La memoria de Ignacio Landaeta no titubea cuando le toca narrar lo que ocurrió con sus dos hijos en noviembre y diciembre del año 1996 en Maracay, estado Aragua. Al hablar de sus “muchachos”, la voz no se le quiebra; por el contrario, es tan firme como su incansable búsqueda de justicia.
Landaeta recuerda con precisión cómo estaban vestidos sus hijos el día que los asesinaron, sus últimas palabras y el vehículo blanco que se llevó a uno de ellos. Aunque han pasado 29 años y seis meses, él no necesita buscar apuntes ni documentos para hablar del caso, ha repetido lo sucedido infinidades de veces ante un Estado indiferente que se niega a sancionar a los responsables de dos ejecuciones extrajudiciales.
En Venezuela, los abusos policiales siempre están a la orden de día, pero en la década de los 90, sobre todo en el Estado Aragua, la violencia y el uso excesivo de la fuerza marcaron una época sin precedentes que terminó azotando a la familia Ladaeta Mejías.
La doble tragedia
El 17 de noviembre, Igmar Alexander Landaeta Mejías, de 18 años, se encontraba en una calle de Turmero jugando caballos. Para ese momento, según detalla Ignacio, el juego de apuestas era considerado como algo ilegal. De manera violenta y sin mediar palabras, funcionarios policiales a bordo de un vehículo blanco llegaron al lugar amedrentando a todos los que estaban. Preso del miedo, Igmar intentó escapar, pero un disparo en la espalda lo detuvo en seco. Boca abajo, tirado en el suelo, suplicando para que no lo mataran, un policía lo volteó, le pateó la cara y le disparó en la nariz.
El 29 de diciembre, apenas un mes y medio después del asesinato de Igmar, Eduardo José Landaeta Mejías, de 17 años, fue detenido en una redada policial por no cargar su cédula de identidad. Según cuenta su padre, funcionarios del Cuerpo de Seguridad y Orden Público del estado de Aragua (CSOP) —hoy PoliAragua— se lo llevaron detenido sin ninguna orden judicial.
Tras permanecer casi 38 horas detenido y durante su traslado al Cuartel Central, el hijo menor de Ignacio murió en extrañas circunstancias el 31 de diciembre de 1996.
Según la versión policial, el carro donde trasladaban a Eduardo fue impactado por otro vehículo de donde se bajaron cinco hombres y abrieron fuego en contra de los funcionarios. En el supuesto enfrentamiento, Eduardo fue la única víctima mortal, pero la autopsia reveló que el cuerpo del adolescente presentaba signos de tortura y 13 impactos de bala.
“El cuerpo de mi hijo tenía 13 disparos y en el lugar se encontraron solo tres conchas, eso me hace pensar que a él lo asesinaron en otro lado y simularon el hecho, hicieron un teatro para justificar el homicidio”, opinó Ignacio Landaeta.
La vida de la familia Landaeta Mejías quedó “completamente destrozada”. Ignacio detalla que la madre de sus hijos aún está afectada emocionalmente: “Ella no volvió a ser la misma”, expresó.
La hermana menor de Igmar y Eduardo, quien tenía apenas cinco años cuando los asesinaron, duró varios años recibiendo ayuda psicológica y tratamiento psiquiátrico porque se volvió agresiva: “No podía ver a un funcionario policial porque los culpaba de la muerte de sus hermanos”.
“Por mi parte, yo perdí el empleo que tenía para esa época haciendo diligencias. El proyecto que tenía para mi familia, todo eso se fue al piso, y bueno, gracias a Dios y al tratamiento con un psicólogo privado he superado la cosa, pero no ha sido fácil porque para mí los recuerdos siguen igualitos todos los días”, afirmó.
Testigo de la injusticia y la impunidad
A partir de 1997 comenzó la peregrinación de Ignacio Landaeta para procurar justicia por la muerte de sus hijos. A pesar de que se iniciaron las investigaciones y los procesos penales, los resultados no han sido los esperados por la familia de ambos jóvenes.
