La Plataforma Unitaria Democrática (PUD) denunció supuestos “pactos” para designar al nuevo fiscal general y defensor del Pueblo, luego de la renuncia de Tarek William Saab y Alfredo Ruíz, respectivamente, el pasado 25 de febrero.
A través de un comunicado difundido en redes sociales, la PUD alertó que “a espaldas del momento político que vive Venezuela y desconociendo, una vez más, lo establecido en la Constitución de la República, se estaría gestando un pacto entre el régimen y sus aliados para repartirse estos nombramientos”.
“El objetivo sería garantizar que quienes resulten designados mantengan su lealtad al poder y su subordinación a un aparato represivo que, durante años, ha actuado con total impunidad, permitiendo el encarcelamiento de miles de ciudadanos inocentes. La autonomía del Ministerio Público y de la Defensoría del Pueblo es indispensable para asegurar investigaciones imparciales, garantizar el acceso a la justicia y restablecer la confianza de los ciudadanos en las instituciones del Estado”, aseveró la PUD.
No más reparto de cuotas de poder: Venezuela exige justicia independiente.
— Unidad Venezuela (@unidadvenezuela) March 11, 2026
Posición de la Plataforma Unitaria con ocasión del proceso en curso para la escogencia del Fiscal General de la República y el Defensor del Pueblo. #Comunicado pic.twitter.com/4K28rer4v7
“No es un cargo más”
La Plataforma Unitaria advirtió que la designación de estos dos funcionarios “no es un cargo administrativo más”.
“Se trata de una de las piezas fundamentales para reconstruir el Estado de derecho y asegurar que nunca más se utilicen las instituciones para encarcelar, intimidar o silenciar a quienes piensan distinto”, afirmó la PUD y recalcó que la designación de las autoridades del Poder Ciudadano no puede formar parte de acuerdos políticos orientados a preservar cuotas de poder.
La PUD señaló que la reconstrucción de un sistema de justicia independiente constituye un requisito esencial para garantizar una verdadera transición política y el restablecimiento pleno de las libertades.
¿Qué dicta la Constitución?
La Constitución establece que el Ministerio Público (MP) tiene la responsabilidad de dirigir la investigación penal, ejercer la acción penal en nombre del Estado y velar por el respeto de los derechos y garantías constitucionales en los procesos judiciales.
Por lo tanto, el Fiscal General de la República es el funcionario llamado a garantizar que en Venezuela se respete el debido proceso, se investiguen los abusos de poder y se ponga fin a la utilización del sistema penal como herramienta de persecución política.
Para optar por el cargo a Fiscal General, se exige a los candidatos: tener al menos 30 años, ser abogado o abogada de reconocida honorabilidad, contar con un mínimo de 15 años de ejercicio del derecho y no poseer vínculos de consanguinidad con altos cargos del Estado.
Las candidaturas serán evaluadas por la comisión de diputados (de mayoría oficialista) integrada por: Giuseppe Alessandrello, Rodbexa Poleo, Gloria Castillo, Willy Medina, Carolina García, Roy Daza, José Villarroel, así como los opositores Pablo Pérez, Bernabé Gutiérrez, Julio Hernández, Antonio Ecarri y Luis Augusto Romero.
Luego de la evaluación de las candidaturas, los diputados presentarán ante el Legislativo una selección de aspirantes para que el Parlamento elija a los nuevos titulares.
¿Quiénes son los postulados a Fiscal General?
Larry Devoe: Actual fiscal general encargado y uno de los perfiles técnicos que suena para la ratificación o titularidad permanente.
José Luis Alcalá Rhode: Abogado y dirigente político que presentó formalmente su postulación el 5 de marzo de 2026 bajo la premisa de “reconstruir la justicia”.
Magaly Vásquez González: Secretaria de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), doctora en derecho y especialista en derecho penal.
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