Casi al cumplirse un año tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, la ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) denunció que en el país persiste una de las fases más represivas de las últimas dos décadas. La organización alertó que más de mil personas siguen detenidas por motivos políticos, la mayoría en condiciones que podrían constituir tratos crueles, inhumanos o degradantes.
“Antes del 28 de julio del 2024 había un registro de poco más de 300 personas presas por razones políticas, y ese número se incrementó de forma exponencial a partir del 29 de julio del 2024″, declaró Martha Tineo, coordinadora general de la organización, citada en una nota de prensa.
La ONG señala que el Estado venezolano ha pasado de una “persecución selectiva a una represión masiva”, orientada contra activistas, defensores de derechos humanos, miembros de la oposición y sectores de la sociedad civil, en un contexto de cuestionamientos a la legitimidad del proceso electoral y ausencia de garantías democráticas.
Patrón de criminalización y condenas anticipadas
Entre las principales irregularidades denunciadas, JEP ha documentado detenciones sin orden judicial, imputaciones sin fundamento, privaciones de libertad prolongadas sin juicio y graves obstáculos al derecho a la defensa.
“En muchos casos, o en la mayoría de los casos, no se han realizado los juicios correspondientes. Estas personas se mantienen privadas de libertad cumpliendo una suerte de condena anticipada”, advirtió Tineo.
A esto se suman las condiciones precarias en los centros de reclusión. La ONG ha recibido denuncias de hacinamiento, falta de agua potable, atención médica, alimentos y acceso a medicamentos. “Se reportan casos de deterioro grave en la salud física y mental de estas personas”, alertó la activista.
Adolescentes detenidos y uso del aislamiento
Justicia, Encuentro y Perdón manifestó su preocupación por la detención de cuatro adolescentes en entornos inadecuados para su edad, lo cual constituye una violación a la Convención sobre los Derechos del Niño. Además, la ONG identificó el uso sistemático del aislamiento y la incomunicación como forma de castigo y coerción, lo que vulnera los estándares internacionales sobre detención.
“Insistimos en que el aislamiento y la incomunicación pueden ser considerados tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes. La incomunicación prolongada vulnera absolutamente todos los estándares internacionales sobre detención”, alertó Tineo.
Impacto colectivo y llamado internacional
Para Martha Tineo, el drama de la prisión política no se limita a quienes se encuentran tras las rejas luego de las elecciones: “Si hablamos de más de mil personas detenidas por razones políticas, entendemos que el impacto de la prisión abarca a muchas más, a miles de personas, si consideramos a todos los miembros de su familia”, dijo.
La denuncia de JEP coincide con el más reciente informe del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, quien señaló en junio de 2025 que el patrón de detenciones arbitrarias en Venezuela “socava gravemente el Estado de derecho” y constituye “una afrenta a los principios fundamentales del derecho internacional de los derechos humanos”.
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