El presidente de la Asamblea Nacional, diputado Jorge Rodríguez, aseguró este lunes, 2 de marzo, que actualmente en Venezuela se puede hacer periodismo sin temor a represalias.
En entrevista con el periodista Luis Olavarrieta, Rodríguez aseguró que “el periodismo venezolano está viviendo unos nuevos tiempos”, en referencia a la “nueva etapa” que inició luego de la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero por parte de funcionarios estadounidenses y tras una incursión en Caracas.
“Creo que es fundamental el trabajo de todo el periodismo, del periodismo independiente principalmente”, dijo el presidente de la AN y afirmó que cualquiera que sea la posición frente a los medios y periodistas “se debe respetar la libertad de expresión”.
#AHORA | El presidente de la Asamblea Nacional, diputado Jorge Rodríguez, aseguró este #2Mar que actualmente en Venezuela se puede hacer periodismo sin temor a represalias, en referencia a la "nueva etapa" que inició luego del 3 de enero.
— SNTP (@sntpvenezuela) March 3, 2026
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Sin embargo, las declaraciones de Rodríguez contrastan ampliamente con las denuncias realizadas por organismos de derechos humanos y entes gremiales como el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) que han documentado, en los últimos meses, detenciones, citaciones, allanamientos y restricciones al ejercicio periodístico en distintas regiones del país, incluso después de la “transición tutelada” por EE.UU tras la captura de Maduro.
Aquí, los cuatro hechos que desmienten que el periodismo se ejerce sin represalias en Venezuela actualmente.
Periodistas sometidos
El SNTP insiste en que, pese a los cambios políticos que han ocurrido luego del 3 de enero, persisten los obstáculos para que los periodistas en Venezuela puedan ejercer su labor libremente.
Registros del gremio precisan que reporteros, camarógrafos y trabajadores de la prensa, tanto nacionales como extranjeros, aún son sometidos a detenciones arbitrarias, confiscación de equipos y limitaciones para acceder a la información pública.
El pasado 5 de enero, día de la instalación de la Asamblea Nacional y juramentación de Delcy Rodríguez, el SNTP denunció que 14 periodistas fueron detenidos. Horas después todos fueron liberados. Según denunció el sindicato, a los comunicadores se les prohibió transmitir en vivo y grabar o hacer fotos.
A los periodistas también se les impide informar hechos que comprometan al gobierno nacional, especialmente temas de corrupción y narcotráfico.
Cabe recordar que antes de aprobarse la Ley de Amnistía, 23 periodistas y trabajadores de la prensa estuvieron encarcelados por ejercer su labor de informar, varios de ellos durante años y en situación de vulnerabilidad, como el periodista Ramón Centeno, quien salió de prisión sin poder caminar por una lesión que se agravó en reclusión por no recibir la atención médica idónea ni oportuna.
Medios cerrados
La organización Espacio Público documentó que en 20 años de chavismo y madurismo han desaparecido más de 400 medios de comunicación, incluyendo prensa escrita, emisoras de radio, televisoras y plataformas digitales.
Según cifras del sindicato, entre 2013 y 2018 desaparecieron 80 de los 155 periódicos que circulaban en el país.
Entre 2003 y principios de 2023, más de 285 emisoras de radio fueron cerradas. De acuerdo a Espacio Público, el año más crítico de la radio independiente fue en 2022 cuando 81 estaciones dejaron de escucharse.
En 2025 más de una veintena de medios radiales han sido obligados a cerrar por presiones o sanciones administrativas de Conatel, regularmente sin previo aviso ni derecho a defensa.
Mientras que, en lo que va de 2026, se ha reportado el cierre de tres emisoras: Impacto 105.3 FM (Táchira), Urbana 94.3 FM (Miranda), Rítmica 104.1 FM (Carabobo) en procesos arbitrarios y denunciados por los gremios como lesivos contra la libertad de expresión.
Bloqueos a portales web y redes sociales
Los bloqueos a portales web y redes sociales, con el pasar de los años, se convirtieron en una política sistemática de censura. Según la organización VesinFiltro, 61 portales de noticias fueron bloqueados de forma permanente. 134 sitios web fueron bloqueados, incluyendo 60 medios de comunicación, durante el ciclo electoral entre julio de 2024 y enero de 2025.
