Detrás de los discursos oficiales de humanización y las promesas de transformación radical, el sistema carcelario de Venezuela atraviesa uno de sus capítulos más críticos y opacos. Durante los últimos meses, la gestión del ministro para el Servicio Penitenciario, Julio García Zerpa, se ha visto sacudida por una seguidilla de motines, muertes bajo custodia, traslados forzados y el ocultamiento deliberado de información.
Lo que se vende en los canales gubernamentales como un orden estricto basado en disciplinas modernas contrasta con los testimonios que escapan de los muros de Yare III, el Internado Judicial de Barinas (INJUBA) y los penales del occidente del país.
Las denuncias recabadas por el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) y los relatos de decenas de familiares dibujan un panorama donde la insalubridad y la represión institucionalizada se han convertido en la norma.
El pasado 20 de mayo, el Observatorio Venezolano de Prisiones exigió la renuncia del ministro Julio García Zerpa por considerar que su gestión “se ha caracterizado por un intento de proyectar una imagen de humanización y normalidad, que es todo lo contrario a la realidad que se vive en cada uno de los centros penitenciarios en Venezuela”.
Lejos de asumir la responsabilidad política e institucional que le corresponde, para la organización, el funcionario ha optado por minimizar las tragedias carcelarias y justificar, mediante el silencio o la represión, masacres internas como la de Yare III.
Gestión manchada desde el inicio
Julio García Zerpa llegó al despacho Penitenciario en junio de 2024 por designación del exgobernante Nicolás Maduro. Al momento de ser designado prometió construir “un nuevo sistema penitenciario adaptado a los nuevos tiempos, que dignifique al ser humano, garantice la justicia y la reinserción ciudadana”. Pero su gestión ha sido todo lo contrario.
En el año 2024, al comenzar la represión poselectoral, Maduro ordenó adecuar las cárceles de Tocuyito y Tocorón –centros que ya habían sido cerrados por el Estado– para recluir a más de 2,000 presos en las protestas. García Zerpa acató muy bien la orden, porque hasta 2026 ambas estuvieron funcionando para recluir presos políticos.
Tras las protestas poselectorales, familiares de presos políticos denunciaron que en las cárceles, bajo la gestión de García Zerpa, sus parientes no tenían acceso a una adecuada alimentación, atención médica y vivían en condiciones completamente insalubres.
La gestión carcelaria del antes diputado a la Asamblea Nacional por el estado Táchira, y quien llegó también a desempeñarse como vicepresidente de la Comisión Permanente de Política Interior, concentra una alta cantidad de muertes de presos políticos bajo custodia del Estado. Cuando debieron ser protegidos, el Estado no les garantizó el respeto a sus derechos humanos en prisión.
Un caso a destacar es el de Edwin Santos, activista de Voluntad Popular en el estado Apure. Tanto el partido como varios testigos denunciaron que habría sido detenido el 23 de octubre de 2024 y que estuvo bajo custodia hasta el 24 de octubre en la tarde. Un día después, fue encontrado muerto en El Nula el 25 de octubre, en las cercanías del puente por el que había pedido reparaciones.
Douglas Rico, director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), negó las acusaciones y afirmó que la muerte de Santos se produjo por un accidente de tránsito cuando chocó un árbol mientras conducía su motocicleta, y que las lesiones provocadas incluían una fractura en el cráneo.
Según el informe anual del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), desde el año 2015 hasta el 2025 fallecieron 26 presos políticos bajo custodia del Estado.
El infierno de Yare III: cinco muertos en motín
El lunes 20 de abril de 2026 se convirtió en un punto de quiebre para el Centro Penitenciario Región Capital Yare III por la muerte de cinco reclusos, tras suscitarse una situación de violencia que al día de hoy no ha sido esclarecida.
Los discursos estatales intentaron despachar el conflicto inicial bajo la vieja etiqueta de una “riña entre internos”. No obstante, las investigaciones independientes y los llamados de los familiares revelaron que las celdas se habían transformado en un hervidero debido a la falta de condiciones básicas de subsistencia.
La indignación de la población carcelaria se desbordó tras pasar varios días consecutivos sin recibir agua potable ni raciones de comida. A este panorama de inanición se sumaron las requisas violentas que, lejos de mantener la paz interna, profundizaron los tratos crueles, inhumanos y degradantes contra los reclusos.
Los fallecidos fueron identificados como Keivin Eduardo Matamoros Matamoros, Eliecer José Córdoba García, Erkin Josué Ramos Flores, José Pascual Andrade Aguilar y Jean Carlos Jiménez Barrios.
A más de un mes de ocurrida la masacre de Yare III, el panorama institucional que rodea el caso es el de un silencio sepulcral. El Ministerio Público, que inicialmente abrió una investigación formal, no ha arrojado un solo resultado concreto, ni ha señalado a los autores materiales e intelectuales de los disparos.
Los familiares de las víctimas se congregaron a las puertas del Palacio de Justicia en Caracas exigiendo que la fiscalía investigue a las autoridades, pero la respuesta del despacho de Julio García Zerpa consistió en aplicar la política de la dispersión.
Para disolver los focos de protesta y neutralizar a los testigos directos de los asesinatos, el despacho penitenciario ordenó el traslado masivo de reclusos de Yare III hacia otros penales del país.
El caso Quero Navas: La burocracia del olvido y el silencio
La opacidad institucional bajo la presente administración encontró su reflejo más crudo en la historia de Víctor Hugo Quero Navas, un preso político que se encontraba recluido en el Internado Judicial El Rodeo I.
