar otras patologías. 

“Aunque suele ser asintomática, la infección por H. pylori es la principal causa de úlcera péptica y gastritis en todo el mundo, que a menudo se presenta como dolor epigástrico punzante o ardiente. Con menor frecuencia, los síntomas incluyen pérdida de apetito, náuseas o vómitos”, indican en su portal web. 

Su hermana comentó que también ha presentado llagas en su cuerpo. La familia de Jonathan ha solicitado evaluación médica en Maracay y se la han negado, afirman que es una solicitud que se debe hacer en Caracas. 

Sin embargo, la familia no cuenta con los recursos suficientes para trasladarse a la capital del país. 

Las Reglas Mandela establecen que todos los centros penitenciarios deberían contar con médicos especialistas, los cuales puedan corroborar el estado de los privados de libertad

“La prestación de servicios médicos a los reclusos es una responsabilidad del Estado. Los reclusos gozarán de los mismos estándares de atención sanitaria que estén disponibles en la comunidad exterior y tendrán acceso gratuito a los servicios de salud necesarios sin discriminación por razón de su situación jurídica”, se deja claro en la regla número 24, apartado uno. 

“Pedimos que nos devuelvan a mi hermano, él es una persona buena”, afirmó su hermana sollozando. 

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

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El 29 de julio de 2024, mientras el país se encontraba inmerso en intensas protestas, Jonathan Rodríguez, de 30 años, entró en una panadería con la intención de llevar algo de comer a su casa. Al salir, fue sorprendido por efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana en Maracay, estado Aragua. 

Aunque él no estaba participando en ninguna protesta, se  lo llevaron detenido. Los uniformados no le dieron oportunidad de explicarse, de preguntar el porqué de su detención, ni de ofrecer resistencia. En un instante, Jonathan desapareció de las calles y su familia no sabía dónde estaba. 

Jonathan fue diagnosticado con autismo desde la niñez. Según explicó su hermana a RunRunes, su condición implica un retraso cognitivo equivalente a siete años. 

“Mi hermano no ve el mundo como nosotros. Para él, la maldad no existe, y en las visitas solo nos pide que oremos por él”, relató. 

El día de su detención, Jonathan se dirigía a cobrar una factura en una pescadería, ya que él es pescador en la costa de Cepe en Aragua. “Como el local estaba cerrado, se dirigió a la panadería y se lo llevaron”, dijo la hermana. 

Después de su detención, los efectivos del Estado no le avisaron a su familia, por lo tanto, estuvo desaparecido forzosamente por más de ocho horas. Ese mismo día, su esposa lo buscó por diferentes comisarías hasta que llegó al estacionamiento de la comisaría de Piñoral. 

Jonathan Rodríguez
Jonathan Rodríguez es pescador y padece autismo.

Promesa incumplida

La esposa de Jonathan habló con un fiscal del Ministerio Público en Maracay, él le informó que su liberación “sería cuestión de días” y que se “quedara tranquila” porque el joven “no había hecho nada malo”. 

Sin embargo, esto nunca ocurrió. Jonathan fue trasladado a la comisaría de Santa Rita y, el 23 de agosto, fue llevado al centro penitenciario San Francisco de Yare, ubicado en Miranda. Dos días después, lo trasladaron al Centro Penitenciario de Aragua, más conocido como Tocorón.

En cada visita, Jonathan intenta mantener la calma y no preocupar a su familia, pero detrás de eso se esconden condiciones de reclusión indignas y una condición médica que no ha sido atendida. 

Además de su diagnóstico de autismo, el joven tiene la bacteria Helicobacter pylori, la cual se aloja en su estómago.  Según la información divulgada por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos, es una bacteria común y que parece inofensiva, pero que si no es controlada a tiempo, puede derivar otras patologías. 

“Aunque suele ser asintomática, la infección por H. pylori es la principal causa de úlcera péptica y gastritis en todo el mundo, que a menudo se presenta como dolor epigástrico punzante o ardiente. Con menor frecuencia, los síntomas incluyen pérdida de apetito, náuseas o vómitos”, indican en su portal web. 

Su hermana comentó que también ha presentado llagas en su cuerpo. La familia de Jonathan ha solicitado evaluación médica en Maracay y se la han negado, afirman que es una solicitud que se debe hacer en Caracas. 

Sin embargo, la familia no cuenta con los recursos suficientes para trasladarse a la capital del país. 

Las Reglas Mandela establecen que todos los centros penitenciarios deberían contar con médicos especialistas, los cuales puedan corroborar el estado de los privados de libertad

“La prestación de servicios médicos a los reclusos es una responsabilidad del Estado. Los reclusos gozarán de los mismos estándares de atención sanitaria que estén disponibles en la comunidad exterior y tendrán acceso gratuito a los servicios de salud necesarios sin discriminación por razón de su situación jurídica”, se deja claro en la regla número 24, apartado uno. 

“Pedimos que nos devuelvan a mi hermano, él es una persona buena”, afirmó su hermana sollozando. 

*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.

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