El Instituto Prensa y Sociedad de Venezuela (IPYS Venezuela) publicó su Reporte Anual 2025, titulado “Las formas del silencio: periodismo en clandestinidad”, un documento que retrata la etapa más crítica para la libertad de expresión en la historia reciente del país.
Según el informe, el panorama actual no solo se define por la censura institucionalizada, sino por la consolidación de un entorno hostil donde el miedo y la criminalización han forzado a los comunicadores a operar bajo dinámicas de supervivencia, despojando a la ciudadanía de su derecho fundamental a estar informada.
La cifra que encabeza la gravedad de este período es el registro de al menos 25 trabajadores de la prensa privados de libertad, el número más alto documentado hasta la fecha. Esta estrategia de encarcelamiento, lejos de ser un hecho aislado, es descrita por IPYS como un mecanismo de intimidación colectiva que ha logrado su objetivo: el repliegue de los profesionales de la información.
La mutación del riesgo
En 2025, IPYS Venezuela registró un total de 111 casos que abarcaron 139 violaciones a la libertad de expresión. Aunque la cifra numérica es inferior a años anteriores, el informe advierte que esto no representa una mejora, sino una mutación de las condiciones del ejercicio periodístico: el miedo a la cárcel ha generado una autocensura sistémica.
Variación temporal: El mayor pico de agresiones ocurrió en enero con 43 casos, coincidiendo con tensiones políticas poselectorales. A partir de allí, las cifras descendieron no por mayor libertad, sino por un repliegue forzado de los periodistas.
Tipos de vulneraciones: Las categorías con mayor incidencia fueron las restricciones en internet (33), seguidas por agresiones físicas o verbales (29), discurso estigmatizante (19), detenciones arbitrarias (17), restricciones de acceso a la información (15), restricciones administrativas (12), hostigamiento judicial (6), desapariciones forzadas (5) y censura (2).
Víctimas y Victimarios: Se identificaron 217 victimarios, destacando los proveedores de internet (113) y los cuerpos de seguridad del Estado (40). Entre las víctimas directas figuran 60 hombres y 17 mujeres; por rol, los más afectados fueron reporteros (31), medios de comunicación (22) y reporteros independientes (16).
Percepción del riesgo: El 88,5% de los periodistas consultados percibe que los riesgos para el ejercicio independiente aumentaron mucho en 2025. Además, el 83,1% afirma que su forma de ejercer el oficio cambió respecto a años anteriores.
En la clandestinidad
El periodismo independiente ha entrado en una fase donde los profesionales deben pasar inadvertidos para evitar la criminalización estatal. Esta clandestinidad se manifiesta en dos tendencias principales:
Cobertura remota: El 89,7% de los periodistas realizó un trabajo mayoritariamente remoto frente a solo un 10,3% presencial. El 55,9% citó la inseguridad personal y el riesgo de detención como la razón principal para no estar en el lugar de los hechos, mientras que el 27,9% lo atribuyó a la falta de recursos para traslados.
Anonimato y reserva de identidad: El 80% de los comunicadores mantuvo bajo reserva su identidad como autores de los contenidos publicados para evitar represalias. De ellos, el 55,7% ocultó su firma “siempre” o “la mayoría de las veces”.
Otras estrategias de supervivencia incluyen el borrado de chats (WhatsApp/Telegram) para no dejar evidencia de fuentes ante revisiones arbitrarias de dispositivos en la vía pública. Además, solo el 42,3% participó en proyectos colaborativos o alianzas de medios como forma de diluir el riesgo de ataques focalizados.
Periodistas encarcelados
El año 2025 marcó un hito oscuro con un registro de 25 trabajadores de la prensa tras las rejas, la cifra más alta en la historia del país. El hostigamiento judicial se convirtió en la herramienta de control más distintiva, utilizando acusaciones de terrorismo, incitación al odio y asociación para delinquir con penas de hasta 20 años.
El impacto del miedo: El 91,4% de los periodistas señaló que su principal temor es ser detenido, juzgado y condenado. Este miedo ha sido tan paralizante que el 95,8% de los encuestados admitió haber recurrido a la autocensura por temor a represalias.
Casos emblemáticos: Entre los detenidos figuran periodistas como Roland Carreño (17 meses preso), Carlos Julio Rojas (más de 20 meses), Biagio Pilieri (16 meses) y Víctor Ugas (más de 16 meses). También se documentaron casos de desapariciones forzadas temporales, como la de Ángel Godoy y Rory Branker, quien permaneció 11 meses detenido tras un allanamiento sin orden judicial.
La degradación del periodismo
La presión y la precariedad han erosionado la calidad de la información disponible para la ciudadanía, dando paso a un “periodismo light” que evita temas conflictivos.
Pérdida de acuciosidad: El 53,6% de los periodistas calificó como “menor” la profundidad y rigor de su trabajo en 2025 en comparación con años anteriores.
Temas silenciados: Los asuntos más evitados por miedo a represalias fueron la persecución política (56,7%), la corrupción (56,7%), la gestión gubernamental (55,2%) y la represión policial-militar (50,7%).
Precarización económica: El periodismo ha dejado de ser una actividad económicamente viable para muchos; el 76,1% de los consultados vio disminuir sus ingresos. Como consecuencia, el 78,9% tuvo que realizar actividades ajenas al periodismo para subsistir.
Desigualdad territorial: En regiones como Táchira y Bolívar, el riesgo se agrava por la presencia de grupos armados y minería ilegal, mientras que en el interior del país el periodismo independiente casi ha desaparecido por falta de financiamiento y recursos para coberturas.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