Víctor Quero Navas falleció el 24 de julio de 2025 tras haber sido trasladado de emergencia a un centro hospitalario militar debido al deterioro severo de su salud. Sin embargo, el Estado guardó absoluto silencio sobre su deceso durante casi diez meses. No fue sino hasta el pasado 7 de mayo cuando el Ministerio emitió un polémico comunicado oficial admitiendo el fallecimiento.
En la misiva oficial, la institución pretendió eximirse de culpa alegando que en el momento de su reclusión, el ciudadano no había aportado datos filiatorios completos y que supuestamente “ningún familiar se presentó para solicitar visitas formalmente”. Esta versión fue desmentida de inmediato por el OVP y por las redes de apoyo a los presos políticos.
Se comprobó públicamente que la señora Carmen Navas, madre de Víctor, asistió de manera recurrente a las instalaciones del Rodeo I acompañada por familiares de otros detenidos políticos. En cada una de esas visitas, las autoridades penitenciarias le negaron sistemáticamente el acceso al recinto y se negaron de forma a proporcionarle cualquier información sobre el paradero o el estado de salud de su hijo.
Según una investigación publicada por Runrun.es, la culpabilidad en torno a la muerte de Quero Navas corresponde a una cadena de mando cuyo eslabón más alto lo ocupa precisamente el Ministerio del Servicio Penitenciario, representado por Julio García Zerpa, muy cercano a Diosdado Cabello, ministro de Interior, Justicia y Paz.
La señora Carmen Navas murió nueve días después de saber que su hijo había fallecido casi 10 meses atrás. Nunca pudo conocer el resultado de la investigación desarrollada por el Ministerio Público en torno a la muerte de su hijo. Esta información llegó el 2 de junio, cuando el órgano judicial informó que se realizó la exhumación y posterior autopsia del cadáver, asegurando que los estudios forenses evidenciaron una data de muerte aproximada de 10 meses a 1 año.
De acuerdo con el dictamen de la necropsia y los estudios histológicos y toxicológicos complementarios, el deceso se produjo por un “tromboembolismo pulmonar”. La Fiscalía aseguró que no se evidenciaron “lesiones traumáticas en el cadáver”, pero a juicio de organizaciones como Laboratorio de Paz y Justicia, Encuentro y Perdón, el comunicado del Ministerio Público solo busca confirmar la versión del ministerio que dirige Zerpa y dejó de lado investigar las responsabilidades por la muerte bajo custodia de Quero así como el ocultamiento reiterado a la señora Navas del desenlace fatal de su hijo.
Internado Judicial de Barinas: Abusos y traslados forzados
El 24 de mayo de 2026 en el Internado Judicial de Barinas, conocido popularmente como INJUBA, más de 1200 hombres y un centenar de mujeres reclusas tomaron las azoteas del establecimiento, declarándose formalmente en conflicto abierto frente a las autoridades del penal.
El motivo del alzamiento tenía nombre y apellido: Elvis Macuare Guerrero, un director nombrado bajo la gestión de García Zerpa. Los reclusos denunciaron que la gestión de Macuare se caracterizaba por la aplicación sistemática de torturas físicas, golpizas severas a los internos en régimen de aislamiento y la eliminación arbitraria de las visitas familiares.
La respuesta militar no tardó en llegar. Efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) rodearon el perímetro y lanzaron una ofensiva con gases lacrimógenos. Los químicos afectaron gravemente el anexo femenino de la prisión, generando cuadros de asfixia, pánico y desmayos masivos entre las internas.
Durante la madrugada, un contingente trasladó de manera secreta a 112 mujeres hacia rumbos que el Ministerio se negó a especificar a sus abogados y familiares directos. Pocas horas después de sofocar la protesta y tras verse obligados a remover al cuestionado director para calmar los ánimos, el ministerio aplicó el mismo guión represivo ensayado semanas atrás en Yare III: un traslado masivo que afectó a más de 900 reclusos.
Los internos fueron hacinados en autobuses y enviados con destino a cárceles de otras regiones geográficas. Testigos presenciales informaron que durante los largos trayectos por carretera, los custodios obligaron a mantener las ventanas cerradas y las cortinas abajo. El objetivo era claro e inhumano: ocultar los rostros de los prisioneros.
El saldo de la desidia: 19 reclusos fallecidos entre abril y mayo
El monitoreo del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) revela que, entre abril y mayo de 2026, al menos 19 privados de libertad fallecieron en diversos penales, incluyendo centros de reclusión emblemáticos como Uribana, El Marite, Rodeo III, Rodeo IV, Tocuyito y Fénix.
Las causas detrás de estas muertes, además de los motines reportados, son la desnutrición severa y la falta de atención médica oportuna. Las condiciones de salubridad y alimentación dentro de los centros administrados por Julio García Zerpa rozan los límites de la supervivencia humana.
La crisis del agua es otro factor crítico. Los privados de libertad se ven en la necesidad de consumir agua sucia e insalubre, la cual debe ser reutilizada posteriormente para labores de aseo personal, limpieza de las celdas y evacuación de las letrinas improvisadas, lo que acelera la propagación de infecciones y enfermedades gastrointestinales que terminan siendo mortales.
Ante la acumulación de evidencias, muertes y motines provocados por el hambre, el clamor de las organizaciones es unánime: exigen de forma perentoria la renuncia inmediata del ministro Julio García Zerpa, señalándole de demostrar una profunda ignorancia en el ejercicio de sus funciones.
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