Ignacio Landaeta detalló que en el caso de Igmar se llevó a cabo un proceso penal en contra de dos funcionarios policiales, pero que el 13 de octubre de 2000, el Juzgado Segundo del Régimen Procesal Transitorio absolvió a uno y condenó al otro a 12 años de prisión. La defensa del funcionario apeló la sentencia y en 2003 la Corte decidió el sobreseimiento de la causa, remitiendo el caso a la fosa del archivo judicial.
Sobre el caso de Eduardo Landaeta, quien era un adolescente para el momento de su asesinato, el padre comentó que se iniciaron las investigaciones y se abrión un proceso penal en cntra de tres funcionarios policiales que participaron en el hecho, pero los mismos fueron absueltos por falta de pruebas que, con los años, se perdieron. Sin embargo, el 13 de octubre de 2012, la Corte de Apelaciones ordenó un nuevo juicio que se va a celebrar en junio próximo.
A raíz de los hechos violentos que lo dejaron sin sus hijos, Landaeta se ha vuelto un experto en temas legales. El señor agradece a Luis Aguilera, director de la ONG Justicia y Paz en Aragua, y al Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) por el apoyo, compañía y asesoría que le han prestado durante casi tres décadas.
Pero las peticiones del padre de los hermanos Landaeta Mejías han sido completamente ignoradas por el Estado y los organismos públicos: “nunca me ayudaron, no me dieron respuestas y tuve que buscar justicia en organismos internacionales”, dijo.
Sentencia ignorada
El empeño, la constancia y la sed de justicia del padre, hizo que el caso de los hermanos Landaeta Mejías llegara a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo internacional que promueve, defiende y protege los derechos humanos de las personas que son ignoradas por el gobierno de sus países.
El proceso ante la CIDH no fue sencillo ni expedito, por el contrario, se encontró con varios obstáculos. Uno de ellos fue en 2012, cuando el fallecido presidente Hugo Chávez anunció el retiro de Venezuela de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, lo que trajo como consecuencia que muchos ciudadanos quedaran desamparados de protección internacional.
La salida de Venezuela del organismo no fue impedimento para que la Corte volteara a mirar a Ignacio Landaeta. Los sucesos ocurrieron cuando el país aún formaba parte del tratado internacional por lo que tenía total competencia.
En febrero de 2014, 18 años después, finalmente se celebró la audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Costa Rica. En ese mismo año, en el mes de agosto, el máximo tribunal reconoció que los hermanos Landaeta Mejías fueron víctimas de ejecuciones extrajudiciales.
En la sentencia, la Corte condenó al Estado venezolano y lo obligó al Estado a reabrir ambas investigaciones, así como a uzgar y sancionar a los responsables. Además, exhortó a Venezuela a reconocer su responsabilidad e inacción en el caso y ofrecer garantías de no repetición.
Hasta el momento, el Estado no ha acatado la sentencia de la Corte. Por el doble homicidio no se ha hecho justicia y según la declaración de Landaeta, los responsables del asesinato de sus dos hijos gozan de libertad plena: “Uno se fue del país, pero los otros siguen en Venezuela”.
“El Estado venezolano ha hecho caso omiso, yo no he tenido ninguna protección judicial, me han violado todos mis derechos con los retardos procesales. Ellos no han cumplido con esa sentencia, sigo esperando a ver si algún día ellos cumplen”, expresó el familiar de ambas víctimas.
Ignacio Landaeta lleva en su memoria una cuenta dolorosa: 29 años y seis meses de total impunidad. Con una mezcla entre nostalgia y calma reflexiona que aunque sus hijos hoy serían hombres adultos, en su mente los sigue recordando como niños que apenas estaban empezando a vivir.
El eco de su voz no busca venganza, sino el consuelo esquivo de la verdad, en un país que parece acostumbrado al olvido: “Pido justicia, que la muerte de mis hijos no quede impune, que los culpables paguen por el daño causado”, exclamó Ignacio Landaeta, quien ruega porque la ausencia de sus hijos no se convierta en una estadística más en la vasta sombra de la impunidad venezolana.
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