El juicio por el caso Pdvsa-Cripto se acerca a su fin tras la audiencia número 19, celebrada el pasado 12 de junio. En esta sesión, los acusados aseguraron ser inocentes, negándose a admitir los hechos imputados por el Ministerio Público. Para este lunes 15 de junio, se espera que el fiscal Eddie Rodríguez —quien ha sido objeto de recusación por parte de las defensas debido a presuntas violaciones a los derechos humanos durante el proceso— presente sus argumentos para contestar las múltiples incidencias planteadas.
Desde el inicio de las audiencias, el pasado 20 de abril, la jueza Alejandra Romero Castillo ha optado por cerrar el procesos a los ojos y oídos de la prensa. Pese a esta restricción, TalCual ha podido conocer que en lo que va de juicio, el banquillo de los acusados se transformó en una tribuna de denuncias donde los procesados califican el expediente como una «simulación de hecho punible» y una purga política.
Según los testimonios, a los que este medio ha tenido acceso, el objetivo del proceso no es la búsqueda de justicia, sino la reconfiguración del poder interno y el control de activos estratégicos que, durante años, permanecieron fuera de las auditorías estatales.
Mientras el país exige conocer el destino de los 21.200 millones de dólares que Pdvsa perdió por vender crudo a través de intermediarios opacos, el proceso judicial se ha transformado en una escenografía de denuncias sobre torturas, aislamiento prolongado y pugnas por la propiedad privada. Tres años después del inicio de las investigaciones, el debate se ha alejado de la arquitectura financiera de los criptoactivos para centrarse en un esquema que, de acuerdo con los involucrados, ha servido para la liquidación de patrimonio privado.
Una fuente cercana al proceso cuenta a TalCual que las tensiones escalaron desde la semana antepasada, con la negación de las autoridades a trasladar a los acusados al Palacio de Justicia desde sus centros de reclusión. En la audiencia del 10 de junio, las defensas rechazaron al formato telemático. El reclamo fue desestimado por la jueza que declaró sin lugar las oposiciones al formato, alegando supuestas medidas de seguridad que impiden el traslado de los detenidos desde Rodeo I.
Durante esta sesión, Tarek El Aissami, exministro de Petróleo, y quien en algún momento fue alto jerarca del Partido Socialista Unido de Venezuela, denunció la omisión de socorro médico ante su delicado estado de salud, calificando las condiciones de reclusión y el manejo del expediente como prácticas de «pena de muerte» por parte del Estado, al tiempo que cuestionó la falta de transparencia y publicidad del juicio.
Con la intervención del fiscal Rodríguez, prevista para el 15 de junio, y el posterior pronunciamiento de la jueza sobre las incidencias presentadas, el caso Pdvsa Cripto parece agotarse en su fase de exposición, dejando atrás un rastro de denuncias sobre irregularidades procesales que ponen en duda la legitimidad del proceso judicial en su conjunto.
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