“Viene una recuperación económica, no lo duden”, soltó el presidente de la Asamblea Nacional controlada por el chavismo, Jorge Rodríguez desde la sede del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), horas antes de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) decretara a Nicolas Maduro como ganador de los comicios presidenciales del pasado 28 de julio de 2024 sin mostrar pruebas.
A poco menos de dos años de esa fecha, la recuperación financiera de los venezolanos siguen sin llegar y nuevamente el parlamentario la esgrimió en una entrevista que le concedió a Luis Olavarrieta, por encima de un eventual proceso para elegir al reemplazo de Maduro, ahora preso en Nueva York y a la espera de un juicio por narcotráfico y terrorismo.
Para Rodríguez, unas futuras elecciones no son más importantes que el bolsillo del venezolano pese a que los artículos 233 y 234 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela hablan de tiempos, límites y condiciones para Delcy Rodríguez, la presidenta encargada de Venezuela luego que Maduro y su esposa Cilia Flores fueran capturados por un comando estadounidense el pasado 3 de enero.
El artículo 234 de la CRBV reza que las faltas temporales serán suplidas por el vicepresidente, en este caso Delcy Rodríguez, por un lapso de 90 días (hasta el 3 de abril de este año), prorrogables por la AN por 90 días más, en teoría, hasta principios de julio.
“Si una falta temporal se prolonga por más de noventa días consecutivos, la Asamblea Nacional decidirá por mayoría de sus integrantes si debe considerarse que hay falta absoluta”, expone el artículo.
El 233 reza que “serán faltas absolutas del presidente: su muerte, su renuncia, o su destitución decretada por sentencia del Tribunal Supremo de Justicia; su incapacidad física o mental permanente certificada por una junta médica designada por el TSJ y con aprobación de la Asamblea Nacional; el abandono del cargo, declarado como tal por la AN, así como la revocación popular de su mandato”.
Según el texto de la Carta Magna, si se declara una falta absoluta del presidente durante los primeros cuatro años del período constitucional, se procederá a una nueva elección universal, directa y secreta dentro de los treinta días consecutivos siguientes.
“En Venezuela siempre hay elecciones, pero lo más importante ahorita es la sociedad y la economía”, dijo Jorge Rodríguez, desestimando la posibilidad de un proceso electoral en el futuro cercano. Expresó que la falta de Maduro no es absoluta ni temporal.
“Aquí hay una falta forzada, el presidente fue forzado a abandonar su cargo y la Sala Constitucional del TSJ tiene potestad para decir lo que se va hacer. La vicepresidenta por ahora ha asumido esa envergadura, ahora lo que viene es un proceso de fortalecimiento de todas las instituciones incluido el voto. Tenemos que pintar bien la cancha para cuando se convoquen las elecciones”, sostuvo.
Elecciones supeditadas a consenso
El presidente de la AN opinó que unas futuras elecciones dependerá de puntos de consenso que se acuerden con factores de la oposición: “Hay que ponernos de acuerdo si van a hacer presidenciales, de Asamblea Nacional, de alcaldes o gobernadores” .
Para el funcionario público, lo fundamental en este momento es estabilizar el país económicamente.
“Después de 900 sanciones, estamos en un proceso paulatino de recuperación económica, necesitamos que se profundice más el proceso de liberación de sanciones, todo lo que entre con fondos soberanos por el acuerdo petrolero con Estados Unidos va a ser dedicado a mejorar la economía de las personas”, aseguró.
No a la derogación de Ley del Odio
Aunque varias organizaciones y miembros de la sociedad civil han exigido la derogación de la Ley del Odio por considerarla que criminaliza a la disidencia y especialmente a las personas, el presidente de la Asamblea Nacional negó que se esté considerando esta opción.
“No hablé de derogar, sino de revisar la Ley del Odio”, le dijo a Olavarrieta el funcionario.
Pese al rechazo colectivo que genera, Rodríguez siguió defendiendo el documento legal: “Fue creada en 2017 en un momento de máxima tensión, por supuesto, tiene elementos que deben ser revisados, pero es, por ejemplo, una ley contra familiares de los políticos, ellos no tienen la culpa y han sido hostigados”.
A pesar de que la Ley de Amnistía no contempla indemnizaciones psicológicas, morales ni económicas, el diputado dijo que en esta está prevista la reparación de las víctimas.
Por otra parte, y en oposición a las cifras manejadas por ONG, el parlamentario aseguró que 5628 personas han recibido libertad plena en el marco de la Ley de Amnistía.
El diputado también informó que este año, el Parlamento tiene previsto sancionar 34 leyes para mejorar la calidad de vida de la gente.
“Tenemos pensado una serie de leyes que acompañen la reforma económica impulsada por la presidenta, como la Ley de Hidrocarburos, que ya fue aprobada, No queremos seguir diciendo que somos el país con las mayores reservas de petróleo, sino convertir eso en hospitales, escuelas, bienestar para la gente”, dijo.
Rodríguez indicó que la renuncia del Fiscal General de la República y del Defensor del Pueblo permite avizorar un proceso intensivo de reforma al sistema judicial: “La gran mayoría del país está de acuerdo con la paz y el reforzamiento de las instituciones”.
“Gente que se devuelve“
De acuerdo a una investigación, realizada entre el 3 y el 17 de febrero de 2026, el Observatorio de la Diáspora Venezolana determinó que la mayoría de los venezolanos no planea regresar al país.
En un programa radial, Tomas Páez Lander, presidente del Observatorio, informó que 19,3% prefiere permanecer en el extranjero sin planes inmediatos de retorno, 44,5% regresaría solo si mejoran las condiciones en Venezuela, 11,4% contempla un regreso a corto plazo y 9,6% lo considera posible, pero no de forma inmediata.
Sin embargo, el presidente de la Asamblea Nacional indicó que por primera vez en los últimos 12 años la curva de migración se invirtió.
“Son más los venezolanos que están pensando regresar a su país, que los que están pensando en salir, aquí los esperamos con los brazos abiertos”, expresó.
Aunque no fustigó la política de expropiación estimulada por el fallecido presidente Hugo Chávez, reconoció que con la productora Agroisleña “debió buscarse una solución consensuada”.
También, en cuanto a momentos polémicos del chavismo, se refirió al caso de Radio Caracas Televisión (RCTV). Opinó que la televisora no fue cerrada arbitrariamente. “Se le venció la licencia y no se le renovó por decisión del Estado, hubo una intención del presidente Chávez de comprarles el canal, pero dueños se negaron”.
Rodríguez resaltó que tiene una relación estrecha con su hermana y que la tragedia familiar que vivieron los unió más.
“Cuando mi padre falleció ella tenía 5 y yo 10 años, yo asumí el papel que dejó el vacío de mi padre. En 1989 yo era presidente de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela y nos reunimos con Carlos Andrés Pérez, él me preguntó si yo guardaba rencor por lo de mi padre y le dije que mi madre me enseñó a no odiar”, reveló.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
