Durante el foro online “Rastro del dinero venezolano decomisado a redes corruptas”, organizado por Transparencia Venezuela, se analizó el alcance de la corrupción en Venezuela y las severas dificultades técnicas para lograr que el patrimonio descontado regrese al país, de cara a una transición.
La charla evidenció la necesidad que tiene Venezuela de adoptar soluciones institucionales que sean creativas y de ambas partes ante la falta de justicia independiente en el territorio nacional que pueda colaborar con autoridades internacionales.
Fondos congelados y confiscados
Mercedes de Freitas, directora ejecutiva de Transparencia Venezuela, inició la sesión hablando sobre los hallazgos del informe titulado “El mapa de los decomisos”. Explicó que la corrupción en el país ha alcanzado grandes números sin precedentes a nivel global: con la suma de los expedientes judiciales de otros países a los que han tenido acceso, el monto ya supera los 70 000 millones de dólares.
“Lamentablemente, hasta donde nosotros hemos podido identificar, solamente se ha materializado la incautación de 719 bienes, que suman una cifra cercana a los 4000 millones de dólares, esto parece poco cuando uno lo ve en referencia a todo el dineral que se ha mencionado en los casos de corrupción venezolana”, razonó Mercedes de Freitas.
La directora ejecutiva de Transparencia explicó que de esos 719 bienes identificados en 21 países 287 cuentan con un decomiso definitivo mediante sentencias, esto representa algo más de 1300 millones de dólares. Los 432 bienes restantes siguen en un limbo por la gran opacidad y falta de cooperación de las autoridades venezolanas.
“ lamentablemente los casos se sobreseen, o sea, se cierran a veces temporalmente, a veces definitiva, porque los tribunales solicitan información a Venezuela y Venezuela no entrega información”, declaró de Freitas.
La ley PANA
Una de las ponentes invitadas, María Alejandra Márquez, periodista y fundadora de la Fundación para la Iniciativa de la Recuperación de Activos Venezolanos (Inrav), centró su participación en el panorama judicial de los Estados Unidos, donde más se han procesado casos en contra de la corrupción en Venezuela.
Márquez enfatizó que su organización hace seguimiento directo a 80 casos dentro del territorio estadounidense, cuyas órdenes confiscadas ascienden a 3900 millones de dólares, de los cuales unos 600 millones ya se encuentran en estado líquido, es decir, que disponen de efectivo inmediatamente.
La periodista hizo un llamado a la urgencia de impulsar la Ley Pana (Pana Act) en el Congreso de los Estados Unidos como una herramienta de protección contra estas corrupciones.
“Hemos logrado un proyecto de ley que se llama la Pana Act, un proyecto muy sencillo que sencillamente consiste en la conformación de un fondo especial para proteger los bienes recuperados en los casos de corrupción en los que hayan sido procesados corruptos venezolanos en los Estados Unidos. la idea es lograr que ese dinero se proteja y tenga mecanismos utilizando las instituciones americanas para ser regresados en beneficio de la población de Venezuela. Este fondo tendría cuatro propósitos amplios fundamentales: fortalecer la reinstitucionalización y la gobernanza democrática de nuestro país, la defensa de los derechos humanos, el apoyo a la libertad en los medios independientes y el combate a la corrupción”, explicó María Alejandra Márquez.
La fundadora de Inrav también destacó la relevancia real de los fondos y prevenir la corrupción a través de esta nueva ley, que está en espera de aprobación.
“El trabajo que estamos haciendo (…) es para que se haga justicia, para que haya transparencia, pero además que haya rendición de cuentas y participación de la sociedad civil en el seguimiento de esos bienes y en el seguimiento de esos retornos, porque si no hay vigilancia pública, las posibilidades de que ese dinero vuelva a la corrupción se incrementan”, advirtió Márquez.
Estrategias globales
El segundo ponente de la charla, Guillermo Jorge, abogado y experto en prevención de lavados de activos, aportó la perspectiva jurídica internacional. Profundizó en que las normas globales de recuperación de activos varían de acuerdo al nivel de colaboración del Estado afectado, que puede colaborar activamente en el proceso judicial o por el contrario, sabotear las investigaciones, lo que genera un vacío legal severo.
“Suiza,hizo primero una orden ejecutiva y después esa orden ejecutiva pasó por el Congreso y se convirtió en ley. se aplica a todos los países que permiten la recuperación de activos o cuando el estado víctima es, entre comillas, un estado fallido. también cuando las instituciones de ese estado no le permiten obtener la evidencia necesaria que exige la legislación suiza para que un juez, de acuerdo con el debido procedimiento , pueda determinar si estos activos le pertenecen a Venezuela, por ejemplo, como en este caso”, explicó el abogado.
El especialista también comentó el reciente congelamiento de 700 millones de dólares pertenecientes a 36 personas del gobierno venezolano por parte de las autoridades suizas. Jorge aclaró que estas acciones por parte del país europeo no son espontáneas, sino que vienen del cumplimiento financiero ante problemáticas como detenciones de funcionarios.
“En Suiza la ley de lavado de dinero dice que las autoridades bancarias, tienen que mantener congeladas las cuentas durante 5 días con posterioridad a los reportes de operaciones sospechosas, a espera de que el Ministerio Público Fiscal les diga si el dinero tiene que mantenerse bloqueado o no. Altamente probable que en el caso de Maduro y la familia más próxima, todos hayan dicho que sí y en algunos otros en donde simplemente una búsqueda en Google muestra que, potencialmente, el dinero es producto de algún delito”, sentenció Guillermo Jorge.
Esperanza en la transición
Al evaluar las posibles alternativas en el futuro de Venezuela, Guillermo Jorge recomendó optar por el “pragmatismo” por encima de la búsqueda de modelos ideales que puedan traer más problemas que ayuda. También, advirtió que debatir caso por caso podría consumir una parte considerable de los fondos en representaciones legales.
“Creo que en el proceso de reconstrucción hay que elegir un plazo, hay que saber cuál es un objetivo alcanzable dentro de esto, porque si no se convierte en una lucha que no termina nunca, en un proceso más de reconstrucción antropológica histórica que de realmente hacer justicia y dar vuelta a la página (…) Lo mejor es ponerse objetivos concretos, realizables, dedicar todos los esfuerzos, y en algún momento, dar por cerrado el capítulo”, concluyó Jorge.
El especialista exhortó a las futuras autoridades y a las organizaciones a fijar plazos y metas realizables para los esfuerzos de recuperación de activos en el país y tratar de evitar que los procesos judiciales se transformen en disputas indefinidas, que causen más problemas que soluciones.
*El periodismo en Venezuela se ejerce en un entorno hostil para la prensa, con decenas de instrumentos jurídicos dispuestos para el castigo de la palabra, especialmente las leyes “contra el odio”, “contra el fascismo” y “contra el bloqueo”. Este contenido está siendo publicado teniendo en consideración las amenazas y límites que, en consecuencia, se han impuesto a la divulgación de informaciones desde dentro del país.