El bloqueo se realiza a través de los principales proveedores de Internet: CANTV, Movistar, Digitel, Inter, Supercable, Vnet, Airtek y NetUno. En la lista se incluye nuestro sitio web Runrun.es, que fue bloqueado desde el año 2020.
Las plataformas sociales de interacción no escaparon de la censura en Venezuela. Después de las elecciones presidenciales del 28 de julio TikTok fue bloqueado por 11 noches consecutivas.
Mientras que la red social X (antes Twitter) está bloqueada en Venezuela desde el año 2024 por orden directa de Nicolás Maduro. Varias VPN (Red Privada Virtual) también han sido bloqueadas para dificultar el acceso a información censurada. La situación se mantiene hasta el presente.
Leyes que criminalizan el trabajo informativo
Actualmente, todavía están vigentes leyes que criminalizan el ejercicio periodístico en Venezuela y que no han sido derogadas. Una de ellas es la Ley Contra el Odio, normativa utilizada para detener y procesar periodistas por “incitación al odio”. Esta misma ha sido aplicada en casos de reporteros detenidos por informar sobre corrupción, inseguridad o protestas.
La Ley de Responsabilidad Social en Radio, TV y Medios Electrónicos, asimismo, permite sanciones administrativas, multas y cierre de medios por contenidos considerados “no aptos” o “contrarios a la seguridad de la nación”. Ha sido usada para sacar del aire emisoras críticas y obligar a la autocensura.
Mientras que la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar contra el Bloqueo Imperialista y en Defensa de la República Bolivariana de Venezuela, aprobada en noviembre de 2024, castiga a medios de comunicación que difundan mensajes considerados promoción de sanciones internacionales.
Sippenhaft como castigo alterno
En Venezuela, diversas organizaciones internacionales, ONGs y figuras políticas han denunciado el uso del Sippenhaft —una táctica de castigo colectivo de origen nazi— que consiste en perseguir, arrestar o torturar a familiares de disidentes para forzar la entrega o el silencio de estos. La Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos sobre Venezuela ha documentado de la Organización de las Naciones Unidas ha denunciado formalmente el uso de este método en sus informes desde 2021. Los periodistas venezolanos no han escapado de ser víctimas de estas prácticas.
El pasado 26 de febrero, el periodista que acompañó a María Corina Machado en su campaña por las presidenciales, Luis Gonzalo Pérez, reveló que en diciembre de 2025, cuatro miembros de su familia fueron detenidos y amenazados si él seguía informando “sobre la dictadura”.
La actuación del Cicpc ocurrió en los estados Guárico y en Caracas a la misma hora del 5 de diciembre. En la primera entidad detuvieron a sus suegros, posteriormente, se llevaron a su cuñado en su sitio de trabajo, y los funcionarios derrumbaron las puertas de la vivienda de sus padres en Petare, Caracas. Minutos antes, Pérez les había alertado lo ocurrido en Guárico y sus padres pudieron ponerse a resguardo, su tío no corrió con la misma suerte.
“Robaron objetos de valor de la casa, se llevaron detenido a mi tío sin ninguna orden a destino incierto, estuvo en desaparición forzada (…)A mis suegros y cuñados en Guárico los trasladaron de Valle de la Pascua y a San Juan de los Morros. Los sometieron a un interrogatorio intenso para que dieran mi ubicación. A todos, se les indicó que debían hablar conmigo para que yo dejara de informar y hablar sobre la dictadura, ya que los estaba “desestabilizando”. Esa noche fueron liberados y les amenazaron diciéndoles que tenían que hablar conmigo para que yo cesara de informar, o sino, serían nuevamente detenidos”, relató.
En un video compartido en redes sociales, pidió que bajo la Ley de Amnistía, revisen este caso nacional e internacionalmente para proteger a sus seres queridos y para que él pueda materializar su retorno a Venezuela, ya que permanece exiliado.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
